Posted tagged ‘Daños punitivos’

El hijo de Gervasio y su demanda por un peso

6 agosto, 2017

En el programa televisivo “La mañana de Chilevisión”, el hijo mayor del cantante uruguayo afincado en Chile, Gervasio, de nombre Leandro Viera, informó que había presentado una demanda civil en contra del Estado de Chile por considerar que su muerte el 28 de octubre de 1990 no había sido el resultado de la acción suicida del cantante, sino que había diso provocada intencionalmente por “agentes del Estado”. Obviamente, se trata de una demanda por responsabilidad civil del Estado por la que se pide una indemnización del daño moral causado a sus familiares, como víctimas indirectas o por repercusión.

Lo curioso y, que toda la prensa destacó, es que Viera dijo que sólo había pedido como indemnización la cantidad de un peso. Textualmente señaló: “Lo que nos moviliza a nosotros no es quitarle plata al fisco ni mucho menos, en realidad no es por un tema monetario lo que nosotros estamos peleando, por lo tanto, la demanda es por un peso o lo que el juez dictamine correcto” (Ver noticia).

¿Es admisible en nuestro sistema jurídico que se demande indemnización por los daños causados por un acto ilícito y se le valorice en un monto ínfimo y meramente simbólico, como el de un peso? Este tipo de demandas han sido utilizadas en Europa como un modo de establecer la antijuridicidad de una conducta reprochable. En Francia se han dado varios casos de demandas, y condenas, por un franco y, más tarde, por un euro.

En general, la Corte de Casación francesa ha considerado que, si el juez a quo ha argumentado las razones por las cuales considera procedente establecer esa indemnización, la sentencia no puede ser invalidada. No obstante, la cuestión es dudosa porque las demandas de responsabilidad civil se distinguen de las acciones de responsabilidad penal o infraccional justamente en que no sólo buscan que se declare que un determinado acto ha sido contrario a Derecho, sino que a consecuencia de ello se ha producido un daño real y efectivo. Pero, ¿puede decirse que hubo daño si el mismo demandante lo valoriza en un peso, que en el fondo podría parecer una especie de confesión de que no ha sufrido un perjuicio que tenga una envergadura suficiente para ser reparado, es decir, que no hay daño? Y si no hay daño, no cabe hablar de responsabilidad civil.

Es cierto que el régimen de responsabilidad civil puede cumplir otras funciones que la meramente reparatoria. Se habla así de funciones de prevención de daños, punitivas o de sanción por el dolo o culpa, y demarcativas o de delimitación (garantía) del ámbito de libertad de las personas. En esta última, podría incluirse la declaración de la ilicitud de un determinado comportamiento, que podría cumplirse a través de estos juicios de responsabilidad con indemnizaciones de valor ínfimo. Se podría decir que si bien no se cumple con la función reparatoria, sí se cumpliría una función demarcativa e incluso también una punitiva, ya que al declararse en la sentencia la ilicitud de la conducta del demandado su publicidad serviría para sancionar dicha conducta al menos en el plano moral y social.

En contra, ha de decirse que, siendo verdad que el sistema de responsabilidad civil, tiene funciones diversas de aquella que consiste en la reparación del daño, es esta última la que lo justifica y lo define como tal. Por ello, las demás funciones pueden operar en forma concurrente y siempre con el límite de no ir más allá que la reparación del daño causado. Así, es cierto que la obligación de indemnizar puede sentirse como una sanción por parte del condenado a ella, pero esa función punitiva no autoriza a que se impongan indemnizaciones superiores al monto en que se avalúa el daño. En esto nuestro sistema se distingue del Derecho de Torts de Estados Unidos que permite en ciertos casos añadir a la indemnización del daño una cantidad de dinero que se impone como multa o pena civil: son los llamados punitive damages. Estos daños punitivos no están contemplados en nuestro sistema. Lo mismo puede decirse de la función preventiva y demarcatoria: son funciones que pueden concurrir, pero nunca sustituir a la función reparatoria, que es la esencial. Si no hay pretensión de reparación del daño, no es posible un proceso judicial de responsabilidad civil.

