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Otras

2 septiembre, 2018

Con el acrónimo de OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales), se constituyó en España un sindicato de mujeres que se dedican a la prostitución y, hace unos días, tras la denuncia de la Ministra del Trabajo Magdalena Valerio de que “le habrían pasado un gol” y de anunciar que se tomarán todas las medidas para revocar la aprobación legal de la agrupación sindical, se ha producido una fuerte polémica en ese país. La cuestión se ha concentrado en si el feminismo que busca la liberación de la mujer debe rechazar absolutamente esta forma de explotación de las mujeres que provendría de la dominación del patriarcado cultural y económico (la tesis “abolicionista”), o si más bien debe reconocer que las mujeres que se dedican a lo que se ha llamado el oficio más antiguo del mundo no hacen más que ejercer su autonomía y el derecho que tienen sobre su propio cuerpo.

La Ministra Valerio declaró: “no avalaremos un sindicato de una actividad que no es legal y que vulnera los derechos de las mujeres. No lo hará un Gobierno socialista y feminista”. Carmen Calvo, Vicepresidenta del gobierno, emitió su opinión en un tuit que decía: “La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, sino la esclavitud más antigua y grande de la historia”. Por el contrario, Carmen Borrell, secretaria de Otras, ha dicho que “no se puede[n] coartar los derechos de todo un colectivo que actualmente carece del más mínimo derecho laboral” y que “El feminismo abolicionista esconde una moralina y un odio visceral hacia las trabajadoras sexuales”. Desde Argentina, a nombre de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), Georgina Orellano, ha declarado que “Los feminismos tienen que respetar las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos”.

Antes de reflexionar sobre el fondo del debate, podemos preguntarnos si podría organizarse un sindicato como Otras bajo la legislación chilena. Parece claro que no podría tratarse de actividades que están sancionadas penalmente, como sucede con la facilitación o promocion de la prostitución de menores (art. 367 Código Penal) o la trata de personas con fines de prostitución (art. 411 ter CP). Respecto de los actos de comercio sexual entre personas mayores de edad y mutuamente consentidas, si bien no están penalizados por la ley, de esto no puede seguirse fácilmente que se trata de una conducta plenamente lícita y subsumible en el derecho a desarrollar actividades económicas previsto en el art. 19 Nº 21 de la Constitución.

Yendo de lo menos a lo más consideremos el acuerdo por el cual se intercambian favores sexuales por un precio, que está en la base de la prostitución. Se trata claramente de un acuerdo de carácter contractual y en principio calificable de arrendamiento de servicios. El problema es si se trata de servicios jurídicamente admisibles o no y por tanto sobre si dicho contrato tiene objeto lícito o ilícito. El art. 1461 del Código Civil dispone que “no sólo las cosas que existen pueden ser objetos de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester que las unas y las otras sean comerciables…”, y además agrega que si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible, siendo “moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público”. En el caso, no se trata de labores o trabajos que sean externos a la persona, sino que comprometen su más íntima realidad en cuanto mujer o varón, de modo que, como se suele decir, al ofrecer retribución monetaria por prestaciones de carácter sexual se está “comprando el cuerpo de una persona”, lo que equivale a comprar la persona en sí misma. Por ello, no parecen existir mayores dificultades para entender que se trata de un objeto que está fuera del comercio humano y además un hecho: “prestación sexual”, moralmente imposible, al menos por ser contrario a las buenas costumbres y al orden público. Por las mismas razones quedará fuera de la garantía de la libre iniciativa en el plano económico ya que el precepto constitucional se cuida de advertir que dicho derecho se aplica sólo a actividades que no sean contrarias a la moral o al orden público. Para concluir esta invalidez del contrato, pensemos en qué sucede si después de que el “cliente” ha pagado el precio acordado, la prostituta se rehúsa a cumplir con su parte del convenio. ¿Habría algún juez que diera lugar a la demanda de cumplimiento forzado de contrato o de resolución con indemnización de perjuicios? Claramente sería rechazada tal pretensión, ya que no puede darse eficacia a un convenio que repugna a la conciencia social y a la dignidad de las personas. Es más, el cliente no podría pedir restitución de lo adelantado ya que se aplicará la sanción del art. 1468 del Código Civil que prohíbe repetir lo que se ha dado a sabiendas por un objeto o causa ilícita.

