Archive for the ‘Derecho Público’ category

Prat, defensor de Uribe

21 mayo, 2017

El 21 de mayo de 1879, a las 12:10 horas después de tres espolonazos del acorazado Huáscar, la vieja corbeta Esmeralda se hunde en la rada de Iquique, al mando del teniente 1º Luis Uribe Orrego. Su Comandante titular, Arturo Prat, había caído acribilliado en un frustrado intento por tomar por abordaje la nave enemiga.

Esas mismas dos personas: Uribe y Prat, cuatro años antes, el 1º de abril de 1875 se encontraban en las posiciones de acusado y de defensor. El teniente Uribe era sometido a un Consejo de Guerra, integrado por el contralmirante Jorge Bynon, los capitanes de fragata Galvarino Riveros y Luis Alfredo Lynch, los capitanes de corbeta Oscar Viel y Luis Pomar, el auditor de guerra Ramón Huidobro y el secretario Constantino Bannen, por los delitos militares de desobediencia e insulto a sus superiores. El fiscal acusador era el capitán Luis Ignacio Gana.

Los hechos en que se fundaba la acusación decían relación con la misión que le fue encomendada al almirante José Anacleto Goñi de supervisar la construcción y entrega de las naves que habían sido encargadas por el gobierno chileno, y que serían los dos blindados Blanco y Cochrane y la cañonera Magallanes. En junio de 1872, Goñi con varios oficiales a su cargo, entre ellos Uribe, emprendió rumbo a Inglaterra. El almirante se radicó en Londres mientras los oficiales se distribuyeron en Hull y Blackwall, donde estaban los astilleros en que se construían las naves. Uribe se afincó en Hull donde se encontraba el astillero Earle’s Shipbuilding Co., que construía el blindado que originalmente fue denominado “Valparaíso” y que más tarde se rebautizaría como “Blanco Encalada”.

En Hull, el teniente se enamoró de Elizabeth Newlove, joven viuda de un Sr. Morley, por lo que era conocida como Elizabeth Morley. Y aquí fue donde empezaron los problemas. Deseando contraer matrimonio con la joven viuda inglesa, Uribe pidió se le concediera la respectiva licencia, y la solicitó por el conducto regular: su superior, el almirante Goñi. Pero éste se negó a enviar la solicitud, al parecer porque no veía con buenos ojos el matrimonio de su subordinado con la Srta. Morley. Ante ello, Uribe, con conocimiento de Goñi, mandó directamente a Valparaíso la solicitud de autorización para casarse al Comandante General de la Marina, Francisco Echaurren. Pero sin esperar respuesta contrajo matrimonio civil con la viuda en abril de 1873, lo que indignó al almirante. Uribe supo que Goñi decía tener informaciones contra la reputación moral de su ahora cónyuge, y comisionó a otro oficial, el capitán Molina, para que hablara con el almirante a fin de que revelara las fuentes de las calumnias. Goñi dijo a Molina que tenía informaciones que hablaban contra la moralidad de la mujer de Uribe pero que no podía dar a conocer la identidad de las personas que las habían proporcionado. Frente a ello, el teniente recogió informes en Londres que desmentían las difamaciones y aprovechando la oportunidad en que estaban reunidos el almirante y los demás oficiales, con ocasión de la tercera prueba de la Magallanes el 23 de febrero de 1874, al descender al muelle de Blackwall, pretendió interpelar al almirante y probarle con los antecedentes recogidos, la falsedad de sus imputaciones. Uribe alcanzó a decir: “Caballeros, el señor almirante me ha calumniado haciendo desgraciada a una familia antes de formarse” cuando, según la versión de Prat, Goñi se habría abalanzado furioso contra él cogiéndolo por el cuello y blandiendo un paraguas para golpearle, lo que habría sido impedido por los oficiales presentes. Fuera de sus cabales, el almirante ordenó el arresto de Uribe, lo que no pudo llevarse a efecto porque estaban en suelo extranjero y la Magallanes aún no había sido entregada. El oficial volvió a su hogar en Hull y cayó enfermo con una fiebre que lo mantuvo en cama.

Presentó entonces una solicitud de retiro y la entregó al embajador de Chile en Inglaterra y Francia, Alberto Blest Gana, para que la remitiera a Chile, pero éste se negó a hacerlo y, en un intento de lograr una reconciliación, dio a conocer a Uribe que el almirante decía que nunca había hablado mal de su mujer y que el asunto quedaría olvidado si se cumplían tres condiciones: que se excusara ante el almirante, que retirara su renuncia y que se embarcara en la Magallanes pronta a zarpar para Chile. Uribe aceptó la dos primeras, pero dijo que no podía cumplir la tercera por razones de salud. Blest Gana informó negativamente al gobierno y éste dispuso primero la suspensión del empleo y luego su baja de la Marina. Uribe intentó regresar a Chile y solicitó a Blest Gana poder embarcarse en el Cochrane, pero el embajador le negó el permiso. Finalmente consiguió que los contratistas, los Sres. Green, se compadecieran de él y lo admitieran como pasajero privado. Al llegar a Valparaíso se puso a disposición de la autoridades de la Armada, fue detenido a bordo del portón Thalaba y sometido a proceso.

La elección de Prat como abogado defensor debe haberse basado, por una parte, en los lazos de amistad familiar que unía a los dos oficiales desde la infancia. Aunque Prat era un año menor, los dos ingresaron a la Escuela Naval el mismo año (1858) y formaron parte del que más tarde se llamaría el “curso de los héroes”. Ambos tuvieron como apoderado a don Jacinto Chacón, tío por parte de madre de Prat, y padrastro de Uribe, ya que se casó en segundas nupcias con su madre, Rosario Orrego, que había enviudado al morir su anterior marido Juan José Uribe. Don Jacinto fue un gran abogado y jurista, que escribió una obra que se consulta hasta el día de hoy: Exposición Razonada del Código Civil (1880).

Pero además de la amistad y confianza que existía entre el acusado y el defensor, se ha debido tener en cuenta que Prat estaba terminando sus estudios de Derecho, y había ya conseguido el grado intermedio de Bachiller en Leyes. Durante 1875 estaba realizando la práctica profesional y afinando su memoria. Al año siguiente se convertiría en licenciado después de rendir el examen de grado en la Universidad de Chile y pocos días después el título de abogado, luego de examinarse ante la Corte Suprema, presidida por el ya anciano ex presidente Manuel Montt.

La defensa de Prat se ha conservado porque él mismo la escribió y la dejó entre sus papeles. Es una pieza de retórica que desmiente con pasión y energía las acusaciones del fiscal, pero siempre tratando con respeto al almirante Goñi, a quien conocía y apreciaba, ya que había servido bajo se mando unos años antes.

