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Elecciones en el Opus Dei

22 enero, 2017

Ayer sábado 21 de enero de 2017, comenzó el proceso para elegir al sacerdote que, con el título de Prelado, tendrá la responsabilidad de dirigir el Opus Dei, luego del fallecimiento de Mons. Javier Echevarría el pasado 12 de diciembre de 2016. Esta institución de la Iglesia Católica, fundada en 1928, adquirió su forma jurídica definitiva al ser erigida, por el Papa Juan Pablo II, en Prelatura personal en 1982.

El Opus Dei es conocido y apreciado en nuestro país, desde que el ingeniero y sacerdote Adolfo Rodríguez arribara a Santiago en 1950 como respuesta a la petición que el Cardenal José María Caro hiciera al fundador, Josemaría Escrivá. Muchas iniciativas de apostolado, educación y servicio social han sido llevadas adelante por los fieles católicos, tanto sacerdotes como laicos, que integran la institución junto a otras personas, creyentes y no creyentes. Una de ellas es la Universidad de los Andes a la que la Prelatura, por un acuerdo entre ambas instituciones, garantiza la formacion cristiana y proporciona asistencia espiritual a quienes libremente lo soliciten. En 1993, la Universidad, para agradecer y de alguna manera simbolizar este vínculo de colaboración, nombró al entonces Prelado Mons. Álvaro del Portillo como Rector Honorario. El nombramiento se hizo extensivo a sus sucesores a la cabeza de la Prelatura. Por ello, quien finalmente resulte nominado como Prelado del Opus Dei, de pleno derecho pasará a tener el título de Rector Honorario de esta Universidad chilena.

Por ello, nos ha parecido conveniente comentar, desde el punto de vista jurídico, la provisión del cargo de Prelado en el Opus Dei. Las fuentes en las que se contienen las reglas aplicables son: los Estatutos de la Prelatura, llamado también Codex Iuris Particularis Operis Dei (Ver texto); enseguida, la Constitución Apostólica “Ut sit” de 28 de noviembre de 1982 por la que se erigió la Prelatura (Ver texto) y finalmente, como Derecho supletorio, el Código de Derecho Canónico (Codex Iuris Canonici, CIC), sobre todo en las normas generales que regulan la elección en los oficios eclesiásticos (cc. 164-179: ver texto en www.vatican.va).

Los requisitos que debe tener la persona para ser elegida son algunos de carácter objetivo y otros más cualitativos. Los objetivos son los siguientes: debe ser sacerdote de cuarenta años o más, hijo matrimonial, con cinco años de ejercicio sacerdotal y diez años al menos de permanencia en la Prelatura y ser miembro del Congreso General Electivo. Además se le exige tener un doctorado en ciencias eclesiásticas (Estatutos n. 131, 1 y 3). Las condiciones cualitativas son: destacar por su prudencia, piedad, amor ejemplar y obediencia a la Iglesia y su Magisterio, entrega al Opus Dei, caridad hacia los fieles de la Prelatura y celo hacia el prójimo (Estatutos n. 131, 2), y poseer una especial cultura, también profana, así como “las demás cualidades necesarias para ejercer el cargo” (Estatutos 131, 3).

El proceso de elección se desenvuelve en tres etapas que podríamos denominar: “Propuestas”, “Elección” y “Confirmación y nombramiento”. Cada una de ellas está a cargo de diversas autoridades; la primera corresponde al pleno de la Asesoría Central; la segunda al Congreso General Electivo y la tercera al Sumo Pontífice.

La Asesoría Central es el consejo que colabora con el Prelado en todo lo que tiene que ver con la sección femenina de la Prelatura. Integrado exclusivamente por mujeres, algunas permanecen en Roma, mientras que otras son delegadas de cada una de las regiones o circunscripciones territoriales donde la Prelatura ejerce sus labores apostólicas. Cuando se afirma que debe participar el pleno de la Asesoría, se expresa que deben ser convocadas tanto las integrantes que trabajan en la sede central como aquellas que son delegadas de cada región, y que deben viajar a la Ciudad eterna con este propósito.

El Congreso General Electivo se conforma con los llamados “congresistas”. Estos congresistas han sido nombrados, entre los fieles de las regiones en las que el Opus Dei ejerce su apostolado, con carácter vitalicio, por el o los anteriores Prelados. Los estatutos exige que sean nominados para esta función sacerdotes o varones laicos, de 32 años o más de edad e incorporados a la Prelatura desde al menos 9. La designación la hace el Prelado con el voto deliberativo de su Consejo General, previo informe de la Comisión Regional y de los congresistas, ya nombrados, de la respectiva región (Estatutos 130, 2). Cuando queda vacante el cargo de Prelado, por la muerte de quien lo desempeñaba, se conoce el número de congresistas que está habilitado para integrar el Congreso General Electivo. La mayor parte debe viajar a Roma desde sus respectivos países.

