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Las donaciones de la Teletón

30 noviembre, 2014

Los días 28 y 29 de noviembre se realizó en el país una nueva versión de la Teletón, el programa televisivo, liderado por Mario Kreutzberger, que se propone motivar a las empresas y a las personas a donar dinero con el propósito de financiar centros de rehabilitación de niños con discapacidad física. Desde sus inicios, en 1978, la campaña ha sido objeto de críticas. Célebres fueron los cuestionamientos iniciales del escritor Enrique Lafourcade. Este año se ha conocido que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, hablando de la Teletón mexicana, advirtió que este tipo de programas contribuía a mantener el estereotipo de los discapacitados como sujetos dignos de caridad, en vez de promover su condición de sujetos de derechos y apuntar a su inserción social. Otros hablan de la publicidad que logran la empresas que participan o de la manipulación emocional de las audiencias logradas a través de la exhibición dramatizada de las historias de menores con discapacidad. Con todo, es innegable que la obra que se realiza en los centros de rehabilitación es no sólo noble sino tremendamente benéfica. Quizás en el mundo en que vivimos, los actos de generosidad no siempre se dan de manera absolutamente desinteresada y sin incentivos sentimentales.

En esta ocasión queremos deternernos en una consideración más jurídica sobre las donaciones que se hacen a propósito de esta campaña nacional. Entendemos que tanto las empresas que la patrocinan como las personas individuales que aportan dinero a través de depósitos en la ya famosa cuenta 20.500-03 del Banco Chile, están realizando una donación a una persona jurídica: la Fundación Teletón, cuya personalidad jurídica fue concedida, conforme a las normas del Código Civil vigentes antes de la reforma de la ley Nº 20.500, por decreto supremo Nº 59, de 22 de enero de 1986.

Estas donaciones se regirán, en principio, por las normas del título XIII del libro III del Código Civil (arts. 1386 y ss.). Pero aquí nos encontramos con dos problemas: primero, que, conforme a lo que dispone el art. 1404 de dicho Código, si la donación es con causa onerosa –como, a nuestro juicio, son las donaciones efectuadas a la Teletón ya que suponen que el dinero sea empleado en la rehabilitación de menores discapacitados- ella debe efectuarse por escritura pública en la que debe expresarse la causa. El segundo problema consiste en que la donación debe ser insinuada, es decir, autorizada judicialmente, en cuanto exceda a “dos centavos” de peso (art. 1401). Esta cifra, ridículamente baja, es el resultado de los cambios monetarios y de la displicencia del legislador que no ha actualizado el precepto. Si aplicamos estas normas a las donaciones efectuadas a la Teletón podría concluirse que adolecen de nulidad absoluta, por falta de solemnidades de validez.

Una de ellas, sin embargo, no resulta aplicable por disponerlo expresamente así otra disposición legal. La Ley de Rentas Municipales, contenida en el D.L. Nº 3.036 (texto refundido por D. Sup. Nº 2385, de 1996), dispone, en su art. 46, que ciertas donaciones gozarán del beneficio tributario de ser consideradas gastos para producir la renta. Entre ellas están las donaciones que se hagan a “centros privados de atención de menores y establecimientos de atención de ancianos, con personalidad jurídica, que presten atención enteramente gratuita” (letra c). El precepto concluye que las donaciones que se efectúen a los establecimientos señalados “no requerirán el trámite de la insinuación y estarán exentas de todo impuesto”. Pensamos que esta última disposición se refiere tanto a las donaciones que usen el beneficio tributario establecido (normalmente las empresas) como a aquellas que, sin usar el beneficio, se destinan a dichos establecimientos (las de personas individuales). De este modo, las donaciones realizadas a los referidos centros no están sujetas al trámite de la insinuación.