El alegato se basa en la justificación de la conducta de Uribe y pone de relieve su patriotismo y paciencia ante lo que se estima fue una verdadera persecución en su contra por sus superiores. Prat se muestra comprensivo con el romance que inició todo el entuerto: “Como era natural –señala–, esta amistad entre jóvenes que se hallan en la edad de las ilusiones, dio pronto lugar a un sentimiento más íntimo cuyo desenlace natural era el matrimonio”. El defensor señala que al dar su palabra de matrimonio, Uribe hizo todo lo posible para obtener la licencia y que ante la negativa de su superior, la envió a Chile, hecho lo cual contrajo matrimonio civil con la viuda. Formalmente la acusación en este punto era certera: se había casado sin obtener la licencia exigida por las ordenanzas de Marina. Prat ingeniosamente recurre al Código Civil y alega que ese matrimonio no tiene validez en Chile y cuando más podría considerársele un contrato de esponsales, es decir, una promesa de matrimonio. En realidad, el art. 119 del Código que él expresamente invoca podía prestarse para una conclusión contraria, ya que su inciso primero establecía que “El matrimonio disuelto en país extranjero en conformidad a las leyes del mismo país, o a las leyes chilenas, producirá en Chile los mismos efectos civiles, que si se hubiese celebrado en territorio chileno”. Prat debe, sin duda. referirse al inciso segundo de la norma que reza: “Sin embargo, si un chileno o chilena contrajese matrimonio en país extranjero, contraviniendo de algún modo a las leyes chilenas, la contravención producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiese cometido en Chile”. De este modo, Prat parece entender que la falta de autorización en caso de oficiales chilenos produciría la invalidez del matrimonio contraído en Chile, por lo que el matrimonio en el extranjero contraído conforme a las leyes del lugar pero contraviniendo de este modo a las leyes chilenas sería ineficaz también en Chile. Lo que no puede justificarse con el texto de la norma es su equiparación a un contrato de esponsales: “Uribe –dice el defensor– contrayendo matrimonio civil sólo cumplía con un compromiso de honor, válido ante la ley inglesa, acto que ante el art. 119 de nuestro Código Civil sólo importa un contrato de esponsales…”.

Respecto del incidente de Blackwall, Prat justifica el actuar del acusado por su interés en limpiar la honra de su mujer y en que se trató de un hecho enteramente privado, que no fue denunciado por el almirante Goñi más allá de su absurdo intento de arrestar al oficial. Finalmente, frente al incumplimiento de la orden de embarcarse, Prat alega fuerza mayor ya que Uribe estaba padeciendo una enfermedad que se lo impedía, la cual fue certificada por un médico de Hull. Si sus superiores tenían dudas sobre la efectividad de esta afección, no se entiende –retrucó Prat­– por qué no ordenaron al oficial-cirujano que integraba la misión que examinara a Uribe y verificara su estado de salud (el texto íntegro de la defensa de Prat, puede verse en la biografía de Rodrigo Fuenzalida, Vida de Arturo Prat, Editorial Andrés Bello, 1976, pp. 193 y ss.).

Aunque por un error de Vicuña Mackena se ha extendido la versión de que el alegato de Prat fue de tal contundencia que el tribunal absolvió al acusado, la verdad es que la sentencia fue condenatoria, si bien de menor severidad de lo que ameritaban los cargos imputados, y en este sentido debe decirse que la defensa resultó victoriosa. El Consejo de guerra condenó a Uribe a seis meses de prisión, a los que se abonaban los tres en los que había estado detenido antes del juicio. Es posible que la alegación de que el matrimonio contraído sólo valía como esponsales en Chile no fuera aceptado por los jueces, y en esto parecen haber llevado razón. Apelada la sentencia, la Corte la confirmó. Un decreto del Presidente Errázuriz de 26 de julio de 1875 reincorporó al condenado en la Armada en el mismo grado de teniente primero.

Algunos han pensado ver la mano de Goñi, que en 1879 alcanzaría la Comandancia en Jefe de la Armada, en la designación de Prat como comandante de la destartalada Esmeralda, y el encargo –hasta cierto punto humillante– de mantener el bloqueo de Iquique mientras la Armada dirigida por Juan Williams pretendía asaltar a la escuadra peruana en el puerto de Callao. No hay antecedentes que lo demuestren, pero si fuera así, le deberíamos a la defensa del cuasi abogado Prat, haber dado la ocasión para la gesta heroica del 21 de mayo, que lo inmortalizó como el mayor y más completo héroe patrio de Chile.

Recogiendo billetes botados: ¿suerte o delito?

7 mayo, 2017

Con sorpresa informaron los medios la reacción de varios santiaguinos que en un sector acomodado de la ciudad de Santiago, detuvieron sus vehículos y apresuradamente recogieron billetes que se encontraban botados en la Costanera Norte, y con su “pequeño tesoro” subieron a sus autos y reanudaron su camino. Por cierto, no faltó quien grabara la escena y el video fue difundido profusamente. La prensa y televisión, alertados por la autoridad policial, hicieron ver que esos alegres ciudadanos podrían ser encausados penalmente ya que se conducta constituiría el delito de hurto de hallazgo previsto en el art. 448 del Código Penal. Esto por cuanto los billetes no eran cosas abandonadas sino simplemente perdidas para su dueño: provenían de un saco que cayó de un camión de Prosegur destinado a transportar dinero. La bolsa se rompió al pasarle por encima el vehículo que custodiaba al anterior, y así los billetes, al parecer de $ 20.000, volaron por las aires y se dispersaron por la autopista.

No nos detendremos en si efectivamente hay responsabilidad penal por parte de los que recogieron los billetes, pero sí nos interesa comentar algunos aspectos civiles sobre la apropiación de dinero ajeno.

Como sabemos, en la actualidad las monedas y billetes no tienen un valor económico en sí, o éste es despeciable, pero sí tienen un valor simbólico que puede traducirse en la adquisición de bienes y servicios. De esta manera, cabe distinguir dos dimensiones del dinero: la material, consistente en el metal de las monedas o el papel de los billetes, y la simbólica que es valor económico que representan, y que puede variar según la variación del costo de la vida. Como la dimensión material es normalmente insignificante (salvo que estemos tratando de monedas o billetes raros o antiguos que se comercian entre coleccionistas), lo revelante civilmente es el valor simbólico o representativo. Tomando este aspecto todo billete o moneda del mismo valor es una cosa consumible y fungible. Son consumibles aquellas cosas que con su primer uso se destruyen. Son fungibles aquellas que presentan una equivalencia funcional en cuanto a su poder liberatorio de modo que las unidades individuales pueden reemplazarse sin que afecten dicha capacidad (por ejemplo, tantos kilos de clavos de 2 pulgadas). Normalmente, las cosas consumibles son también fungibles, y esto es lo que ocurre con el dinero, ya que no puede usarse sin que se pierda para el que lo tiene (se destruyen con su primer uso), pero a la vez un billete de $ 20.000 pesos puede ser sustituido por otro del mismo valor sin que afecte su poder liberatorio (para el pago de una deuda, por ejemplo). Por ello, el Código Civil en su art. 575 inciso 3º enseña que “Las especies monetarias en cuanto perecen para el que las emplea como tales, son cosas fungibles”. Se suele decir que el codificador confundió en este precepto la consumibilidad con la fungibilidad. Lo cierto es que consideró el dinero como cosa consumible, y por eso mismo como fungible.

No hay duda de que la propiedad y sus instituciones derivadas (posesión, acciones protectoras del dominio) no son fáciles de aplicar a las cosas fungibles y menos aún al dinero. Así, por ejemplo, en el mutuo, el préstamo de cosas fungibles, el Código Civil dispone que “No se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere el dominio” (art. 2197), pero al mismo tiempo señala que el mutuario no queda obligado a restituir las cosas recibidas, sino “otras tantas del mismo género y calidad”. Es decir, la figura se convierte en un crédito de dinero (o de cosas fungibles), en que el mutuante es el acreedor y el mutuario el deudor. Esto mismo se presenta en el caso del depósito irregular (art. 2221) y del cuasi-usufructo (art. 764).

