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La CONADI y la condición meramente potestativa

5 noviembre, 2017

Una sentencia reciente de la Corte Suprema rechazó un recurso de casación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, que pretendía evitar que fuera condenada a pagar el precio de un predio que había sido comprado para asignarlo a una comunidad indígena.

En dicho caso, se discutió la distinción entre condición simplemente potestativa y condición meramente potestativa, que se deduce del art. 1478 del Código Civil. Según esta norma, “Son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga.– Si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las partes, valdrá”. A la primera, la doctrina la conoce como condición meramente potestativa, mientras que la segunda recibe la denominación de condición simplemente potestativa. La diferencia reside en que el hecho futuro e incierto de la condición meramente potestativa es que una persona desee o quiera algo; en la condición simplemente potestativa lo futuro e incierto es que la persona realice alguna conducta voluntaria. Así, por ejemplo, si se dice me obligo a darte $ 100.000 si mañana amanezco con ganas de dártelos, estamos ante una condición meramente potestativa; en cambio, si se dice me obligo a darte $ 100.000 si mañana voy al cine, estamos ante una condición simplemente potestativa.

Se entiende así que la condición suspensiva meramente potestativa del deudor impida la validez de la obligación: el deudor no tiene voluntad seria de obligarse. No sucede lo mismo cuando no es la mera voluntad sino un hecho voluntario el que decide el surgimiento de la obligación; pues aunque se trate de un hecho voluntario del deudor su realización no depende exclusivamente del deseo o voluntad. Así, en el ejemplo anterior, si el deudor quiere ir al cine, pero no llega porque es atropellado en el trayecto, no se cumplirá la condición. Como no queda a merced de la voluntad del deudor, la condición simplemente potestativa no anula la obligación.

Veamos ahora los hechos del caso. Un agricultor de la comuna de Lautaro vendió a la CONADI un predio de 75 hectáreas situado en dicha comuna por escritura pública de 21 de enero de 2014, por el precio de $ 280.000.000 pagaderos al contado, con el objeto de que dicha propiedad fuera puesta a nombre de una comunidad indígena. El precio se documentó en un cheque que se dejó con instrucciones notariales de que se entregara al vendedor una vez inscrito el inmueble a nombre de la comunidad beneficiaria. La entrega del cheque por parte del notario se condicionó a varios hechos, entre ellas a la entrega del inmueble y “verificada la toma de posesión material a entera satisfacción de la parte compradora” lo que debía acreditarse “por medio de la Declaración Jurada del presidente de la Comunidad u otro miembro de la Directiva, en caso de impedimento”. En la cláusula siguiente se estipuló que “Las partes se obligan a dar cumplimiento a las exigencias de la cláusula anterior con carácter copulativo, elevando ésta a la categoría de esencial para todos los efectos legales, de modo tal que, si cumplido el plazo de sesenta días, contados desde la suscripción del presente Contrato de Compraventa, no se cumpliera cualquiera de estos requisitos, el Contrato de Compraventa se entenderá resuelto Ipso Facto, sin necesidad de gestión judicial alguna y sin ulterior responsabilidad para la CONADI, facultándose al Director Nacional de la CONADI, para que con sólo requerirlo, pueda retirar toda la documentación que estuviere en poder de éste Notario”.

En atención a que antes de la entrega el vendedor habría efectuado un raleo de un bosque nativo del fundo, la Comunidad indígena beneficiaria se negó a aceptar el inmueble. La CONADI ofreció una resciliación de la compraventa. El vendedor no aceptó dicha oferta y demandó el cumplimiento forzado del contrato con indemnización de perjuicios. La sentencia de primera instancia, dictada por la juez del 2º Juzgado Civil de Temuco, no dio lugar a la demanda por entender que el demandante no había probado el cumplimiento de las condiciones estipuladas para el pago del precio, al no presentar la declaración jurada que diera constancia de la toma de posesión del predio. La Corte de Apelaciones de Temuco revocó la sentencia de primera instancia y acogió la acción de cumplimiento del contrato ordenando a la CONADI el pago del precio más una indemnización de perjuicios por daño moral.

La CONADI recurre a la Corte Suprema impugnando la sentencia de segunda instancia por haberse dictado ésta con infracción de ley. Los vicios de casación en el fondo denunciados son básicamente dos: primero, que la Corte de Apelaciones consideró que la CONADI era la compradora, cuando en realidad se trataba del promitente de una estipulación a favor de otro regulada en el art. 1449 del Código Civil y, segundo, que estimó que la condición de que pendía el pago del precio era una condición meramente potestativa del deudor del precio que sería nula según el art. 1478 del Código Civil, cuando en verdad la voluntad de toma de posesión no era de la CONADI sino de la comunidad indígena beneficiaria.

