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“Yo lo compré y lo puse a nombre de mis hijas”

26 marzo, 2017

La declaración ante la prensa de la Presidenta Bachelet sobre la parcela de media hectárea comprada por una de sus hijas en una zona cercana al proyecto minero Dominga, sorprendió a la opinión pública el pasado lunes 20 de marzo de 2017. La indignación de la Presidenta se debió a que el diario La Tercera publicó el domingo que su hija menor, a la sazón de 21 años, compró un terreno eriazo en la comuna de La Higuera, IV Región, de 5.000 metros cuadrados, por escritura pública de 24 de marzo de 2014, la que fue inscrita a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena el 9 de junio del mismo año. La vendedora fue la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon, quien entre 2013 y 2014 había adquirido 12 lotes de media hectárea en el mismo lugar. El precio que aparece en la escritura, pagado al contado, fue de 6 millones quinientos mil pesos.

La reacción indignada de la Presidenta se debió a que se trató de ver en este hecho una de las causas por las cuales fue rechazado el proyecto Dominga. Por nuestra parte, lo que nos sorprendió fue ver a la Mandataria contar llanamente algo que, en principio, puede ser considerado irregular. Ello revela que la práctica de comprar un bien inmueble para “ponerlo a nombre” de un pariente está asumida como normal en nuestro país, lo que por cierto habla mal de nuestras instituciones jurídicas.

Convendría detenerse en el análisis de la figura desde el punto de vista del Derecho Civil, aunque sólo podemos hacerlo con los datos que nos proporcionan los medios que recogieron las declaraciones de la Presidenta. Un punto que resulta oscuro es por qué ella a veces habla de “sus hijas”, en plural, cuando la única que aparece en la escritura como compradora es una de ellas, su hija menor. Nos atendremos a este dato objetivo, ya que no conocemos la razón por la cual la Presidenta se refiere en ocasiones a sus hijas en general. Con esta prevención, los hechos podrían reconstruirse como sigue: la nuera de la Presidenta compró 12 lotes de media hectárea con fines recreativos. La Presidenta pensó en comprar uno de los lotes “pensando en algo familiar para el futuro” y para dejarle algo a su hija para tener un lugar cerca de sus nietos. Ella pagó los 6 millones quinientos mil, pero en la escritura de compraventa compareció como compradora su hija menor, y la propiedad fue inscrita a nombre de ésta.

Podemos descartar que estemos ante un contrato de persona por nombrar o una estipulación en favor de tercero, porque no fue la Presidenta la que compareció en la compraventa reservándose la facultad para nombrar a una persona que la sustituyera en su posición de compradora o directamente diciendo que compraba el terreno a favor de su hija menor.

Podría pensarse que estamos ante una simulación parcial en el sentido de que la compraventa fue en realidad celebrada con la Presidenta (la que pagó el precio), de modo que la comparecencia de su hija era meramente aparente. Pero no fue esa la intención de las partes, ya que la Presidenta dice que pagó el precio pero para que su hija quedara definitivamente como propietaria del inmueble.

De esta manera parece que lo que ocurrió en el caso, como en otros que son frecuentes en la práctica, es sencillamente que la hija compró el terreno a su cuñada, pero su obligación de pagar el precio fue cumplida por su madre. Con ello no se estaría más que aplicando la regla del art. 1572 del Código Civil que dispone que puede pagar por el deudor cualquiera persona, incluso sin su conocimiento o contra su voluntad. Hemos de entender que en el caso el pago se hizo al menos con conocimiento de la deudora (la hija compradora), por lo que la Presidenta tendría derecho a subrogarse en el crédito de la vendedora para que su hija le reembolse los 6 millones y medio que pagó por ella, conforme a lo previsto en el art. 1610 Nº 5 del Código Civil. La hija compradora sería deudora de la Presidenta, pero es más que claro, por las declaraciones de esta última, que no tiene ni tuvo intención alguna de pedir a su hija el reembolso de lo pagado. Concluimos que, junto con pagar, la Presidenta condonó la deuda contraída por su hija.

Ahora bien, esta remisión de deuda debe ser considerada una donación, según lo que señalan expresamente los arts. 1653 y 1397 del Código Civil. Siendo una donación está sujeta a insinuación (lo dice expresamente el art. 1653 del Código Civil) y al pago del impuesto de la ley Nº 16.271.

Claramente la insinuación es exigida, ya que el monto excede la cantidad que ridículamente, por falta de actualización, establece el art. 1401 del referido Código: dos centavos. Siguiendo esta norma, en todo lo que exceda a esa ínfima cantidad la donación es nula. Hay consenso de que se trata de una nulidad absoluta, por lo que debe ser declarada judicialmente a petición de alguien que tenga interés en ella (art. 1683 del Código Civil). En el caso no parece haber interesados en pedir la nulidad, de modo que la omisión de la insinuación no tendría mayor relevancia práctica.

Respecto del impuesto, el art. 2 de la ley Nº 16.271 señala que las donaciones que se efectúen al cónyuge y a cada ascendiente o a cada hijo estarán exentas de este impuesto en la parte que no excedan de cinco unidades tributarias anuales. Habría que ver entonces si al tiempo de la donación, esto es, en marzo de 2014, se excedió o no dicha cantidad. Según la página web del Servicio de Impuesto Internos, la UTA en 2014 fue de $ 518.376; la cantidad exenta entonces alcanzaba en ese tiempo a los $ 2.591.880. Esa cantidad debe descontarse entonces del monto donado (6.500.000), con lo que el impuesto debería computarse sobre $ 3.908.120, con la tasa dispuesta en el art. 2 de la ley Nº 16.271.

