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“Yo lo compré y lo puse a nombre de mis hijas”

26 marzo, 2017

La declaración ante la prensa de la Presidenta Bachelet sobre la parcela de media hectárea comprada por una de sus hijas en una zona cercana al proyecto minero Dominga, sorprendió a la opinión pública el pasado lunes 20 de marzo de 2017. La indignación de la Presidenta se debió a que el diario La Tercera publicó el domingo que su hija menor, a la sazón de 21 años, compró un terreno eriazo en la comuna de La Higuera, IV Región, de 5.000 metros cuadrados, por escritura pública de 24 de marzo de 2014, la que fue inscrita a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena el 9 de junio del mismo año. La vendedora fue la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon, quien entre 2013 y 2014 había adquirido 12 lotes de media hectárea en el mismo lugar. El precio que aparece en la escritura, pagado al contado, fue de 6 millones quinientos mil pesos.

La reacción indignada de la Presidenta se debió a que se trató de ver en este hecho una de las causas por las cuales fue rechazado el proyecto Dominga. Por nuestra parte, lo que nos sorprendió fue ver a la Mandataria contar llanamente algo que, en principio, puede ser considerado irregular. Ello revela que la práctica de comprar un bien inmueble para “ponerlo a nombre” de un pariente está asumida como normal en nuestro país, lo que por cierto habla mal de nuestras instituciones jurídicas.

Convendría detenerse en el análisis de la figura desde el punto de vista del Derecho Civil, aunque sólo podemos hacerlo con los datos que nos proporcionan los medios que recogieron las declaraciones de la Presidenta. Un punto que resulta oscuro es por qué ella a veces habla de “sus hijas”, en plural, cuando la única que aparece en la escritura como compradora es una de ellas, su hija menor. Nos atendremos a este dato objetivo, ya que no conocemos la razón por la cual la Presidenta se refiere en ocasiones a sus hijas en general. Con esta prevención, los hechos podrían reconstruirse como sigue: la nuera de la Presidenta compró 12 lotes de media hectárea con fines recreativos. La Presidenta pensó en comprar uno de los lotes “pensando en algo familiar para el futuro” y para dejarle algo a su hija para tener un lugar cerca de sus nietos. Ella pagó los 6 millones quinientos mil, pero en la escritura de compraventa compareció como compradora su hija menor, y la propiedad fue inscrita a nombre de ésta.

Podemos descartar que estemos ante un contrato de persona por nombrar o una estipulación en favor de tercero, porque no fue la Presidenta la que compareció en la compraventa reservándose la facultad para nombrar a una persona que la sustituyera en su posición de compradora o directamente diciendo que compraba el terreno a favor de su hija menor.

Podría pensarse que estamos ante una simulación parcial en el sentido de que la compraventa fue en realidad celebrada con la Presidenta (la que pagó el precio), de modo que la comparecencia de su hija era meramente aparente. Pero no fue esa la intención de las partes, ya que la Presidenta dice que pagó el precio pero para que su hija quedara definitivamente como propietaria del inmueble.

De esta manera parece que lo que ocurrió en el caso, como en otros que son frecuentes en la práctica, es sencillamente que la hija compró el terreno a su cuñada, pero su obligación de pagar el precio fue cumplida por su madre. Con ello no se estaría más que aplicando la regla del art. 1572 del Código Civil que dispone que puede pagar por el deudor cualquiera persona, incluso sin su conocimiento o contra su voluntad. Hemos de entender que en el caso el pago se hizo al menos con conocimiento de la deudora (la hija compradora), por lo que la Presidenta tendría derecho a subrogarse en el crédito de la vendedora para que su hija le reembolse los 6 millones y medio que pagó por ella, conforme a lo previsto en el art. 1610 Nº 5 del Código Civil. La hija compradora sería deudora de la Presidenta, pero es más que claro, por las declaraciones de esta última, que no tiene ni tuvo intención alguna de pedir a su hija el reembolso de lo pagado. Concluimos que, junto con pagar, la Presidenta condonó la deuda contraída por su hija.

Ahora bien, esta remisión de deuda debe ser considerada una donación, según lo que señalan expresamente los arts. 1653 y 1397 del Código Civil. Siendo una donación está sujeta a insinuación (lo dice expresamente el art. 1653 del Código Civil) y al pago del impuesto de la ley Nº 16.271.

Claramente la insinuación es exigida, ya que el monto excede la cantidad que ridículamente, por falta de actualización, establece el art. 1401 del referido Código: dos centavos. Siguiendo esta norma, en todo lo que exceda a esa ínfima cantidad la donación es nula. Hay consenso de que se trata de una nulidad absoluta, por lo que debe ser declarada judicialmente a petición de alguien que tenga interés en ella (art. 1683 del Código Civil). En el caso no parece haber interesados en pedir la nulidad, de modo que la omisión de la insinuación no tendría mayor relevancia práctica.

Respecto del impuesto, el art. 2 de la ley Nº 16.271 señala que las donaciones que se efectúen al cónyuge y a cada ascendiente o a cada hijo estarán exentas de este impuesto en la parte que no excedan de cinco unidades tributarias anuales. Habría que ver entonces si al tiempo de la donación, esto es, en marzo de 2014, se excedió o no dicha cantidad. Según la página web del Servicio de Impuesto Internos, la UTA en 2014 fue de $ 518.376; la cantidad exenta entonces alcanzaba en ese tiempo a los $ 2.591.880. Esa cantidad debe descontarse entonces del monto donado (6.500.000), con lo que el impuesto debería computarse sobre $ 3.908.120, con la tasa dispuesta en el art. 2 de la ley Nº 16.271.

Surge la duda de si es posible estimar que esta obligación haya prescrito, por aplicación de los arts. 50 de la ley Nº 16.271 y 200 del Código Tributario, pero preferimos dejar el esclarecimiento de esta cuestión a los expertos en Derecho Tributario. En todo caso, la obligación de pagar el impuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 de la ley Nº 16.271, recae en el caso de las donaciones en el donatario, lo que en nuestro caso significaría que quien debería declarar y pagar el eventual impuesto debería ser la hija de la Presidenta, beneficiaria de la liberalidad.

