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Compensación económica y muerte del cónyuge en juicios de nulidad y divorcio

30 abril, 2017

Los senadores Pedro Araya, Alfonso De Urresti, Felipe Harboe y Hernán Larraín presentaron por moción un proyecto de ley que lleva por título: “dispone la prosecución del juicio de divorcio o nulidad en el caso de muerte de uno de los cónyuges durante su tramitación” (Boletín Nº 9.533-07). El objetivo del proyecto es solucionar el problema que se daría cuando uno de los cónyuges muere estando pendiente un juicio de nulidad o divorcio, circunstancia que obliga a poner fin al proceso de nulidad o divorcio ya que el matrimonio se habría disuelto por muerte, y con ello el sobreviviente perdería el derecho a la compensación económica que el art. 61 de la ley Nº 19.947, de 2004, contempla en favor del cónyuge que subre menoscabo económico por causa del divorcio o la nulidad.

Para evitar esta pérdida se propone añadir un nuevo art. 92 a la ley Nº 19.947, que faculta al juez para que, a pesar de que uno de los cónyuges haya fallecido, pueda proseguir con el juicio de nulidad y de divorcio. El texto propuesto es el siguiente: “Produciéndose la muerte de uno de los cónyuges después de notificada la demanda de divorcio o nulidad, podrá el tribunal seguir conociendo de la acción y dictar sentencia definitiva sobre el fondo del asunto”. En la fundamentación del proyecto se señala que la Comisión de Constitución del Senado, al conocer del proyecto de ley sobre el acuerdo de unión civil, estudió el problema y adoptó una norma para solucionarlo. Con seguridad se refiere al art. 26, letra f) inciso final de la ley Nº 20.830, de 2015, en que se dispone que “Produciéndose la muerte de uno de los convivientes civiles después de notificada la demanda de nulidad [del acuerdo de unión civil], podrá el tribunal seguir conociendo de la acción y dictar sentencia definitiva sobre el fondo del asunto”. Ahora se pretende extender esta misma solución a la Ley de Matrimonio Civil, incorporando también el proceso de divorcio (que no existe en el acuerdo de unión civil).

Nos parece interesante comentar esta iniciativa, aunque probablemente falte mucho para que pueda llegar a ser ley. En primer lugar, y desde el punto de vista procedimental, pensamos que no es conveniente que la continuación del juicio sea una prerrogativa del juez que conozca de la causa porque puede haber circunstancias en las que no convenga al cónyuge sobreviviente que se falle el fondo del pleito. Por ejemplo, si el marido ha demandado la nulidad del matrimonio contra la mujer y después de notificada la demanda fallece, puede que a la mujer le convenga conservar sus derechos hereditarios en vez de aspirar a una compensación económica que podría ser de monto menor. Lo mismo puede pasar con una mujer a la que se haya demandado el divorcio por falta imputable y que arriesga que se le prive del todo o parte de la compensación, en conformidad con el inciso 2º del art. 62 de la ley Nº 19.947. Incluso aunque la mujer sea la demandante del divorcio por cese de la convivencia, si muere el marido bien podría querer herededarlo en vez de recibir una compensación económica que sería inferior a su participación en la herencia. No hay que olvidar que los derechos hereditarios del cónyuge sobreviviente son de envergadura.

También en él ámbito procesal se echa en falta una mención a que la continuación del proceso en caso de proseguirse debe ser notificada a los herederos del cónyuge difunto, excluido el cónyuge sobreviviente ya que si el matrimonio es nulo o se extinguirá por divorcio y no por muerte, ya no tendría derechos en la herencia. Estos herederos deben ser emplazados en el juicio, conforme a lo que prevé el art. 5º del Código de Procedimiento Civil. Dado que serán ellos los que deberán pagar la compensación económica, la que pasará a ser una baja general de la herencia como los demás créditos contraídos en vida del causante (art. 959 Nº 2 del Código Civil), es justo que tengan derecho a plantear sus defensas en ese juicio.

