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El orden de los apellidos

4 junio, 2017

El próximo 30 de junio entrará en vigor en España una nueva Ley de Registro Civil (ley 20 de 21 de julio de 2011) que entre sus mayores novedades trae un cambio a las normas sobre la determinación de los apellidos en la inscripción de nacimiento de los niños. Tradicionalmente en España se han usado dos apellidos, siendo el primero el del padre y el segundo el de la madre. Este orden fue considerado discriminatorio contra la mujer por diversos movimientos feministas, con lo que en 2000 se permitió que se invirtiera, poniendo en primer lugar el apellido de la madre, siempre que hubiera una declaración de común acuerdo entre ambos progenitores y una solicitud expresa al Encargado del Registro Civil. En defecto de acuerdo, se volvía a la precedencia del apellido paterno.

La nueva ley innova en la regla y exige que los padres se pongan de acuerdo en el orden de los apellidos del hijo. El art. 49 dispone que “Si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores acordarán el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral. – En caso de desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, el Encargado del Registro Civil requerirá a los progenitores, o a quienes ostenten la representación legal del menor, para que en el plazo máximo de tres días comuniquen el orden de apellidos. Transcurrido dicho plazo sin comunicación expresa, el Encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor”. Se agrega que “El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación”. Con todo, se permite que el interesado, una vez cumplidos los 16 años, pueda requerir al Registro Civil que cambie el orden de sus apellidos (arts. 53 Nº 1 y 57 Nº 3: Ver texto completo de la ley).

En Chile, curiosamente, el orden de los apellidos de los niños no está regulado en la Ley de Registro Civil, que sólo se preocupa de que no se le impongan nombres extravagantes, ridículos, impropios de personas, equívocos respecto al sexo o contrarios al buen lenguaje. El Oficial del Registro Civil, en tales casos, puede oponerse y ante la insistencia debe recurrir al juez (art. 31.4º Ley Nº 4.808, de 1930, texto refundido por DFL Nº 1, de 2000). En cambio, en el Reglamento Orgánico del Servicio de Registro Civil (DFL Nº 2.128, de 1930) encontramos normas sobre los apellidos. Se dispone que si el niño que se inscribe es hijo matrimonial debe llevar primero el apellido del padre y a continuación el de la madre (art. 126.2 RRC). Si se trata de un hijo no matrimonial, lleva el apellido del padre o madre del cual constare la maternidad o paternidad, y si consta respecto de ambos, se sigue la misma regla anterior (art. 126 RRC).

No han faltado quienes también en nuestro país han criticado esta normativa por ser contraria a la igualdad entre hombres y mujeres y favorecer un lenguaje machista o propio de una cultura patriarcal, y se han presentado proyectos de ley para modificarla, aunque es discutible la jerarquía legal de ella, ya que si bien adopta la forma de un Decreto con Fuerza de Ley el mismo texto se considera a sí mismo como un Reglamento.

Ya el año 2001, los diputados María Antonieta Saa, Adriana Muñoz, Marina Prochelle, Juan Bustos, Guillermo Ceroni y Jaime Mulet presentaron un proyecto de ley que permitía de común acuerdo de los padres atribuir a sus hijos el apellido materno en primer lugar y luego el paterno (Boletín Nº 2662-18). Sobre este proyecto, hoy archivado, puede verse el comentario, en general crítico, de la profesora española María de Aránzazu Novales Alquezar, publicado en la Revista Chilena de Derecho vol. 30, 2003, 2, pp. 321-332.

Más reciente es el proyecto presentado por los diputados Denisse Pascal, Alejandra Sepúlveda, Juan Morano e Iván Fuentes en noviembre de 2015 (Boletín N°10396-18), y que propone cambiar las normas actuales por otras en que se señale que el orden de los apellidos del niño de filiación matrimonial o no matrimonial reconocido por ambos padres, sea el que decidan de común acuerdo ambos progenitores. A falta de acuerdo, el orden legal será el inverso al del actual: primero, el apellido materno, y en segundo lugar, el paterno. No obstante, el orden determinado para la primera inscripción de nacimiento deberá seguirse al inscribir el nacimiento de otros hijos de los mismos padres. Se propone también modificar la Ley de cambio de nombre, Nº 17.344, de 1970, para agregar como nueva causal para permitir dicho cambio: “Cuando [el solicitante] desee alterar el orden de los apellidos con los que figura en la partida de nacimiento”.