Despejado uno de los problemas subsiste el derivado de tratarse donaciones con causa onerosa. Si nos fijamos nuevamente en el art. 1404 del Código Civil, vemos que la sanción para el caso de que la donación no se otorgue por escritura pública en la que se exprese la causa no es la nulidad, sino que “no siendo así, se considerarán como donaciones gratuitas”. Entonces, las donaciones son válidas, pero el donante no podría exigir el cumplimiento del objeto de la donación ni pedir su resolución ante el incumplimiento del gravamen (art 1426 del Código Civil). No queda más que confiar en que la institución donataria no invertirá los fondos recaudados en otro objeto que en el de la rehabilitación de niños en situación de discapacidad.

La transparencia en la gestión financiera de la Fundación Teletón debiera contribuir para que los donantes puedan seguir confiando en ella, como lo han hecho hasta ahora, en aras de la benéfica causa que la ha inspirado.

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Disolución y uso de nombre por persona jurídica: el caso de la Fundación Simón Yévenes

17 noviembre, 2013

Uno de los múltiples episodios conflictivos producidos durante la campaña electoral ha sido la disputa entre la Fundación Simón Yévenes y la familia de éste último por el llamado que los dirigentes de la primera hicieran a la llamada “familia militar” a votar por el candidato presidencial Franco Parisi, criticando duramente al presidente Piñera y a su candidata Evelyn Matthei.

Hay que recordar que la Fundación se organizó en memoria de uno de los primeros dirigentes poblaciones del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) que fue vilmente asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1986.

Uno de los hijos del dirigente cuestionó el llamado de la Fundación por estimar que la institución estaba haciendo política partidista mientras que su objetivo siempre había sido capacitar a jóvenes dirigentes y formar líderes. Afirmó que su familia votaría, no por Parisi, sino por Matthei. Declaró que ellos como familia no tenían participación en el gobierno de la fundación, aunque habían dado  autorización para que la institución llevara el nombre de su padre, y que ante los hechos pedirían al Ministerio de Justicia la cancelación de su personalidad jurídica.

El conflicto nos da pie para hacer algunos comentarios sobre el uso del nombre de personas naturales y sobre la disolución de las personas jurídicas sin fines de lucro.

Comencemos por el segundo punto. Como la normativa de fundaciones y corporaciones fue modificada por la ley Nº 20.500, de 2011, en vigor desde el 17 de febrero de 2012, y la institución de la que hablamos fue creada bajo la regulación antigua, hay que determinar primero cuál es la ley aplicable. Si se aplicara la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes de 1865, habría que considerar el art. 10 que establece: “La existencia y los derechos de las personas jurídicas se sujetarán a las mismas reglas que respecto del estado civil de las personas naturales prescribe el artículo 3º de la presente ley”. Por su parte, el artículo 3º dispone que “El estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución subsistirá aunque éste pierda después su fuerza; pero los derechos y obligaciones anexos a él, se subordinarán a la ley posterior, sea que éste constituya nuevos derechos u obligaciones, seaa que modifique o derogue los antiguos”. Aplicando estas disposiciones se concluye que la personalidad jurídica concedida según la antigua ley subsiste bajo la nueva, pero los derechos y obligaciones se rigen por esta última. Podría suscitarse alguna duda sobre las causales de disolución y la forma en que se constata.

Sabemos, sin embargo, que la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes se aplica sólo en la medida en que la nueva ley no haya contenido disposiciones especiales sobre esta materia. La ley Nº 20.500 se preocupó de establecer normas al respecto. Concretamente su disposición transitoria tercera dispuso: “Las corporaciones y fundaciones cuya personalidad jurídica sea o haya sido conferida por el Presidente de la República con arreglo a leyes anteriores se regirán por las disposiciones establecidas por la presente ley en cuanto a sus obligaciones, fiscalización, requisitos y formalidades de modificación y de extinción”. El precepto sigue en sustancia los criterios de la Ley sobre Efecto Retroactivo; sólo aclara que los requisitos y las formalidades para la extinción de la personalidad se regirán por la nueva ley, aunque la persona haya sido constituida con anterioridad a ella. Se aplicará en consecuencia el nuevo art. 559 del Código Civil, que dispone que las asociaciones se disolverán, entre otras causales, por “infringir gravemente sus estatutos” (art. 559 letra c, nº 1; aplicable a las fundaciones por la remisión que hace el art. 563).