De esta manera, nos parece que, en principio, una demanda que se limite a pedir una indemnización avaluada en un peso puede ser impugnada mediante la correspondiente excepción dilatoria de ineptitud del libelo, por falta de enunciación de las peticiones que se someten al fallo del tribunal (art. 254 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil). Se podría decir que la demanda sí cumple con este requisito ya que la indemnización por un peso es una petición clara y precisa que se somete al tribunal, pero lo cierto es que se trata de una pretensión que carece de seriedad en relación con la naturaleza de la acción deducida. Si la demanda no es objeto de excepción dilatoria, el juez deberá tramitarla, pero en su sentencia debería rechazarla ya que el mismo demandante al limitar su pretensión a una cantidad ínfima de dinero, está declarando que, o ha renunciado a que se le indemnice, o ha confesado que el daño no existe.

Así y todo, hay que convenir en que no es necesario que se reclame una reparación en dinero y que pueden reclamarse otras medidas que tiendan a eliminar o, al menos, a atenuar las consecuencias nocivas del ilícito. Por ello, si se pide indemnización por un peso, pero además se piden otras medidas de reparación del daño en naturaleza, como por ejemplo que el Estado haga un acto de desagravio o construya un monumento en memoria del cantante supuestamente asesinado, o financie una terapia psicológica para los familiares afectados por su deceso, etc., el proceso de responsabilidad civil se verá justificado porque estas medidas se entienden como reparatorias o compensatorias del daño causado.

También es posible que el actor sencillamente no determine la cuantía del daño y pida que se reserve esta fijación para la ejecución del fallo o para otro juicio diverso, invocando la facultad que concede el art 173 del Código de Procedimiento Civil. Si bien tradicionalmente se ha entendido que esta facultad sólo rige para las demandas de responsabilidad contractual, la tendencia actual es aplicarla también a los procesos de responsabilidad aquiliana o extracontractual, ya que el texto del precepto sólo se refiere a “indemnización de perjuicios” y esta puede tener por fundamento el incumplimiento de un contrato o un ilícito extracontractual. Pero debe advertirse que en todo caso esta reserva no exime al actor de probar que el hecho del demandado le produjo perjuicios. La existencia del daño es un elemento esencial en la responsabilidad civil. Lo que se puede discutir a posteriori es su tasación o determinación del valor pecuniario que debe alcanzar la indemnización.

Volviendo a la demanda del hijo de Gervasio si ponemos atención a lo declarado podemos ver que cuando señala que sólo está pidiendo una indemnización por un peso, agrega “o lo que el juez dictamine correcto”. Lo más probable, entonces, es que, como suele suceder en las demandas de indemnización de perjuicios, se haya contemplado una frase que tiende a dar libertad al juez ya sea para disminuir o aumentar la estimación hecha en la demanda, todo ello conforme a lo que resulte probado, sin que se le impute haber incurrido en ultra petita. De esta manera, las demandas suelen decir en la parte petitoria que se “Ruega a US. condenar al demandado a indemnizar los perjuicios por tanto, o a la cantidad que US. tenga a bien determinar en su sentencia”. En tal caso, en realidad lo que se está pidiendo es la indemnización que ascienda a los perjuicios que han logrado acreditarse en el probatorio del juicio. Si se trata de daño moral, aunque la jurisprudencia a veces entiende que este daño no requiere prueba como cuando se trata del dolor por la muerte de un ser querido, pensamos que debe rendirse prueba ya sea mediante informe pericial psicológico, testigos, confesión o, finalmente, por presunciones judiciales fundadas en hechos probados o no discutidos en el proceso.