Siendo el contrato de prostitución nulo por ilicitud del objeto, el comercio sexual en general debe ser considerado como antijurídico, aunque no punible. Recuérdese que sólo algunos ilícitos son seleccionados por su gravedad, recurrencia u otras razones de política criminal, para ser sancionados penalmente. Desde antiguo se ha señalado que es mejor tolerar el ejercicio de la prostitución, ya que su penalización podría ocasionar males mayores. Pero tolerar no significa declarar lícito o legalizar la actividad ni calificarla como un trabajo equiparable a otros en los que no se viola la dignidad de las personas. El hecho de que las mujeres que ejercen la prostitución puedan ser sometidas a abusos al operar en la clandestinidad no parece que sirva para reclamar una legalización que traería mayores perjuicios al atraer más mujeres vulnerables a ejercer un comercio que las degrada como personas.

Siendo así las cosas no pareciera que un sindicato formado por hombres o mujeres que ejercen la prostitución pudiera ser aprobado en nuestro país. Desde luego no podría constituirse ni como sindicato de empresa ni interempresas, ya que eso significaría que se trataría de trabajadores de una empresa legalmente establecida, y el Código Sanitario prohíbe expresamente los prostíbulos o las casas de tolerancia y ordena su clausura a través de Carabineros (art. 41 CS). Tampoco parece que pudieran constituirse como sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios, al faltarles eventualidad o transitoriedad. Sólo quedaría la opción de sindicatos de trabajadores independientes, conforme a las categorías de sindicatos reguladas por el Código del Trabajo (art. 216 CT). No habría mayores problemas en que se hiciera la asamblea de constitución con el mínimo de 25 personas (art. 228 CT), donde deberían aprobarse los estatutos. Pero al momento de depositar esos estatutos en la Inspección del Trabajo, ésta autoridad debería rechazar la constitución. El Código del Trabajo la autoriza para hacer observaciones a la constitución del sindicato “si faltare cumplir algún requisito para constituirlo o si los estatutos no se ajustaren a lo prescrito por este Código” (art. 223 CT), pero es obvio que puede rechazar esa constitución si se trata de una organización que no puede ser aceptada como sindicato, por no estar constituida por trabajadores reconocidos legalmente como tales. El mismo Código del Trabajo indica que el derecho a constituir sindicatos corresponde a trabajadores del sector privado y de las empresas del Estado, “con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas” (art. 212 CT). Hay que traer a colación acá que la Constitución protege la libertad de trabajo pero exceptúa aquellos que sean contrarios a la moral, la seguridad y la salubridad pública: “Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así” (art. 19 Nº 16 Const.). Por cierto, conforme a lo previsto en el mismo Código laboral, los organizadores podrán recurrir frente a esta resolución denegatoria de la Inspección al Tribunal del Trabajo, pero, pensamos, este debiera resolver confirmando la decisión de la Inspección.

En internet hay rastros de que en Chile se habrían constituido sindicatos o asociaciones de “trabajadoras” sexuales. Aparece así el Sindicato Nacional de Trabajadoras Independientes Ángela Lina, la Fundación Margen, y la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe. No queda claro a qué normativa se han acogido estas instituciones ni tampoco si tienen personalidad jurídica. Pero si fueran un sindicato que no hubiere sido observado por la Inspección del Trabajo y, por tanto hubiere adquirido personalidad jurídica por el depósito de sus estatutos, podría ser disuelto por sentencia de juez, a solicitud de la Dirección del Trabajo, por la causal de “haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para su constitución” (art. 297 CT). Es obvio que con mayor razón puede ser disuelto el sindicato que nunca cumplió con dichos requisitos.

Digamos, finalmente, que la mención que se hace de las personas que ejercen el comercio sexual e incluso la denominación de “trabajadores” que se les atribuye para efectos de impedir la propagación de enfermedades de transmisión sexual, no permiten considerar que se trate de una actividad lícita ni legalizada, sino simplemente tolerada y supervisada por razones de salud pública. De este modo, el Código Sanitario dispone que un reglamento establecerá “las condiciones en que se podrá examinar, obligar a tratarse o internar para su curación a las personas que se dediquen al comercio sexual…” (art. 39 CS). El reglamento en actual vigencia se encuentra en el D. Sup. Nº 206, Ministerio de Salud, de 2007, el que, seguramente por razones de corrección política, habla de “trabajadores(as) sexuales” para los efectos de establecer una estadística sanitaria por los establecimientos de salud y para la entrega de un documento que acredite número de registro y asistencia a controles (arts. 10 y 11).

