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Femicidio frustrado, dolo eventual y responsabilidad civil

16 julio, 2017

Una encendida polémica suscitó la sentencia de la Corte Suprema que, por mayoría de 4 votos contra uno, resolvió anular el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique que había condenado a Mauricio Ortega, el victimario de Nabila Rifo, por femicidio frustrado y lesiones graves gravísimas, y recalificó el primero cambiándolo por lesiones simplemente graves, lo que significó reducir la pena de 26 años de presidio a una cercana a los 18 años.

Para comprender la diferencia de criterio, hay que partir de los hechos tal como fueron establecidos por el Tribunal Oral en lo Penal. En lo pertinente, el fallo señala: “En la madrugada del día 14 de mayo de 2016, Mauricio Orlando Ortega Ruiz se encontraba al interior de su domicilio […] en compañía de un grupo de personas entre las que se encontraba su conviviente doña N.M.R.R. con quien tiene dos hijos en común […]. Debido a la ingesta alcohólica, se inició una discusión entre ambos donde el imputado se descontroló, la insultó, amenazó y agredió, lo que provocó que alrededor de las 06,00 horas la víctima N.M.R.R. huya del lugar por calle Lautaro hacia el oriente siendo seguida por el imputado Mauricio Orlando Ortega Ruiz, quien luego de cruzar calle Monreal le dio alcance procediendo a golpearla en reiteradas oportunidades en la cabeza con dos trozos de concreto que portaba en sus manos causándole lesiones consistentes en fractura occipital derecha, fractura de macizo facial en arco cigomático y piso órbita derecha; trauma auricular derecho que requirió cirugía de reconstrucción; y lesiones contuso cortantes en cabeza, rostro y extremidades, que le provocaron compromiso de conciencia shock hipovolémico y riesgo vital, para acto seguido, retirarse del lugar y volver casi inmediatamente sobre la víctima, procediendo a introducir un elemento punzante en sus ojos y remover ambos globos oculares cortando el nervio óptico y causando la enucleación total bilateral que provocó en la víctima la pérdida total e irreversible de la vista” (cons. 6º).

La Corte, en esto adhiriendo al criterio del fallo de instancia, niega que se trate de un solo hecho y afirma que existen dos hechos punibles: golpes con trozos de concreto en la cabeza, en primer lugar, y luego, extracción de los globos oculares con un objeto punzante. Pero la Corte estima que el fallo comete un error de derecho al calificar el primer hecho como femicidio frustrado, sin argumentar las razones por las cuales se estima que el agresor habría actuado con dolo directo. Según la Corte ese dolo es necesario para configurar una tentativa o un delito frustrado. El dolo directo según la Corte, siguiendo ahora al voto disidente del fallo de instancia, no parece verosímil con el hecho de que el autor haya regresado al mismo lugar y, en vez de asegurarse de obtener el fallecimiento de la víctima supuestamente buscado, la agrede nuevamente pero esta vez con dolo de lesionar y no de matar, al sacarle los ojos (Ver texto de sentencia).

Como se ve, uno de los presupuestos de la sentencia es la distinción entre dolo directo y dolo eventual. La diferencia entre ambos conceptos básicamente es que el dolo directo supone la intención de lograr el resultado injusto (el autor quiere matar a la víctima), mientras que en el dolo eventual el autor no tiene la intención de lograr el resultado injusto pero se lo representa como posible y acepta su producción (el autor no quiere matar a la víctima sino sólo golpearla, pero tiene en cuenta que podría fallecer a raíz de los golpes y lo acepta para el caso de que eventualmente ocurra). La Corte, reafirmando su propia jurisprudencia, y adhiriendo a la opinión predominante de la doctrina penal (Labatut, Etcheberry, Cury), sostiene que el dolo del delito frustrado debe ser el mismo dolo exigido para la tentativa, la que supone la voluntad dirigida a alcanzar la comisión total y plena del tipo penal, es decir, el dolo directo. En consecuencia, para que se configure una tentativa o un delito frustrado sería necesario que se acredite dolo directo.