El proceso comienza con la etapa que hemos denominado “Propuestas”, y que está encomendada a las mujeres del Opus Dei, a través del pleno de la Asesoría Central. En una sesión que se realiza, después de una Misa del Espíritu Santo, se lee a las integrantes de dicho pleno los nombres de todos los sacerdotes que cumplen con los requisitos objetivos para ocupar el cargo. Luego cada una de ellas de manera individual y secreta escribe el o los nombres de aquellos sacerdotes que le parecen dignos y aptos, para el cargo en un papel que introduce en un sobre (Estatutos 130, 3 y 146). Los sobres conteniendo las propuestas se depositan en una urna que luego es trasladada al lugar de sesiones del Congreso Electivo.

El Congreso General Electivo se reúne oficialmente, también después de una Misa del Espíritu Santo, y como primera gestión se abren los sobres y se leen todas las propuestas de las integrantes de la Asesoría Central. Con ese antecedente, se procede a realizar la elección, en que cada congresista emite un voto libre y secreto (CIC c. 172). No se admite el sistema de “compromisarios” (Estatutos 130, 1), que es una forma por la cual uno o más electores le ceden su voto a otros (cfr. CIC cc. 174-175). Por ello, si alguno de los congresistas está ausente o impedido, nadie puede votar en su reemplazo.

Nada determinan los Estatutos sobre el quórum necesario para dar por realizada la elección. Nos parece –y aquí emitimos una opinión estrictamente personal­– que deberá aplicarse lo que dispone el canon 176 del Código de Derecho Canónico, el que a su vez se remite al canon 119 nº 1. Este último dispone: “cuando se trata de elecciones, tiene valor jurídico aquello que, hallándose presente la mayoría de los que deben ser convocados, se aprueba por mayoría absoluta de los presentes…”. Vemos que la norma determina dos tipos de quórums: uno para que la sesión electoral sea válida, y otro para que se estime realizada la elección. De esta forma, para que el Congreso electivo se constituya en sesión válida debe hallarse presente la mayoría (la mitad más uno) de los que tenían derecho a participar y que, por tanto, han sido convocados. Si hay sesión válida, se entiende elegido como Prelado al sacerdote sobre el que recaiga la mayoría absoluta (la mitad más uno) de los votos de los congresistas asistentes.

Obtenido el quórum para ser elegido, quien preside la sesión debe preguntarle al sacerdote electo si acepta el cargo. Con la respuesta afirmativa, el elegido, por sí mismo o por un delegado suyo, debe pedir al Romano Pontífice que confirme la elección (Estatutos 130, 4; Ut sit, IV). El Santo Padre es libre de confirmar o no. Obviamente en caso de rechazo, se deberá proceder a una nueva elección. Si, por el contrario, el Papa confirma se completa el nombramiento y desde ese mismo momento el confirmado es el Prelado de la Prelatura del Opus Dei y cuenta con la plenitud de su potestad. En los días siguientes, el nuevo Prelado deberá proveer todos los demás cargos y oficios en la Prelatura, ya sea confirmando a quienes los estaban desempeñando o reemplazándolos por otros.

El Congreso electivo en esta ocasión está previsto para el lunes 23 de enero, pero no es posible anticipar el tiempo en que se conocerá el nombre del nuevo Prelado, que dependerá, además de los escrutinios del Congreso, del tiempo que demore el Santo Padre en otorgar su confirmación.

En cualquier caso, la visión sobrenatural que proporciona la fe y que supera el instrumento humano que son las leyes positivas, permite confiar en que la persona nominada, con la oración y la colaboración de los miembros de la Prelatura, cumplirá ese deseo que se expresa en los Estatutos: “Sit ergo omnibus Praelaturae fidelibus magister atque Pater, qui omnes in visceribus Christi vere diligat, omnes effusa caritate erudiat atque foveat, pro omnibus impendatur et superimpendatur libenter”/ “Sea para todos los fieles de la Prelatura maestro y Padre, que de verdad ame a todos en las entrañas de Cristo, forme y aliente a todos con su desbordante caridad; gustosamente se gaste y se desgaste por todos”.