Pero, como vemos, la actitud del Derecho frente al comercio sexual debe fundarse en razones más de fondo, y aquí aparece la disputa sobre el abolicionismo, la liberalización plena o parcial y la tolerancia.

Se trata de una controversia que, como en el aborto, la maternidad subrogada, la publicidad, el cine pornográfico, concursos de belleza femenina, y otros temas similares, pone a los movimientos que luchan por los derechos y la igualdad de las mujeres en un dilema sobre como entender la libertad y la autonomía: si al modo personalista que la percibe como una facultad orientada hacia el respeto de la dignidad de la persona o si al modo de un individualismo neoliberal de que cada uno elija el estilos de vida que le plazca, sin que la sociedad tenga derecho a inmiscuirse ni juzgar sobre su mayor o menor valor.

Desde un punto de vista personalista resulta claro que el ejercicio de la prostitución degrada a la mujer, porque comercializa su cuerpo y la expone a todo tipo de violencia y explotación, no sólo por el “cliente” sino sobre todo por las mafias de proxenetas y por “empresarios” inescrupulosos que lucran con la trata de personas o el turismo sexual. Legalizar la prostitución y, más aún, considerarla un trabajo amparado por la ley laboral, implicaría sacrificar a miles de mujeres que se verán de una u otra forma coaccionadas para entregar sus cuerpos al comercio sexual, con las prácticas más humillantes, y con un inmenso perjuicio para su autoestima, en aras de garantizar a unas pocas que podrían teóricamente ejercer su autonomía al prostituirse, aunque cuesta imaginar que exista realmente este tipo de mujeres.

Tampoco pareciera que lo mejor sea reprimir penalmente el comercio sexual entre adultos ya que ello podría generar males sociales superiores. Quizás un camino de acción inteligente y más eficaz sería, además de aplicar políticas sociales para evitar que las mujeres tengan que caer en las redes de explotación sexual, apuntar a la disminución de la demanda por los servicios del comercio sexual. En este sentido, parece interesante la política que han seguido países como Suecia, Noruega e Islandia en el sentido de sancionar, no a la mujer que ejerce la prostitución, sino al cliente que paga por sus servicios; estos últimos, por cierto, abrumadoramente varones.

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Réplica sin eufemismos

2 octubre, 2016

La profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile, Yanira Zúñiga Añazco, ha tenido la gentileza de ocuparse de nuestra columna “Eufemismos con el aborto” (publicada en El Mercurio el pasado 22 de septiembre de 2016: ver texto) para, junto con expresar su coincidencia en que la deliberación sobre esta materia debe ser genuina y sincera, refutar que el proyecto de ley de aborto y su defensa se sostengan en eufemismos como los que denunciamos (Ver columna de profesora Zúñiga). Recordamos a los lectores que en nuestra columna identificamos tres eufemismos que desde el título del proyecto de ley han sido utilizados en el discurso mediático por quienes abogan en su favor, esto es, que se trata, 1º) de una despenalización, 2º de la interrupción del embarazo y 3º) en tres causales (peligro para la vida de la madre, inviabilidad del embrión o feto y violación).

Debemos decir que nos parece que la crítica de Yanira Zúñiga más confirma que refuta nuestro planteamiento. Así, por ejemplo, reconoce que la “despenalización” de la que habla el proyecto no puede implicar sólo la ausencia de sanción penal, sino la consideración del aborto como prestación de salud a la que toda mujer debería tener acceso, y esto por cuanto se requiere que la intervención se practique en condiciones de seguridad sanitaria y porque, de no ser así, se incurriría en una discriminación arbitraria entre mujeres gestantes según si deciden abortar o no. Pero si esto es así, entonces nuestra contradictora debiera estar de acuerdo en que la palabra “despenalización” no es la correcta para describir la operación jurídica que se intenta realizar mediante esta iniciativa de ley. Para advertirlo basta con mirar el Diccionario de la Lengua Española que contempla como única acepción de “despenalizar” la de “dejar de tipificar como delito o falta una conducta anteriormente castigada por la legislación penal”. Claramente, y la profesora Zúñiga así lo ratifica, lo que pretende el proyecto de ley no es sólo dejar de tipificar la conducta abortiva como delito, sino transformarla en una prestación de servicios que pueda ser exigida como derecho.