El problema de esta tendencia que, en principio está rectamente inspirada, es que descuida la función pública del nombre como atributo de la personalidad y al mismo tiempo como instrumento lingüístico que contribuye a una mejor individualización de la persona en la familia y la comunidad a la que pertenece. El orden de los apellidos es algo claramente convencional, y de hecho hay países en los que rige la costumbre de usar un solo apellido (países anglosajones) o en que se antepone el apellido de la madre (Portugal, Brasil). Lo importante, sin embargo, es que debe tratarse de una regla que se siga uniformemente, porque si se la deja al arbitrio de la voluntad de las personas interesadas ya no podrá cumplir con la función por la cual es legalmente consagrada y protegida.

La necesidad de estabilidad y predictibilidad de la conformación del orden de apellidos sigue manifestándose en todas estas reformas, ya que, a nuestro juicio de manera incoherente, exigen que el orden que se acuerde para el primero de los hijos debe seguirse cuando se inscriban otros hijos de los mismos padres. Esta preocupación de que los hermanos lleven los mismos apellidos revela que el nombre tiene importancia social para la identificación de las personas. Pero si lo que se quiere es privilegiar por encima de todo la autonomía de la voluntad y la necesidad de igualar a hombres y mujeres, no se entiende esta limitación. Es más, un trato realmente igualitario para ambos padres debería permitir que el orden de los apellidos vaya variando según los hijos que se tengan: así, el primero puede llevar los apellidos materno y paterno; el segundo, los apellidos paterno y materno, y así sucesivamente. De hecho, tanto la reforma española como el proyecto chileno del 2015 permiten que el interesado pueda, llegada cierta edad, cambiar el orden de sus apellidos, con lo que se posibilita que los hermanos puedan llevar apellidos diversos.

Pareciera que aquí no hay más que dos opciones: o, establecer una regla uniforme respecto de qué apellidos y en qué orden deberán componer el nombre de un niño, o, hacer que todo dependa libremente de la voluntad de los padres o de la persona interesada. Pero si se sigue esta última vía, habría que descartar cualquier limitación como la de que todos los hermanos lleven los mismos apellidos o, incluso más, que deban ser los apellidos del padre y de la madre los que necesariamente se deban atribuir a sus hijos. Si se privilegia la autonomía de la voluntad por sobre la función pública del nombre, no hay razones para que los padres nominen a sus hijos con apellidos de otras personas, como los de alguno de los abuelos o de otra persona por la que sienten admiración o afecto. Pero si se opta por esta solución, el nombre perderá gran parte de la importancia jurídica y social que actualmente posee, y ello favorecerá la tendencia hacia que las personas sean identificadas por un número en vez de por un conjunto de palabras (Nº de cédula de identidad, Nº de pasaporte, Rol Único Tributario, etc. ).

En suma, pensamos que existen muchos otros problemas que debieran ser abordados para equiparar la situación de la mujer con la del varón en nuestra sociedad y que son mucho más relevantes que el orden de los apellidos de los hijos, que puede explicarse sencillamente por una tradición histórica que no minusvalora para nada el valor de la mujer ni de la maternidad.

Con todo, si se insistiera en que el orden actual revela una discriminación contra la mujer, preferimos que la ley establezca como regla uniforme que el primer apellido sea el materno, antes de que se desvirtúe la función pública del nombre concediendo a los padres o al interesado una facultad discrecional para elegir uno u otro orden.

Mi nombre es… Rojo

9 octubre, 2016

Durante la semana que pasó se supo que el Diputado José Manuel Edwards, después de renunciar al partido de Renovación Nacional, incorporó lo que hasta entonces era un apodo que aludía a su color de pelo, el “Rojo” Edwards, como parte de su nombre oficial. Según las informaciones de prensa, el pelirrojo diputado habría cambiado su tercer nombre de pila “Ismael” por “Rojo”, de manera que su apelativo legal habría pasado de “José Manuel Ismael Ewards Silva” a “José Manuel Rojo Edwards Silva”.

El diputado hizo uso del derecho que concede la ley Nº 17.344, de 1970 que autoriza el cambio de nombres y apellidos, solicitando al juez de letras en lo civil del domicilio del peticionario que se modifique la inscripción de nacimiento en el Registro Civil para alterar los nombres o apellidos que le fueron asignados al momento en que se practicó la inscripción. Se trata de una gestión voluntaria que es bastante simple de realizar: después de la solicitud el juez debe ordenar que un extracto se publique en el Diario Oficial los días primero o quince de cada mes (o el siguiente hábil). Cualquier persona que tenga interés puede oponerse al cambio en el plazo de treinta días contados desde la publicación. En caso de no haber oposición, el juez debe proceder con conocimiento de causa, previa información sumaria. Esta información consiste normalmente en la declaración de dos testigos. El diputado Edwards señaló que presentó dos testigos: uno, un amigo de la vida y otro, un elector de su distrito.