Pasando ya a lo sustativo, nos parece que debe distinguirse entre si la muerte se produce en un proceso de nulidad o en un juicio de divorcio. Tratándose del juicio de nulidad no hay mayores problemas en que prosiga incluso después de la muerte de uno de los presuntos cónyuges. De hecho la ley permite incluso que la demanda se interponga contra los herederos del cónyuge difunto en algunos casos excepcionales (art. 47 ley Nº 19.947). Por eso, la norma de la ley Nº 20.830 (art. 26, letra f inc. final) que permite la continuación del proceso de nulidad del acuerdo de unión civil una vez que se ha notificado la demanda ­­–aunque técnicamente deficiente– no incurre en una mayor ruptura de la lógica del sistema. Cuando se declara la nulidad se constata que nunca hubo matrimonio/unión civil válido, y si nunca hubo matrimonio/unión civil válido éste tampoco ha podido extinguirse al morir uno de los presuntos cónyuges/convivientes civiles. En teoría, la nulidad matrimonial podría reclamarse después de la muerte de ambos cónyuges; es por razones de certeza jurídica que la ley, dispone que la acción de nulidad, como regla general, caduca cuando alguno de los cónyuges o convivientes fallece.

De esta manera, no vemos objeciones en que, tratándose de la nulidad matrimonial, pueda continuarse el juicio contra los herederos de quien murió estando pendiente el proceso. Pero pensamos que optar por la continuación debiera ser una decisión del cónyuge sobreviviente, salvo que, siendo demandado, se haya opuesto a la nulidad (esto por cuanto autorizar lo contrario sería admitir ir en contra de los propios actos). Decimos que es menester reservar al cónyuge sobreviviente la decisión de la continuación del juicio, porque, como hemos visto, puede haber situaciones en las que le convenga mantener sus derechos hereditarios, en vez de postular a una eventual y contingente compensación económica.

Diferente es el problema en el caso del divorcio, ya que en su virtud se pone término a un matrimonio válido y la sentencia no opera con efecto retroactivo. Aquí sí que se suscita una ruptura lógica con el sistema si se permite que prosiga un juicio para terminar un matrimonio cuando éste ya ha terminado por muerte. Se estaría construyendo una ficción legal según la cual el fallecido aún vive para el sólo efecto de la conservación de su vínculo matrimonial. Pero esto puede traer consecuencias indeseables, porque si el matrimonio persiste después de la muerte deberán seguir produciéndose los efectos propios del mismo; por ejemplo, si los cónyuges estaban casados en sociedad conyugal o participación en los gananciales los bienes que el cónyuge sobreviviente adquiera en ese período a título oneroso pasarán a ser sociales o deberán contabilizarse para determinar el crédito de participación. Lo mismo podría decirse respecto de la presunción de paternidad si la mujer tiene un hijo pasados los 300 días después de la muerte del marido pero antes de que se declare el divorcio por sentencia firme.

Pensamos que una mejor solución sería que en caso de que uno de los cónyuges fallezca pendiente un juicio de divorcio, el otro podría pedir que se prosiga el juicio pero para el sólo efecto de que se determine la procedencia y cuantía de la compensación económica. El matrimonio terminaría por muerte, pero en este caso, dado que se estaba tramitando un juicio de divorcio, se le otorga al cónyuge sobreviviente el derecho a compensación económica, en la medida en que concurran los demás requisitos legales exigidos.

Esto trae un problema adicional y es que el cónyuge en tales casos podrá participar de la sucesión hereditaria de su marido (o mujer) y a la vez cobrar un crédito por la compensación determinada, lo que puede resultar excesivo y gravar las asignaciones forzosas de los hijos del causante. Para evitar este resultado la ley podría disponer que lo que el cónyuge obtenga por compensación económica le sea imputado a la parte que le corresponda en la herencia del difunto. Si el crédito de compensación es muy superior a esa parte, entonces le bastará al cónyuge repudiar la herencia y quedarse con la compensación.