En cuanto a la sustitución del término “aborto” por la expresión “interrupción del embarazo”, la profesora Zúñiga piensa que es posible justificar el empleo de esta última locución, sobre la base de que ella dejaría más claro que estamos hablando de un aborto consentido por la mujer, y porque pondría de relieve el ejercicio de su autonomía. No logramos ver por qué “interrupción del embarazo” supondría la exclusión del aborto forzado o inconsentido. La “interrupción del embarazo”, al igual que el aborto, puede ser consentida o no consentida. Tanto es así que el proyecto de ley se encarga de advertir que lo que busca es “despenalizar” la interrupción “voluntaria” del embarazo. El calificativo prueba que la mera expresión “interrupción del embarazo” describe sólo un hecho y nada dice sobre si es consentido o no por la mujer embarazada. Por lo mismo nada aporta esa expresión en cuanto a enfatizar o poner de relieve su autonomía reproductiva. Lo que sí logra esa expresión es invisibilizar a la criatura en gestación y, con ello, camuflar la dura realidad que implica la permisión legal del aborto: la destrucción violenta del concebido y la negación de su dignidad como ser humano en las primeras fases de su desarrollo. No deja de ser revelador que la profesora Zúñiga proponga dejar de utilizar la noción de “dignidad humana” porque, en su parecer, habría servido “más para desconocer derechos de la mujer que para sedimentarlos”, lo que en este contexto no puede significar otra cosa que dicho concepto se presenta como un obstáculo para consagrar el derecho al aborto.

Finalmente, nuestra contradictora niega que el proyecto esté diseñado para ser sobrepasado en los hechos y dar lugar más temprano que tarde al llamado “aborto libre”. Fundamenta su aserto más que en el proyecto original en las modificaciones que se le han ido introduciendo en la discusión parlamentaria, las que, en su opinión, de manera “recalcitrante” tienden a limitar el “derecho de las mujeres a gobernar las condiciones que viven su maternidad”, lo que dicho sin eufemismos es el derecho a requerir un aborto. Ejemplos de estas modificaciones serían la eliminación de la expresión “presente o futuro” respecto del riesgo de vida de la madre y la reducción de semanas de gestación como término máximo para abortar en caso de violación (aunque incurre en el error de decir que el plazo, en el caso de una menor impúber, se redujo a 12 semanas cuando en realidad fue fijado en 14). Incluso afirma, y esto contra la letra del texto normativo, que el programa de acompañamiento añadido por la Comisión de Salud del Senado estaría diseñado para restringir o eventualmente disuadir a la mujer de su decisión de abortar. Como se ve, la profesora Zúñiga ve con malos ojos estas supuestas limitaciones e incluso sugiere que el proyecto, al no facilitar el aborto temprano, estaría favoreciendo la práctica del partial birth abortion (el que se realiza en embarazos de término por medio del aplastamiento del cráneo del niño o niña a punto de nacer). Con ello concede que esta forma de aborto, que poca diferencia tiene con el infanticidio, está incluida dentro de los supuestos autorizados por el proyecto.

Las supuestas restricciones introducidas por la Comisión de Salud del Senado son bastante ineficaces ya que concebidas en términos amplios estarán sujetas a interpretación. La misma profesora Zúñiga adelanta que la causal terapéutica, pese a la supresión de la expresión “presente o futuro” del riego vital, podría ser entendida como fue originalmente planteada. La experiencia comparada, por otra parte, revela que por muy restringidas que puedan estar en la letra de la ley, estas causales son desbordadas por los hechos y esta misma circunstancia se enarbola luego para reclamar la necesidad de “avanzar” hacia un sistema de plazos, en el que se permite el aborto sin restricciones y por la sola decisión (supuestamente libre) de la madre.

En este sentido debe advertirse que la causal de violación no tiene otra forma de control más que la confianza en la veracidad de lo que declara la mujer que pide el aborto. De modo que esta causal en verdad encubre un aborto no por indicaciones sino simplemente por plazos, que es lo único que el personal médico podrá verificar. Es sintomático que sólo para esta causal el proyecto establezca semanas de gestación dentro de las cuales puede practicarse el aborto.

Por último, no es difícil percibir que la mayor parte de quienes hoy apoyan este proyecto aparentemente restringido –y me parece así lo demuestra el texto de Yanira Zúñiga– lo hacen por razones de estrategia política y con la esperanza de que, una vez concedido que para ciertos casos la ley está dispuesta a desconocer la inviolable dignidad humana del concebido, quedará el camino despejado para que ese desconocimiento pueda ser aplicable sin más justificación que la sola decisión de la mujer gestante.