La Corte Suprema rechaza ambas reclamaciones. En primer lugar, señala que la alegación de que la compraventa era, en verdad, una estipulación a favor de tercero no fue hecha en la etapa de discusión mediante las correspondientes excepciones, alegaciones o defensas y que no puede ser considerada en sede de casación ya que ello afectaría el principio de bilateralidad de la audiencia. Además, señala que mal podría reprocharse a la Corte de Apelaciones la infracción de preceptos legales que no pudieron formar parte de su sentencia al no haber sido invocados por las partes (cons. 6º). En cuanto a la infracción del art. 1478 del Código Civil, la sentencia menciona correctamente la distinción entre condiciones potestativas, causales y mixtas, así como la diferencia entre las condiciones mera y simplemente potestativas. Señala al efecto que “Que toda relación contractual supone que las partes tiene una intención seria de contraer las obligaciones que engendra el contrato desde el momento de su celebración; no obstante ello, la ley excepcionalmente permite que la obligación quede sujeta al cumplimiento de una condición, siempre y cuando el hecho constitutivo de ella no obedezca a un mero capricho” (cons. 14º). Esto es lo que, según la Corte, ocurre en el caso por lo que sostiene que “Del tenor de la cláusula sexta del contrato sub lite, en tanto condiciona la obligación del pago del precio a la constancia de la toma de posesión material del bien de la comunidad indígena, se advierte que la misma resulta ser una condición meramente potestativa, pues ella más bien da cuenta de la mera voluntad o capricho del comprador, quien ya manifestó su consentimiento en cuanto a la cosa vendida al momento mismo de la celebración de dicho contrato y, por ende, ella es nula y no produce los efectos jurídicos que pretende el recurrente” (cons. 14º). Se agrega que el vendedor cumplió su obligación de hacer la tradición del inmueble mediante la inscripción conservatoria y que ha sido la parte compradora, esto es, la comunidad indígena y la CONADI, la que se encuentra en mora tanto de recibir la cosa comprada como de pagar el precio. La objeción alegada en cuanto a que el vendedor habría realizado un raleo irregular de un bosque nativo no debe ser tenida en centa ya que no fue probada en juicio. De esta manera, la primera sala de la Corte, por unanimidad y en fallo redactado por el Ministro Arturo Prado, rechaza el recurso de casación interpuesto por la CONADI y deja a firme la sentencia de la Corte de Temuco que ordena a la institución pagar el precio e indemnizar los perjuicios al vendedor (ver texto de sentencia).

Analizando la sentencia desde el rigor del Derecho Civil, y sin considerar que probablemente hubo razones de justicia material que obraron en el espíritu de los ministros para rechazar el recurso, surgen varias reflexiones. En primer lugar, la Corte vio facilitada su decisión al excluir – correctamente a nuestro juicio– la alegación de que se estaba ante una estipulación a favor de otro, ya que le permitió confundir en una sola posición: la de parte compradora, a la CONADI y a la comunidad indígena. De esta manera, la toma de posesión y declaración jurada podía ser considerada un hecho voluntario del comprador, dando plausibilidad a la idea de que se trataba de una condición meramente potestativa del deudor.

Aún así el razonamiento de la Corte de Temuco y de la Corte Suprema puede ser discutido por tres razones. La primera es que la toma de posesión material y la declaración jurada que la constata son sí un hecho voluntario del deudor, pero en tal caso, y por muy caprichoso que pueda calificarse su no ejecución, no hay una condición meramente potestativa, sino una condición simplemente potestativa que consiste no en la mera voluntad sino en un hecho voluntario del deudor. Siendo así, la condición es admisible conforme con el texto del mismo art. 1478 inciso segundo.

La segunda consiste en que la doctrina ha precisado que la sanción del art. 1478 debe limitarse a las condiciones meramente potestativas del deudor que sean suspensivas. Es decir, la condición resolutoria puede consistir en la mera voluntad del obligado, como por ejemplo sucede en las donaciones revocables que pueden ser resuelta por la mera voluntad del donante. En el caso, el contrato expresamente preveía que el incumplimiento de la condición producía la resolución del contrato.

La tercera es que las Cortes no repararon en que el efecto de la condición meramente potestativa no es la nulidad de la condición sino la nulidad de la obligación condicional. El art. 1478 inciso primero dispone la nulidad de “las obligaciones contraídas” bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad del deudor. Por ello, en el caso si la toma de posesión fuera una condición meramente potestativa los jueces deberían haber considerado nula la obligación de pagar el precio. Con ello, el contrato mismo debería haber sido considerado nulo, por falta de causa.