Con esa información y previo informe de la Dirección General del Registro Civil, el juez debe dictar sentencia por la que autoriza o no el cambio de nombre solicitado. Con la sentencia judicial que acoge la solicitud, el Registro Civil debe practicar una inscripción de nacimiento con el nuevo nombre de la persona, y poner una subinscripción en la inscripción original que remita a la nueva, todo como lo establece para la rectificación judicial de las partidas el Reglamento del Registro Civil (D.F.L. Nº 2128, de 1930: arts. 104 y 204). Una vez practicada la nueva inscripción, se podrán modificar los demás documentos legales que se refieran a la identidad del solicitante. El diputado Edwards informó que el martes 11 de octubre le entregarían ya su nueva cédula de identidad.

Por la facilidad con la que los medios presentan el caso, pareciera que la ley permite cambiar el nombre por cualquier motivo. Pero no es así, al menos si se respeta el tenor y espíritu de la ley Nº 17.344, que desde su título revela que se trata de algo muy excepcional: autoriza el cambio de nombres y apellidos “en los casos que indica”. ¿Cuáles son estos casos? Son solamente cinco: 1º) cuando los nombres o apellidos sean ridículos, risibles o menoscaben moral o materialmente a la persona; 2º) cuando el solicitante haya sido conocido durante más de cinco años, por motivos plausibles, con nombres o apellidos, o ambos, diferentes de los propios; 3º) en los casos de filiación no matrimonial o en que no se encuentre determinada la filiación, para agregar un apellido cuando la persona hubiera sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que se hubieren impuesto al nacido, cuando fueren iguales; 4º) cuando se trate de una persona cuyos nombres o apellidos, o ambos, no sean de origen español, y quiera traducirlos al idioma castellano; y 5º) cuando la pronunciación o escritura de nombres y apellidos, que no son de origen español, es manifiestamente difícil en un medio de habla castellana.

Parece claro que la causal invocada por el diputado Edwards fue la de haber sido conocido con el nombre de “Rojo” por más de cinco años, para lo cual le bastó la declaración de dos testigos. Pero aquí es donde comienzan a surgir las dudas porque, según las propias declaraciones del parlamentario, el apelativo de “Rojo” le era atribuido no como nombre, sino como apodo, que no es lo mismo. El apodo o sobrenombre es una expresión que intenta designar a una persona aludiendo a algún defecto corporal u otra característica suya. Los que utilizan el apodo saben bien que ese no es el verdadero nombre de la persona. Así, cuando a alguien sus amigos le dicen “chico”, “guatón” o “mechas de clavo”, saben que su nombre real es otro. El supuesto de la ley exige que la persona haya sido conocida por un “nombre” o “apellido” distintos de los legales porque, por un motivo que sea plausible, en el medio social es identificada con esos nombres pensando que son los que le corresponden. Por ejemplo, si los padres pidieron que su hija se inscribiera con el nombre de Catalina y el oficial civil se equivocó y escribió Rosalinda; cuando años después se requiere un certificado de nacimiento aparece que la niña no se llama Catalina, como ha sido siempre conocida, sino Rosalinda.

Lamentablemente, el caso del diputado no es el único en que se revela que los jueces están siendo demasiado laxos al momento de permitir cambios de nombre fuera de los supuestos en los que, excepcionalmente, ello ha sido permitido. La prensa ha informado que varios políticos han recurrido a este expediente: así, José Auth se convirtió en Pepe Auth, Lilia Pérez, en Lily Pérez y María Ariadna Hornkohl en Marigen Hornkohl (La Segunda, 6 de octubre de 2016, p. 6).

Más allá de lo que implica que sean los jueces los que no desatiendan la ley, esta situación merece crítica por cuanto contribuye a minusvalorar la trascendencia del nombre como medio de individualización de la persona y merma la certeza jurídica de esta designación que, con razón, la doctrina ha colocado en la categoría de los llamados “atributos de la personalidad”.

Si el problema, en estos casos, es cómo el candidato aparece en la papeleta del voto, sería mejor que se modificara la ley sobre votaciones populares y escrutinios, ley Nº 18.700, de 1988, para permitir que los postulantes que así lo deseen, determinen la forma en que su nombre aparezca en la cédula colocando entre paréntesis el nombre legal. Esto no debiera ser muy distinto a lo que ahora se autoriza y que es la exclusión de algunos nombres legales. A la actual Presidenta, siempre se le ha permitido figurar como Michelle Bachelet Jeria, cuando legalmente debiera haber aparecido como Verónica Michelle Bachelet Jeria, que es su nombre completo conforme a su inscripción de nacimiento. ¿Por qué no autorizar que se incorporen los apodos o seudónimos de los candidatos, seguidos por su nombre legal, si ello contribuye a una mayor información de los electores? Se evitaría así que se siguiera haciendo abuso de una normativa tan delicada como la que regula la denominación legal de las personas naturales.