Nuestra petición sigue en pie. La deliberación pública requiere un diálogo en que los intervinientes declaren sincera y lealmente sus argumentos, sin incurrir en eufemismos que impidan o dificulten la comprensión de lo que se sostiene. Es necesario ir al meollo del problema sin permitirse, de lado y lado, caer en facilismos que lo simplifican al costo de ignorar su complejidad.

Lo que estamos discutiendo es si corresponde que un Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos de todos sus miembros, conceda a la mujer embarazada la facultad de exigir que se le practique un aborto como un derecho derivado de su autonomía o si esa autonomía debe ejercerse de modo compatible con el respeto a la vida y dignidad humana del hijo o hija que se gesta en ella. Un debate sin eufemismos. ¿Será mucho pedir?

Alimentación forzada y libertad personal

27 septiembre, 2010

La Tercera Sala de la Corte Suprema, el 24 de septiembre pasado, dictó sentencia en el recurso  de protección  interpuesto a favor de ocho comuneros mapuches que siguen en huelga de hambre, y autorizó a Gendarmería para adoptar las medidas necesarias para asegurar la vida de los huelguistas. Con ello la Corte ha ratificado la jurisprudencia que viene de los años ochenta de que el valor de la vida humana es superior a la libertad de quienes la ponen en riesgo, cualquiera sean las motivaciones que persigan con ello. Se entiende que entre las medidas necesarias para salvaguardar la vida está de proporcionar nutrición e hidratación a los huelguistas, coactivamente, aunque del modo menos invasivo posible.

Esta idea ha sido cuestionada desde la óptica de un pensamiento liberal, que sustenta que el Estado no debe intervenir en las decisiones autónomas que toman los individuos, aunque de ellas se pueda reportar un peligro para su vida o salud (Ver por ejemplo opinión de Lucas Sierra). La alimentación forzada sería una muestra inaceptable de un paternalismo estatal que invade ilegítimamente la esfera de libre decisión de las personas. ¿Debiera entonces el Estado abstenerse de toda acción y los tribunales negar un recurso de protección cuando el mismo afectado es quien desea atentar contra su derecho fundamental?

Junto a este liberalismo de izquierda que promueve la autodeterminación en materia de vida y conducta sexual, aparece también un liberalismo de derecha, en temas económicos. Curiosamente más o menos los mismos argumentos se han dado en contra de la ley que declaró irrenunciables los feriados del bicentenario y frente a la ideas de extender esa irrenunciabilidad a los domingos: ¿acaso no pueden los trabajadores decidir por sí mismos si quieren o no renunciar a ese día de descanso? ¿Por qué el Estado se entromete en un ámbito que puede ser mejor regulado por los particulares involucrados?

No se trata de una controversia propiamente chilena. Hace unas semanas el Senado francés aprobó el proyecto de la ley que prohíbe a las mujeres usar el velo islámico. La ley es más amplia y se refiere a toda tenida que oculte el rostro: “Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage”, reza su artículo 1º (Ver texto en Legifrance). La polémica ha sido fuerte no sólo porque aquí parece intervenir el derecho a expresar las creencias religiosas, sino nuevamente porque el Estado estaría diciéndole a las personas cómo deben vestirse. ¿Una nueva forma de paternalismo?

El equilibrio entre respeto a la libertad e intervención del Estado en la vida pública para el logro de intereses colectivos y un más pleno respeto de los derechos fundamentales de todos, no es fácil de obtener. Y la simple idea liberal, sea de izquierda o de derecha, de que siempre lo mejor es que el Estado se retire, deje hacer y no interfiera en las decisiones libres de los ciudadanos, se revela no sólo como simplista sino como inviable en la práctica.

Más fructífero es explorar las razones por las cuáles el Estado puede y a veces debe coartar la autonomía de los individuos. El criterio de no dañar a otro puede ser apto para el derecho penal, pero es pobre para gestionar con justicia e eficiencia las áreas cuando la conducta individual produce menoscabos a valores esenciales de la convivencia pública. Así podrá ser atendible que mientras en Francia se prohíba la vestimenta que oculta el rostro para impedir la opresión de las mujeres, fundada en un motivo religioso poco justificado; en Chile será legítimo que se adopten medidas que impidan el deceso de los huelguistas de hambre. La vida es un bien mucho más irrenunciable que cualquier feriado.