Esta cualidad de las cosas fungibles ha llevado a algunos autores a negar que haya verdadera propiedad sobre el dinero, e incluso en general sobre las cosas fungibles. El profesor Alejandro Guzmán Brito, por ejemplo, señala que sólo por una “catacresis” (figura linguística por la que se denominan ciertas cosas con el nombre de otras parecidas) puede hablarse de propiedad de fungibles (Guzmán, Los actos y contratos irregulares en el Derecho chileno, Ediciones UC, Santiago, 2016, pp. 12-17). Quizás baste con señalar que la propiedad de las cosas fungibles tiene un régimen especial derivado de la naturaleza de dichas cosas. En el caso del dinero, hay una evidente propiedad sobre el soporte físico de las monedas o billetes en la medida en que sean identificables, y una propiedad especial sobre el valor económico que ellos representan. Por eso, el Código da como ejemplo de adquisición del dominio por ocupación de cosas que no tienen dueño (res derelictae) por haber sido abandonadas por éste, aquella que opera sobre “las monedas que se arrojan para que las haga suyas el primer ocupante” (art. 624 inc. 3º CC).

Debemos concluir que cuando el art. 629 del Código Civil dispone que no procede apropiarse de las cosas muebles que parecen perdidas se incluye también al dinero: “Si se encuentra alguna especie mueble al parecer perdida, deberá ponerse a disposición de su dueño; y no presentándose nadie que pruebe ser suya, se entregará a la autoridad competente…”.

Si como en el caso de los billetes recogidos por los conductores de la Costanera, quien encuentra estas cosas perdidas simplemente se las apropia sin comunicar su hallazgo al dueño autoridad (la Municipalidad respectiva), queda la duda de si pueden ser demandados por la (Prosegur) mediante una acción reivindicatoria. Aquellos que piensan que no cabe propiedad sobre el dinero, niegan que proceda dicha acción, y piensan que se tratará de una acción personal o de crédito no por los mismos billetes recogidos sino por el valor de aquellos que hayan sido recolectados por el demandado. Pero bien podría aplicarse la acción reivindicatoria asumiendo que en este caso se ha perdido la posesión de la cosa por una enajenación de ella recibiendo el valor que ese dinero representaba: se puede aplicar, entonces, al menos analógicamente, el art. 898 del Código Civil según el cual “la acción de dominio tendrá también lugar contra el que enajenó la cosa, para la restitución de lo que haya recibido por ella, siempre que por haberla enajenado se haya hecho imposible o difícil su persecución”. En tal caso, el demandado será obligado a indemnizar los perjuicios ya que habrá actuado de mala fe, y se aplicará analógicamente la norma del mismo artículo que ordena que “si la enajenó a sabiendas de que era ajena” la acción comprenderá la indemnización de todo perjuicio” (art. 898). Al mismo resultado se llegará si se considera al demandado a un poseedor de mala fe y que por hecho o culpa suya ha dejado de poseer, y contra el cual el art. 900 del Código Civil autoriza a ejercer la acción reivindicatoria “como si actualmente poseyese”, es decir, que se pedirá el valor en dinero de la cosa. La indemnización de perjuicios procederá si el actor alega junto con la reivindicatoria la responsabilidad extracontractual del demandado conforme a las reglas de los arts. 2314 y siguientes del mismo Código.

¿Podría el conductor demandado oponer a la acción reivindicatoria de Prosegur la defensa de haber adquirido los billetes por prescripción adquisitiva? Nos parece que sí, pero en la medida en que hayan transcurrido los diez años de la prescripción extraordinaria (art. 2511 CC). No podría admitirse la prescripción ordinaria, caso en el cual, el plazo se reduciría a dos años, por tratarse de cosa mueble, en razón de la mala fe con la que habrá sido adquirida la posesión. Alguien podría preguntarse si siendo una opinión común que la cosa extraviada es de quien la encuentra, no podrían alegar los demandados que estaban de buena fe ya que excusablemente, al no tener conocimientos jurídicos, ignoraban que dichas cosas siguen perteneciendo al propietario que las ha extraviado. En dicha situación, sin embargo, se aplicaría el art. 706 inc. 4º del Código Civil que presume la mala fe cuando el error se refiere a materias de derecho y esta presunción no admite prueba en contrario.

Todo esto, por cierto, queda condicionado a que los recolectores de billetes puedan ser identificados por las cámaras de vigilancia y a que Prosegur ejerza la acción civil, ya sea en el proceso penal que se instruya por el delito de hurto de hallazgo o en un juicio civil de reivindicación.

“Tú, el de la camisa azul…”

23 abril, 2017

El alcalde de la Municipalidad de las Condes, Joaquín Lavín, anunció que la próxima semana se comenzarán a utilizar drones para vigilar algunos lugares públicos de la comuna, con la particularidad de que estarán provistos de parlantes por medio de los cuales el operador podrá dar avisos a posibles infractores. El mismo Alcalde hizo una demostración mediante un video que muesta cómo un dron parece hablar con su voz y dice: “A la persona que está bebiendo alcohol, el de camiza azul, le pido que se retire; si no se retira en cinco minutos llegarán inspectores municipales y carabineros; el de camisa azul, no se puede beber alcohol en esta plaza, última advertencia”: ver video

El anuncio causó sorpresa y fue tomado en forma jocosa por algunos medios, pero la verdad es que el tema del uso de drones privados y públicos lleva ya tiempo suscitando complejas cuestiones jurídicas en países desarrollados. En Estados Unidos se incorpora a los drones y otros mecanismos que vuelan sin tripulación, y se habla en forma amplia de “Unmanned Aerial Vehicles” (UAV): vehículos aéreos no tripulados, o también de Remotely Piloted Aircrafts (RPA): aeronaves piloteada remotamente. Uno de los problemas más frecuentes que se están dando se refiere a la utilización de este tipo de artefactos por la policía o por la autoridad que invoca razones de seguridad pública para disponer drones con cámaras que puedan monitorear lugares públicos o alguna actividad que convoca a mucha gente en centros públicos: un concierto, un desfile, una manifestación política, una maratón, etc. También este tipo de drones pueden ayudar para tomar medidas en caso de un accidente o para encontrar personas que se han extraviado.

Se podría pensar que en tanto la aereovigilancia se limite a lugares o espacios de carácter público no habría problemas en cuanto a la tutela del derecho a la intimidad o vida privada de las personas, ya que ésta no existiría en tales ámbitos. No es así. Incluso en los espacios públicos las personas necesitan que se les garantice una razonable expectativa de privacidad que les permita interactuar sin la amenaza de que sus palabras, gestos o comportamientos sean difundidos y dados a conocer a una gama indeterminada de individuos. Hace ya varios años un recurso de protección presentado contra un diario que había publicado una fotografía de una joven en bikini tomando el sol en la playa sin su consentimiento, fue desechado por cuanto se consideró que al estar en un lugar público la afectada no habría considerado su exposición como parte de su vida privada (C. Santiago 1 de agosto de 1989, confirmada por C. Sup. 16 de agosto de 1989, en RDJ 1990, p. 126). La sentencia mereció fuertes críticas, y unos años más tarde en otro caso similar la Corte cambió de parecer y correctamente determinó que el hecho de estar la joven en traje de baño en una playa no puede considerarse consentimiento para la divulgación masiva de ese hecho por medio de una foto suya en la portada de un diario de circulación nacional (C. Santiago 8 de septiembre de 1997, confirmada por C. Sup. 17 de noviembre de 1997).