No discutiremos aquí este problema propio de la dogmática penal, pero sí nos interesa comentar la relevancia que pudiera tener la división entre dolo directo y dolo eventual para la responsabilidad civil. En principio, se podría afirmar que dicha distinción es irrelevante ya que la obligación de reparar el daño surge de la misma manera tanto si el autor actuó con dolo o con culpa. Sin embargo, debe recordarse que tratándose de responsabilidad por incumplimiento contractual el incumplimiento doloso hace responsable al autor de todos los perjuicios que se deriven directamente de ese incumplimiento, aunque hayan sido imprevisibles a la época del contrato (art. 1558 Código Civil). Además, algunos autores chilenos (Enrique Barros, Cristián Banfi) son partidarios de aplicar ese mismo criterio al autor de un ilícito extracontractual doloso, de manera que éste debería responder por todos los daños, incluidos los imprevisibles. No estamos de acuerdo con este planteamiento porque significa otorgarle a la responsabilidad civil una finalidad punitiva más allá de la reparación del daño. En todo caso, es cierto que puede hacerse una distinción en lo referido a terceros que reciben provecho del ilícito ajeno, para el cual el art. 2316 exige que se haya cometido con dolo.

En estos casos, y en otros por una utilidad conceptual o didáctica, es necesario distinguir el dolo de la culpa. Tradicionalmente, se ha impuesto la opinión de Arturo Alessandri, quien sobre la base de la definición del art. 44 inc. 6º del Código Civil, –“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”–, sostiene que sólo la intención de causar el daño configura el dolo exigido por la responsabilidad civil. Se habla entonces de que para acreditar un comportamiento doloso es necesario probar un “animus nocendi” (ánimo de dañar), ya que, según la norma recién citada, debería probarse que existe una intención “positiva” de inferir “injuria” (daño injusto) a la persona o propiedad de otra persona. Con ello, tendríamos que en Derecho Civil no sólo se exigiría un dolo directo, sino un dolo directo específico: la intención de producir el daño.

En la doctrina civil más moderna, en cambio, se advierte que los casos en los que el agente busca sólo dañar civilmente a la víctima son poquísimos y más bien manifestaciones de algún rasgo patológico. Normalmente, quien causa daño lo hace con el propósito de obtener un beneficio o ganancia propia. No es necesario, por tanto, acreditar un ánimo de dañar, basta el conocimiento de que su actuar producirá un daño, aun cuando el autor no tenga un deseo especial de causarlo e incluso aunque internamente hubiera preferido no causarlo. Cuando el art. 44 inc. 6º del Código Civil habla de que la intención de inferir injuria (daño injusto) sea positiva sólo alude a la necesidad de que dicha intención se pruebe fehacientemente en el juicio. Debe tenerse en cuenta que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, positivo no significa “directo”, sino “Cierto, efectivo, verdadero y que no ofrece duda”.

¿El dolo eventual es también dolo civil? De acuerdo a este concepto amplio de dolo civil se debe considerar que incurre en dolo tanto a aquel que actúa con la intención de producir el resultado lesivo, como también a quien busca otro resultado pero se representa la posibilidad de que se ocasione un daño y lo acepta para el caso de que así suceda. No obstante, si no se aceptara que el dolo eventual fuera dolo civil, la conducta de quien actúa de esa manera constituiría culpa lata o grave

Falsos exonerados

28 agosto, 2016

A muchos disgustó que la Corte Suprema por sentencia de 23 de agosto de 2016 (ver texto de sentencia) declarara que debía absolverse a una persona que, aduciendo falsamente la calidad de exonerada política, había obtenido una pensión. La razón: el delito imputado, sancionado como una forma de fraude en el art. 470 Nº 8 del Código Penal, se encontraría prescrito por haber transcurrido el plazo legal contado desde la fecha en que se le otorgó el beneficio (2 de noviembre de 2006).

La Corte desechó de esta manera el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la sentencia de segunda instancia que había asumido el mismo criterio. El Consejo alegaba que el delito no se encontraba prescrito ya que seguía cometiéndose de manera continuada cada vez que la acusada recibía la pensión que incrementaba su patrimonio y disminuía el de la víctima del delito: el Fisco.

