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Pedro Montt y la masacre de Santa María de Iquique

2 abril, 2017

Mucha polémica causó la propuesta del concejal de la municipalidad de Valparaíso, Claudio Reyes, de cambiar el nombre a la Avenida Pedro Montt por Avenida Violeta Parra. Las razones que esgrimió son básicamente que así se daría un homenaje a la folklorista en el centenario de su nacimiento y se quitaría el nombre de quien fuera el Presidente que habría sido responsable de la masacre de trabajadores en la Escuela Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907.

La calle se bautizó con el nombre del Presidente en 1915 como agradecimiento por el empeño que éste tuvo en la reconstrucción de la ciudad después del terrible terremoto que la asoló en 1906.

Pedro Montt Montt (1849-1910) fue el octavo hijo del matrimonio de Manuel Montt y su prima Rosario Montt Goyenechea. Se educó en el Instituto Nacional y luego abrazó la carrera de su padre estudiando Derecho en la Universidad de Chile y recibiendo el título de abogado el 3 de enero de 1870, el que probablemente recibió de las manos de su padre que, después de dejar la Presidencia (1861), se reintegró a sus funciones de Presidente de la Corte Suprema, cargo que ejerció hasta su muerte en 1880. Desde muy joven le interesó la política y ya en 1876 ganó su primera elección como diputado suplente por Petorca. Desde 1879 fue diputado por esa localidad siendo reelegido en ella por varios períodos, hasta que postuló a la senaturía por Cautín, que ganó en 1900. Fue candidato a la presidencia en 1901, pero le derrotó Germán Riesco. Durante esos años la situación económica y moral del país se detorioró sustancialmente, por la crisis bursátil y las emisiones inorgánicas de dinero, de modo que en las siguientes elecciones presidenciales se pensó en que Montt, con su integridad moral y su austeridad, podría liderar un proceso de “regeneración”. Ganó las elecciones el 25 de julio de 1906, contra Fernando Lazcano. No tuvo mucha fortuna el nuevo Presidente ya que, aparte de cosechar la molestia social del período anterior, poco antes de asumir un fuerte terremoto afectó la zona central y practicamente destruyó la ciudad de Valparaíso (16 de agosto de 1906). Su gobierno debió hacer frente a las tareas de reconstrucción, y tuvo que olvidar su ideal de volver al padrón oro para evitar la inflación. La economía no mejoró y con ello la llamada cuestión social que venía arrastrándose con diversas huelgas y movimientos sindicales se agudizó durante su mandato. Así y todo, legó al país una red ferroviaria que conectaría Tacna con Puerto Montt. Con su salud quebrantada y por consejo de sus médicos viajó a Alemania pero nada más desembarcar en el Puerto de Bremen, murió el 16 de agosto de 1910. Sus restos fueron repatriados, y sus funerales fueron acompañados por un sentimiento de gratitud y admiración en toda la sociedad chilena.

Sin embargo, su figura histórica ha sido minusvalorada y a veces estigmatizada por la matanza de miles de trabajadores a manos de la metralla militar en los sucesos del día 21 de diciembre de 1907, que más tarde serían inmortalizados por el compositor Luis Advis en la Cantata de Santa María de Iquique (1969) interpretada por Quilapayún.

Pero, ¿qué responsabilidad puede asignarse al Presidente Montt en estos trágicos hechos? Difícil saberlo a ciencia cierta, pero todo indica que ninguna. En breve síntesis, ­–en la que seguimos a Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973), t. II, Santillana, Santiago, 1981, pp. 890 y ss. y la colección de documentos de la época reunidos por Pedro Bravo Elizondo, Santa María de Iquique 1907: documentos para su historia, Ediciones de El Litoral, Santiago, 1993–, la gran huelga de diciembre de 1907 fue detonada por las deplorables condiciones laborales de los trabajadores de las salitreras, agudizada por la baja producción acordada por las Calicheras para tratar de sostener el precio del salitre, más la acción de algunos anarquistas que ayudaron a planificarla. La idea fue no sólo paralizar las faenas sino que los obreros bajaran en masa hacia la ciudad de Iquique. Así desde el 12 de diciembre comenzaron a paralizar una a una las salitreras, y el 16 se acumulaban en Iquique varios miles de trabajadores, muchos de ellos con sus mujeres y niños. En ausencia del titular, el intendente suplente, Julio Guzmán, decidió que los obreros se asentaran en la Escuela Santa María y en la plaza aledaña que curiosamente llevaba el nombre del padre del Presidente: Manuel Montt. Los trabajadores eligieron un Directorio Central, de unos cuarenta miembros pero cuyos líderes eran dos presuntos anarquistas (Luis Olea y José Briggs). Redactaron un petitorio que, visto con los ojos de hoy, parece más que razonable y moderado pero los administradores de las salitreras se empecinaron en que no podían negociar nada, ni siquiera aceptar un arbitraje de un tercero, mientras los trabajadores no se reintegraran a sus faenas.