De esta manera las personas que transitan por una calle o los que acuden a un parque o plaza pública tienen derecho a que sus conversaciones y actos no sean observables más que por aquellos que están en sus proximidades. Sin embargo, es cierto que esa legítima expectativa de privacidad es sustancialmente menor que la que se puede tener en un recinto privado y además puede ser limitada por un objetivo de interés público, como puede ser justamente la seguridad ciudadana y la prevención del delito.

Es lo mismo que se planteó el año pasado en el caso de los globos aereostáticos con cámaras de videovigilancia por cuya instalación las Municipalidades de Lo Barnechea y Las Condes fueron objeto de recursos de protección interpuestos por vecinos que alegaban que se violaba su derecho a la vida privada. La Corte de Apelaciones de Santiago dio la razón a los vecinos y ordenó el retiro de los globos. La Corte Suprema, en cambio, revocó los fallos y posibilitó, bajo ciertas restricciones la operatividad de los globos: “el incremento de la video-vigilancia en tales lugares [espacios públicos] – dice la sentencia en el caso de la Municipalidad de Las Condes– debe admitirse como una forma de mejorar la prevención y persecución de hechos delictivos, reduciendo las ocasiones en las se comete un delito sin ser descubierto y consiguiendo rapidez de actuación por parte de la policía y como eventual prueba en un proceso penal. Se trata de una reacción lógica de la sociedad ante determinados fenómenos delictivos” (C. Sup. 1 de junio de 2016, rol Nº 18.458-2016, cons. 11º). Pero, y aunque el tenor del fallo podría desprenderse lo contrario, la Corte también advierte que hay riegos de vulneraciones ilegítimas a la intimidad también en dichos lugares y condiciona las cámaras, además de que sólo capten imágenes en lugares públicos o recintos privados abiertos cuando se trate del seguimiento de un hecho ilícito, a que un inspector o delegado municipal certifique, al menos una vez al mes, que no se hayan tomado imágenes de recintos particulares; a que todas las imágenes recolectadas sean destruidas después de 30 días, salvo que hayan captado un hecho ilícito caso en el que la Municipalidad debe entregarlos a la autoridad competente y que se disponga la posibilidad de todo ciudadano de acceder a las imágenes en que hubiera sido presumiblemente grabado.

Pensamos que estas medidas deberían ser aplicadas a estos drones patrulleros, en lo posible con una regulación oficial por parte de las Municipalidades o del Ministerio del Interior, mientras no sea posible una normativa legal. Hay que recordar que en nuestro país la única regulación que existe es una Resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil de 2 de abril de 2015 (DNA 251), que sólo da reglas sobre las características de los drones y de la certificación de sus operadores y señala de un modo muy genérico que el operador no podrá “violar los derechos de otras personas en su privacidad o intimidad” (art. 151.101, letra g, nº 3: Ver texto).

Por otro lado, sería conveniente que se anunciara de manera visible que el lugar respectivo está provisto de un sistema de drones parlantes para que los ciudadanos puedan evitar adoptar comportamientos que, incluso siendo lícitos, no desean que sean grabados por cámaras de vigilancia y ser materia de revisión por funcionarios municipales. Los operadores responsables deberían también ser muy prudentes a la hora de utilizar los parlantes de los drones para hacer amenazas o advertencias personalizadas a las personas que puedan estigmatizarlas innecesariamente ya que el alto sonido de los parlantes hará que todos los circundantes dirijan su atención hacia quien está siendo interperlado. Habrá que ser muy cuidadoso porque, además, si admonición es errónea (por ejemplo, si el individuo de camisa azul del ejemplo del alcalde, no estaba tomando alcohol sino limonada en una botella de cerveza) hará incurrir a la institución municipal en responsabilidad civil por vulneración no sólo de la vida privada sino de la honra de las personas.

En este sentido, nos parece que el ejemplo con el que el alcalde Lavín dio a conocer el inicio de la videovigilancia con drones, no fue el más afortunado.

… Y muerte de cruz

16 abril, 2017

A quienes han vivido en un mundo cristiano puede extrañar que la cruz haya sido en tiempos antiguos algo infame y denigrante, tanto que incluso San Pablo llega a decir que es escándalo para los judíos y locura para los paganos (1 Cor 1, 23). Quizás pueda entenderse cómo se veía este signo en esos tiempos si pensamos en los medios que se usan hoy para aplicar una sentencia de muerte: la silla eléctrica o una inyección letal. ¿No sería repulsivo que los devotos seguidores de un ejecutado de esta manera, reverenciaran y simbolizaran sus creencias a través de dibujos, pinturas y esculturas de sillas eléctricas o de jeringas con líquidos venenosos? La cruz es, en su origen, un instrumento del terrible derecho penal de la época.

Si nos remontamos a las primeras décadas del siglo I de la era cristiana, en la provincia de Judea sometida al imperio romano, veremos que Jesús el Nazareno fue juzgado por el Sanedrín por un delito religioso (blasfemia), pero, una vez dictada sentencia, los dirigentes del pueblo judío ven que no pueden matarle porque el derecho a imponer la pena demuerte (el ius gladii) estaba reservado a la autoridad provincial del imperio (Mt 26, 57-68; Jn 18,12-24). Por ello llevan a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato, pero ahora con la acusación de que subleva al pueblo y pretende usurpar el poder político haciéndose llamar rey. En otra ocasión hemos considerado algunos aspectos de este proceso (ver post). Ahora quisiéramos fijarnos en la condena. El “Ibis ad crucem” (“Irás a la cruz”) que seguramente pronunció Pilato siguiendo la fórmula del juicio romano, después de intentar por varias medidas liberar a un reo que sabía era inocente.

El Derecho romano contemplaba varias formas de ejecución: la decapitación por hacha o espada, el culleus, la precipitación desde lo alto de un monte, el emparedamiento y la lapidación, para diferentes tipos de delitos. A ellas se sumaba la triada denominada summa supplicium que se aplicaba a los esclavos o a los hombres libres pero de baja condición, los humiliores, y que se componía de la crucifixión, la hoguera y la exposición a las fieras en el circo.

La crucifixión era la pena servil por naturaleza, que reportaba deshonra al condenado (cfr. Mommsen, Teodoro, El Derecho Penal Romano, trad. P. Dorado, Madrid, La España Moderna, 1898, t. II, p. 366). Fue la que aplicó Craso a los esclavos rebeldes que combatieron con Espartaco, llenando la Via Apia desde Roma a Capua de cruces con los vencidos (71 a.C.). Se aplicaba también a todos los extranjeros que carecían de la ciudadanía romana. Lo sabían los jefes judíos de ese tiempo; por ello cuando Pilato pregunta a la turba reunida junto al pretorio y que ha elegido liberar a Barrabás, qué debía hacer con Jesús, la respuesta es clara y categórica: ¡cruficícale! (Mt. 27, 22-23).