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El nuevo beato Álvaro del Portillo: ingeniero y jurista

28 septiembre, 2014

Aprovechando una estadía de investigación en el Departamento de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid, he tenido la oportunidad asistir el sábado 27 de septiembre en Madrid a la ceremonia en la que el Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, en representación del Papa Francisco, elevó a los altares, en calidad de Beato, al obispo prelado del Opus Dei Álvaro del Portillo (1914-1994).

Del Portillo fue hijo de abogado, pero al elegir su carrera profesional prefirió la ingeniería. Sin duda su formación como ingeniero fue determinante en toda la labor que se desarrolló cuando se incorporó al Opus Dei, que estaba en sus comienzos, luego como uno de sus primeros sacerdotes y colaborador estrechísimo del fundador, San Josemaría, hasta la muerte de éste en 1975, y después su sucesor y primer prelado de la prelatura personal, en que el Papa Juan Pablo II erigiría esta institución de la Iglesia.

En la homilía de la beatificación, el Cardenal Amato ha puesto de relieve esta formación en el entramado de su personalidad: “Heredó de su madre, doña Clementina, una serenidad proverbial, la delicadeza, la sonrisa, la comprensión, el hablar bien de los demás y la ponderación al juzgar. Era un auténtico caballero. –a lo que agregó– No era locuaz. Su formación como ingeniero le confirió rigor mental, concisión y precisión para ir en seguida al núcleo de los problemas y resolverlos. Inspiraba respeto y admiración” (enfásis añadido).

Si negar esta evidente mentalidad ingieneril me atrevería a decir que el nuevo beato unió a esa primera disciplina, una formación humanista, como historiador, filósofo y sobre todo como jurista, ciencia que adquirió a título de postgrado y en la especialidad del Derecho Canónico.

De que tenía dotes para comprender y abordar los problemas jurídicos es prueba que San Josemaría lo enviara como laico a Roma para que explicara al Santo Padre, entonces Pío XII, la naturaleza del Opus Dei y sus actividades apostólicas. Fue recibido en audiencia por ese pontífice el 4 de junio de 1943.

Ya ordenado sacerdote, en 1946 Escrivá volvería a enviarlo a Roma esta vez con la misión de ver la mejor manera de que el Opus Dei pudiera ser reconocido como una institución de derecho pontificio. Con la venida de San Josemaría a la ciudad eterna ese mismo año ambos fijarían allí su residencia definitiva. El Derecho Canónico de la época –regía el Código de 1917– parecía insuficiente para abordar el florecimiento de lo que se dio en llamar “nuevas formas”, entre las cuales se contemplaba la labor apostólica del Opus Dei y otras instituciones de diverso carácter. Para intentar regularlas se creó la figura de los Institutos Seculares. Álvaro del Portillo colaboró en la preparación de la Constitución Apostólica Provida Mater Eclessia, de 2 de febrero de 1947, que determinó el régimen jurídico de estas nuevas instituciones.

En estas mismas fechas, y a instancias de San Josemaría, don Álvaro se matriculó en la Facultad de Derecho Canónico del Pontificio Ateneo Lateranense (curso 1946-1947), y luego trasladó su expediente académico a la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, más conocida como el Angelicum. Obtuvo la licenciatura en mayo de 1948. No quedó ahí su compromiso con el estudio jurídico. Pese a que ya tenía los doctorados en Historia y Filosofía, don Álvaro quisó obtener también el doctorado en Derecho, siempre pensando que esto era lo que le indicaba la voluntad de Dios para responder mejor a su vocación cristiana. El 18 de junio de 1949 defendió una tesis en una materia en la que era experto porque, como ya vimos, intervino en la elaboración de la normativa canónica que la regulaba. El título de la tesis fue “Un nuevo estado jurídico de perfección: los Institutos Seculares”. No sorprende que el tribunal lo aprobara con la maxima distinción de “Summa cum laude”. Lo que sí sorprende es que pudiera realizar estos estudios mientras trabajaba simultáneamente en múltiples tareas relacionadas con el gobierno del Opus Dei, entre ellas la de procurar los medios para la instalación de la sede central de esa institución en Roma. Allí debió vérselas con otros problemas jurídicos no por más prosaicos, menos importantes: pedir donaciones y préstamos, visitar propiedades, adquirir inmuebles, estudiar las hipotecas, contratar obras, pagar a los obreros, etc.