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Compensación económica: la relevancia del artículo 62 de la Ley de Matrimonio Civil

4 septiembre, 2016

Una de las instituciones que mayor aplicación práctica ha tenido desde que entrara en vigencia la ley Nº 19.947, de 2004, Ley de Matrimonio Civil, ha sido la compensación económica en caso de divorcio y nulidad matrimonial. No es extraño entonces que se hayan elaborado interpretaciones diversas respecto de su procedencia. Básicamente, la cuestión principal se centra en cómo armonizar los arts. 61 y 62 de dicha ley, ya que por una parte el primero de los preceptos concede el derecho a compensación económica al cónyuge que haya sufrido un menoscabo económico por causa del divorcio o la nulidad, “si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, […] no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería”. Pero, a continuación, el art. 62 dispone que “Para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación…”, el juez debe considerar especialmente factores como la duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges; la situación patrimonial de ambos; la buena o mala fe; la edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario; su situación en materia de beneficios previsionales y de salud; su cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral, y la colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge.

No ha sido sencillo determinar cuál es la relación entre ambos preceptos. Según la opinión más común, el art. 61 contendría los requisitos de procedencia de la compensación, mientras que el art. 62 establecería sólo los criterios para determinar su cuantía, una vez constatados los requisitos del artículo precedente.

Esta lectura, sin embargo, omite que el art. 62 dice expresamente que los criterios que señala deben usarse no sólo para fijar la cuantía, sino “para determinar la existencia del menoscabo económico”, de modo que ellos también tienen incidencia para evaluar la procedencia del beneficio. Para intentar dar cuenta de esta parte de la norma, se ha propuesto que los criterios del art. 62 pueden servir para descartar la compensación, a pesar de que uno de los cónyuges, normalmente la mujer, cumpla los requisitos del art. 61. Por nuestra parte, hemos sostenido que el art. 62 puede operar también de modo positivo, es decir, determinar la procedencia de la compensación económica en casos en los que no se presentan los supuestos del art. 61. Esta postura identifica como el requisito esencial de la compensación, no la dedicación al hogar que cause imposibilidad de desarrollar, total o parcialmente, una actividad remunerada o lucrativa, sino que uno de los cónyuges sufra un menoscabo económico como efecto de la terminación del matrimonio por la sentencia de divorcio o de nulidad. Este menoscabo económico puede establecerse de dos maneras: por la constatación de haberse dedicado al hogar y no haber podido trabajar, según el art. 61, o por la acreditación de dicho menoscabo por uno o más de los criterios mencionados por el art. 62.

La jurisprudencia ha seguido, en general, la opinión común, pero en la práctica ha ido relajando las exigencias de la dedicación al hogar, al señalar que ella se da incluso si el cónyuge beneficiario ha tenido la ayuda de trabajadores domésticos y determinando que aun cuando haya trabajado fuera de la casa, igual procede la compensación porque se trata de un trabajo parcial o de ingresos reducidos debido a la dedicación que ese cónyuge prestaba a los hijos comunes o al hogar común.

Dentro de este panorama parece relevante la decisión adoptada por la Corte Suprema por sentencia de 21 de agosto de 2016, rol Nº 24.295-16 (Ver texto de la sentencia), al rechazar un recurso de casación que impugnaba la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua que, a su vez, confirmaba la de primera instancia que concedió una compensación económica de $ 30.000.000 a una mujer que, al estar jubilada, no ha trabajado fuera de la casa.