Los romanos no inventaron esta pena, que al parecer fue aplicada primeramente por los persas. Luego la usó Alejandro Magno y finalmente los cartaginenses, de los cuales la tomaron los soldados romanos, y fue en éste ámbito donde alcanzó su máxima extensión. Se le prefería porque era un suplicio que aseguraba una lenta agonía para el condenado y la exposición de su cuerpo por largo tiempo, favoreciendo así la publicidad de la pena.

La crucifixión consistía básicamente en colgar de un madero el cuerpo desnudo del condenado, pero dicho madero podía adoptar diversas formas. En un comienzo era sólo un palo vertical, más adelante se le añadió un madero transversal (que los romanos llamaban patibulum), y la combinación de estos dio lugar a las tres cruces más conocidas: la cruz decussata (que tenía forma de X, más adelante llamada cruz de San Andrés), la cruz commissa (que tenía la forma de T) y la cruz immissa (que tiene la forma de cruz que solemos ver en los crucifijos, en que el travesaño horizontal cruza el vertical en la mitad superior de este último). ¿Cuál de estas formas de cruz fue la que se usó en el caso de Jesús? La tradición cristiana se pronuncia claramente por la cruz immissa. Sin embargo, los Testigos de Jehová suelen denunciar que la figura de la cruz es una invención de los católicos. Según ellos, Cristo habría sido colgado en un palo vertical, ya que ésta era la forma de cruz usada por los judíos. Invocan un pasaje del libro del Antiguo Testamento, el Deuteronomio, que señala “Si un hombre hubiere cometido un delito digno de muerte y es ejecutado colgándolo de un árbol, su cadáver no pasará la noche pendiente del madero, sino que lo sepultarás el mismo día…” (Dt. 21, 22-23). Pero esta tesis es desechada por la mayoría de los estudiosos, que aclaran que los judíos nunca usaron la cruz, en ninguna de sus formas, para ajusticiar a un hombre. Lo que sí hacían es que, una vez ejecutado el criminal, por lapidación, estrangulamiento o ahogamiento, su cadáver era expuesto, para que sirviera de advertencia pública, colgándolo de un palo o un árbol. Lo que prescribe el Deuteronomio es que el cadáver colgado debe ser descendido antes del anochecer para ser enterrado. Por otra parte, es claro que la ejecución se llevó a cabo según las reglas y costumbres de los romanos, que usaban, salvo situaciones de emergencia, la cruz immissa (cfr. Messori, Vittorio, ¿Padeció bajo Poncio Pilatos? Una investigación sobre la pasión y muerte de Jesús, Rialp, 2ª edic., Madrid, 1996, pp. 345-347).

Siguiendo los antecedentes romanos, la ejecución del condenado a morir en cruz se hacía fuera de la ciudad en un lugar de acceso público. Normalmente, el madero vertical (llamado stipes o staticulum) se encontraba ya fijo en el sitio previsto para las crucifixiones. Por ello, el reo (cruciarus) debía llevar el madero transversal, el patíbulo, que se ponía sobre sus hombros. Este madero debe haber sido lo que Jesús cargó hasta el Gólgota, ayudado por Simón de Cirene.

Una última cosa podríamos inquirir: ¿cuál fue el delito por el que se condenó al Nazareno? Por el título de la condena que se puso en la cruz de Jesús (Rey de los Judíos), se supone que se habría tratado de un crimen de lesa majestad castigado por la llamada Lex Julia lesae maiestatis (Ley Julia sobre la majestad ofendida), que según informa Cicerón fue dictada en el primer consulado de Julio César (48 a.C.), aunque otros piensan que fue una de las varias leyes julias dictada por Augusto. La ley primariamente castigaba delitos militares graves como la traición o pasarse al enemigo, pero ya en tiempos del emperador Tiberio (bajo cuyo reinado fue condenado Jesús) se hace extensiva a los demás crímenes políticos como sedición, asesinato de magistrados y promover rebeliones o tumultos contra el poder del pueblo romano. En tiempos de Justiniano (s. VI d.C) la ley sigue vigente como demuestran los títulos del Digesto y del Codex titulados Ad legem Iuliam maiestatis.(D. 58, 4; C. 9, 8). Pero en estos textos ha desaparecido la mención a la pena de crucifixión, que ya en tiempos del emperador Constantino se había dejado de utilizar. No en vano la leyenda cuenta que este emperador ganó la batalla del puente Milvio (312 d.C.), poniendo la cruz en los estandartes de sus tropas después de haber tenido una visión de ella con la locución “con este signo vencerás” (in hoc signo vinces).

La predicación de los primeros cristianos, en vez de tratar de ocultar o pasar en silencio, que Jesús fue clavado en una cruz, convirtió este instrumento de dolor y muerte vergonzante en un símbolo del profundo misterio por el que el pecado y el mal fueron vencidos por un Dios que ama hasta extremos inconcebibles. Así lo enseñaba San Pablo: “Cristo Jesús, siendo de condición divina no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y mostrándose igual que los demás hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (1 Fil. 2, 5-8).

Sobre la “no heredabilidad” del 5% de cotización adicional

9 abril, 2017

Una de las opciones que el gobierno estaría estudiando para la reforma al sistema de pensiones sería que un 5% adicional aportado por los empleadores vaya, en todo o en parte, a una cuenta individual de cada trabajador, pero que en caso de fallecimiento de éste en vez de pasar a sus herederos ingresaría a un fondo común destinado a financiar pensiones básicas.

Si se concretara esta propuesta, el 5% adicional no seguiría las reglas de los fondos de capitalización invididual y de ahorro voluntario administrados por las AFPs, a los cuales se aplica el art. 72 del Decreto Ley Nº 3.500. Este precepto parte de la base de que los fondos o el saldo de ellos que al fallecer el trabajador ya no pueda destinarse a pensiones, ingresa al patrimonio del causante y queda disponible para sus herederos. Así la norma señala que “El saldo que quedare en la cuenta de capitalización individual o en la cuenta de ahorro voluntario de un afiliado fallecido, que incremente la masa de bienes del difunto, estará exento del Impuesto que establece la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, en la parte que no exceda de cuatro mil Unidades de Fomento”. Para retirar esos fondos, los herederos deben acreditar su calidad por la resolución judicial o administrativa que conceda la posesión efectiva de la herencia. No obstante, el inciso segundo del referido art. 72 establece una excepción por la cual si los herederos son el cónyuge, conviviente civil, padres o hijos del causante, bastará que acrediten el parentesco para retirar el saldo, siempre que éste no exceda al valor de 5 Unidades Tributarias anuales.

La idea del gobierno de que los nuevas cotizaciones constituyan un fondo “no heredable” (técnicamente, no transmisible por causa de muerte) ha sido criticada por Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFPs porque esto demostraría que se está pensado en que el 5% adicional no sea de propiedad del trabajador: “Cuando la plata es del trabajador, como es hoy día, es heredable”, acotó. La Directora del Programa Social del Instituto Libertad y Desarrollo, Alejandra Candia, señaló que una medida como ésta “atenta contra los derechos de propiedad de las personas sobre su ahorro para la vejez”.