La curia vaticana apreció tempranamente sus talentos y competencias, entre ellas la jurídica. El Papa Juan XIII lo designó perito y consultor del Concilio Vaticano II. Fue secretario de una de las diez comisiones conciliares, la encargada de preparar el documento sobre la Disciplina del Clero y el Pueblo Cistiano. Supo aunar criterios y adaptarse a la variación de metodologías, hasta que el Decreto que propuso dicha Comisión, el decreto Presbyterorum Ordinis fue aprobado el 7 de diciembre de 1965, casi por la unanimidad de los Padres conciliares: sólo 4 votos en contra de los 2394 obispos.

El Papa Pablo VI le pidió, en seguida, que asumiera como consultor de la comisión del Código de Derecho Canónico, previsto en el Concilio, y que finalmente promulgaría Juan Pablo II en 1983.

Entre tanto, don Álvaro fue elegido por unanimidad como sucesor a la cabeza del Opus Dei cuando su Fundador falleció en 1975. Allí le correspondería continuar y llevar a término la configuración jurídica definitiva del Opus Dei, ahora bajo la nueva figura de las prelaturas personales. Estas instituciones habían sido contempladas en el mismo decreto Presbytorum Ordinis (nº 10) y ahora estaban expresamente reguladas por el motu proprio de Paulo VI Eclesiae Sanctae, de 6 de agosto de 1966. Después de un concienzudo estudio en la Sagrada Congregación para los Obispos, finalmente el Papa Juan Pablo II, mediante la Constitución Apostólica Ut sit, de 28 de noviembre de 1982, erigió el Opus Dei como la primera prelatura personal. Al mismo tiempo, el Sumo Pontífice aprobó los estatutos de la nueva prelatura, esto es, su Código de Derecho Particular. Don Álvaro del Portillo estuvo a la cabeza desde la Obra en todo este delicado proceso, no exento de dificultades, convencido de que una adecuada formulación jurídica era indispensable para que la institución pudiera crecer y desarrollarse conforme al querer de Dios y al carisma especial con que la inspiró a su fundador.

Estamos, pues, ante un nuevo beato, ingeniero sí, pero también jurista, y bueno como pocos. Lo importante es que puso al servicio del amor de Dios y del prójimo esos talentos y, con ello, consiguió la felicidad en la tierra y luego en el cielo. Recordemos que “beato” en latín, no significa nada más ni nada menos que “feliz”.

Fue sabio, por supuesto, pero más que eso, fue santo. Y como sentenció San Josemaría: “…es más asequible ser santo que sabio, pero es más fácil ser sabio que santo” (Camino 282). Los juristas, y no sólo los ingenieros, podremos contar con el ejemplo y la ayuda desde el cielo, del nuevo beato Álvaro del Portillo.

Declaro renuntiare

17 febrero, 2013

Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum ese”(“Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice”). Estas palabras del Papa Benedicto XVI dichas, sin previo anuncio, en el consistorio de cardenales del día 11 de febrero de 2013, provocaron una conmoción sin precedentes en el ámbito católico e impactaron en todo el mundo. La noticia ha sido inesperada, a pesar de que durante el pontificado de Juan Pablo II varias veces se especuló sobre una posible dimisión. Pero lo cierto, es que desde la salida de Celestino V, en 1294, a los pocos meses de ser elegido Papa, ningún Romano Pontífice había tomado una resolución como ésta.

Así y todo la renuncia al ministerio petrino es un acto expresamente contemplado por el Derecho de la Iglesia. El canon 332 § 2 del Código de Derecho Canónico dispone que “Si el Romano Pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie” (ver texto completo). Se comprende, entonces, que Benedicto XVI haya manifestado su voluntad en un consistorio de cardenales, haciendo uso de la lengua oficial de la Iglesia: el latín y que en su declaración haya enfatizado que dimitía siendo consciente de la seriedad del acto y con plena libertad. También se entiende que no haya pedido que la renuncia le fuera aceptada por los cardenales reunidos o por otra autoridad eclesiástica, porque la norma señala que la renuncia es acto de la potestad suprema del Papa que surte efectos por sí mismo, sin necesidad de aceptación. Lo único singular es que se haya diferido el tiempo en que la renuncia tendría efectos (28 de febrero de 2013 a las 20:00 horas), pero no puede considerarse esto como irregular, primero porque la norma canónica no lo prohíbe y, además, dado que parece más que prudente que se conceda un tiempo para preparar todo lo referido a la sede vacante y a la elección de un nuevo pontífice.