En el caso, se trataba de un matrimonio celebrado el 31 de octubre de 1999. La mujer se desempeñaba como meteoróloga de la Dirección General de Aeronáutica en Santiago, mientras el marido era empresario dedicado a la agricultura en la zona próxima a San Vicente de Tagua Tagua (VI Región). Al año de celebrado el matrimonio la mujer pidió su retiro anticipado, después de 29 años de trabajo, y obtuvo una pensión un poco inferior a la habría obtenido si hubiere esperado el plazo legal. La relación conyugal se complica y en diciembre de 2013 se rompe la convivencia. La mujer demanda a su marido por divorcio fundado en la causal del Nº 1 del art. 54 de la Ley de Matrimonio Civil (“atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos”) y pide, además, que se le compense económicamente sobre la base del menoscabo que ha padecido al haberse retirado y dedicado al hogar por todos los años de su matrimonio. El juez de San Vicente considera acreditada la causal y declara terminado el divorcio por sentencia de 24 de diciembre de 2015. Impone al demandado el pago de 30 millones de pesos a título de compensación, en el mes siguiente a aquel en que quede ejecutoriada la sentencia. Apelada ésta, la Corte de Rancagua la confirmó pero con declaración de que la compensación se pagaría en 30 cuotas mensuales de $ 1.000.000 cada una.

El marido interpone un recurso de casación en el fondo en contra del fallo de segunda instancia alegando, entre otras cosas, que no habría menoscabo económico ya que la mujer había renunciado voluntariamente a su trabajo y la jubilación que había obtenido era muy similar a la que habría tenido derecho si se hubiera mantenido en sus funciones, diferencia que en todo caso no puede calificarse de perjuicio ya que el marido sufragó la totalidad de los gastos del hogar común, y ella se dedicó a realizar “actividades de naturaleza recreativa”.

El caso plantea el problema de que en estricto rigor no se dan los requisitos del art. 61, ya que no puede decirse que fue la dedicación al hogar la que impidió a la mujer realizar una actividad remunerada o lucrativa, pero por la diferencia de patrimonios se podía advertir que la extinción del estatuto del matrimonio producía un menoscabo económico a la mujer. El marido había adquirido importantes bienes en forma personal y a través de su Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, mientras que la mujer sólo contaba con su pensión que en parte dedicaba a un tratamiento psicológico motivado por los hechos imputables al demandado. Siendo así procedía que se entendiera que la existencia del derecho a compensación económica en este caso se deriva no del art. 61, pero sí del art. 62 que dispone que “para determinar la existencia del menoscabo económico” se debe considerar “la situación patrimonial” de los cónyuges.

La Corte Suprema no llega a sacar expresamente esta conclusión porque mantiene la idea de que deben aplicarse las condiciones del art. 61, pero junto con interpretar amplísimamente este precepto (señala que lo que “justifica el resarcimiento de orden económico es la actitud que uno de los cónyuges adoptó en pro de la familia y la consecuente postergación personal”), añade que “conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Matrimonio Civil, la situación patrimonial de los cónyuges al momento de decretarse el divorcio es uno de los elementos a considerar para determinar la existencia del menoscabo económico, esto es, el detrimento de esa naturaleza experimentado por aquél que es acreedor de la compensación económica…”. De esta manera, la Corte parece sugerir, si bien aún de un modo indirecto, que la consideración de la situación patrimonial de los cónyuges al momento de la sentencia de divorcio puede fundar, por sí sola, la procedencia de la compensación económica, en cuanto pone de manifiesto el menoscabo económico sufrido por el cónyuge beneficiario.

Esperemos que esta línea jurisprudencial pueda ser explicitada y profundizada en futuras decisiones de manera que la protección al cónyuge más débil, principio contenido en el art. 3 de la Ley de Matrimonio Civil, no se vea restringida sólo a los supuestos en los que el cónyuge beneficiario se ha dedicado al cuidado del hogar y los hijos y por esa causa no haya podido desarrollar una actividad remunerada o lucrativa, que si bien es el caso más frecuente, no es el único en que un cónyuge (normalmente la mujer) puede sufrir un menoscabo económico relevante al extinguirse el estatuto protector del matrimonio por una sentencia de divorcio o nulidad.

¿Puede un abogado católico patrocinar una demanda de divorcio?

9 julio, 2012

El 6 de julio de 1535 fue ejecutado por decapitación Sir Thomas More, anterior Lord Canciller de Enrique VIII y prestigioso abogado, juez, literato (el genial autor de Utopía) y humanista, amigo de Erasmo de Rotterdam. Fue condenado por Alta Traición al rehusarse a jurar la Ley de Supremacía que declaraba que el Rey de Inglaterra era la cabeza de la Iglesia, negando toda autoridad al Papa y a los Concilios ecuménicos. Esa ley no fue si no la consecuencia de la negativa de la Santa Sede de acceder a los deseos de Enrique Tudor de declarar nulo su matrimonio con Catalina de Aragón para poder casarse con Ana Bolena. En el fondo Tomás Moro se negó a aprobar la disolución de un matrimonio que sabía válido y, como tal, indisoluble. Todos lo sabían: Enrique, los jueces, los nobles y el pueblo. El mismo Moro después de haber sido sentenciado pudo decir: “Yo sé bien por qué causa me habéis condenado. Es porque jamás he querido consentir en la materia del matrimonio del Rey” (The Paris New Letter).

Mucho han cambiado las leyes en esta materia en el ámbito occidental. Ya no es necesario hacer una revolución religiosa como la de Enrique VIII para lograr divorciarse de su cónyuge. Las leyes civiles admiten el divorcio sin mayores restricciones, y cada vez más fácilmente. No ha cambiado, sin embargo, la convicción de la Iglesia Católica de que, más allá de consideraciones religiosas, todo matrimonio es vitalicio, de lo se concluye que las leyes estatales que permiten su aparente disolución civil son injustas y no obligan en conciencia. Es más, existe el deber de no recurrir a ellas y de evitar hasta donde sea posible su nociva operatividad.

Si se toma conciencia de la grave injusticia del divorcio y del sistema legal que no sólo lo permite, sino que con frecuencia lo incentiva y estimula, con todos los daños psicológicos, económicos y sociales que se causan a los mismos cónyuges, a los hijos y a toda la sociedad, se comprende por qué un abogado católico debiera rechazar involucrarse de cualquier modo en la consecución de este objetivo. Esta afirmación se extiende a cualquier persona que, no siendo católico o incluso no creyente, tiene la convicción de que el compromiso conyugal es para toda la vida y no puede disolverse por decreto judicial.

El deber de no cooperar profesionalmente con el divorcio supone que se trate de un matrimonio válido y excluye asumir la calidad de abogado del demandante o de las partes que quieren el divorcio por mutuo acuerdo. No se aplica, en cambio, al abogado que defiende al cónyuge demandado por divorcio y pide en reconvención la separación judicial o la nulidad del vínculo (habiendo causales para ello). Incluso es lícito al abogado que defiende el matrimonio, limitarse a rechazar el divorcio, aun sabiendo que la ley no le permite evitarlo, y pedir una compensación económica adecuada para el cónyuge que sufrirá la disolución del vínculo conyugal por voluntad del demandante y así atenuar uno de los perjuicios de la decisión de su consorte de desahuciar el compromiso asumido en su día para toda la vida.

¿Y qué decir de los procuradores o abogados que no pueden elegir sus causas y están obligados a aceptar aquellas que les entregan otros? Me refiero básicamente a los abogados de turno y a los egresados que realizan su práctica en las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial dedicadas a asuntos de familia. En estos casos, debe aplicarse la teoría de la cooperación material con el mal, que permite colaborar con una injusticia siempre que se hayan puesto todos los medios para evitarlo, que haya intención recta y que el perjuicio que se sufriría de no colaborar sea grave y proporcionado al mal que se causará (el divorcio). En cuanto a poner todos los medios para evitarlo, sugiero a los postulantes de la práctica que expresen que, por razones de conciencia, no pueden patrocinar demandas de divorcio por lo que estarán dispuestos a aceptar en compensación otras causas en materias diferentes. Esto debiera ser expresado en el formulario de postulación y luego conversado seriamente con el abogado jefe. Es difícil que, si se observa que se trata realmente de una cuestión seria de moral personal, una petición tan razonable sea desechada. Si así lo fuera, igualmente el postulante preguntará a quienes le piden un divorcio si realmente ese es el camino que quieren adoptar, y si no les conviene un arreglo de separación convencional o una separación judicial.