Quizás un camino mejor para lograr la solución a la que arribaron los jueces en este caso hubiera sido considerar que al consistir la condición en un hecho que constituía a la vez una conducta a la que el deudor se obligaba según el contrato (recibir la cosa vendida), dicha condición era moralmente imposible por ser “inductiva a un hecho ilegal”. Tratándose de una condición resolutoria cabría haber aplicado el inciso final del art. 1480 del Código Civil, según el cual “La condición resolutoria que es imposible por su naturaleza, o ininteligible, o inductiva a un hecho ilegal o inmoral, se tendrá por no escrita”. Se trata de una nulidad de pleno derecho, esta vez, no de la obligación, sino de la condición. En este supuesto, se prescindiría de la condición y procedería ordenar el cumplimiento de la obligación de pagar el precio como pura y simple.

La raíz del problema, sin embargo, proviene de una mala configuración del contrato que como advirtió la CONADI tardíamente en el juicio, corresponde a una estipulación a favor de tercero y no a una mera compraventa.

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Bob Dylan y el cumplimiento de la condición

11 junio, 2017

La Academia Sueca impactó al mundo el año pasado al conferir el Premio Nobel de Literatura al cantautor estadounidense Bob Dylan. El premiado mantuvo primero un enigmático silencio sobre si aceptaría o no la distinción y la tensión fue incrementándose a medida que se acercaba el 10 de diciembre, fecha en la que, en conmemoración de la muerte de Alfred Nobel, se lleva a cabo la ceremonia de entrega de los premios del año. Un mes antes, la Academia informó que el cantante había enviado una carta personal por la cual se excusaba de asistir a la ceremonia por tener otros compromisos contraídos con anterioridad. En el comunicado la Academia declaró: “Esperamos el discurso [lecture] de Bob Dylan, que debe ser entregado –es el único requisito– dentro de seis meses contados desde el 10 de diciembre de 2016”.

La exigencia no está en la disposición testamentaria de Alfred Nobel de 27 de noviembre de 1885 que instituyó los premios con cargo a la mayor parte de su patrimonio que dejó al morir, pero sí en los estatutos de la Fundación Nobel que administra dichos bienes. En el § 9 de los Estatutos se establece que el 10 de diciembre debe hacerse entrega a los ganadores de cuerpo presente, el cheque con el importe del premio (unos 900.000 dólares), un diploma y una medalla de oro con la efigie de Nobel. Se agrega que “Corresponderá al ganador, siempre que sea posible, dar un discurso [lecture] sobre un tema relacionado con la obra por la que se ha concedido el premio. Dicho discurso debe ser leído no después de los seis meses desde el Día del Festival, en Estocolmo o, en el caso del Premio de la Paz, en Oslo” (Ver texto)

Si analizamos la situación según el Derecho Civil chileno, podremos ver que estamos frente a una obligación sujeta a una condición, esto es, a un hecho futuro e incierto: que el premiado ofrezca la “lecture” o discurso, en Estocolmo en la ceremonia de entrega del 10 de diciembre de 2016 (Festival Day), o en los seis meses subsiguientes, esto es, hasta el 10 de junio de 2017. La condición es suspensiva para la Academia ya que la obligación de entregar el premio y el recíproco derecho a recibirlo, sólo nace o se adquiere cuando la condición se cumpla (cfr. art. 1479 del Código Civil). La condición es potestativa, ya que depende de un hecho voluntario del acreedor, por lo que es perfectamente válida, ya que sólo están proscritas las condiciones suspensivas meramente potestativas, es decir, que consistan en la mera voluntad del deudor (por ej., me obligo a darte el monto del premio si mañana quiero hacerlo). En cambio, “si la condición depende de un hecho voluntario de cualquiera de las partes, valdrá” (cfr. art. 1478 inc. 2º CC). Obviamente, escribir un discurso y leerlo es un hecho voluntario, en este caso, del acreedor condicional.

Lo más interesante parece ser la forma de cumplimiento de la condición. La estipulación condicional (el estatuto) señala que la conferencia debe ser ofrecida personalmente por el premiado en la ciudad de Estocolmo. Dylan, sin embargo, no dio su lecture en dicha ciudad, y se contentó con enviar el texto escrito y un video en el que se le ve y escucha, leyéndolo, todo antes del 10 de junio de 2017, la fecha en que vencía el plazo establecido. Texto y video fueron hechos públicos por la Academia Sueca el lunes 6 de junio.