El mayor escándalo se produce, más allá de la discusión sobre cuando se consuma el delito, porque pareciera que de esta manera se sanea el otorgamiento de una pensión obtenida con fraude, de modo que los falsos exonerados, aunque se compruebe su dolo, podrían seguir gozando de dicho beneficio. Esto claramente es inaceptable y confunde las funciones del Derecho Penal con las del Derecho Civil. Que no exista sanción penal no quiere decir que el acto jurídico por el cual se consiguió la pensión no pueda ser declarado nulo, y por tanto privarlo de sus efectos.

La nulidad de la resolución administrativa que concedió la pensión podría haber sido declarada por la misma Administración Pública invocando las facultades de invalidación de sus propios actos que le concede el art. 53 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, ley Nº 19.880, de 2003. Pero esta facultad tiene una limitación que dificultará su aplicación a estos casos: ella sólo puede ejercerse dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto (art. 53 inc. 1º).

Pero nada impide que el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco, deduzca una demanda de nulidad del acto jurídico por el cual se concedió indebidamente la pensión. No nos parece necesario recurrir a la teoría de la nulidad de derecho público que tiene tan débil sustento normativo. Bastará con que se deduzca una acción de nulidad civil.

Procedería, en principio, la nulidad por vicio del consentimiento, ya que es evidente que la Administración fue engañada para emitir su declaración de voluntad. Estaremos frente al dolo como vicio del consentimiento. Como se trata de un acto unilateral será suficiente con que el dolo sea principal o determinante, sin que sea aplicable el requisito de que provenga de la otra parte, que sólo rige para los actos jurídicos bilaterales (cfr. art. 1458 CC). Sin duda estamos ante una conducta dolosa que ha sido determinante para que la Administración emitiera el acto jurídico por el cual se concedió la pensión, ya que de haber sabido que la beneficiaria no cumplía los requisitos establecidos en la ley no lo habría ejecutado.

El problema de la alegación de dolo es que sólo da derecho a solicitar la nulidad relativa y esta acción prescribe en cuatro años desde la fecha del acto, conforme con el art. 1691 del Código Civil. Como la resolución administrativa es del año 2006, la beneficiaria podría oponer la prescripción de la acción.

Dejando de lado el vicio de dolo hay que tener en cuenta que, además, estamos ante un acto jurídico obtenido por medio de un fraude que incluso está tipificado penalmente, de modo que bien puede sostenerse que se trata de un acto nulo de nulidad absoluta por las causales de objeto y causa ilícitos. Hay objeto ilícito por cuanto se trata de un acto que contraviene el derecho público chileno (art. 1462 CC), al vulnerarse de una manera flagrante las disposciciones de la ley Nº 19.234, de 1993, sobre beneficios previsionales para personas exoneradas por motivos políticos. Del mismo modo, puede señalarse que concurre la causal de causa ilícita ya que el fin del acto está prohibido por la ley o es contrario al orden público (art. 1467 CC).

La acción de nulidad absoluta tiene también un plazo de prescripción, pero es de diez años (art. 1683 CC). Como la resolución administrativa que concedió la pensión es de 2 de noviembre de 2006, el Consejo de Defensa del Estado puede interponer la acción hasta el 2 de noviembre de 2016. Esto si se cuenta el plazo de prescripción desde la fecha del acto, pero a nuestro juicio no es posible que se sanee un acto que sigue produciendo efectos contrarios al ordenamiento jurídico más allá de ese lapso. Así, por ejemplo, nadie aceptaría que un pacto sobre sucesión futura, pasados diez años, pasara a ser válido y eficaz, a pesar de que sea un caso tradicional de objeto ilícito que da lugar a la nulidad absoluta (art. 1463 CC). Lo mismo puede decirse de contratos de adhesión que contienen cláusulas abusivas y que han tenido una vigencia superior al plazo de prescripción de la acción invalidatoria. No por ello las cláusulas abusivas pasan a ser legítimas sin que pueda pedirse su nulidad.

Por ello, pensamos que en el caso que comentamos la acción para pedir la nulidad no prescribe mientras se mantenga vigente la causa y el objeto ilícito. Otra forma de llegar a la misma conclusión, sería que el Estado se negara de hecho a pagar la pensión y que, ante la demanda de la beneficiaria, oponga la excepción de nulidad, excepción que según la opinión mayoritaria no se extingue por el paso del tiempo.