Todo esto puede requerir un esfuerzo adicional, salirse de lo usual, incluso soportar alguna expresión dura, incomprensiva y hasta de mofa. Entonces, el ejemplo de Tomás Moro, que soportó la confiscación de todos sus bienes, más de un año de cárcel, un juicio injusto y finalmente la pérdida de su propia vida, servirá para comprender que, en verdad, a nosotros se nos pide bastante poco para no comportarse como cómplices de una legislación que sabemos inicua.

¿Compensación económica para la conviviente?

8 abril, 2012

Hasta ahora los problemas jurídicos planteados por las uniones de hecho se habían resuelto en la jurisprudencia con diversos instrumentos del Derecho común: sociedad de hecho, comunidad, prestación de servicios, enriquecimiento sin causa, y otros similares.

Recientemente se ha fallado un caso que ofrece una orientación diversa y que merece ser revisada. Veamos los hechos: doña Rosa, quien ha convivido con don Marcelo, ahora fallecido, demanda a la cónyuge del difunto y a los cuatro hijos del matrimonio. La demandante alega que en 23 años de convivencia asumió todos los deberes propios de la mujer con su marido, haciendo de compañera y enfermera ya que don Manuel sufría de diabetes, insuficiencia renal crónica e hipertensión arterial. Pide que se liquide la comunidad que se habría formado entre los convivientes y además que la sucesión de don Manuel le pague una compensación económica por haber perdido la oportunidad de desarrollar su actividad lucrativa anterior (venta de café),  la que ascendería a la cuarta parte del patrimonio del causante, esto es, a $ 4.000.000.

El tribunal de primera instancia desestimó la demanda, pero la Corte de Valparaíso la acogió, aunque sólo en cuanto a otorgar los $ 4.000.000 como compensación. La sentencia fue recurrida de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema, pero esta rechazó ambos recursos (C. Sup. 7 de marzo de 2012, rol Nº 337-2011: Texto sentencia).

En el recurso de casación en el fondo, la parte recurrente alegó que la sentencia de grado se había dictado con infracción de ley por cuanto había declarado que, al no existir una regulación legal específica para el concubinato, debía aplicarse la equidad, y que esta llevaba a considerar que procedía una compensación económica como la que concede la Ley de Matrimonio Civil cuando un cónyuge, por haberse dedicado al hogar, no ha podido desarrollar una actividad lucrativa. Según el recurso no procedía aplicar la equidad porque se trataba de una situación de hecho que el legislador no ha querido regular, y además se vulneraban los arts. 61 y 62 de la Ley de Matrimonio Civil al concederse un beneficio sin que se acreditara la relación conyugal que las normas establecen como presupuesto; máxime en una situación en la que el beneficio ni siquiera procede para los matrimonios, como es el caso de muerte de uno de los cónyuges (la compensación se establece sólo para el divorcio y la nulidad).

