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Dimisión del estado clerical

30 septiembre, 2018

En dos oportunidades el Papa Francisco ha determinado la “dimisión del estado clerical” respecto de presbíteros católicos chilenos. Primero, la de Cristián Precht Bañado, y luego la de Fernando Karadima Fariña. Estas medidas no siempre son bien comprendidas por los medios, de modo que a veces se sacan conclusiones que no son rigurosas desde el punto de vista jurídico y canónico. Por ejemplo, se habla de que han sido “expulsados del sacerdocio”, “despojados de la calidad sacerdotal”, que quedan fuera de la Iglesia como excomulgados, que han pasado a ser laicos.

Conviene, y aunque nuestra especialidad no sea el Derecho canónico, intentar explicar en qué consisten estos decretos de dimisión del estado clerical, cuál es su alcance y cuáles son sus efectos al interior de la comunidad de fieles de la Iglesia Católica. Lamentablemente, no hemos podido conseguir por internet el texto de los decretos por los cuales se han cursado estas severas medidas, por lo que hemos de limitarnos a examinar los comunicados oficiales que han dado cuenta de ellas. En el caso del sacerdote Prech, el Arzobispado de Santiago dio a conocer el 15 de septiembre de 2018, el siguiente comunicado: “El Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Luis F. Ladaria, S.J. ha notificado hoy al Arzobispo de Santiago que, con fecha 12 de septiembre del año en curso, el Santo Padre Francisco ha decretado, de forma inapelable la dimisión del estado clerical ‘ex officio et pro bono Ecclesiae’ y la dispensa de todas las obligaciones unidas a la sagrada ordenación, del Rev. Cristián Precht Bañados. El mismo decreto establece que el obispo comunique a la brevedad la nueva situación canónica del afectado al pueblo de Dios”. En el caso del sacerdote Karadima, fue la misma oficina de prensa del Vaticano la que emitió un comunicado con fecha 28 de septiembre de 2018; el texto fue el siguiente: “El Papa Francisco ha dimitido del estado clerical a Fernando Karadima Fariña, de la Archidiócesis de Santiago de Chile. El Santo Padre ha tomado esta decisión excepcional en conciencia y por el bien de la Iglesia. – El Santo Padre ha ejercido su ‘potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia’ (Código de Derecho Canónico, canon 331), consciente de su servicio al pueblo de Dios como sucesor de San Pedro.– El decreto, firmado por el Papa el jueves 27 septiembre de 2018, entró en vigor automáticamente desde ese mismo momento, y comporta también la dispensa de todas las obligaciones clericales. Ha sido notificado a Karadima Fariña el viernes 28 de septiembre de 2018”.

Aunque en ambos casos la medida es la misma “dimisión del estado clerical”, a la que se une la dispensa de las obligaciones de dicho estado, la fuente es diversa. En el primer caso, ha sido la Congregación para la Doctrina de la Fe la que propone la medida y el Papa la ha aprobado con el correspondiente decreto. En cambio, en el caso de Karadima el comunicado no menciona a la Congregación y, en cambio, invoca el c. 331 del Código de Derecho Canónico que atribuye al Papa la suma autoridad en la Iglesia.

La pérdida del estado clerical aparece regulada en el Código de Derecho Canónico de 1983, y procede de tres formas: por declaración de la invalidez de la ordenación, por concesión declarada por rescripto de la Santa Sede y como pena por delitos canónicos (c. 290 CIC). La pena de dimisión del estado clerical puede imponerse por graves delitos tipificados en el Libro VI del Código (cc. 1364, 1367, 1370, 1387 y 1394 CIC), entre los cuales están los delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo con menores que no hayan cumplido 16 años (c. 1395 § 2 CIC). En general, el Código prevé que la imposición de las penas pueda hacerse mediante dos tipos de procedimiento: el judicial y el administrativo. El primero es la vía ordinaria, pero cuando existen “justas causas” que así lo aconsejen se puede imponer la pena por medio de la vía administrativa o extrajudicial (cc. 1720 y ss. CIC). Esta última vía, sin embargo, se excluye cuando se trata de penas perpetuas (c. 1342 § 2 CIC). Como la dimisión del estado clerical es una pena perpetua, para su imposición, conforme al Código, sólo puede aplicarse por sentencia en juicio canónico.