Vale la pena analizar esta cuestión desde el punto de vista del Derecho Civil y del Derecho Constitucional y determinar si efectivamente la propiedad privada de un bien exige necesariamente que sea transmisible por causa de muerte. Pero previamente habría que preguntarse si efectivamente existe un derecho de propiedad de los trabajadores sobre los fondos previsionales acumulados en sus cuentas. En realidad, siguiendo las categorías del Derecho Civil, lo que se produce es una especie de depósito irregular sobre dinero, acompañado de un mandato de inversión. Como ha puesto de relieve el reciente estudio del profesor Guzmán Brito (Los actos irregulares, Ediciones Universidad Católica, Santiago, 2016), cuando se trata de bienes fungibles, como el dinero, no cabe hablar de mera tenencia, de modo que su depósito no puede sino implicar una transferencia del dominio (un dominio en sentido amplio) desde el depositante al depositario. Lo que surge, en cambio, para el depositante es un crédito, un derecho personal, a que se le restituya el mismo valor en dinero, más las rentabilidades que se hayan obtenido en la ejecución del mandato de inversión. Por ello, en estricto rigor, los trabajadores no son dueños del dinero depositado en sus cuentas de capitalización individual o de ahorro voluntario. Son dueños del crédito (dominio sobre cosa incorporal) que les permitirá retirar ese dinero, con las condiciones fijadas por la ley, para conformar su pensión de jubilación mediante alternativas como el retiro programado o la compra de una renta vitalicia.

Aclarado esto, la pregunta es si ese crédito debe necesariamente ser transmisible por causa de muerte, de modo que habiendo un saldo en los fondos que ya no puede destinarse a pensiones, sea deferido a sus herederos o legatarios. ¿Lo exige el derecho de propiedad garantizado por la Constitución en el art. 19 Nº 24?

Esta cuestión debe plantearse desde dos puntos de vista: desde el de los sucesores mortis causa del trabajador difunto y desde el del mismo trabajador que muere. La perspectiva de los sucesores supone contestar la pregunta de si ellos tienen un derecho a heredar todos los bienes que pertenezcan al causante. Desde la perspectiva del trabajador, la pregunta es si su derecho de propiedad sobre sus bienes contempla como característica esencial la de disponer de todos ellos por causa de muerte.

Debemos constatar que nuestra Constitución, a diferencia de otras como la Constitución española y la peruana que reconocen “el derecho de propiedad y el de herencia” (art. 33), guarda silencio completo sobre la transmisibilidad de los bienes por muerte del propietario. Sólo el art. 19 Nº 24 inc. 2º, podría entenderse como refiriéndose a la sucesión por causa de muerte en cuanto modo de adquirir el dominio, que quedan reservados a la ley.

De esta manera, para determinar si está o no protegido el derecho a heredar habría que indagar sobre si queda comprendido en la garantía de la propiedad. Nos parece que no es posible contestar afirmativamente esta pregunta. Antes del fallecimiento y la delación de la asignación mortis causa, los herederos no tienen sino una mera expectativa y no un derecho. Si una ley declara intransmisible un determinado bien antes de que fallezca su propietario no está vulnerando ningún derecho de propiedad de sus herederos, los que deberán resignarse a recibir el patrimonio del causante sin el bien declarado intransmisible.

Si nos ponemos en la posición del trabajador propietario de los fondos, el derecho de propiedad que él tenga (sobre el crédito para retirar los fondos para el destino legal que está dispuesto) sí incluye la facutad de disposición ya sea entre vivos o por causa de muerte. En este sentido, debe considerársele incluida cuando el texto constitucional dispone que “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio…”. Hay consenso en que las facultades esenciales del dominio son el uso, el goce y la disposición, y que ésta incluye la disposición por causa de muerte. Puede concluirse, en consecuencia, que entre nosotros no se garantiza el derecho a heredar, pero sí el derecho a disponer de la propiedad para después de la muerte del titular, en cuanto facultad esencial del dominio. Entonces, si se atribuye la propiedad de los fondos previsionales (o mejor, al crédito para recuperarlos del modo legal previsto) al trabajador, habrá que señalar que, en principio, dicho trabajador tiene derecho a transmitirlos a su muerte, ya sea por su voluntad expresa (sucesión testada) o por su voluntad presunta (sucesión intestada).

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que el derecho de propiedad en nuestra Constitución admite limitaciones que se deriven de su función social, si ellas son establecidas por la ley y se justifican en los intereses generales de la Nación (art. 19 Nº 24 inc. 2º). Entendemos que la necesidad de brindar un sistema de seguridad social que asegure ciertos mínimos de bienestar a los más vulnerables de la sociedad puede ser considerada dentro de los intereses generales de la Nación, ya que la misma Constitución dispone que es deber del Estado “dar protección a la población” y “promover la integración armónica de todos los sectores de la nación” (art. 1º Const.). A la misma conclusión conduce considerar que la seguridad social está concebida como un derecho de toda persona, y que se ordene que “La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas” (art. 19 Nº 18 Const.).

Siendo así no sería inconstitucional si se limita o restringe el derecho a transmitir los bienes por causa de muerte, excluyendo de la sucesión algunos de ellos, en la medida en que ello esté justificado por los intereses generales de la Nación, particularmente, en nuestro caso, en la de establecer un sistema de seguridad social más solidario y máxime si la intransmisibilidad es declarada en forma previa a la adquisición del derecho de los trabajadores sobre esos recursos.

Esto dicho desde el punto de vista estrictamente normativo. Pero hay que reconocer que las leyes tienen también un mensaje político-social y que éste debiera ser coherente. Por ello, si se señala que el 5% aportado por los empleadores será agregado a una cuenta de propiedad del trabajador, y se espera que así sea entendido por los ciudadanos, entonces, la “no heredabilidad” (transmisibilidad) en caso de muerte del trabajador contradice dicho mensaje, porque da la impresión de que, al negarse respecto de dichos bienes, la facultad de disponer por causa de muerte, se está admitiendo que el trabajador no es, en realidad, plenamente dueño de dichos recursos.

Pedro Montt y la masacre de Santa María de Iquique

2 abril, 2017

Mucha polémica causó la propuesta del concejal de la municipalidad de Valparaíso, Claudio Reyes, de cambiar el nombre a la Avenida Pedro Montt por Avenida Violeta Parra. Las razones que esgrimió son básicamente que así se daría un homenaje a la folklorista en el centenario de su nacimiento y se quitaría el nombre de quien fuera el Presidente que habría sido responsable de la masacre de trabajadores en la Escuela Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907.

La calle se bautizó con el nombre del Presidente en 1915 como agradecimiento por el empeño que éste tuvo en la reconstrucción de la ciudad después del terrible terremoto que la asoló en 1906.