La Corte Suprema hace diversas consideraciones sobre los efectos de las uniones de hecho y lo que ha dicho la doctrina y la jurisprudencia respecto del tema (incluida una cita descontextualizada del autor de esta columna), haciendo ver que el concubinato por sí mismo no tiene consecuencias jurídicas, pero en definitiva se niega a casar la sentencia de la Corte de Valparaíso. Nos parece que las razones determinantes son: primero, que coincide en que hay una laguna legal que debe solucionarse en el caso utilizando como fuente del derecho la equidad, conforme al art. 170 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil; y, segundo, que los jueces de instancia no infringieron la Ley de Matrimonio Civil al otorgar una compensación económica a la conviviente. Aunque no se señala expresamente como correcta la aplicación analógica de los arts. 61 y ss. de la Ley de Matrimonio Civil, uno de los considerandos parece suponer que los jueces se inclinaron por aceptar esta tesis de la demandante: “Que dentro del contexto que se planteó la controversia, resulta palmario que la pretensión de la actora se ha fundado en la aplicación de la equidad al caso concreto, puesto que a su juicio, y no obstante no existir norma legal que así lo defina, es acreedora, entre otros, del derecho a ser compensada económicamente por el deterioro de sus posibilidades de ejercer una actividad lucrativa, en atención a la dedicación que debió emplear en el cuidado de su conviviente, derecho que dice le asiste, no por aplicación directa de las disposiciones que la legislación positiva contempla sobre la materia, particularmente en el artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil, sino porque dicha norma confrontada con la situación fáctica que a su respecto concurre, logra identidad en el sustrato que permite su razón de ser” (cons. 21).

Reconociendo que se trataba de un caso de difícil solución, y que las Cortes, tanto la de Valparaíso como la Suprema, son elusivas en sus argumentos (la Suprema en su cons. 31 dice que no se infringen los preceptos de la compensación económica porque no fueron considerados como fuente de la decisión de la sentencia impugnada), nos parece que son incorrectas las dos ideas madres que parecen subyacer a la fundamentación que concede la compensación a la conviviente; a saber, que existe una laguna legal que debe ser cubierta por la equidad, y que esta se colma mediante la aplicación analógica del beneficio de la compensación económica prevista para el caso de nulidad o divorcio de un matrimonio.

Para aplicar la equidad en su función integradora es menester primero constatar que existe un vacío o laguna legal. Pero esta constatación no puede basarse sólo en la ausencia de una regla explícita que dé solución al caso planteado, como parecen sostener sin mayor explicación las sentencias de segunda instancia y casación. El concepto de laguna incluye una valoración interpretativa de que la ausencia de regla expresa es producto de una desarmonía o deficiencia del sistema normativo: es decir que falta una regla donde debería haberla. No hay una laguna cuando la falta de regla expresa no produce una desarmonía o deficiencia sino simplemente la aplicación de reglas de clausura, como por ejemplo que no hay delito sin ley o que, a falta de regla especial, se aplica el Derecho común. Esto último es lo que sucede con las convivencias no matrimoniales. No es que exista una laguna o vacío legal, sino simplemente que el legislador ha querido que, en lo no regulado expresamente, se rijan por las reglas del Derecho común que rigen las relaciones entre todos los ciudadanos por el hecho de ser tales.

En segundo lugar, es incorrecto pensar que pueden otorgarse a las relaciones no matrimoniales las reglas propias del estatuto matrimonial, usando la analogía. Si así fuera se desarmaría todo el Derecho de Familia: todas las reglas relativas a los cónyuges, a los hijos, a los parientes (alimentos, régimen de bienes, derecho sucesorios, beneficios previsionales) podrían aplicarse analógicamente a las situaciones de hecho que afectivamente sean semejantes a las familiares. Por ejemplo, no se ve por qué en el caso que analizamos no se concedió derechamente una parte de la legítima conyugal a la conviviente o el derecho de adjudicación preferente de la vivienda familiar. La pretensión de que ante una convivencia de hecho deben aplicarse por analogía los derechos y obligaciones del matrimonio desarticula completamente la especificidad del estatuto matrimonial y lo vacía del sentido preferencial que le sirve de justificación y sentido. No procede extender por analogía las reglas de un derecho de carácter excepcional como el Derecho de Familia.

Todo lo anterior no significa que las relaciones de hecho entre convivientes no puedan ser relevantes para efectos de evitar una flagrante injusticia, pero para ello deben utilizarse, como lo han hecho hasta ahora doctrina y jurisprudencia, las reglas propias del Derecho privado común. En el caso, la demandante hubiera podido ser beneficiada, no por una compensación económica análoga a la matrimonial, sino sencillamente por una indemnización por enriquecimiento sin causa de su compañero fallecido.