El Supertanker y la estipulación a favor de tercero

29 enero, 2017

En esta semana en la que los incendios han hecho estragos en gran parte del centro y sur del país, un episodio curioso llamó la atención de la opinión pública originando polémica. Una chilena, Lucy Ana Avilés, casada con un estadounidense de la familia Walton dueña de la cadena de supermercados Walmart, ofreció a las autoridades un avión especializado en el combate de incendios forestales: el Supertanker, un boeing 747-400, de la empresa Global SuperTanker Services, LLC, con sede en Colorado. Después de un criticado rechazo, la Corporación Nacional Forestal, Conaf, aceptó el arribo al país del avión. Con gran expectación la enorme aeronave, capaz de transportar 72.000 litros de agua, se posó en la pista del Aeropuerto Merino Benítez en las primeras horas del miércoles 25 de enero, y rápidamente comenzó a operar.

Los medios hablaron de que se trataba de una donación, de la donación de un avión, de la donación de los servicios del avión. Luego se fueron entregando antecedentes que aclararon un poco más la gestión. Lucy Avilés, a través de la fundación Vientos del Sur, con domicilio en Chile, y constituida por ella para fines filantrópicos, contrató a la empresa propietaria del avión para que lo pusiera a disposición de los organismos públicos chilenos, haciéndose cargo del costo de estos servicios, hasta el monto de 2 millones de dólares, lo que daría para su funcionamiento por unos 5 o 6 días.

Con estos datos, uno podría conjeturar que estamos frente a una hipótesis de una estipulación a favor de otro que, contrariando los precedentes romanos (alteri stipulari nemo potest), nuestro codificador aceptó ampliamente en el art. 1449 del Código Civil. Según esta norma, “cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él”. El inciso segundo aclara que “Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato”.

En principio, se trata de un contrato entre dos personas: el estipulante y el promitente, pero que, contra la regla del efecto relativo del acuerdo contractual, va conferir un derecho a un tercero que no ha participado en el acuerdo: el “beneficiario”. El estipulante es la persona que, sin tener la representación del beneficiario, conviene con el promitente para que éste se obligue a favor de aquél. El promitente es quien se compromete a atribuir ese derecho, no para su contraparte (el estipulante), sino para con el tercero beneficiario. Para que la figura se consolide es necesaria la aceptación expresa o tácita de este último.

Contra lo que puede parecer, la estipulación a favor de terceros tiene frecuente aplicación. El seguro de vida ha sido siempre aludido como uno de los ejemplos clásicos: aquí el tomador del seguro es el estipulante mientras la aseguradora es la promitente. La convención en esencia señala que para el caso de la muerte del tomador la indemnización se pagará a un tercero (el cónyuge, un pariente) designado en el mismo seguro. Obviamente la Compañía de seguros la pagará en virtud de la prima que le paga el asegurado o tomador. También se observa en las compraventas de bienes que hace una persona pero para otra: por ejemplo, el padre compra una casa pero señala en la escritura que lo hace para la hija. Aquí el estipulante, es el padre; el promitente, el vendedor de la casa y la tercera beneficiaria, la hija. ¿Por qué el padre ha comprado la casa a favor de su hija? Puede ser sencillamente por ánimo de liberalidad, gratuitamente, o porque la hija ha quedado de reembolsarle el precio o el padre le debía esos dineros a la hija y de este modo se los tiene por pagados, casos, estos últimos, en los que existe una causa onerosa.

Con estos elementos, podemos volver al ejemplo del Supertanker. En el caso, y según las noticias que se han hecho públicas, la estipulante no ha sido directamente doña Lucy, sino la fundación Vientos del Sur. Otra cosa es cómo la Sra. Avilés transferirá los dos millones de dólares a esa fundación para que pueda pagar los servicios del avión. La promitente es la empresa dueña del avión, Global SuperTanker Services, LLC. ¿Y quién desempeña el papel de tercero beneficiario? Claramente es la persona jurídica de derecho público, Estado de Chile. De esta manera la fundación Vientos del Sur arrienda el avión con la tripulación y el equipamiento necesario para que pueda operar, se compromete a pagar dichos servicios, pero no en beneficio propio sino a favor de un tercero, del cual no tiene la representación: el Estado chileno. El Estado puede aceptar expresa o tácitamente la estipulación que se ha hecho en su favor. En el caso, podemos asegurar que si no ha habido una aceptación expresa de parte de las autoridades que pueden representarlo extrajudicialmente, hay sí una aceptación tácita. Todos los actos realizados para autorizar la llegada de la aeronave al territorio y luego para permitir su operación en contra de los incendios, constituyen actos “que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato” (art. 1449 inc. 2º CC).

¿Esto significa que el Estado de Chile ha aceptado incorporarse como parte del acuerdo contractual entre Vientos del Sur y Global SuperTanker Services, LLC? La cuestión tiene importancia porque si fuera parte podría pedir la resolución del contrato con indemnización de perjuicios en caso de incumplimiento de la promitente. También la promitente podría alegar responsabilidad contractual del Estado en caso de algún incumplimiento en el pago o si el avión sufre algún daño imputable al Estado de Chile.

La doctrina para responder estas interrogantes ha ensayado diversas fórmulas que intentan explicar por qué un tercero puede adquirir un derecho por el acuerdo que hacen dos personas que le son ajenas. Una de ellas, la más simple, es la que considera que el contrato entre estipulante y promitente no es más que una oferta (plurilateral) hacia el tercero, de modo que si éste acepta está aceptando todo el contrato y ha entrado a ser parte de dicho acuerdo. Esta teoría permite salvar el principio del efecto relativo de los contratos, ya que entonces el beneficiario para adquirir el derecho debe ser parte del contrato y dejar de ser un tercero. Sin embargo, la teoría de la oferta ha sido rechazada por la mayor parte de la doctrina justamente porque viene a negar toda virtualidad a la estipulación a favor de otro; si estuviéramos frente a una mera oferta no habría sido necesario establecer expresamente su eficacia. Otras teorías como la de la agencia oficiosa y la de la declaración unilateral de voluntad tampoco han ganado aceptación. Frente a esto se señala que lo que hay aquí es justamente una excepción al efecto relativo del contrato por el cual éste hace surgir directamente un derecho en el patrimonio de un tercero (teoría de la adquisición directa).

Siguiendo esta última teoría, el Estado de Chile habría adquirido el derecho a ocupar el avión desde el mismo momento en que se celebró el contrato entre la fundación Vientos del Sur y Global SuperTanker Services, LLC. La aceptación sólo hace irrevocable dicho contrato y por tanto consolida la adquisición, pero no implica que se incorpore como parte del contrato. Por ello, sólo puede exigir su cumplimiento, pero no su resolución.

Finalmente, digamos que hay algo de razón en que los medios hablen de donación en este caso porque la Fundación estipulante se obliga a financiar el costo de la operación del Supertanker por un acto de mera liberalidad o beneficencia, y sin que espere pedir el reembolso de la suma por parte del Estado. Surge, entonces, el problema de si en estos casos debe calificarse la estipulación en favor de tercero como una donación entre el estipulante (donante) y el beneficiario (donatario). En nuestro caso, entre la Fundación y el Estado. La jurisprudencia en este punto ha sido vacilante: así, mientras la Corte de Apelaciones de Rancagua, por sentencia de 23 de abril de 2012, rol Nº 1177–2011, determinó que si un padre compra un inmueble en favor de algunos de sus hijos no reconocidos, debe considerarse que se trata de una donación sujeta a la acción de inoficiosa donación, por lo que si es excesiva debe restituirse el exceso. En cambio, la Corte Suprema, por sentencia de 27 de abril de 2007, rol Nº N° 2039-05, respecto de una compra de un inmueble que hizo el marido en favor de su mujer juzgó que, al ser estipulación en favor de tercero, no se trataba de una donación y no estaba sujeta a las reglas que regulan la donación entre cónyuges. El fallo, sin embargo, da cuenta de que el Ministro Sergio Muñoz fue del parecer de que, aunque formalmente no había donación, el resultado obtenido era el mismo y por tanto debían aplicarse dichas reglas.

Es cierto que la figura de la estipulación a favor de otro es ajena a la estructura formal de la donación, tal como es definida en el art. 1386 del Código Civil, ya que no hay convención entre estipulante y beneficiario ni tampoco los bienes o derechos adquiridos por el beneficiario han sido transferidos desde el patrimonio del estipulante. No obstante, si beneficiario adquirió el derecho de la estipulación de manera gratuita y por pura liberalidad o beneficencia del estipulante, estaríamos ante una liberalidad entre vivos que, aunque no siendo donación, puede estar sujeta a algunas de las limitaciones o restricciones que se imponen a este tipo de actos. Algunos autores extranjeros ubican este caso –estipulación en favor de tercero a título gratuito– como un supuesto de liberalidad entre vivos que llaman “donación indirecta”.

En cualquier caso, como dejó escrito, el profesor René Ramos el carácter gratuito de la estipulación a favor de tercero, debe ser suficientemente probado, ya que también en estos supuestos debe regir la regla del art. 1393 del Código Civil que señala que la donación no se presume (Ver texto).

De acuerdo a los antecedentes con que contamos, en el caso del Supertanker estaríamos frente a una liberalidad no donativa entre la Fundación estipulante y el Estado de Chile. Esta calificación podrá servir para evitar que se le aplique el impuesto a las donaciones que se regula en la ley Nº 16.271, de 1965, sin tener que recurrir a interpretar los casos de exenciones que se contienen en el art. 18 de la referida ley o en otras leyes que favorecen donaciones con fines sociales. Por último, si se estimara que la liberalidad está sujeta al impuesto a las donaciones, el pago le correspondería al mismo Estado (art. 52 ley 16.271), lo que implicaría un absurdo.

El ministro, la muñeca y el objeto ilícito

18 diciembre, 2016

La noticia de la semana sin duda fue el insólito regalo que el Presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas: Asexma, Roberto Fantuzzi, entregó al Ministro de Economía Luis Felipe Céspedes en la cena anual de la entidad gremial. Se trataba de una muñeca inflable (juguete erótico) que llevaba un cartel que le tapaba la boca y que decía: “para estimular la economía”. La foto con todas las personalidades “premiadas”, todos varones, entre ellos dos precandidatos a la Presidencia de la República, posando jocosamente con la muñeca al centro se hizo viral, y el bochornoso incidente fue unánime repudiado y traspasó nuestras fronteras (Ver nota de prensa).

Sin duda el hecho revela hasta qué punto la cultura del país sigue siendo dominada por prejuicios sexistas que visualizan a la mujer como mero objeto de satisfacción sexual de los varones. Pero esto no se reduce sólo al uso de este tipo de adminículos eróticos, sino en general a toda la industria de la pornografía.

Se entiende, entonces, y habría que revalorizarla, la regla que nuestro Código Civil establece en el art. 1466, según la cual hay un objeto ilícito en la “venta de láminas, pinturas o estatuas obscenas”. Según el Diccionario de la Real Academia Española, obsceno significa “impúdico, torpe, ofensivo al pudor”. Por cierto, se trata de un concepto jurídico abierto que corresponderá determinar concretamente al juez o a la autoridad pública que tenga facultades para fiscalizar en estas materias.

La norma se refiere a “láminas, pinturas o estatuas”. Con la expresión “láminas” se alude a planchas de metal, papel o cualquier otro material de poco grosor en la que se pueden estampar escrituras o dibujos. La palabra “pinturas” alude a representaciones gráficas, y en una interpretación actualizada debiera incluir no sólo obras pictóricas tradicionales, sino además fotografías, videos, películas y todo tipo de reproducción de imágenes por cualquier medio ya sea análogo o digital. Finalmente, la expresión “estatuas” debiera también merecer una interpretación que la ponga a tono con los tiempos y de su significado estricto, que según el Diccionario es “obra de escultura labrada a imitación del natural”, debiera incluir toda suerte de artefacto que no pueda ser calificado ni de lámina ni de pintura. La muñeca inflable estaría dentro de las “estatuas” de carácter obsceno a las que se refiere la disposición legal.

No hay duda de que la compra de la muñeca por parte de los personeros de Asexma podría ser considerado un contrato nulo por objeto ilícito conforme al art. 1466 del Código Civil, salvo que prevalezca alguna norma especial que permita el expendio de este tipo de “juguetes” pornográficos. Pero más vacilaciones puede haber cuando advertimos que el acto por el cual el Ministro recibió la muñeca no fue una venta sino una donación. El art. 1466 señala que hay objeto ilícito en la “venta” de láminas, pinturas o estatuas obscenas. Si nos atenemos a la letra del precepto deberíamos concluir que la sanción sólo se aplicaría al contrato de compraventa, y cuando más a la permuta, que se rige por las reglas de la compraventa o a la promesa de compraventa que exige que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaren ineficaces.

Sin embargo, si recurrimos a la historia del establecimiento de la ley (art. 19 inc. 2º CC), podemos ver que en los primeros proyectos de Bello el precepto se encontraba dentro de la regulación del contrato de compraventa. Así el proyecto del libro de los Contratos y obligaciones convencionales de 1842, contenía la disposición en un art. 14 del título XXII “De la venta”, con el siguiente texto: “Se prohíbe la venta de escritos, láminas, pinturas o estatuas en que se ofenda a las buenas costumbres…”. En el Proyecto de 1853 se mantiene el precepto en sede de compraventa (art. 1984), pero aparece también entre las reglas generales de los actos o declaraciones de voluntad, aunque como un supuesto de causa ilícita (art. 1647). Durante el trabajo de la Comisión revisora se advirtió la duplicación y se eliminó la norma de la regulación de la compraventa y se mantuvo la que se refiere a las reglas generales de los actos y declaraciones de voluntad, sólo que ahora como un supuesto de objeto ilícito. Así se observa en el llamado Proyecto Inédito (art. 1646). Con algunas leves modificaciones la norma adquirió su texto definitivo en el Proyecto presentado al Congreso y aprobado en 1855 (art. 1466).

Puede concluirse, en consecuencia, que si bien la regla fue originalmente pensada sólo para la compraventa, finalmente primó la idea de extenderla a todos los actos y contratos, pero no se corrigió la alusión a la venta insertada dentro del precepto. Parece claro y manifiesto, sin embargo, que la intención del legislador fue que la norma se aplicara no sólo a la compraventa sino a cualquier acto jurídico o contrato, y por tanto también a las donaciones.

A mayor abundamiento, debe señalarse que para las donaciones el art. 1416 del Código Civil hace extensibles todas las reglas sobre interpretación de las asignaciones testamentarias, al derecho de acrecer y a las substituciones, plazos, condiciones y modos relativos a ellas. Por tanto, será objeto ilícito de una donación todo lo que sea objeto ilícito de una asignación testamentaria. La doctrina es unánime en señalar que las asignaciones testamentarias deben tener un objeto lícito, por lo que sería nula la asignación que recayera en un objeto ilícito por ser contrario a la ley o las buenas costumbres. Así se desprende de lo dispuesto para los legados en el art. 1105 del referido Código.

Como se trataría de nulidad absoluta, ni Asexma ni el Ministro Céspedes podrían pedir la nulidad absoluta de la donación, puesto que ambas partes actuaron sabiendo o debiendo conocer el vicio la invalidaba (art. 1683 CC). La nulidad podría ser declarada de oficio por el juez porque aparece de manifiesto en el acto o contrato, o ser solicitada por cualquier otro interesado. Con todo, si se declarara la nulidad, Asexma no tendría derecho a pedir restitución de la muñeca, ya que conforme al art. 1468 del Código Civil no se puede repetir lo que se ha dado o pagado por un objeto ilícito a sabiendas.

¿Cuál será la suerte de la muñeca? Se dice que el Ministro no se llevó consigo su regalo y que éste habría quedado en el escenario donde lo recibió. Si es así podríamos hablar de una renuncia al dominio por abandono, con la cual la muñeca se habría convertido en res derelictae, es decir, una cosa que no pertenece a nadie porque ha sido abandonada por su dueño (art. 624 inc. 3º CC). En tal caso, podría ser objeto del modo de adquirir que denominamos ocupación, y que consiste en la adquisición del dominio de una cosa que no pertenece a nadie por la aprehensión material de ella por parte de una persona con la intención de hacerla suya. Pero recordemos que el art. 606 del Código Civil dispone que la ocupación sólo tiene lugar respecto de cosas “cuya adquisición no es prohibida por las leyes chilenas o por el Derecho Internacional”. Podría sostenerse que este tipo de cosas, como material pornográfico, no sólo es incomerciable sino también inapropiable.

Por cierto, si la conducta se estimara constitutiva del delito de ultraje a las buenas costumbres (arts. 373 y 374 del Código Penal), la muñeca debería ser decomisada y luego destruida por orden del juez (art. 374 inc. 3º del Código Penal).

La espada de Manuel Bulnes

14 agosto, 2016

El Museo Histórico Nacional denunció que un objeto de su colección, la espada conmemorativa que perteneció al General y Presidente de Chile, Manuel Bulnes Prieto, fue sustraída por dos sujetos. El 3 de agosto ingresaron a la sala “Consolidación del Orden Republicano” donde se encontraba el histórico objeto y se lo llevaron consigo.

La espada forjada de acero, oro macizo y ornamentada con diamantes y otras piedras preciosas fue encargada a Francia por el gobierno de Chile para ser regalada a Manuel Bulnes Prieto. Recordemos que don Manuel, nacido en Concepción en 1799, ingresó a los 10 años a un batallón de infantería de dicha ciudad, y más tarde, durante la reconquista, junto con otros jóvenes penquistas considerados sospechosos, sufrió el destierro en la Isla Quiriquina. Se fugó en abril de 1817 e inmediatamente se unió al Ejército patriota y participó en las batallas de Cancha Rayada y Maipú. Alcanzada la independencia siguió la carrera militar y fue encargado de perseguir y aniquilar las guerrillas de bandoleros como Benavides y los hermanos Pincheira. En 1838 comandó la segunda expedición de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana dirigida por el mariscal Andrés de Santa Cruz y obtuvo la victoria en la célebre batalla de Yungay (1839). Aceptó luego suceder a José Joaquín Prieto (que era su tío materno) en la presidencia de la República. Fue elegido y asumió el cargo en 1841, siendo reelecto en 1846 y terminando su mandato en 1851. Su gobierno se destacó por el comienzo de la colonización del sur, la fundación de la Escuela de Artes y Oficio y la instalación de la Universidad de Chile. Terminado su mandato asumió como senador y se dedicó a actividades agrícolas. Falleció en 1866.

La espada le fue entregada el 1º de marzo de 1839 como reconocimiento por los servicios prestados a la Patria, sobre todo por el heroico triunfo en la batalla de Yungay (cfr. Biografía del General Manuel Bulnes, Presidente de la República, Imprenta Nacional, Santiago, 1846, pp. 58-59). Permaneció en la familia hasta que su nieto Alfonso Bulnes Calvo, que fue abogado y miembro de número de la Academia Chilena de la Historia, la donó en 1970 al Museo Histórico Nacional, y allí se exhibía hasta que fue hurtada.

Después del hecho, una nieta de Alfonso Bulnes envió una carta al diario El Mercurio para denunciar que su abuelo en vez de mantener la espada dentro del patrimonio familiar, quiso compartirla con todos los chilenos, a lo que agregó: “No puede dejar de impresionarme el cuidado que se le da en nuestro país, o en dicho Museo, a las cosas de gran valor histórico. En este caso, se accedió a ella de forma tan simple que dos personas comunes y corrientes se subieron en una silla, la tomaron y salieron caminando con la espada. Parece inconcebible” (carta de 10 de agosto de 2016).

Esta protesta por la negligencia en la custodia de la espada donada nos invita a reflexionar sobre la revocación de una donación por hechos del donatario que supongan un agravio a la memoria del donante.

Conforme al Código Civil la donación entre vivos puede ser dejada sin efecto por voluntad del donante por hechos que muestran la ingratitud del donatario (art. 1428). Para determinar qué hechos constituyen una ingratitud que justifica la acción revocatoria, el Código hace una remisión a las causales de indignidad hereditaria: “Se tiene por acto de ingratitud cualquiera hecho ofensivo del donatario, que le hiciera indigno de heredar al donante”. Si se revisan las causales de indignidad hereditaria, encontramos que la más cercana a los hechos del caso podría ser la prevista en el Nº 2 del art. 968, según el se hace indigno de suceder: “El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada”.

Es cierto que para efectos sucesorios se ha sostenido que la causal de indignidad exige que se haya condenado penalmente al indigno por un delito que constituya un atentado grave a la vida el honor, o los bienes del causante, cónyuge o parientes. Últimamente se ha defendido, sobre la base de los antecedentes históricos de la norma, que el atentado podría ser un ilícito meramente civil en la medida que esté constatado por una sentencia ejecutoriada (Cfr. Marcelo Barrientos, “Alcance de la causal de indignidad del artículo 968 Nº 2 del Código Civil”, en Estudios de Derecho Civil VI, 2011, pp. 201-208).

Por nuestra parte, pensamos que incluso por el texto de la norma puede llegarse a la conclusión de que no es necesaria una condena penal, ya que el codificador se refiere de manera amplia a un “atentado grave” y no a un delito. Si comparamos las causales de indignidad con las de desheredamiento veremos que en estas se distingue, lo que es “injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes” y “haber cometido un delito que merezca pena aflictiva” (art. 1208 Nº 1 y 5). Nos parece que es claro que “injuria grave” del art. 1208 es una expresión equivalente a “atentado grave” de art. 688 Nº 2, de manera que no implica necesariamente la comisión de un delito.

Siendo así bastaría que se probara un hecho ilícito que haya lesionado gravemente la vida, el honor o los bienes del causante para que procediera la indignidad, incluso si el ilícito no fuera doloso sino meramente culposo, pero con culpa grave, ya que en tal caso se aplicará la regla de que en materias civiles la culpa grave equivale al dolo (art. 44 del Código Civil).

Tratándose de una revocación de una donación por ingratitud se tendrá que considerar que el atentado debe cometerse en perjuicio del donante, su cónyuge, sus ascendientes o descendientes. Un descuido grave en la custodia de lo donado cuando la donación se ha hecho con la finalidad de que todos los chilenos tengan la posibilidad de conocer el objeto por su indudable importancia histórica, puede configurar un atentado grave al honor del donante pero cometido después de su muerte.

¿Es posible revocar una donación por una ofensa que se realiza una vez que la persona del donante ha fallecido? La respuesta nos la da el art. 1430 del Código Civil, según el cual la acción revocatoria se extingue por la muerte del donante, a menos que haya sido intentada judicialmente durante su vida, que el hecho ofensivo haya producido la muerte del donante “o ejecutádose después de ella”. En estos casos, aclara el precepto “la acción revocatoria se transmitirá a los herederos”. En realidad, sólo en el supuesto de interposición en vida del donante puede hablarse propiamente de transmisión de la acción; si el hecho causa la muerte o sobreviene después de ella, la acción es concedida como un derecho propio, no transmitido por el causante, a los herederos. En este caso, los herederos tendrán el plazo de cuatro años desde que tomen conocimiento del hecho constitutivo de la ingratitud.

En suma, los herederos de don Alfonso Bulnes podrían interponer en contra de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), que es el organismo con personalidad jurídica, bajo el cual se gestiona el Museo Histórico Nacional, una acción revocatoria de la donación de la espada que perteneció al General y Presidente Manuel Bulnes, probando que la persona donataria cometió un atentado grave al honor del donante al incurrir en culpa grave en la custodia del objeto y posibilitar así su sustracción por delincuentes. No parece que deba exigirse que se necesite un juicio previo que declare el ilícito, y la sentencia ejecutoriada a que alude el art. 968 Nº 2 bien puede ser la misma que falle la causal de ingratitud, en la medida en que se haya probado en dicho juicio la comisión del atentado grave contra el honor del donante.

En los últimos días Carabineros informó la detención de uno de los autores del hurto, el que habría confesado su participación en los hechos, pero sin que se sepa el paradero de la histórica espada. Habrá que esperar que la labor de la policía conduzca a su recuperación antes de que sea sacada fuera del país o fundida para enajenar el oro y las piedras preciosas por separado.

En todo caso, si esto no se logra la acción revocatoria por ingratitud podría interponerse igualmente por el valor que corresponde al objeto y que, según el mismo Museo Histórico Nacional, alcanzaría a no menos de un millón de dólares.

El avión de ME-O

17 abril, 2016

Desde hace ya varias semanas vien siendo noticia el uso que el candidato en las elecciones presidenciales de 2013, Marco Enríquez-Ominami, conocido como ME-O, hizo de un jet privado para recorrer el país durante los últimos cuatro meses de su campaña. El avión pertenecía a la empresa brasileña Taxi Aéreo Piracicaba Ltda., pero, al parecer, había sido arrendado por la empresa constructora también brasileña OAS, cuyos principales ejecutivos aparecen implicados en los escándalos de corrupción que complican al Partido de los Trabajadores, a su principal líder Lula da Silva y a la Presidenta Dilma Rousseff.

El político chileno ha explicado que el avión estaba incluido en los gastos de publicidad que fueron facturados a favor de la sociedad Cono Sur, a través de la cual se habrían contratado y pagado los servicios del conocido publicista brasileño Duda Mendonça. Esta explicación no ha parecido convincente hasta ahora, ya que en la factura no se contempló desglosado el gasto del avión, a lo que hay que añadir que el costo de arrendar una aeronave de ese nivel durante cuatro meses superaría con creces el monto declarado, según un reportaje publicado en el diario El Mercurio del 16 de abril de 2016 (Ver texto).

De allí que muchos sostienen que la empresa OAS cedió el uso del avión al ex candidato de manera gratuita, quizás en un intento de influir a favor de sus intereses en un posible gobierno chileno de ME-O.

Si nos ponemos en esta situación hipotética, podemos preguntarnos qué tipo de relación contractual se daría entre la empresa OAS que facilitó el avión y ME-O que lo habría aceptado y usado para sus desplazamientos durante la campaña presidencial. En los medios de prensa se ha hablado de que OAS habría hecho una donación al candidato que sería ilegal por no haberse otorgado por los canales previstos por la ley. Sin embargo, en estricto rigor, el acuerdo entre la empresa y el ex candidato no puede calificarse de donación, ya que según el art. 1386 del Código Civil la donación es el acto por el cual una persona “transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona, que la acepta”. La doctrina ha criticado que la definición diga que el mismo contrato de donación transfiere los bienes donados, puesto que, siendo la donación el título, la transferencia se realizaría por la tradición. Sin embargo, últimamente se ha señalado que pueden existir donaciones reales y donaciones obligacionales, por lo que la definición sería correcta en cuanto a las primeras (cfr. Guzmán Brito, Alejandro, De las donaciones entre vivos, LexisNexis, Santiago, 2005, pp. 107 y ss.). En todo caso, es necesario que el acto donativo no sea solamente gratuito (ir en utilidad del donatario, sufriendo el gravamen el donante), sino también “lucrativo”, en el sentido de que produce una atribución patrimonial irrevocable, y que ello implique un enriquecimiento del donatario y un empobrecimiento correlativo del donante. De esta manera se diferencia la donación de otros contratos que, aunque gratuitos, no son lucrativos porque no implican el desplazamiento definitivo e irrevocable de bienes de valor económico o patrimonial. Es lo que sucede justamente con el comodato, contrato que la ley define como aquel “por el cual en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso” (art. 2174 del Código Civil). Es cierto que el uso de la cosa por el tiempo que dura el comodato puede ser valorado en dinero, por ejemplo, tomando como referencia el precio por el cual esas mismas cosas se dan en arrendamiento, pero aún así no se cumple el requisito de la lucratividad, ya que el patrimonio del comodante no se ve disminuido por el uso gratuito de la cosa concedido al comodatario (sólo renuncia a la posibilidad de una eventual ganancia) y, por la otra parte, el comodatario no ve incrementado su patrimonio con una atribución irrevocable, puesto que no se hace dueño de la cosa ni adquiere ningún derecho real sobre ella (si bien se evita el eventual gasto que debería haber hecho si hubiera tenido que comprar o arrendar la cosa) (cfr. Guzmán Brito, A., ob. cit., pp. 49 y ss. y pp. 77-78). Se explica, así, que el Código Civil disponga expresamente que “no hay donación en el comodato de un objeto cualquiera, aunque su uso o goce acostumbre darse en arriendo” (art. 1395 inc. 1º).

Parece claro que el acuerdo entre OAS y el ex candidato no puede ser considerado, entonces, una donación, sino que más bien reviste las características de un contrato de comodato, por el cual la primera habría entregado al segundo, gratuitamente, una especie mueble (el avión) para que éste hiciera uso de ella, con cargo de restituirla después de terminado el uso.

Se puede observar que en un caso así el comodante no sería el dueño de la cosa entregada en comodato, pero ello no es problemático, ya que ello no es requisito del comodato y bien puede darse en comodato una cosa ajena. Incluso más, por tratarse de un acto esencialmente gratuito, no hay responsabilidad por evicción, a menos que haya habido mala fe de del comodante: “si la cosa no perteneciere al comodante y el dueño la reclamare antes de terminar el comodato, no tendrá el comodatario acción de perjuicios contra el comodante; salvo que éste haya sabido que la cosa era ajena y no lo haya advertido al comodatario” (art. 2188 del Código Civil). En el caso, pareciera que OAS arrendó la aeronave a su propietaria, de modo que tenía la facultad de entregarla gratuitamente en comodato a un tercero, al menos durante el plazo del arrendamiento y salvo que se hubiera estipulado lo contrario.

¿Deberá entonces considerarse no irregular esta contribución gratuita de OAS a la campaña de ME-O puesto que se trataría de un comodato y no de una donación? No es así. La ley Nº 19.884, sobre Transparencia, límite y control del gasto electoral, en su texto vigente al tiempo de los hechos (es decir, sin la reforma efectuada por la ley Nº 20.900, publicada en el Diario Oficial con fecha 14 de abril de 2016), califica como financiamiento privado de campañas no sólo las donaciones sino cualquier contribución en dinero o estimable en dinero, entre las cuales menciona expresamente el comodato de bienes. Se establece que “constituye financiamiento privado de campaña electoral toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que se efectúe a un candidato o partido político, sea que se materialice bajo la forma de mutuo, donación, comodato o cualquier acto o contrato a título gratuito, destinado al financiamiento de gastos electorales”. (art. 8). Para los efectos de esta ley, el comodato aunque no sea lucrativo es una forma de financiamiento que puede estimarse en dinero dado que, como hemos dicho antes, el uso puede ser valorado calculando el promedio del precio de mercado del arriendo del mismo bien.

Por ello habrá que convenir que si el gasto no fue declarado y excede con mucho el monto de la factura sobre gastos de publicidad en la que se alega que habría estado incluido, se habrá infringido la ley Nº 19.884, en cuanto a la necesidad de declarar el gasto y eventualmente de superar los máximos. Más aún, como la empresa OAS que habría prestado el avión es extranjera, el comodato debería considerarse como aporte a la campaña por parte de una persona jurídica extranjera, lo que está expresamente prohibido por el art. 24 de la señalada ley Nº 19.884, en los términos siguientes: “Prohíbense los aportes de campaña electoral provenientes de personas naturales o jurídicas extranjeras, con excepción de los efectuados por extranjeros habilitados legalmente para ejercer en Chile el derecho a sufragio”.

En todo caso, según el texto vigente de esa ley a la época de los hechos, las infracciones sólo generan responsabilidad administrativa, sancionada con multas (art. 27-A) y que se extingue en el plazo de un año contado desde la respectiva elección (art. 54). No parece, en consecuencia, salvo que se descubran otros elementos que puedan configurar un ilícito penal, que el comodato del avión pueda ser investigado por la justicia. El episodio quedará reservado al escrutinio de la opinión pública a través de los medios de prensa, como ha sido hasta ahora.

“A caballo regalado…”: sobre la frustrada donación de Vidal a la Fundación Emilia

28 junio, 2015

El refranero popular enseña que no se debe despreciar ningún tipo de donación: “a caballo regalado, no se le mira el diente”, dice una conocida máxima. Su origen viene de tiempos antiguos cuando el caballo era un preciado medio de transporte y de trabajo, y cuya salud y edad se constataba examinando su dentadura.

De aquí que a veces se piense que la donación es un acto unilateral que hace el donante de entregar lo donado, sin que el donatario tenga otra posibilidad que aceptarlo.

No es así, sin embargo, y el caso de la frustrada donación del jugador de la selección nacional Arturo Vidal a la Fundación Emilia nos sirve de ejemplo. Al parecer, después del choque automovilístico que protagonizó el futbolista mientras conducía ebrio su Ferrari de retorno a Santiago, y la polémica suscitada sobre si debía o no seguir integrando la selección nacional, el director ejecutivo de la Fundación Arturo Vidal se puso en contacto con la Fundación Emilia para ver la manera de que el jugador hiciera un público mea culpa ante los representantes de esta última fundación, lo que iría acompañado de una donación importante de recursos, como gesto de reparación por el delito cometido y los daños causados a la seguridad pública.

La Fundación Emilia se creó en memoria de Emilia Silva Figueroa, una pequeña que con sólo nueve meses perdió la vida al ser embestido el vehículo en que viajaba con sus padres, por otro que era guiado por un conductor en estado de ebriedad en enero de 2013. Sus padres, Benjamín Silva y Carolina Figueroa, iniciaron una campaña para elevar las penas para quienes fueran sorprendidos conduciendo bajo influencia del alcohol y que causaran accidentes de tránsito con resultado de lesiones o muerte. El entonces Presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley, que finalmente se convirtió en la ley Nº 20.770, publicada en el Diario Oficial el 16 de septiembre de 2014. La ley es conocida popularmente como “Ley Emilia”, y vino a complementar la llamada Ley Tolerancia Cero con el Alcohol, dictada poco tiempo antes (Ley Nº 20.580, de 15 de marzo de 2012).

Se entiende, en consecuencia, que la Fundación Emilia rechazara la donación que le ofrecía Vidal y que incluso se negara a recibirlo para que expresara sus disculpas. En un comunicado de prensa declaró en forma terminante: “El punto no es si Arturo causó o no lesiones o la muerte a otros, el punto es que arriesgó su vida y la de personas inocentes, por no comprender que el alcance de sus actos, tiene costos, y esos costos desde la Ley de Tolerancia 0 y luego la Ley Emilia se configuran como delito. No lo condenamos como persona, condenamos sus acciones (manejo en estado de ebriedad), las que provocaron división en las posturas de todo un país y que para muchas familias resultan profundamente dolorosas.– Por política de la Fundación, no tenemos contacto con los imputados por delitos viales hasta que concluyen sus procesos, básicamente por resguardar el dolor de las víctimas” (Ver texto del comunicado).

La Fundación Emilia está en todo su derecho al rechazar la donación ofrecida por Arturo Vidal. Aunque nuestro Código Civil regula la donación al final del libro III dedicado a la sucesión por causa de muerte, y la define como “acto”, hay consenso en la doctrina de que se trata de una convención y de un contrato. El art. 1386 señala que “La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona, que la acepta”. El precepto exige expresamente la aceptación del donatario; sin esta aceptación hay una mera oferta y no un contrato de donación.

Se suele señalar que la formación del consentimiento en la donación hace excepción a la regla general contenida en el art. 101 del Código de Comercio. Según este último, nuestro sistema jurídico adhiere a la llamada teoría de la declaración: el consentimiento queda formado desde que se manifiesta o declara la aceptación, idea que se opone a las teorías de la expedición (es necesario el envío de la aceptación), de la recepción (se necesita que la aceptación haya sido recibida por el oferente) y del conocimiento (la aceptación debe ser conocida por el oferente).

En la regulación que hace de la donación el Código Civil se contiene un precepto que parece apartarse de la teoría de la declaración. Se trata del art. 1411, cuyo texto dispone: “Mientras la donación entre vivos no ha sido aceptada, y notificada la aceptación al donante, podrá éste revocarla a su arbitrio”. Se sostiene, en atención a esta norma, que el consentimiento necesario para que se perfeccione la donación sólo se forma cuando el oferente ha tomado conocimiento de la aceptación a través de la notificación que le haya hecho el aceptante. Siendo, así, para la donación el legislador chileno seguiría la teoría del conocimiento.

No nos parece segura esta conclusión, puesto que no se aviene con el tenor de la norma. Pensamos que una interpretación más atenta a lo que el artículo realmente dice, debería llevar a distinguir dos casos: primero, si la donación no ha sido aceptada y segundo, si la donación ha sido aceptada pero no se ha notificado la aceptación al donante. En el primer caso, es claro que no se ha formado el consentimiento y, por tanto, no hay donación. Pero en el segundo caso, según lo que señala el texto de la norma, el consentimiento ya se ha formado y con él ha nacido la donación, pero la ley exige que la aceptación sea notificada para que ese acto jurídico, ya completo en sí mismo, devenga en irrevocable. Es decir, mientras la aceptación no se haya notificado, el donante puede revocar a su arbitrio, sin expresión de causa, la donación. Lo que se revoca no es una oferta de donación, sino un contrato de donación ya perfeccionado.

En el caso de la promesa de donación de Arturo Vidal es claro que nos quedamos en el primer supuesto: la oferta de donación no fue aceptada, y por ende el contrato no llegó a perfeccionarse. La Fundación Emilia diría que, a veces, al caballo que nos ofrecen como regalo, hay que mirarle los dientes.

El rechazo a la indemnización en el caso “Matías Catrileo”

1 febrero, 2015

La Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 20 de enero de 2015, dictó sentencia de segunda instancia acogiendo la demanda por la cual la madre y la hermana de Matías Catrileo (q.e.p.d.) reclamaron que el Fisco reparara el daño moral sufrido por la muerte del activista mapuche, como resultado de un disparo de un carabinero mientras la víctima participaba de una toma de un fundo en la zona de Vilcún (3 de enero de 2008).

La Corte confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto a la responsabilidad del Fisco y al monto de las indemnizaciones otorgadas: $ 80.000.000, en favor de la madre y $ 50.000.000, en beneficio de la hermana (Ver texto de sentencia).

Sorprendiendo a todos, las demandantes, una vez conocida la sentencia, declararon que rechazaban la indemnización concedida. En un comunicado enviado a los medios de prensa la madre y la hermana de Catrileo explicaron que el único objetivo de su demanda era que se reconociera al Estado de Chile, encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet, como responsable de la muerte de su hijo y hermano y no la indemnización: “para nosotras –dijeron– este dinero esta manchado con la sangre de Matías y no podemos recibirlo” (Ver texto del comunicado). El Intendente de la región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla manifestó su admiración por el gesto a través de su cuenta de twitter: “el rechazo a la indemnización por parte de la familia de Matías Catrileo es una demostración de dignidad… el dinero no es todo en la vida” (Ver noticia)

Lo inédito de la situación nos convida a analizar jurídicamente la naturaleza y efectos de este rechazo a la indemnización decretada judicialmente. No hay dudas en que el derecho a pedir la reparación de un daño ocasionado por un delito o cuasidelito es renunciable, ya que, según el art. 12 del Código Civil, pueden renunciarse todos los derechos que miren sólo al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. Ambas condiciones se cumplen en el caso: se trata de un derecho que se concede en interés exclusivo de la víctima del hecho ilícito y no existe norma que vede la renuncia. Es más, el art. 56 del Código Procesal Penal señala que, si bien la renuncia de la persona ofendida no extingue la acción penal pública, sí extingue la acción civil derivada de toda clase de delitos.

Pero, ¿qué sucede si, como en este caso, se renuncia al derecho a percibir la indemnización una vez que ha sido determinada por sentencia judicial? Si es así la renuncia opera sobre un crédito cuyo monto ha sido liquidado.

En una primera aproximación, el rechazo a recibir la indemnización judicialmente establecida podría ser calificado como una oferta de remisión o condonación del crédito. Recuérdese que la remisión o condonación es un modo de extinguir una obligación (art. 1567 Nº 4 del Código Civil) por el cual el acreedor perdona en todo o en parte la deuda y que el Código Civil equipara la remisión a la donación (cfr. arts. 403, 1400 inc. 2º, 1397 y 1653).

Si el rechazo a la indemnización de las demandantes es considerado una remisión o condonación del crédito indemnizatorio en favor del Estado, entonces ella podría ser revocada mientras el Estado no haya aceptado. Toda donación supone la aceptación del donatario. Pero aún más, excediendo el límite legal –los desfasados 2 centavos del art. 1401 del Código Civil– debe procederse a la insinuación, es decir, a la autorización del juez. A falta de ella, la donación –en el caso la remisión–, es nula.

Esto no significa que las demandantes estén obligadas a proceder de esta manera. Bien podrían sencillamente no cobrar el crédito establecido en la sentencia y entonces la acción se extinguirá por prescripción pasados cinco años (art. 2515 del Código Civil).

Existe, sin embargo, otra forma de explicar la situación: el acto de rechazo de la indemnización no es una remisión equiparable a un contrato de donación, sino un acto unilateral de renuncia del derecho personal o crédito.

La renuncia extintiva procede, sin duda, con los derechos reales incluyendo el de dominio o propiedad. En Estados Unidos algunas familias colocan en la vereda muebles que ya no usan para que se los lleve cualquier persona que pase. En tales casos, y otros que podrían añadirse, no hay una donación, sino una renuncia abdicativa del dominio proseguida de una ocupación por parte de quien finalmente se lleva el bien para hacerlo suyo. Se dirá que, tratándose de derechos personales o créditos, hay un deudor que, al extinguirse la deuda por la renuncia del crédito, obtiene un provecho. Pero lo mismo sucede cuando un usufructuario o titular del derecho de usufructo renuncia a él: también el nudo propietario es beneficiado al extinguirse el usufructo y consolidarse con la propiedad. No vemos, pues, inconveniente en que un crédito pueda extinguirse, no por una remisión donativa, sino por una remisión unilateral, que no constituye donación.

Digamos que la calificación del rechazo a la indemnización por parte la madre y hermana de Matías Catrileo como renuncia unilateral del crédito parece más adecuada a la voluntad por ellas expresada. Sería absurdo que se pretendiera que quisieron hacer una donación al Estado de $ 130.000.000 y que su proceder tuvo por causa la mera liberalidad o beneficencia…

Si estamos en lo cierto, la renuncia, no estando sujeta a formalidades ni a la aceptación del deudor, estaría perfeccionada como acto jurídico y no sería ya revocable por la mera voluntad de las renunciantes. Veremos lo que sucede una vez que la sentencia que falló la apelación quede frime o ejecutoriada.