Sin embargo, cuando comenzaron a darse a conocer los abusos sexuales de menores por parte de sacerdotes y personas consagradas, la normativa del Código se mostró insuficiente para permitir procesar canónicamente todos estos casos. El año 2001, SS. Juan Pablo II emitió el motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, por el que promulgó una normativa especial, con valor de ley canónica, para los delitos más graves contra la moral y los sacramentos, las Normae de Gravioribus Delictis (Normas sobre Delitos más graves). En lo sustantivo, la normativa elevó a 18 años la edad bajo la cual la víctima es considerada menor; en lo procedimental, si bien se mantuvo la vía judicial para la imposición de estas sanciones para estos delitos, dio competencia a la Congregación para la Doctrina de la Fe, de modo que se ordenaba a los Obispos cuando aparecieran presunciones serias de un delito de abuso de menores de enviar la investigación previa sustanciada, la que se tomaba como base para proseguir el juicio canónico y emitir la sentencia.

El año 2010, el Papa Benedicto XVI promulgó varias modificaciones de esta normativa, entre ellas una que introdujo la posibilidad de sancionar al sacerdote culpable de este tipo de delitos con la dimisión del estado clerical sin necesidad de un proceso judicial, es decir, ex officio, siempre que la medida fuera aprobada por el Papa. El art. 21 de las nuevas Normas estableció que la Congregación para la Doctrina de la Fe puede “presentar directamente casos gravísimos a la decisión del Sumo Pontífice en vista de la dimisión del estado clerical o la deposición junto con la dispensa de la ley del celibato, siempre que conste de modo manifiesto la comisión del delito y después de que se haya dado al reo la facultad de defenderse”.

Como se ve, se trata de un procedimiento extraordinario, sólo para “casos gravísimos”. Aún así debe comprobarse la culpabilidad (manifiesta comisión del delito) y el reo debe haber tenido una adecuada posibilidad de defenderse, es decir, de dar su versión de los hechos. Aunque en la normativa del Código, se distingue entre la pérdida del estado clerical y la dispensa de la obligación del celibato sacerdotal (c. 291 CIC), en estos casos se aprovecha que es el mismo Sumo Pontífice el que aprueba la dimisión, para conceder al mismo tiempo la referida dispensa.

Este ha sido el procedimiento aplicado en el caso del Pbro. Cristián Precht Bañados, ya que sabemos que había ya una investigación previa enviada por el Arzobispado de Santiago a la Congregación para la Doctrina de la Fe con nuevas denuncias de abuso de menores, después de que ya había sido sancionado por otros hechos con la pena de suspensión de cinco años del ejercicio del ministerio sacerdotal.

En cambio, por el comunicado entendemos que la dimisión del Pbro. Fernando Karadima Fariña fue decidida en otro tipo de procedimiento. No se menciona que se trate de una dimissio ex officio que, aunque realizada por un procedimiento administrativo, es una pena o sanción. Tampoco aparece la intervención de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe que debe ser la que proponga la dimisión al Sumo Pontífice. El comunicado, en cambio, señala que ha sido el mismo Papa Francisco quien decreta la pérdida del estado sacerdotal como una medida excepcional tomada en conciencia por el bien de la Iglesia. Como fundamento jurídico se ofrece el canon 331 del Código que señala: “El Obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los Apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del Colegio de los Obispos, Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra; el cual, por tanto, tiene, en virtud de su función, potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente”. Ha sido, entonces, no una sanción por los delitos más graves encomendados al conocimiento de la Congregación para la Doctrina de la Iglesia, sino una decisión del Sumo Pontífice en ejercicio de su potestad ordinaria.

Examinados los alcances de ambas resoluciones, hemos de constatar que los efectos son los mismos, es decir, aquellos que se señalan para la “pérdida del estado clerical” en el Código de Derecho Canónico: el afectado pierde los derechos propios de ese estado y todos los oficios, funciones y potestades que se le hubieren delegado en el ámbito eclesiástico (c. 292 CIC). Del mismo modo, se extinguen las obligaciones del estado clerical, con excepción del celibato, si es que no es concedida una dispensa (como sucede en los casos que comentamos). Finalmente, se le prohíbe ejercer la potestad de orden (c. 292 CIC), es decir, todas las facultades que le da la sagrada ordenación: celebrar misa, predicar, confesar, celebrar matrimonios e impartir otros sacramentos reservados a los presbíteros. Se hace excepción, por obvias razones de necesidad, a la posibilidad de confesar cuando el penitente se encuentre en peligro de muerte (cc. 292 y 976 CIC).