Surge la duda de si es posible estimar que esta obligación haya prescrito, por aplicación de los arts. 50 de la ley Nº 16.271 y 200 del Código Tributario, pero preferimos dejar el esclarecimiento de esta cuestión a los expertos en Derecho Tributario. En todo caso, la obligación de pagar el impuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 de la ley Nº 16.271, recae en el caso de las donaciones en el donatario, lo que en nuestro caso significaría que quien debería declarar y pagar el eventual impuesto debería ser la hija de la Presidenta, beneficiaria de la liberalidad.

El rechazo a la indemnización en el caso “Matías Catrileo”

1 febrero, 2015

La Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 20 de enero de 2015, dictó sentencia de segunda instancia acogiendo la demanda por la cual la madre y la hermana de Matías Catrileo (q.e.p.d.) reclamaron que el Fisco reparara el daño moral sufrido por la muerte del activista mapuche, como resultado de un disparo de un carabinero mientras la víctima participaba de una toma de un fundo en la zona de Vilcún (3 de enero de 2008).

La Corte confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto a la responsabilidad del Fisco y al monto de las indemnizaciones otorgadas: $ 80.000.000, en favor de la madre y $ 50.000.000, en beneficio de la hermana (Ver texto de sentencia).

Sorprendiendo a todos, las demandantes, una vez conocida la sentencia, declararon que rechazaban la indemnización concedida. En un comunicado enviado a los medios de prensa la madre y la hermana de Catrileo explicaron que el único objetivo de su demanda era que se reconociera al Estado de Chile, encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet, como responsable de la muerte de su hijo y hermano y no la indemnización: “para nosotras –dijeron– este dinero esta manchado con la sangre de Matías y no podemos recibirlo” (Ver texto del comunicado). El Intendente de la región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla manifestó su admiración por el gesto a través de su cuenta de twitter: “el rechazo a la indemnización por parte de la familia de Matías Catrileo es una demostración de dignidad… el dinero no es todo en la vida” (Ver noticia)

Lo inédito de la situación nos convida a analizar jurídicamente la naturaleza y efectos de este rechazo a la indemnización decretada judicialmente. No hay dudas en que el derecho a pedir la reparación de un daño ocasionado por un delito o cuasidelito es renunciable, ya que, según el art. 12 del Código Civil, pueden renunciarse todos los derechos que miren sólo al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. Ambas condiciones se cumplen en el caso: se trata de un derecho que se concede en interés exclusivo de la víctima del hecho ilícito y no existe norma que vede la renuncia. Es más, el art. 56 del Código Procesal Penal señala que, si bien la renuncia de la persona ofendida no extingue la acción penal pública, sí extingue la acción civil derivada de toda clase de delitos.

Pero, ¿qué sucede si, como en este caso, se renuncia al derecho a percibir la indemnización una vez que ha sido determinada por sentencia judicial? Si es así la renuncia opera sobre un crédito cuyo monto ha sido liquidado.

En una primera aproximación, el rechazo a recibir la indemnización judicialmente establecida podría ser calificado como una oferta de remisión o condonación del crédito. Recuérdese que la remisión o condonación es un modo de extinguir una obligación (art. 1567 Nº 4 del Código Civil) por el cual el acreedor perdona en todo o en parte la deuda y que el Código Civil equipara la remisión a la donación (cfr. arts. 403, 1400 inc. 2º, 1397 y 1653).

Si el rechazo a la indemnización de las demandantes es considerado una remisión o condonación del crédito indemnizatorio en favor del Estado, entonces ella podría ser revocada mientras el Estado no haya aceptado. Toda donación supone la aceptación del donatario. Pero aún más, excediendo el límite legal –los desfasados 2 centavos del art. 1401 del Código Civil– debe procederse a la insinuación, es decir, a la autorización del juez. A falta de ella, la donación –en el caso la remisión–, es nula.

Esto no significa que las demandantes estén obligadas a proceder de esta manera. Bien podrían sencillamente no cobrar el crédito establecido en la sentencia y entonces la acción se extinguirá por prescripción pasados cinco años (art. 2515 del Código Civil).

Existe, sin embargo, otra forma de explicar la situación: el acto de rechazo de la indemnización no es una remisión equiparable a un contrato de donación, sino un acto unilateral de renuncia del derecho personal o crédito.

La renuncia extintiva procede, sin duda, con los derechos reales incluyendo el de dominio o propiedad. En Estados Unidos algunas familias colocan en la vereda muebles que ya no usan para que se los lleve cualquier persona que pase. En tales casos, y otros que podrían añadirse, no hay una donación, sino una renuncia abdicativa del dominio proseguida de una ocupación por parte de quien finalmente se lleva el bien para hacerlo suyo. Se dirá que, tratándose de derechos personales o créditos, hay un deudor que, al extinguirse la deuda por la renuncia del crédito, obtiene un provecho. Pero lo mismo sucede cuando un usufructuario o titular del derecho de usufructo renuncia a él: también el nudo propietario es beneficiado al extinguirse el usufructo y consolidarse con la propiedad. No vemos, pues, inconveniente en que un crédito pueda extinguirse, no por una remisión donativa, sino por una remisión unilateral, que no constituye donación.

Digamos que la calificación del rechazo a la indemnización por parte la madre y hermana de Matías Catrileo como renuncia unilateral del crédito parece más adecuada a la voluntad por ellas expresada. Sería absurdo que se pretendiera que quisieron hacer una donación al Estado de $ 130.000.000 y que su proceder tuvo por causa la mera liberalidad o beneficencia…

Si estamos en lo cierto, la renuncia, no estando sujeta a formalidades ni a la aceptación del deudor, estaría perfeccionada como acto jurídico y no sería ya revocable por la mera voluntad de las renunciantes. Veremos lo que sucede una vez que la sentencia que falló la apelación quede frime o ejecutoriada.