Una vez declarada la nulidad proceden las restituciones mutuas previstas en los arts. 1687 y siguientes del Código Civil. De esta manera, la beneficiaria deberá restituir a las arcas fiscales lo indebidamente percibido y, además, será considerada poseedora de mala fe, por lo que deberá pagar intereses corrientes, al aplicarse por analogía lo que se dispone respecto del pago de lo no debido cuando quien lo recibe está de mala fe, según lo indica el art. 2300 inc. 2º del Código Civil.

Todo esto se hubiera evitado si el Consejo de Defensa del Estado hubiera ejercido la acción civil de nulidad junto con la acción penal. Cierto es que por las fechas de comisión de los delitos era aplicable el antiguo Código de Procedimiento Penal, pero conforme al art. 10 de ese Código era perfectamente posible intentar ante el juez penal las acciones civiles que tuvieran por objeto “reparar los efectos civiles del hecho punible” (art. 10 CPP), y entre ellas cabe entender incluida la acción civil de nulidad del acto jurídico que fue el resultado del delito imputado.

Este organismo podría reparar la omisión, demandando cuanto antes la nulidad de las resoluciones administrativas que concedieron pensiones a quienes aparentaron fraudulentamente haber padecido una exoneración por motivo políticos.

“Manos al fuego”: la fidelidad puesta a prueba

31 agosto, 2014

Chilevisión ha puesto en pantalla el programa “Manos al fuego”, que se supone es una especie de docurreality que busca comprobar hasta dónde resiste la tentación una persona que es falsamente seducido por una actriz o actor para que sea infiel a la relación sentimental que la une con su polola o polola.

El programa se basa en el método de cámaras ocultas y cuenta con la complicidad remunerada del miembro de la pareja que desea probar la fidelidad de su enamorado o enamorada. Se le van dando premios en dinero si la víctima de la puesta en escena resiste las diversas insinuaciones amorosas que le hace el actor o actriz que se hace pasar por alguien que se siente intensamente atraído por ella. Como generalmente el acosado o acosada en algo cede, antes de que se concrete algún acto físico se hace irrumpir a la supuesta ofendida quien le enrostra su culpabilidad, todo ello frente a las cámaras.

No siempre la cosa resulta como los productores del programa hubieran querido. Esta semana se supo que un joven profesional interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando que se prohíba al Canal de Televisión exhibir las imágenes captadas cuando su novia aceptó participar en el programa, y para ello le pidió que pasara a buscar su celular a un hostal. Allí lo esperaba una actriz, especialmente atractiva, que se hizo pasar por una mujer que atravesaba momentos difíciles y se le insinuó abiertamente. Todo ello era grabado, sin que lo supiera, y mientras su polola junto a los conductores del programa observaban las imágenes en un lugar vecino. El profesional pudo resistir esos embates, pero incurrió en una mentira cuando negó que estaba pololeando. Su polola irrumpió en el lugar del acoso y lo increpó, todo ello delante de las cámaras. Al darse cuenta de la trampa en la que había caído el joven rechazó dar su consentimiento a la transmisión del programa. El canal comenzó a llamar a la polola que había recibido $ 200.000 por participar para obtener que consiguiera la autorización. Ella, después de perdonar el error de su pololo, se puso de su parte y manifestó su negativa a que el programa transmitiera las imágenes obtenidas y restituyó el dinero (Ver nota en biobiochile.cl).

El recurso de protección invoca que el canal incurrió en un acto ilegal y arbitrario que lesionó el derecho a la honra del profesional filmado. Chilevisión al informar el recurso explica que a todos los participantes se les pide que cedan sus derechos de imagen y autoricen la transmisión del programa, por lo que en este caso, al no haberse conseguido la autorización de los interesados, las imágenes captadas no serían emitidas.