Pedro Montt Montt (1849-1910) fue el octavo hijo del matrimonio de Manuel Montt y su prima Rosario Montt Goyenechea. Se educó en el Instituto Nacional y luego abrazó la carrera de su padre estudiando Derecho en la Universidad de Chile y recibiendo el título de abogado el 3 de enero de 1870, el que probablemente recibió de las manos de su padre que, después de dejar la Presidencia (1861), se reintegró a sus funciones de Presidente de la Corte Suprema, cargo que ejerció hasta su muerte en 1880. Desde muy joven le interesó la política y ya en 1876 ganó su primera elección como diputado suplente por Petorca. Desde 1879 fue diputado por esa localidad siendo reelegido en ella por varios períodos, hasta que postuló a la senaturía por Cautín, que ganó en 1900. Fue candidato a la presidencia en 1901, pero le derrotó Germán Riesco. Durante esos años la situación económica y moral del país se detorioró sustancialmente, por la crisis bursátil y las emisiones inorgánicas de dinero, de modo que en las siguientes elecciones presidenciales se pensó en que Montt, con su integridad moral y su austeridad, podría liderar un proceso de “regeneración”. Ganó las elecciones el 25 de julio de 1906, contra Fernando Lazcano. No tuvo mucha fortuna el nuevo Presidente ya que, aparte de cosechar la molestia social del período anterior, poco antes de asumir un fuerte terremoto afectó la zona central y practicamente destruyó la ciudad de Valparaíso (16 de agosto de 1906). Su gobierno debió hacer frente a las tareas de reconstrucción, y tuvo que olvidar su ideal de volver al padrón oro para evitar la inflación. La economía no mejoró y con ello la llamada cuestión social que venía arrastrándose con diversas huelgas y movimientos sindicales se agudizó durante su mandato. Así y todo, legó al país una red ferroviaria que conectaría Tacna con Puerto Montt. Con su salud quebrantada y por consejo de sus médicos viajó a Alemania pero nada más desembarcar en el Puerto de Bremen, murió el 16 de agosto de 1910. Sus restos fueron repatriados, y sus funerales fueron acompañados por un sentimiento de gratitud y admiración en toda la sociedad chilena.

Sin embargo, su figura histórica ha sido minusvalorada y a veces estigmatizada por la matanza de miles de trabajadores a manos de la metralla militar en los sucesos del día 21 de diciembre de 1907, que más tarde serían inmortalizados por el compositor Luis Advis en la Cantata de Santa María de Iquique (1969) interpretada por Quilapayún.

Pero, ¿qué responsabilidad puede asignarse al Presidente Montt en estos trágicos hechos? Difícil saberlo a ciencia cierta, pero todo indica que ninguna. En breve síntesis, ­–en la que seguimos a Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973), t. II, Santillana, Santiago, 1981, pp. 890 y ss. y la colección de documentos de la época reunidos por Pedro Bravo Elizondo, Santa María de Iquique 1907: documentos para su historia, Ediciones de El Litoral, Santiago, 1993–, la gran huelga de diciembre de 1907 fue detonada por las deplorables condiciones laborales de los trabajadores de las salitreras, agudizada por la baja producción acordada por las Calicheras para tratar de sostener el precio del salitre, más la acción de algunos anarquistas que ayudaron a planificarla. La idea fue no sólo paralizar las faenas sino que los obreros bajaran en masa hacia la ciudad de Iquique. Así desde el 12 de diciembre comenzaron a paralizar una a una las salitreras, y el 16 se acumulaban en Iquique varios miles de trabajadores, muchos de ellos con sus mujeres y niños. En ausencia del titular, el intendente suplente, Julio Guzmán, decidió que los obreros se asentaran en la Escuela Santa María y en la plaza aledaña que curiosamente llevaba el nombre del padre del Presidente: Manuel Montt. Los trabajadores eligieron un Directorio Central, de unos cuarenta miembros pero cuyos líderes eran dos presuntos anarquistas (Luis Olea y José Briggs). Redactaron un petitorio que, visto con los ojos de hoy, parece más que razonable y moderado pero los administradores de las salitreras se empecinaron en que no podían negociar nada, ni siquiera aceptar un arbitraje de un tercero, mientras los trabajadores no se reintegraran a sus faenas.

Al gobierno llegaban los pedidos de auxilio de una población atemorizada que veía que los huelguistas asumían más y más el control de la ciudad: otorgaban salvaconductos para los carruajes, establecían “erogaciones voluntarias” y llegaban a decir que “permitirían” el funcionamiento de los servicios de electricidad para que la ciudad no quedara sin alumbrado público. En el gobierno no se vio más que el problema del orden público y la necesidad de imponer el orden con la fuerza si fuere necesario. Así se habían resueltos movimientos similares, como la gran huelga de Valparaíso de 1903 o el “motín de la carne” de Santiago en 1905. Hay que recordar que no existía el cuerpo de Carabineros, por lo que las autoridades no tenían otra posibilidad que acudir al empleo del Ejército y la Marina. En esta ocasión, además, se produjo la desafortunada coincidencia de que el Ministro del Interior que manejó el problema desde Santiago, Rafael Sotomayor, y el General de Ejército al que se encomendó la dirección de las tropas enviadas, Roberto Silva Renard, eran personas de un carácter fuertemente autoritario y que sostenían, y siguieron sosteniendo después, que el uso de la fuerza era la única manera de contener los desórdenes públicos. Esta actitud de los principales encargados fue reforzada por la férrea posición de los dueños de las oficinas salitreras (mucho de ellos ingleses) de no negociar nada sin que se depusiera el paro.

Sotomayor envió al Intendente titular, Carlos Eastman, y al general Silva Renard en los cruceros Esmeralda y Zenteno, con un contigente militar y naval de 1.650 hombres, armados con metralla. Las naves llegaron al puerto el 19 de diciembre. En descargo de Sotomayor y Silva, debe tenerse en cuenta que esperaron una serie de gestiones empredidas por el intendente para tratar de deponer la huelga, pero que se frustraron ante negativa absoluta de los empleadores, que aducían que si se accedía a cualquier petición a los huelguistas sin que estos se reintegraran a sus labores, ellos “perderían el prestigio moral, el sentimiento de respeto, que es la única fuerza del patrón sobre el obrero”. Como medida alternativa el intendente ofreció que los trabajadores salieran de la escuela y se trasladaran al hipódromo que estaba en las afueras de la ciudad. El día 21 de diciembre, recurrió a los buenos oficios del viejo líder obrero Abdón Díaz, el que se trasladó a la Escuela para conversar con los dirigentes. A la una de la tarde, Díaz comunicó el fracaso de su gestión: los trabajadores no saldrían de la Escuela con las manos vacías.

El general Silva reunió unos 700 hombres, los arengó y ordenó que roderan la escuela y la plaza. Durante una hora siguieron los esfuerzos para convencer a los trabajadores de que abandonaran la escuela, pero estos sabían que si lo hacían todo el movimiento sería desarmado. Silva lanzó un ultimatum, los soldados dispararían si no se desalojaba la escuela. El Directorio Central subió a la azotea bajo una bandera chilena. Los soldados hicieron fuego sobre los dirigentes, los que cayeron fulminados. Lo posterior es confuso y existen varias versiones, pero lo más probable es que la turba de trabajadores, mujeres y niños, aterrorizados al ver cumplir la amenaza de Silva, se lanzó hacia los costados y al frente, donde estaban las dos ametralladoras. Al temer que serían envueltos, los soldados encargados dispararon a la muchedumbre. Sólo duró segundos o minutos, pero las bajas fueron cuantiosas, y los que sobrevivieron fueron conducidos al Hipódromo y luego subidos en trenes hacia las salitreras. El gobierno reconoció 130 o 140 muertos; otros hablaron de más de mil. Nicolás Palacios sostiene que fueron 195 muertos y 390 heridos. Vial piensa que este es el dato más objetivo.