Esta sería la causal que se aplicaría en el caso si se estimara que el llamado a votar por un candidato presidencial es una infracción grave a los estatutos, suponiendo que efectivamente éstos no contemplan fines relacionados con la política contingente.

En cuanto a la forma de hacer valer esta causal, se deberá a estar a lo que dispone también el art. 559 nuevo del Código Civil. Según esta regla ya no corresponde que la cancelación de la personalidad jurídica la haga el Presidente de la República mediante decreto supremo, sino que la disolución debe ser declarada por sentencia judicial después de un juicio sumario en que se constate la causal. La acción para promover el proceso de disolución debe ser interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, una vez que haya sido solicitada por el Ministerio de Justicia. También puede promover la acción la institución que esté llamada a recibir los bienes de la institución en caso de extinguirse.

Como se ve, no se encuentran habilitados para ejercer la acción de disolución los herederos de la persona que da nombre a la fundación, de modo que éstos deben necesariamente recurrir al Ministerio de Justicia para que sea esta repartición la que pida al Consejo de Defensa del Estado la interposición de la demanda de disolución.

Podría suceder que el Ministerio no acceda a la petición, o que el juez finalmente rechace la acción, por estimar que un acto aislado no permite configurar la causal de infracción grave de los estatutos. ¿Podrían este caso la familia revocar la autorización para que la fundación siga usando el nombre de Simón Yévenes?

La posibilidad de que una persona jurídica sin fines de lucro lleve el nombre de una persona natural está prevista en el Decreto Supremo Nº 110, de 1979, que contiene el Reglamento sobre concesión de personalidad jurídica a corporaciones y fundaciones. Este texto reglamentario se mantiene vigente, en lo que no sea contrario a las nuevas disposiciones legales incorporadas por la ley Nº 20.500, ya que no se ha dictado a la fecha un nuevo reglamento que lo derogue. El art. 5 del D. Sup. Nº 110 dispone que para que una corporación lleve el nombre de una persona natural es necesario que ésta o sus herederos consientan en ello expresamente mediante instrumento privado autorizado por un notario, o hubieren transcurrido veinte años después de su muerte. La norma es aplicable a las fundaciones por remisión del art. 30.

No parece que esta autorización sea revocable, aunque sí podría entenderse sujeta a una condición resolutoria implícita de que la institución cumpla con los objetivos señalados en sus estatutos y no distorsione la imagen pública de la persona en cuya memoria lleva su nombre. Los herederos de Simón Yévenes podrían alegar ante los tribunales que dicha condición resolutoria implícita (conditio iuris) se ha cumplido. La cuestión es, por cierto discutible. Además, la fundación podría oponerse alegando que aunque se entendiera resuelta la autorización, al haber transcurrido más de 20 años desde la muerte del dirigente, ya no se requiere la autorización de los herederos para que la institución lleve el nombre de una persona natural. Ante ello, podría replicarse que la posibilidad de usar el nombre de una persona después de 20 años desde su muerte se entiende otorgarda siempre y cuando no se infiera al fallecido un atentado a su honra que repercuta finalmente en su familia. Se podrá entonces traer a colación el art. 19 Nº 4 de la Constitución que asegura el derecho al “respeto y protección… a la honra de la persona y de su familia”. La honra aquí debería entenderse de manera amplia comprendiendo lo que en doctrina extranjera se denomina el “derecho a la identidad” y que se refiere a la facultad para impedir que se desfigure la forma en que una persona se presenta públicamente, concretamente en su concepción religiosa, filosófica o política.

En todo caso, si la fundación fuera condenada a no usar el nombre de Simón Yévenes, esto no implicaría su disolución, sino que se impondría una reforma de sus estatutos, y esta reforma debería tramitarse conforme a las nuevas reglas incorporadas en el Código Civil por la reforma de la ley Nº 20.500.