Otra cosa que debe aclararse es a qué renuncia específicamente Benedicto XVI. La renuncia va dirigida directamente no a la calidad de Papa o Romano Pontífice, sino al “ministerio de Obispo de Roma”. Y esto se explica porque la calidad de Romano Pontífice, (que es la denominación jurídica del oficio), se deriva de ser sucesor del apóstol Pedro en la sede episcopal de Roma: “El Obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los Apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del Colegio de los Obispos, Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra”, dice el canon 331 del Código de Derecho Canónico. Por eso, no se darán los problemas que algunos han creído ver por la supuesta coexistencia de “dos Papas”. Cuando sea elegido el nuevo Romano Pontífice, sólo habrá un Obispo de Roma y, por tanto, un único y exclusivo Santo Padre. Por eso, se prevé que si el elegido no es obispo, debe ser inmediatamente consagrado como tal (Constitución Apostólica Universi Domini Gregis, nº 88 § 2: ver texto).

Benedicto XVI seguirá siendo obispo (porque el episcopado es un grado del sacramento del orden sacerdotal), aunque sin jurisdicción, como sucede con todos los obispos que renuncian a su sede y pasan al estado de dimisionario (aunque usualmente se les llama eméritos). Se aplicará, nos parece, el canon 402 del Código de Derecho Canónico que establece que el Obispo renunciado “conserva el título de Obispo dimisionario de su diócesis, y, si lo desea, puede continuar residiendo en ella, a no ser que en casos determinados por circunstancias especiales la Sede Apostólica provea de otra manera”. El mismo canon dispone que será la Conferencia Episcopal quien debe cuidar de que se disponga lo necesario para su conveniente y digna sustentación, “teniendo en cuenta que la obligación principal recae sobre la misma diócesis a la que sirvió”. Como en este caso, el Santo Padre no sólo sirvió a la diócesis de Roma sino a la Santa Sede y a toda la Iglesia Universal, lo más lógico es que su sustentación sea proveída por la misma Sede Apostólica.

Una última reflexión, esta ya de carácter más eclesiológica que jurídica: la renuncia de Benedicto XVI no puede dejar de ser contrastada con la no renuncia de Juan Pablo II. Este último, cuando le sugerían que por sus dolencias y deterioro físico podía renunciar, solía decir: “Si Cristo no se bajó de la Cruz, yo tampoco”. Ante esta diversidad de actitudes, algunos pueden criticar a Benedicto por no haber tenido la fortaleza y la confianza en la ayuda divina para seguir en el cargo, como el Papa polaco, hasta la última agonía. Pero otros, retrospectivamente critican ahora la opción de Juan Pablo II que por una especie de misticismo providencialista privó a la Iglesia de un auténtico gobierno durante sus últimos años; lo sensato y realista hubiera sido que dimitiera como lo ha hecho Ratzinger, y ésta sería la pauta para los futuros pontífices.

Muy personalmente, pensamos que, aparte de que las circunstancias que se concurrieron en cada caso no son idénticas, la diferencia de criterio es una saludable muestra de la diversidad y pluralismo que existe, y debe existir, en la Iglesia Católica en todo lo que no está definido como materia de fe y doctrina. No puede decirse, en consecuencia, que una de las dos actitudes sea más o menos cristiana que la otra. Ambos pontífices tomaron una decisión buscando hacer, con su personal e intransferible libertad y responsabilidad, lo que veían que Dios les pedía en servicio de la Iglesia y de los fieles. Y justamente en eso está el llevar la cruz de Cristo y no bajarse de ella. El Papa que está por venir, y sus sucesores, tendrán también que tomar una decisión en uno u otro sentido, sabiendo que lo importante no es lo que el Papa quiere, sino lo que Dios quiere de él.

La forma jurídica del Opus Dei

27 noviembre, 2011

El 28 de noviembre es una fecha importante para el Opus Dei. Aunque su fundación se remonta a 1928, fue sólo en 1982 cuando adquirió su forma jurídica definitiva, al ser erigido por el Papa Juan Pablo II en Prelatura personal, mediante la Constitución apostólica Ut sit del 28 de noviembre de ese año.

La demora en encontrar un estatuto jurídico apropiado se justifica por la novedad que representa en la Iglesia Católica la institución fundada por el sacerdote español, hoy canonizado, Josemaría Escrivá. Explica también que no siempre se comprenda bien su naturaleza y su cometido, incluso por creyentes y personas de buena fe.