El movimiento fue así ahogado con la represión armada, lo que, según Vial, terminó por quebrar el último de los consensos en los que se mantenía la institucionalidad: el social.

Como se ve, el Presidente Montt no tuvo participación en el manejo del conflicto, entregado totalmente a su Ministro del Interior. Por ello los pocos diputados que se atrevieron a denunciar la masacre (Bonifacio Veas, Malaquías Concha y Arturo Alessandri) centraron sus críticas en Sotomayor, sin que en ningún momento reprocharan algo al Presidente. Es más, en un informe del Intendente Eastman éste deja constancia que el Presidente le comunicó que el gobierno estaba dispuesto a financiar la mitad del aumento de salarios que pedían los trabajadores para bajar la huelga. Los salitreros contestaron que no hacían cuestión de dinero sino de pérdida del necesario prestigio moral del patrón

En suma, Montt no tuvo más culpa que la ceguera compartida por la generalidad clase política de la época sobre la grave situación de pobreza y explotación de campesinos y obreros, que terminaría por desatar el quiebre del régimen constitucional, cuando suenen los sables en el Congreso en septiembre de 1924.

“Yo lo compré y lo puse a nombre de mis hijas”

26 marzo, 2017

La declaración ante la prensa de la Presidenta Bachelet sobre la parcela de media hectárea comprada por una de sus hijas en una zona cercana al proyecto minero Dominga, sorprendió a la opinión pública el pasado lunes 20 de marzo de 2017. La indignación de la Presidenta se debió a que el diario La Tercera publicó el domingo que su hija menor, a la sazón de 21 años, compró un terreno eriazo en la comuna de La Higuera, IV Región, de 5.000 metros cuadrados, por escritura pública de 24 de marzo de 2014, la que fue inscrita a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena el 9 de junio del mismo año. La vendedora fue la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon, quien entre 2013 y 2014 había adquirido 12 lotes de media hectárea en el mismo lugar. El precio que aparece en la escritura, pagado al contado, fue de 6 millones quinientos mil pesos.

La reacción indignada de la Presidenta se debió a que se trató de ver en este hecho una de las causas por las cuales fue rechazado el proyecto Dominga. Por nuestra parte, lo que nos sorprendió fue ver a la Mandataria contar llanamente algo que, en principio, puede ser considerado irregular. Ello revela que la práctica de comprar un bien inmueble para “ponerlo a nombre” de un pariente está asumida como normal en nuestro país, lo que por cierto habla mal de nuestras instituciones jurídicas.

Convendría detenerse en el análisis de la figura desde el punto de vista del Derecho Civil, aunque sólo podemos hacerlo con los datos que nos proporcionan los medios que recogieron las declaraciones de la Presidenta. Un punto que resulta oscuro es por qué ella a veces habla de “sus hijas”, en plural, cuando la única que aparece en la escritura como compradora es una de ellas, su hija menor. Nos atendremos a este dato objetivo, ya que no conocemos la razón por la cual la Presidenta se refiere en ocasiones a sus hijas en general. Con esta prevención, los hechos podrían reconstruirse como sigue: la nuera de la Presidenta compró 12 lotes de media hectárea con fines recreativos. La Presidenta pensó en comprar uno de los lotes “pensando en algo familiar para el futuro” y para dejarle algo a su hija para tener un lugar cerca de sus nietos. Ella pagó los 6 millones quinientos mil, pero en la escritura de compraventa compareció como compradora su hija menor, y la propiedad fue inscrita a nombre de ésta.

Podemos descartar que estemos ante un contrato de persona por nombrar o una estipulación en favor de tercero, porque no fue la Presidenta la que compareció en la compraventa reservándose la facultad para nombrar a una persona que la sustituyera en su posición de compradora o directamente diciendo que compraba el terreno a favor de su hija menor.

Podría pensarse que estamos ante una simulación parcial en el sentido de que la compraventa fue en realidad celebrada con la Presidenta (la que pagó el precio), de modo que la comparecencia de su hija era meramente aparente. Pero no fue esa la intención de las partes, ya que la Presidenta dice que pagó el precio pero para que su hija quedara definitivamente como propietaria del inmueble.

De esta manera parece que lo que ocurrió en el caso, como en otros que son frecuentes en la práctica, es sencillamente que la hija compró el terreno a su cuñada, pero su obligación de pagar el precio fue cumplida por su madre. Con ello no se estaría más que aplicando la regla del art. 1572 del Código Civil que dispone que puede pagar por el deudor cualquiera persona, incluso sin su conocimiento o contra su voluntad. Hemos de entender que en el caso el pago se hizo al menos con conocimiento de la deudora (la hija compradora), por lo que la Presidenta tendría derecho a subrogarse en el crédito de la vendedora para que su hija le reembolse los 6 millones y medio que pagó por ella, conforme a lo previsto en el art. 1610 Nº 5 del Código Civil. La hija compradora sería deudora de la Presidenta, pero es más que claro, por las declaraciones de esta última, que no tiene ni tuvo intención alguna de pedir a su hija el reembolso de lo pagado. Concluimos que, junto con pagar, la Presidenta condonó la deuda contraída por su hija.

Ahora bien, esta remisión de deuda debe ser considerada una donación, según lo que señalan expresamente los arts. 1653 y 1397 del Código Civil. Siendo una donación está sujeta a insinuación (lo dice expresamente el art. 1653 del Código Civil) y al pago del impuesto de la ley Nº 16.271.

Claramente la insinuación es exigida, ya que el monto excede la cantidad que ridículamente, por falta de actualización, establece el art. 1401 del referido Código: dos centavos. Siguiendo esta norma, en todo lo que exceda a esa ínfima cantidad la donación es nula. Hay consenso de que se trata de una nulidad absoluta, por lo que debe ser declarada judicialmente a petición de alguien que tenga interés en ella (art. 1683 del Código Civil). En el caso no parece haber interesados en pedir la nulidad, de modo que la omisión de la insinuación no tendría mayor relevancia práctica.

Respecto del impuesto, el art. 2 de la ley Nº 16.271 señala que las donaciones que se efectúen al cónyuge y a cada ascendiente o a cada hijo estarán exentas de este impuesto en la parte que no excedan de cinco unidades tributarias anuales. Habría que ver entonces si al tiempo de la donación, esto es, en marzo de 2014, se excedió o no dicha cantidad. Según la página web del Servicio de Impuesto Internos, la UTA en 2014 fue de $ 518.376; la cantidad exenta entonces alcanzaba en ese tiempo a los $ 2.591.880. Esa cantidad debe descontarse entonces del monto donado (6.500.000), con lo que el impuesto debería computarse sobre $ 3.908.120, con la tasa dispuesta en el art. 2 de la ley Nº 16.271.

Surge la duda de si es posible estimar que esta obligación haya prescrito, por aplicación de los arts. 50 de la ley Nº 16.271 y 200 del Código Tributario, pero preferimos dejar el esclarecimiento de esta cuestión a los expertos en Derecho Tributario. En todo caso, la obligación de pagar el impuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 de la ley Nº 16.271, recae en el caso de las donaciones en el donatario, lo que en nuestro caso significaría que quien debería declarar y pagar el eventual impuesto debería ser la hija de la Presidenta, beneficiaria de la liberalidad.