Veremos lo que resuelve la Corte de Apelaciones; es posible que rechace el recurso si confía en la promesa del canal recurrido de que no exhibirá las imágenes no autorizadas. Pero el suceso debería hacer pensar a los responsables de este tipo de programas. En primer lugar, porque sus organizadores están incurriendo en una conducta ilícita e incluso sancionable penalmente. No basta con la intención de obtener la autorización de la víctima del montaje para exhibir las imágenes captabas subrepticiamente. El solo hecho de filmar a alguien en un espacio o situación que él entiende como privada lesiona su derecho a la vida privada, incluso aunque resista estoicamente los embates de la persona que pretende seducirlo. El art. 161-A del Código Penal sanciona con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales al que sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, grabe, filme o fotografie imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público.

Sin perjuicio de las implicancias penales de la utilización de cámaras ocultas, cabe preguntarse si la víctima de un montaje de este tipo podría ejercer exitosamente una acción de responsabilidad civil pidiendo indemnización de los daños no patrimoniales causados, entre los cuales podría estar la ruptura de su relación amorosa con la persona a la cual le fue infiel por causa de la tentación excesiva a la que fue artificialmente expuesto.

En primer lugar, habría que aclarar que la demanda podría interponerse únicamente contra el canal de televisión, sin que sea necesario que la víctima demande también a su pareja. Es cierto que habría coautoría en la conducta de montar un escenario para “probar” la fidelidad, pero se aplicaría la responsabilidad solidaria prevista por el art. 2317 del Código Civil. De este modo, el canal de televisión, siendo uno de los autores del hecho ilícito, podrá ser demandado por el total de los perjuicios causados.

Enseguida, debe acreditarse que hay un delito o cuasidelito y una relación de causalidad entre éste y los daños padecidos por la víctima.

Nos parece que se trata de un delito civil puesto que la conducta ha sido realizada con la intención positiva de inferir injuria (art. 44 del Código Civil). Hemos de destacar que la expresión “injuria” tiene en este precepto el significado de algo contrario a Derecho (iniura). El canal de televisión monta todo el escenario consciente de que está atentando contra el derecho a la vida privada de la persona que es engañada y sorprendida por el montaje destinado a probar su lealtad amorosa. Hay, por tanto, dolo, y no mera negligencia o culpa.

Tal vez la cuestión más compleja es la de la relación de causalidad, sobre todo si se descarta la teoría de la equivalencia de las condiciones o de la conditio sine qua non. Si se aplicara esta última concepción, sin duda habría causalidad ya que es fácil sostener que suprimiendo mentalmente las seducciones inducidas por el actor o actriz, la infidelidad no se habría producido. Si aplicamos la teoría, hoy más aceptada, de la limputación objetiva también podríamos llegar a la misma conclusión. En efecto, uno de los criterios de la doctrina de la imputación objetiva es el llamado “incremento del riesgo general de la vida” que permite afirmar la causalidad cuando la conducta del agente ha elevado los riesgos de sufrir daños más allá de los estándares de aceptación normal de los riegos que implica ordinariamente la convivencia humana. Es evidente que cuando se pone a la víctima en una situación montada específicamente para intentar que cometa infidelidad se están incrementado de manera relevante los riesgos de incumplir los deberes sentimentales para con la polola o el pololo.

Cierto es que los daños se deben también en parte a la culpa de la propia víctima que sucumbió a las seducciones provocadas por el programa, pero estamos ante una culpa que contribuye al resultado y no es exclusiva o excluyente de la conducta dolosa del canal de televisión. Por ello, el juez, conforme a lo dispuesto al art. 2330 del Código Civil, podrá reducir el monto de la indemnización pero no descartarla del todo.

Al igual que en otros programas de televisión que utilizan el deleznable método de las cámaras ocultas, con el que comentamos son los ejecutivos y sus empresas los que pueden terminar quemándose las manos.

Adulterio y responsabilidad civil

24 junio, 2012

No habíamos tenido oportunidad de conocer la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 10 de noviembre de 2009 en la cual se aborda el problema de la responsabilidad civil por incumplimiento de deberes matrimoniales. En el caso, se demandó indemnización por daño moral derivado de la infidelidad de uno de los cónyuges en contra del otro, concretamente por haber incurrido en adulterio (Ver texto sentencia).