De esta manera, el cumplimiento de la condición no se hizo del modo en que literalmente estaba establecido, sino más bien de una manera similar o análoga, y esto nos introduce en un debate doctrinal que tiene siglos de historia, y que se ha perpetuado en nuestro Código Civil en la contraposición de dos de sus normas: el art. 1484 que dispone que “Las condiciones deben cumplirse literalmente, en la forma convenida” y el art. 1483 inc. 1º que preceptúa: “La condición debe ser cumplida del modo que las partes han probablemente entendido que lo fuese, y se presumirá que el modo más racional de cumplirla es el que han entendido las partes”. El codificador pone un ejemplo de aplicación de esta segunda regla: “Cuando, por ejemplo, la condición consiste en pagar una suma de dinero a una persona que está bajo tutela o curaduría, no se tendrá por cumplida la condición, si se entrega a la misma persona, y ésta lo disipa” (art. 1483 inc. 2º CC). La contradicción normativa puede apreciarse justamente a través de este ejemplo: pareciera, a primera vista, que si la condición es entregar a una determinada persona una suma de dinero, para que se cumpla “literalmente en la forma convenida” debe entregarse a esa persona aun cuando haya caído en incapacidad y esté sujeta a guarda. Es más, si se entregara al guardador en cuanto representante legal podría decirse que la condición no se ha cumplido. En cambio, según el criterio del art. 1483 inc. 1º del Código Civil, el cumplimiento sólo se daría si el dinero se entrega al representante del incapaz, ya que más allá de la letra de la estipulación hay que estarse a la intención presunta de las partes, la que debiera coincidir con el modo más racional de cumplirla.

Los textos revelan un antiguo debate entre si las condiciones deben cumplirse ad lítteram o per aequipollens, es decir, si deben ejecutarse específica y puntualmente como se ha expresado en el testamento o en el contrato, o si es suficiente un hecho equivalente que, si bien se aparta de lo expresado, cumple con la finalidad o sentido de la estipulación condicional.

Este debate podría haberse planteado en el caso de la conferencia de Bob Dylan. Si se optara por el criterio literal, debería considerarse fallida la condición al no haber leído su texto en la ciudad de Estocolmo en el plazo estipulado. En cambio, si se acepta un cumplimiento por equivalente parece que el hecho de difundir la conferencia por la web de la Academia tanto en texto digital como a través de un video que muestra al cantante leyéndola, cumple con la finalidad que pretendía obtener la estipulación del estatuto.

¿Cómo compatibilizar las reglas de cumplimiento de la condición contenidas en los arts. 1483 y 1484 del Código Civil? Un análisis histórico revela que la cuestión fue planteada por don Gabriel Ocampo en una nota a su ejemplar del proyecto de 1853: “¿Es preciso que se ejecuten [las condiciones] según la letra de la obligación, in forma specifica, o cabe darles cumplimiento per aequipollens et pro subjecta materia?” (cfr. Barrientos Grandon, Javier, El Código Civil. Su jurisprudencia y su historia, Thomson Reuters, Santiago, 2016, t. II, p. 423). Las fuentes usadas por Bello, especialmente el Tratado de las Obligaciones de Pothier, Nº 206, revelan que la antítesis entre las normas es más aparente que real. Cuando Bello añade la frase en el art. 1487 “se presumirá que el modo más racional de cumplirla es el que han entendido las partes”, está incluyendo las dos formas de cumplimiento: literal y por equivalente, ya que este último puede ser el más racional, y por ello debe entenderse que así lo habrían querido las partes.

En resumen, en primer lugar debe aplicarse el art. 1483 ya que lo convenido literalmente es lo que primero revela la intención de las partes, pero si frente a la posibilidad de un cumplimiento por equivalencia se duda sobre si debe predominar la letra de la estipulación, hay que buscar la intención real de las partes, lo que reafirma la regla madre de interpretación contractual del art. 1560 del Código Civil en cuanto a que debe estarse más a la intención de las partes que a lo literal de las palabras. Si el cumplimiento por equivalente parece lo más racional, y nada indica lo contrario, se presume que así lo han querido las partes (cfr. Barrientos, J., ob. cit., t. II, pp. 425-426).

No parece haber duda de que efectivamente el cumplimiento de la condición por un equivalente en el caso de Bob Dylan cumpliría el test de los arts. 1483 y 1484 de nuestro Código Civil, prueba de lo cual es que el mismo deudor condicional, la Academia Sueca, que para estos efectos debe considerarse representante de la Fundación, ha aceptado de muy buena gana la lecture videograbada del premio Nobel de Literatura 2016. Mediante un comunicado del 5 de junio pasado la califica de “extraordinaria y, tal como se podría esperar, elocuente”, tras lo cual sentencia con un cierto dejo lírico: “Now that the Lecture has been delivered, the Dylan adventure is coming to a close”, que se podría traducir como “Ahora que el discurso ha sido entregado, la aventura Dylan está llegando a su fin”.

Y nada mejor que terminar este post justamente con el video de la esperada Nobel Lecture: