Posted tagged ‘fundación’

La tumba del antipoeta

28 enero, 2018

Un más que centenario Nicanor Parra, célebre por su antipoesía, fue despedido con honores después de que falleciera el pasado martes 23 de enero de 2018. Fue velado en la Catedral de Santiago, pero luego el funeral se llevó a cabo en el pueblo de Las Cruces donde vivió por largo tiempo. Después de una Misa en la parroquia del lugar, a la que asistió la Presidenta de la República, sus restos fueron enterrados en el patio de su casa. Al parecer, ese era el deseo que había expresado el poeta, para de alguna manera alinearse con las tumbas de Vicente Huidobro en Cartagena y de Pablo Neruda en Isla Negra en el llamado “Litoral de los poetas”. En su cuenta en Instagram, Cristóbal Ugarte, su nieto popularmente conocido como el Tololo, puso la siguiente leyenda a una foto de Parra: “Te quiero abuelo. Te vamos a poner donde nos dijiste. En tu ‘santo sepulcro’. Entre Neruda y Huidobro. Ahora se completan las cruces (+++)”. Luego en una carta a El Mercurio agradeció, entre otros, a la “seremía” de la Quinta Región por “agilizar los trámites que hicieron posible que mi abuelo quedara instalado en el Litoral de los Poetas, como era su deseo”.

Estos hechos nos llevan a analizar la posibilidad de que alguien dé instrucciones sobre su sepelio, y si es posible que la inhumación del cadáver se haga en lugares diferentes a los recintos autorizados para ese propósito, esto es, a los cementerios públicos o privados.

En lo referido a las instrucciones, el Reglamento General de Cementerios, contenido en el Decreto Supremo Nº 357, Ministerio de Salud, de 1970, dispone que “Toda persona mayor de edad, cualquiera que fuere su estado civil, tiene derecho a disponer por anticipado acerca del lugar y forma en que habrá de procederse para la inhumación de sus restos, al producirse su fallecimiento, dentro de las normas legales y reglamentarias vigentes” (art. 61 inc. 1º). Se trata de un acto jurídico mortis causa y de carácter solemne. Las solemnidades prescritas son, o la inscripción en un registro del cementerio o un “instrumento extendido ante notario” (art. 61 inc. 2º). Con la última expresión, habrá que entender que no se trata de escritura pública sino únicamente de un instrumento privado firmado ante notario. La ley ordena que una copia de este documento debe ser entregado al director o administrador del cementerio que corresponda y otra deberá entregarse a la persona encargada de cumplir la voluntad del fallecido (art. 61 inc. 2º).

No sabemos si Parra llegó a establecer formalmente sus instrucciones y lo más probable es que sencillamente comunicara verbalmente a su familia sus deseos de ser enterrado en su casa de Las Cruces. Pero, ¿podría haberlo hecho? El Código Sanitario se preocupa de condicionar la eficacia de estas instrucciones sobre la inhumación del propio cadáver a que ellas se ajusten a “las normas legales y reglamentarias vigentes”. Esto nos lleva a preguntarnos si es lícito que los restos de algunas personas sean inhumadas fuera de los cementerios.

Hay que comprobar, en primer lugar, que este punto es muy delicado ya que el Código Penal castiga como delito la inhumación de un cadáver de manera ilegal. El art. 320 de este cuerpo legal señala que será castigado con reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 UTM, a “El que practicare o hiciere practicar una inhumación contraviniendo a lo dispuesto por las leyes reglamentos respecto al tiempo, sitio y demás formalidades prescritas para las inhumaciones”. Como vemos, es delito sepultar un cadáver en un “sitio” que no sea el autorizado legalmente.

En principio, la inhumación debe hacerse en un cementerio autorizado. Así lo dispone el art. 135 del Código Sanitario: “Sólo en cementerios legalmente autorizados podrá efectuarse la inhumación de cadáveres o restos humanos”. Pero se contempla una excepción a esta regla: “Sin embargo, el Director General de Salud podrá autorizar la inhumación temporal o perpetua de cadáveres en lugares que no sean cementerios, en las condiciones que establezca en cada caso”.

El Director General de Salud de que habla el Código Sanitario era el Director General del Servicio Nacional de Salud vigente en esa época. Posteriormente sus funciones pasaron a los diferentes Servicios de Salud que se crearon en virtud del D.L. 2763, de 1979. La reforma de este cuerpo legal por la ley Nº 19.937, de 2004, transfirió las funciones de los Servicios de Salud a las Secretaría Regionales Ministeriales del Ministerio de Salud, lo que se reafirmó con el D.F.L. Nº 1, Salud, de 2006 que fijó el texto refundido del D.L. 2763. El art. 12 de este último cuerpo legal dispone que serán atribuciones de las Secretarías Regionales Ministeriales: “Ejecutar las acciones que correspondan para la protección de la salud de la población de los riesgos producidos por el medio ambiente y para la conservación, mejoría y recuperación de los elementos básicos del ambiente que inciden en ella, velando por el debido cumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario y de los reglamentos, resoluciones e instrucciones sobre la materia, para lo cual se encontrará dotado de todas las facultades y atribuciones que el Código Sanitario y demás normas legales y reglamentarias sanitario ambientales le confieren…” (art. 12 Nº 2).

Por ello, hemos de entender que las atribuciones que el Código Sanitario otorga al Director Nacional de Salud corresponden ahora al Secretario Regional Ministerial del lugar en que se pretenda hacer la inhumación. Se comprende entonces que el nieto del poeta agradeciera a la “seremía” de la Quinta Región el agilizar los trámites que permitieron la sepultación de sus restos fuera de un cementerio. Correspondía al Secretario Ministerial de Salud de dicha región, conforme al Código Sanitario, el autorizar la inhumación de un cadáver en un lugar que no fuera un cementerio, fijando en su resolución las condiciones en las que debía llevarse a cabo.

Finalmente, cabría considerar qué sucede con la propiedad raíz que alberga este tipo de sepulturas. Frente a la ausencia de una regulación legal, parece razonable aplicar las disposiciones reglamentarias que se establecen para los cementerios. Según el Reglamento General de Cementerios, “los terrenos dedicados a cementerios deberán ser única, exclusiva e irrevocablemente destinados a este objeto” (art. 16). Por ello, pensamos que el inmueble en el que se autoriza el mantener una sepultura privada quedará afectado por un gravamen que obligará a los propietarios a conservar dicha tumba. En este sentido, se tratará de un gravamen real que no corresponde a un derecho real de un tercero sino más bien a un interés público que justificó la autorización sanitaria. Su duración puede ser perpetua o temporal según el contenido de la autorización.

Sería útil que el Secretario Regional Ministerial que otorgue esta autorización exija entre las condiciones para proceder a la inhumación que su resolución se inscriba en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de enajenar del Conservador de Bienes Raíces del lugar donde se sitúa el inmueble afectado. La inscripción se podría practicar conforme a lo previsto en el art. 52 Nº 3 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, según el cual pueden inscribirse “todo impedimento o prohibición referente a inmuebles, sea convencional, legal o judicial, que embarace o limite de cualquier modo el libre ejercicio del derecho de enajenar”.

En todo caso, lo más conveniente es que, como sucedió respecto de las tumbas de Huidobro y Neruda, el inmueble en el que se encuentra la tumba sea transferido a una fundación cuya finalidad sea la de mantener el legado artístico y cultural de Parra. La fundación, siendo de duración perpetua, parece el instrumento jurídico más idóneo para que el sepulcro se mantenga y conserve para conocimiento y memoria de las futuras generaciones de chilenos y extranjeros.

Anuncios

Las donaciones de la Teletón

30 noviembre, 2014

Los días 28 y 29 de noviembre se realizó en el país una nueva versión de la Teletón, el programa televisivo, liderado por Mario Kreutzberger, que se propone motivar a las empresas y a las personas a donar dinero con el propósito de financiar centros de rehabilitación de niños con discapacidad física. Desde sus inicios, en 1978, la campaña ha sido objeto de críticas. Célebres fueron los cuestionamientos iniciales del escritor Enrique Lafourcade. Este año se ha conocido que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, hablando de la Teletón mexicana, advirtió que este tipo de programas contribuía a mantener el estereotipo de los discapacitados como sujetos dignos de caridad, en vez de promover su condición de sujetos de derechos y apuntar a su inserción social. Otros hablan de la publicidad que logran la empresas que participan o de la manipulación emocional de las audiencias logradas a través de la exhibición dramatizada de las historias de menores con discapacidad. Con todo, es innegable que la obra que se realiza en los centros de rehabilitación es no sólo noble sino tremendamente benéfica. Quizás en el mundo en que vivimos, los actos de generosidad no siempre se dan de manera absolutamente desinteresada y sin incentivos sentimentales.

En esta ocasión queremos deternernos en una consideración más jurídica sobre las donaciones que se hacen a propósito de esta campaña nacional. Entendemos que tanto las empresas que la patrocinan como las personas individuales que aportan dinero a través de depósitos en la ya famosa cuenta 20.500-03 del Banco Chile, están realizando una donación a una persona jurídica: la Fundación Teletón, cuya personalidad jurídica fue concedida, conforme a las normas del Código Civil vigentes antes de la reforma de la ley Nº 20.500, por decreto supremo Nº 59, de 22 de enero de 1986.

Estas donaciones se regirán, en principio, por las normas del título XIII del libro III del Código Civil (arts. 1386 y ss.). Pero aquí nos encontramos con dos problemas: primero, que, conforme a lo que dispone el art. 1404 de dicho Código, si la donación es con causa onerosa –como, a nuestro juicio, son las donaciones efectuadas a la Teletón ya que suponen que el dinero sea empleado en la rehabilitación de menores discapacitados- ella debe efectuarse por escritura pública en la que debe expresarse la causa. El segundo problema consiste en que la donación debe ser insinuada, es decir, autorizada judicialmente, en cuanto exceda a “dos centavos” de peso (art. 1401). Esta cifra, ridículamente baja, es el resultado de los cambios monetarios y de la displicencia del legislador que no ha actualizado el precepto. Si aplicamos estas normas a las donaciones efectuadas a la Teletón podría concluirse que adolecen de nulidad absoluta, por falta de solemnidades de validez.

Una de ellas, sin embargo, no resulta aplicable por disponerlo expresamente así otra disposición legal. La Ley de Rentas Municipales, contenida en el D.L. Nº 3.036 (texto refundido por D. Sup. Nº 2385, de 1996), dispone, en su art. 46, que ciertas donaciones gozarán del beneficio tributario de ser consideradas gastos para producir la renta. Entre ellas están las donaciones que se hagan a “centros privados de atención de menores y establecimientos de atención de ancianos, con personalidad jurídica, que presten atención enteramente gratuita” (letra c). El precepto concluye que las donaciones que se efectúen a los establecimientos señalados “no requerirán el trámite de la insinuación y estarán exentas de todo impuesto”. Pensamos que esta última disposición se refiere tanto a las donaciones que usen el beneficio tributario establecido (normalmente las empresas) como a aquellas que, sin usar el beneficio, se destinan a dichos establecimientos (las de personas individuales). De este modo, las donaciones realizadas a los referidos centros no están sujetas al trámite de la insinuación.

Despejado uno de los problemas subsiste el derivado de tratarse donaciones con causa onerosa. Si nos fijamos nuevamente en el art. 1404 del Código Civil, vemos que la sanción para el caso de que la donación no se otorgue por escritura pública en la que se exprese la causa no es la nulidad, sino que “no siendo así, se considerarán como donaciones gratuitas”. Entonces, las donaciones son válidas, pero el donante no podría exigir el cumplimiento del objeto de la donación ni pedir su resolución ante el incumplimiento del gravamen (art 1426 del Código Civil). No queda más que confiar en que la institución donataria no invertirá los fondos recaudados en otro objeto que en el de la rehabilitación de niños en situación de discapacidad.

La transparencia en la gestión financiera de la Fundación Teletón debiera contribuir para que los donantes puedan seguir confiando en ella, como lo han hecho hasta ahora, en aras de la benéfica causa que la ha inspirado.

Disolución y uso de nombre por persona jurídica: el caso de la Fundación Simón Yévenes

17 noviembre, 2013

Uno de los múltiples episodios conflictivos producidos durante la campaña electoral ha sido la disputa entre la Fundación Simón Yévenes y la familia de éste último por el llamado que los dirigentes de la primera hicieran a la llamada “familia militar” a votar por el candidato presidencial Franco Parisi, criticando duramente al presidente Piñera y a su candidata Evelyn Matthei.

Hay que recordar que la Fundación se organizó en memoria de uno de los primeros dirigentes poblaciones del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) que fue vilmente asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1986.

Uno de los hijos del dirigente cuestionó el llamado de la Fundación por estimar que la institución estaba haciendo política partidista mientras que su objetivo siempre había sido capacitar a jóvenes dirigentes y formar líderes. Afirmó que su familia votaría, no por Parisi, sino por Matthei. Declaró que ellos como familia no tenían participación en el gobierno de la fundación, aunque habían dado  autorización para que la institución llevara el nombre de su padre, y que ante los hechos pedirían al Ministerio de Justicia la cancelación de su personalidad jurídica.

El conflicto nos da pie para hacer algunos comentarios sobre el uso del nombre de personas naturales y sobre la disolución de las personas jurídicas sin fines de lucro.

Comencemos por el segundo punto. Como la normativa de fundaciones y corporaciones fue modificada por la ley Nº 20.500, de 2011, en vigor desde el 17 de febrero de 2012, y la institución de la que hablamos fue creada bajo la regulación antigua, hay que determinar primero cuál es la ley aplicable. Si se aplicara la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes de 1865, habría que considerar el art. 10 que establece: “La existencia y los derechos de las personas jurídicas se sujetarán a las mismas reglas que respecto del estado civil de las personas naturales prescribe el artículo 3º de la presente ley”. Por su parte, el artículo 3º dispone que “El estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución subsistirá aunque éste pierda después su fuerza; pero los derechos y obligaciones anexos a él, se subordinarán a la ley posterior, sea que éste constituya nuevos derechos u obligaciones, seaa que modifique o derogue los antiguos”. Aplicando estas disposiciones se concluye que la personalidad jurídica concedida según la antigua ley subsiste bajo la nueva, pero los derechos y obligaciones se rigen por esta última. Podría suscitarse alguna duda sobre las causales de disolución y la forma en que se constata.

Sabemos, sin embargo, que la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes se aplica sólo en la medida en que la nueva ley no haya contenido disposiciones especiales sobre esta materia. La ley Nº 20.500 se preocupó de establecer normas al respecto. Concretamente su disposición transitoria tercera dispuso: “Las corporaciones y fundaciones cuya personalidad jurídica sea o haya sido conferida por el Presidente de la República con arreglo a leyes anteriores se regirán por las disposiciones establecidas por la presente ley en cuanto a sus obligaciones, fiscalización, requisitos y formalidades de modificación y de extinción”. El precepto sigue en sustancia los criterios de la Ley sobre Efecto Retroactivo; sólo aclara que los requisitos y las formalidades para la extinción de la personalidad se regirán por la nueva ley, aunque la persona haya sido constituida con anterioridad a ella. Se aplicará en consecuencia el nuevo art. 559 del Código Civil, que dispone que las asociaciones se disolverán, entre otras causales, por “infringir gravemente sus estatutos” (art. 559 letra c, nº 1; aplicable a las fundaciones por la remisión que hace el art. 563).

Esta sería la causal que se aplicaría en el caso si se estimara que el llamado a votar por un candidato presidencial es una infracción grave a los estatutos, suponiendo que efectivamente éstos no contemplan fines relacionados con la política contingente.

En cuanto a la forma de hacer valer esta causal, se deberá a estar a lo que dispone también el art. 559 nuevo del Código Civil. Según esta regla ya no corresponde que la cancelación de la personalidad jurídica la haga el Presidente de la República mediante decreto supremo, sino que la disolución debe ser declarada por sentencia judicial después de un juicio sumario en que se constate la causal. La acción para promover el proceso de disolución debe ser interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, una vez que haya sido solicitada por el Ministerio de Justicia. También puede promover la acción la institución que esté llamada a recibir los bienes de la institución en caso de extinguirse.

Como se ve, no se encuentran habilitados para ejercer la acción de disolución los herederos de la persona que da nombre a la fundación, de modo que éstos deben necesariamente recurrir al Ministerio de Justicia para que sea esta repartición la que pida al Consejo de Defensa del Estado la interposición de la demanda de disolución.

Podría suceder que el Ministerio no acceda a la petición, o que el juez finalmente rechace la acción, por estimar que un acto aislado no permite configurar la causal de infracción grave de los estatutos. ¿Podrían este caso la familia revocar la autorización para que la fundación siga usando el nombre de Simón Yévenes?

La posibilidad de que una persona jurídica sin fines de lucro lleve el nombre de una persona natural está prevista en el Decreto Supremo Nº 110, de 1979, que contiene el Reglamento sobre concesión de personalidad jurídica a corporaciones y fundaciones. Este texto reglamentario se mantiene vigente, en lo que no sea contrario a las nuevas disposiciones legales incorporadas por la ley Nº 20.500, ya que no se ha dictado a la fecha un nuevo reglamento que lo derogue. El art. 5 del D. Sup. Nº 110 dispone que para que una corporación lleve el nombre de una persona natural es necesario que ésta o sus herederos consientan en ello expresamente mediante instrumento privado autorizado por un notario, o hubieren transcurrido veinte años después de su muerte. La norma es aplicable a las fundaciones por remisión del art. 30.

No parece que esta autorización sea revocable, aunque sí podría entenderse sujeta a una condición resolutoria implícita de que la institución cumpla con los objetivos señalados en sus estatutos y no distorsione la imagen pública de la persona en cuya memoria lleva su nombre. Los herederos de Simón Yévenes podrían alegar ante los tribunales que dicha condición resolutoria implícita (conditio iuris) se ha cumplido. La cuestión es, por cierto discutible. Además, la fundación podría oponerse alegando que aunque se entendiera resuelta la autorización, al haber transcurrido más de 20 años desde la muerte del dirigente, ya no se requiere la autorización de los herederos para que la institución lleve el nombre de una persona natural. Ante ello, podría replicarse que la posibilidad de usar el nombre de una persona después de 20 años desde su muerte se entiende otorgarda siempre y cuando no se infiera al fallecido un atentado a su honra que repercuta finalmente en su familia. Se podrá entonces traer a colación el art. 19 Nº 4 de la Constitución que asegura el derecho al “respeto y protección… a la honra de la persona y de su familia”. La honra aquí debería entenderse de manera amplia comprendiendo lo que en doctrina extranjera se denomina el “derecho a la identidad” y que se refiere a la facultad para impedir que se desfigure la forma en que una persona se presenta públicamente, concretamente en su concepción religiosa, filosófica o política.

En todo caso, si la fundación fuera condenada a no usar el nombre de Simón Yévenes, esto no implicaría su disolución, sino que se impondría una reforma de sus estatutos, y esta reforma debería tramitarse conforme a las nuevas reglas incorporadas en el Código Civil por la reforma de la ley Nº 20.500.