La Corte deniega la demanda básicamente por tres argumentos: 1º) los deberes matrimoniales son extrapatrimoniales y tienen un contenido ético que trasciende lo jurídico; 2º) el legislador, a la época en que ocurrieron los hechos y también hoy, establece sanciones específicas para la infracción de los deberes conyugales y específicamente por la grave conducta del adulterio; y 3º) resulta inviable aplicar el estatuto de la responsabilidad extracontractual ya que no puede calificarse el adulterio como delito o cuasidelito civil ya que no es posible decir que se es infiel con dolo o por culpa. Su sentencia quedó ejecutariada, al ser rechazada la casación por la Corte Suprema por sentencia de 13 de junio de 2012, que estimó que el recurrente estaba impugnando los hechos sin denunciar una infracción de las leyes reguladoras de la prueba (Ver sentencia)

La Corte ha asumido una de las posturas que se han gestado en el derecho comparado para negar que el incumplimiento de deberes familiares (conyugales o parentales) pueda producir daños reparables por medio de la aplicación del instrumento de la responsabilidad civil. No ha aducido, sin embargo, el principal de los argumentos que se invoca para excluir a la familia del Derecho de daños, y que es su autonomía en cuanto relación interpersonal singularísima, basada en la confianza y en la aceptación y tolerancia de las conductas menos diligentes o cuidadosas.

La sentencia tampoco ha tenido en cuenta que esta doctrina, al menos en los países de tradición de Código Civil, se encuentra en retirada, cuando no ha sido plenamente rechazada.

Por cierto, se da por sentado que es posible pedir indemnización por responsabilidad civil por hechos que serían delitos o cuasidelitos civiles, prescindiendo de la relación conyugal o familiar que los liga. Así, por ejemplo, un acto de violencia intrafamiliar que causa daño corporal o psicológico puede hacer surgir responsabilidad civil, sin que pueda alegarse que se trató del incumplimiento de un deber de protección de carácter familiar.

La cuestión reside en aquellas conductas que serían permitidas o lícitas si no existiera el vínculo conyugal o familiar. Aquí cae el adulterio: mantener relaciones sexuales con alguien sólo pasa a ser jurídicamente reprochable si los involucrados estaban obligados a abstenerse de ellas por estar casados con otro u otra.

Es en estos casos donde puede suscitarse controversia sobre las pretensiones indemnizatorias sobre todo por daños no patrimoniales. La supuesta inmunidad familiar puede servir para exigir un parámetro más alto de cuidado pero no para tolerar toda conducta ilícita. De este modo, no se sustraen completamente las relaciones de familia del principio general de no causar daño a otro injustamente, pero el estatuto de la responsabilidad se adapta a las particularidades de este tipo de relaciones humanas. Así, parece razonable exigir que se trate de dolo o culpa lata y propiciar que, en cambio, deban tolerarse los daños derivados de culpa leve o levísima.

La raigambre ética o no patrimonial de los derechos familiares no puede ser un obstáculo para pedir reparación del daño. Es claro, e incluso la sentencia que comentamos no lo niega, que son a la vez derechos y deberes plenamente jurídicos, aunque tengan singularidades en su forma de ejecución. Por otro lado, no es cierto que sólo la lesión de derechos patrimoniales dé lugar a la responsabilidad civil, como lo prueba la aceptación común de la reclamación de daños por lesiones a la honra, la vida privada, la imagen y otros derechos de la personalidad.

El que haya otras sanciones previstas para el adulterio no significa que no se pueda pedir reparación de los daños causados. La responsabilidad civil no opera como sanción, no tiene fines punitivos, sino como un instrumento de justicia correctiva o restauradora.

Finalmente, es claro que quien comete adulterio lo hace con dolo, pues hay una intención positiva de inferir injuria (injusticia) a la persona de otro (art. 44 Código Civil). Para que haya dolo civil no es necesario que no exista otro propósito que dañar a la persona. Normalmente quien actúa dolosamente busca un interés propio más que perjudicar al tercero, pero lo hace a sabiendas de que ese daño se producirá.

No concordamos, pues, ni con la decisión ni con los fundamentos de la Corte y esperamos que en el futuro los jueces sean más sensibles a las exigencias de reparar los daños causados también por incumplimientos dolosos o gravemente culposos de los deberes que imponen el matrimonio o la filiación.