Es cierto que normalmente la frase pretende darle facultades al juez para conceder una indemnización menor a la solicitada, pero no vemos por qué no podría aplicarse en caso de que se prueben perjuicios por un monto superior al solicitado inicialmente. De este modo, si se demanda por un peso pero se agrega que se está a lo que el juez en su prudencia determine, lo que se está solicitando que el juzgador pueda fijar una indemnización de perjuicios real cuya valoración surja de las probanzas aportadas en el pleito.

Indemnizaciones en juicio contra Pilar Pérez

23 enero, 2011

Aunque no se conocen aún los montos, el tribunal que juzgó el caso contra de Pilar Pérez y José Ruz hizo lugar a las demandas civiles de indemnización de perjuicios interpuestas por los padres del joven Diego Schmidt-Hebbel, Belén Molina, Agustín Molina, Gloria Pérez, Aurelia López, Juan José Zamorano y Rocío Zamorano. Estas indemnizaciones se otorgarán en la calidad de víctimas por repercusión, que sufren por la pérdida de seres queridos que han sido las víctimas directas de los delitos. Llama la atención que se otorgue la calidad de víctima indirecta a la polola del muchacho asesinado, reconociéndose un interés legítimo en una relación afectiva no constituida por matrimonio ni parentesco. Suponemos, igualmente, que el monto sustancial de las indemnizaciones, sino su total, estará destinado a reparar el daño moral: los perjuicios no patrimoniales sufridos por los demandantes.

La cuantía reclamada es altísima. A este respecto surgen dudas sobre la finalidad que cumplirán estas indemnizaciones. Uno de los principales demandantes, ha dicho que no se pretende lucrar con las indemnizaciones y que su objetivo es privar a Pilar Pérez de sus bienes para así impedirle seguir delinquiendo.

Por comprensibles que sean el dolor y los temores de las víctimas, debe recordarse que, en nuestro derecho, la responsabilidad civil tiene una función netamente resarcitoria. Sólo en el common law existen los daños punitivos que se imponen como sanción por la gravedad o malicia del ilícito. En nuestro sistema la indemnización se dirige a reparar o atenuar el perjuicio causado. Nunca puede ser superior a la cuantía del daño, aunque esta pueda ser a veces difícil de determinar y dependa de la prudencia de los juzgadores.

Si se aplicaran en el sentido propuesto, las indemnizaciones se transformarían en una segunda pena añadida a las privativas de libertad que se impondrán a Pilar Pérez. Se violaría, así, la prohibición de doble incriminación (non bis in idem) que impide que un mismo delito sea castigado dos veces. Por otro lado, una indemnización que persiga dejar sin patrimonio al autor del daño se transforma en algo semejante a una confiscación de bienes, la que no puede imponerse ni siquiera como pena a un delito (art. 19 Nº 7, letra g, de la Constitución).

Si se sostiene que no se trata de los mismos delitos sino de prevenir futuros ilícitos que podría cometer la inculpada, se incurre en algo peor: considerar que no deben penarse los hechos cometidos sino la personalidad de ciertos individuos. Se cae así en el llamado “derecho penal de autor”, que contradice los valores democráticos y los derechos fundamentales de las personas.

Otra idea que suele introducir elementos punitivos en la resolución judicial de las acciones civiles por responsabilidad derivada de delito, es que la cuantía de la indemnización por daño moral debe estimarse tomando en cuenta la gravedad de la culpa del autor, de modo que si se hubo especial malicia o imprudencia en la comisión del ilicíto se incrementa el monto de la indemnización. La doctrina civil ha sido unánime en reprobar esta tendencia de cierta jurisprudencia. Es necesario insistir en que lo relevante no es la culpa del agente, sino la entidad y naturaleza del daño. En esto la condena penal se diferencia sustancialmente de la civil: las penas del delito se modulan según la magnitud de la culpabilidad; las indemnizaciones civiles según el perjuicio causado. Ni más ni menos; ni menos, ni más.