Divorcio millonario: ¿hasta que la chequera los separe?

15 enero, 2012

Los medios hablaron de divorcio millonario al comentar el acuerdo al que habrían llegado Miguel Piñera y Belén Hidalgo ante la jueza del Primer Juzgado de Familia de Santiago para disolver su matrimonio. Lo que hizo noticia más que el divorcio mismo, fue la cantidad a la que se habría obligado a pagar el marido. Se habló de 280 millones, en tres cuotas, aunque después el deudor aludido desmintió la cifra diciendo que era mucho menor e insinuó que sería la cuarta parte de eso. La modelo argentina se amparó en la obligación de guardar reserva sobre el acuerdo, pero indirectamente confirmó que se trató de una cantidad importante, pues dijo que con ella pretendía comprar un departamento.

De estas informaciones podría desprenderse que la legislación chilena permite el divorcio por mutuo acuerdo, con tal que exista consenso sobre las compensaciones económicas entre los cónyuges. Pero no es así. Los mismos medios han informado que, a pesar de haberse llegado a acuerdo sobre la pretensión económica, el divorcio no pudo ser decretado, postergándoselo para el mes de abril.

La Ley de Matrimonio Civil no acepta que el matrimonio se disuelva solo porque los cónyuges estén de acuerdo en terminar su relación. Exige acreditar que, al menos desde el punto de vista legal, el matrimonio no puede subsistir, y para ello establece dos indicios: si uno de los cónyuges comete una violación de los deberes conyugales o paterno-filiales que hacen intolerable la vida en común o si se ha producido el cese de la convivencia y este se ha mantenido ininterrumpido durante un cierto plazo. Las causales son, por tanto, solo dos: culpa de uno de ellos y cese de la convivencia. Ahora bien, en esta última causal la ley distingue entre si ambos cónyuges concuerdan en el divorcio o si la petición de divorcio es unilateral; en este segundo caso, el plazo es de tres años; mientras que en el primero basta que se compruebe que los cónyuges han vivido separado por un año. Algunos confunden esta última causal con el mutuo acuerdo, pero no es tal: los cónyuges aunque estén de acuerdo en el divorcio deben probar el cese de la convivencia por un año y si no lo hacen el divorcio será denegado. Por cierto, el cese de la convivencia no puede ser probado simplemente por la confesión o declaración de los mismos cónyuges.

En el caso del divorcio de Piñera e Hidalgo, los medios nos informaron que se casaron en noviembre de 2004, con separación de bienes. Se trata, por tanto, de un matrimonio celebrado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Matrimonio Civil. Este detalle tiene importancia porque para estos matrimonios la ley no exige que haya una fecha cierta formal del cese de la convivencia, y admite que pueda probarse por otros medios de prueba (por ejemplo, testigos). También los medios dieron cuenta que en abril de 2011, Belén Hidalgo abandonó  a Piñera y se produjo una separación de cuerpos que se ha mantenido hasta la fecha. Presentó luego una demanda de divorcio, pero no por cese de la convivencia (no había transcurrido el año) sino por culpa de su marido, con una petición de compensación económica. Ha sido en este proceso, y la audiencia de conciliación, donde se habría llegado al acuerdo en relación con la prestación económica. Al parecer (y esto ya es elucubración porque no sabemos cómo discurrió la audiencia) Belén Hidalgo se habría desistido de su divorcio por culpa, con lo cual, el divorcio tendría que pedirse por cese de la convivencia. Pero el año exigido por la ley no se cumple sino en abril de 2012. De allí que se haya postergado la disolución efectiva del vínculo a una nueva audiencia donde deberá probarse esta causal, si los cónyuges persisten en solicitarlo conjuntamente.

La chequera no es suficiente para decretar un divorcio, aunque por cierto puede ayudar a que el otro cónyuge no se oponga o incluso consienta en él. Ya es sabido: poderoso caballero es don dinero.