Al gobierno llegaban los pedidos de auxilio de una población atemorizada que veía que los huelguistas asumían más y más el control de la ciudad: otorgaban salvaconductos para los carruajes, establecían “erogaciones voluntarias” y llegaban a decir que “permitirían” el funcionamiento de los servicios de electricidad para que la ciudad no quedara sin alumbrado público. En el gobierno no se vio más que el problema del orden público y la necesidad de imponer el orden con la fuerza si fuere necesario. Así se habían resueltos movimientos similares, como la gran huelga de Valparaíso de 1903 o el “motín de la carne” de Santiago en 1905. Hay que recordar que no existía el cuerpo de Carabineros, por lo que las autoridades no tenían otra posibilidad que acudir al empleo del Ejército y la Marina. En esta ocasión, además, se produjo la desafortunada coincidencia de que el Ministro del Interior que manejó el problema desde Santiago, Rafael Sotomayor, y el General de Ejército al que se encomendó la dirección de las tropas enviadas, Roberto Silva Renard, eran personas de un carácter fuertemente autoritario y que sostenían, y siguieron sosteniendo después, que el uso de la fuerza era la única manera de contener los desórdenes públicos. Esta actitud de los principales encargados fue reforzada por la férrea posición de los dueños de las oficinas salitreras (mucho de ellos ingleses) de no negociar nada sin que se depusiera el paro.

Sotomayor envió al Intendente titular, Carlos Eastman, y al general Silva Renard en los cruceros Esmeralda y Zenteno, con un contigente militar y naval de 1.650 hombres, armados con metralla. Las naves llegaron al puerto el 19 de diciembre. En descargo de Sotomayor y Silva, debe tenerse en cuenta que esperaron una serie de gestiones empredidas por el intendente para tratar de deponer la huelga, pero que se frustraron ante negativa absoluta de los empleadores, que aducían que si se accedía a cualquier petición a los huelguistas sin que estos se reintegraran a sus labores, ellos “perderían el prestigio moral, el sentimiento de respeto, que es la única fuerza del patrón sobre el obrero”. Como medida alternativa el intendente ofreció que los trabajadores salieran de la escuela y se trasladaran al hipódromo que estaba en las afueras de la ciudad. El día 21 de diciembre, recurrió a los buenos oficios del viejo líder obrero Abdón Díaz, el que se trasladó a la Escuela para conversar con los dirigentes. A la una de la tarde, Díaz comunicó el fracaso de su gestión: los trabajadores no saldrían de la Escuela con las manos vacías.

El general Silva reunió unos 700 hombres, los arengó y ordenó que roderan la escuela y la plaza. Durante una hora siguieron los esfuerzos para convencer a los trabajadores de que abandonaran la escuela, pero estos sabían que si lo hacían todo el movimiento sería desarmado. Silva lanzó un ultimatum, los soldados dispararían si no se desalojaba la escuela. El Directorio Central subió a la azotea bajo una bandera chilena. Los soldados hicieron fuego sobre los dirigentes, los que cayeron fulminados. Lo posterior es confuso y existen varias versiones, pero lo más probable es que la turba de trabajadores, mujeres y niños, aterrorizados al ver cumplir la amenaza de Silva, se lanzó hacia los costados y al frente, donde estaban las dos ametralladoras. Al temer que serían envueltos, los soldados encargados dispararon a la muchedumbre. Sólo duró segundos o minutos, pero las bajas fueron cuantiosas, y los que sobrevivieron fueron conducidos al Hipódromo y luego subidos en trenes hacia las salitreras. El gobierno reconoció 130 o 140 muertos; otros hablaron de más de mil. Nicolás Palacios sostiene que fueron 195 muertos y 390 heridos. Vial piensa que este es el dato más objetivo.

El movimiento fue así ahogado con la represión armada, lo que, según Vial, terminó por quebrar el último de los consensos en los que se mantenía la institucionalidad: el social.

Como se ve, el Presidente Montt no tuvo participación en el manejo del conflicto, entregado totalmente a su Ministro del Interior. Por ello los pocos diputados que se atrevieron a denunciar la masacre (Bonifacio Veas, Malaquías Concha y Arturo Alessandri) centraron sus críticas en Sotomayor, sin que en ningún momento reprocharan algo al Presidente. Es más, en un informe del Intendente Eastman éste deja constancia que el Presidente le comunicó que el gobierno estaba dispuesto a financiar la mitad del aumento de salarios que pedían los trabajadores para bajar la huelga. Los salitreros contestaron que no hacían cuestión de dinero sino de pérdida del necesario prestigio moral del patrón

En suma, Montt no tuvo más culpa que la ceguera compartida por la generalidad clase política de la época sobre la grave situación de pobreza y explotación de campesinos y obreros, que terminaría por desatar el quiebre del régimen constitucional, cuando suenen los sables en el Congreso en septiembre de 1924.

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