Con todo, el dimitido sigue teniendo la calidad de sacerdote, ya que el sacramento del orden imprime un carácter que se mantiene incluso después de la muerte. Por eso la dimisión no implica la privación de la calidad y poder sacerdotales, como pone de relieve el que pueda confesar si existe alguien en peligro de muerte que necesite el sacramento. La pérdida del estado clerical debe entenderse más bien como una “prohibición de ejercer” la potestad del orden, que como tal se conserva (c. 1338 § 2 CIC).

Por ello, estas personas siguen siendo sacerdotes y no se convierten en laicos, aunque antiguamente se conocía esta medida como “reducción al estado laical”, terminología que ha sido abandonada por no ser exacta y además por contener implícitamente una minusvaloración de los fieles laicos. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que “Un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente, por causas graves, ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o se le puede impedir ejercerlas […] pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto […] porque el carácter impreso por la ordenación es para siempre. La vocación y la misión recibidas el día de su ordenación, lo marcan de manera permanente” (§ 1583).

Tanto Cristián Precht como Fernando Karadima han sido dimitidos del estado clerical, pero siguen siendo personas que han recibido el sacramento del orden; son y serán sacerdotes eternamente, ya sea para su bien o para su mal.

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Elecciones en el Opus Dei

22 enero, 2017

Ayer sábado 21 de enero de 2017, comenzó el proceso para elegir al sacerdote que, con el título de Prelado, tendrá la responsabilidad de dirigir el Opus Dei, luego del fallecimiento de Mons. Javier Echevarría el pasado 12 de diciembre de 2016. Esta institución de la Iglesia Católica, fundada en 1928, adquirió su forma jurídica definitiva al ser erigida, por el Papa Juan Pablo II, en Prelatura personal en 1982.

El Opus Dei es conocido y apreciado en nuestro país, desde que el ingeniero y sacerdote Adolfo Rodríguez arribara a Santiago en 1950 como respuesta a la petición que el Cardenal José María Caro hiciera al fundador, Josemaría Escrivá. Muchas iniciativas de apostolado, educación y servicio social han sido llevadas adelante por los fieles católicos, tanto sacerdotes como laicos, que integran la institución junto a otras personas, creyentes y no creyentes. Una de ellas es la Universidad de los Andes a la que la Prelatura, por un acuerdo entre ambas instituciones, garantiza la formacion cristiana y proporciona asistencia espiritual a quienes libremente lo soliciten. En 1993, la Universidad, para agradecer y de alguna manera simbolizar este vínculo de colaboración, nombró al entonces Prelado Mons. Álvaro del Portillo como Rector Honorario. El nombramiento se hizo extensivo a sus sucesores a la cabeza de la Prelatura. Por ello, quien finalmente resulte nominado como Prelado del Opus Dei, de pleno derecho pasará a tener el título de Rector Honorario de esta Universidad chilena.

Por ello, nos ha parecido conveniente comentar, desde el punto de vista jurídico, la provisión del cargo de Prelado en el Opus Dei. Las fuentes en las que se contienen las reglas aplicables son: los Estatutos de la Prelatura, llamado también Codex Iuris Particularis Operis Dei (Ver texto); enseguida, la Constitución Apostólica “Ut sit” de 28 de noviembre de 1982 por la que se erigió la Prelatura (Ver texto) y finalmente, como Derecho supletorio, el Código de Derecho Canónico (Codex Iuris Canonici, CIC), sobre todo en las normas generales que regulan la elección en los oficios eclesiásticos (cc. 164-179: ver texto en www.vatican.va).

Los requisitos que debe tener la persona para ser elegida son algunos de carácter objetivo y otros más cualitativos. Los objetivos son los siguientes: debe ser sacerdote de cuarenta años o más, hijo matrimonial, con cinco años de ejercicio sacerdotal y diez años al menos de permanencia en la Prelatura y ser miembro del Congreso General Electivo. Además se le exige tener un doctorado en ciencias eclesiásticas (Estatutos n. 131, 1 y 3). Las condiciones cualitativas son: destacar por su prudencia, piedad, amor ejemplar y obediencia a la Iglesia y su Magisterio, entrega al Opus Dei, caridad hacia los fieles de la Prelatura y celo hacia el prójimo (Estatutos n. 131, 2), y poseer una especial cultura, también profana, así como “las demás cualidades necesarias para ejercer el cargo” (Estatutos 131, 3).