Y es que la labor del fundador (abogado y doctor en Derecho, además de sacerdote) de abrir un cauce jurídico para esta iniciativa a que se sintió llamado por una especial inspiración divina, no era para nada sencilla. Lo que Josemaría Escrivá recibió en el momento fundacional en octubre de 1928 fue un mensaje: que los fieles corrientes están llamados a la santidad en medio del mundo y a través de su trabajo o actividad ordinaria, pero también la fundación de una institución en la Iglesia que tuviera por misión difundir y encarnar ese ideal.

Por la naturaleza del mensaje, era claro que la institución no podía ser una mera asociación de fieles (lo que hoy se suele denominar movimientos religiosos) pero tampoco una orden religiosa o instituto de vida consagrada (como los carmelitas, benedictinos, dominicos, jesuitas, maristas, etc.). No podía ser de carácter asociativo porque Escrivá vislumbró que los miembros de la institución lo serían, no en virtud de su buena voluntad de adscribirse a una iniciativa apostólica, sino en respuesta a un auténtico llamado vocacional. Pero tampoco podía ser una institución religiosa o de vida consagrada ya que se desvirtuaría el núcleo del mensaje recibido: que se puede ser santo sin cambiar de estado, siendo un fiel corriente: laico o sacerdote secular. La vida consagrada, aunque presente muchísimas modalidades (desde la vida de claustro a los misioneros), tiene por característica común el que esas personas se entregan públicamente a Dios y por tanto dejan de ser laicos o fieles comunes de la Iglesia.

La necesidad de que se tratara de fieles corrientes imperaba igualmente que no cambiaran de condición ni estado eclesiástico por su pertenencia al Opus Dei, y que siguieran, como los demás, sujetos a la potestad del Obispo de la diócesis donde viven.

Lo que parecía un problema insoluble, se fue abriendo paso en la legislación de la Iglesia, con la idea de las prelaturas personales, que fueron propiciadas primero por el Concilio Vaticano II (Presbyterorum ordinis de 7-XII-1965, n. 10), y luego reguladas por el Código de Derecho Canónico de 1983 (Texto de cánones). La prelatura personal es una institución jerárquica de la Iglesia, erigida por la Santa Sede, para obras específicas pastorales, que se compone de un Prelado, sacerdotes que son incardinados en la Prelatura (y que son seculares y no religiosos) y que además puede admitir la incorporación de laicos.

La figura de la prelatura personal cumplía otra de las características deseadas por San Josemaría: no constituía un estatuto especial y de privilegio, sino uno común disponible para otras instituciones o comunidades cuya estructura y misión se adecuara a esta naturaleza jurídica.

Es así, como después de un largo estudio, que debió ser continuado por el sucesor del fundador, don Álvaro del Portillo, ante la muerte de San Josemaría en 1975, se erigió la Prelatura Personal de la Santa Cruz y Opus Dei ( Texto de Constitución Ut Sit). La Prelatura está a cargo de un prelado sacerdote, que es nombrado por Consejos electivos internos pero con ratificación del Papa. Tiene ámbito internacional, de modo que su sede central se encuentra en Roma. Cuenta con un presbiterio que son los sacerdotes que se ordenan de entre sus miembros (siempre respetando su libertad) y una gran cantidad de fieles laicos, varones y mujeres, solteros y casados, que, urgidos por una vocación divina que especifica la común vocación cristiana del bautismo, ingresan, no mediante una consagración o profesión de votos (como los religiosos), sino en virtud de un acuerdo (contrato) entre ellos y la Prelatura.

Esta estructura permite mantener inalterado el estado civil y eclesial de los fieles laicos. Su incorporación a la Prelatura no modifica en nada su relación con la diócesis a la que pertenecen y sus deberes y derechos ante el Obispo diocesano y demás estructuras de gobierno y jurisdicción de la diócesis (vicarías, parroquias, tribunales eclesiásticos, etc.). La potestad del Prelado sobre ellos se refiere a los compromisos suplementarios de formarse, hacer apostado y buscar la santidad en el medio del mundo conforme a las enseñazas de San Josemaría.

Por eso, los fieles laicos del Opus Dei, aunque no oculten su pertenencia a la prelatura, no la andan exhibiendo ni en su vestimenta ni en su forma de comportarse individual o colectivamente. Esto a veces puede causar extrañeza para los que aún piensan que la única forma de compromiso fuerte con la búsqueda de la santidad es la pertenencia a una orden religiosa, pero es absolutamente explicable y necesario si se atiende a la finalidad y espíritu del Opus Dei: abrir un camino para que los fieles corrientes se esmeren en seguir a Cristo, siendo en todo iguales a sus semejantes, en medio del mundo y de sus múltiples afanes.