El proceso de elección se desenvuelve en tres etapas que podríamos denominar: “Propuestas”, “Elección” y “Confirmación y nombramiento”. Cada una de ellas está a cargo de diversas autoridades; la primera corresponde al pleno de la Asesoría Central; la segunda al Congreso General Electivo y la tercera al Sumo Pontífice.

La Asesoría Central es el consejo que colabora con el Prelado en todo lo que tiene que ver con la sección femenina de la Prelatura. Integrado exclusivamente por mujeres, algunas permanecen en Roma, mientras que otras son delegadas de cada una de las regiones o circunscripciones territoriales donde la Prelatura ejerce sus labores apostólicas. Cuando se afirma que debe participar el pleno de la Asesoría, se expresa que deben ser convocadas tanto las integrantes que trabajan en la sede central como aquellas que son delegadas de cada región, y que deben viajar a la Ciudad eterna con este propósito.

El Congreso General Electivo se conforma con los llamados “congresistas”. Estos congresistas han sido nombrados, entre los fieles de las regiones en las que el Opus Dei ejerce su apostolado, con carácter vitalicio, por el o los anteriores Prelados. Los estatutos exige que sean nominados para esta función sacerdotes o varones laicos, de 32 años o más de edad e incorporados a la Prelatura desde al menos 9. La designación la hace el Prelado con el voto deliberativo de su Consejo General, previo informe de la Comisión Regional y de los congresistas, ya nombrados, de la respectiva región (Estatutos 130, 2). Cuando queda vacante el cargo de Prelado, por la muerte de quien lo desempeñaba, se conoce el número de congresistas que está habilitado para integrar el Congreso General Electivo. La mayor parte debe viajar a Roma desde sus respectivos países.

El proceso comienza con la etapa que hemos denominado “Propuestas”, y que está encomendada a las mujeres del Opus Dei, a través del pleno de la Asesoría Central. En una sesión que se realiza, después de una Misa del Espíritu Santo, se lee a las integrantes de dicho pleno los nombres de todos los sacerdotes que cumplen con los requisitos objetivos para ocupar el cargo. Luego cada una de ellas de manera individual y secreta escribe el o los nombres de aquellos sacerdotes que le parecen dignos y aptos, para el cargo en un papel que introduce en un sobre (Estatutos 130, 3 y 146). Los sobres conteniendo las propuestas se depositan en una urna que luego es trasladada al lugar de sesiones del Congreso Electivo.

El Congreso General Electivo se reúne oficialmente, también después de una Misa del Espíritu Santo, y como primera gestión se abren los sobres y se leen todas las propuestas de las integrantes de la Asesoría Central. Con ese antecedente, se procede a realizar la elección, en que cada congresista emite un voto libre y secreto (CIC c. 172). No se admite el sistema de “compromisarios” (Estatutos 130, 1), que es una forma por la cual uno o más electores le ceden su voto a otros (cfr. CIC cc. 174-175). Por ello, si alguno de los congresistas está ausente o impedido, nadie puede votar en su reemplazo.

Nada determinan los Estatutos sobre el quórum necesario para dar por realizada la elección. Nos parece –y aquí emitimos una opinión estrictamente personal­– que deberá aplicarse lo que dispone el canon 176 del Código de Derecho Canónico, el que a su vez se remite al canon 119 nº 1. Este último dispone: “cuando se trata de elecciones, tiene valor jurídico aquello que, hallándose presente la mayoría de los que deben ser convocados, se aprueba por mayoría absoluta de los presentes…”. Vemos que la norma determina dos tipos de quórums: uno para que la sesión electoral sea válida, y otro para que se estime realizada la elección. De esta forma, para que el Congreso electivo se constituya en sesión válida debe hallarse presente la mayoría (la mitad más uno) de los que tenían derecho a participar y que, por tanto, han sido convocados. Si hay sesión válida, se entiende elegido como Prelado al sacerdote sobre el que recaiga la mayoría absoluta (la mitad más uno) de los votos de los congresistas asistentes.

Obtenido el quórum para ser elegido, quien preside la sesión debe preguntarle al sacerdote electo si acepta el cargo. Con la respuesta afirmativa, el elegido, por sí mismo o por un delegado suyo, debe pedir al Romano Pontífice que confirme la elección (Estatutos 130, 4; Ut sit, IV). El Santo Padre es libre de confirmar o no. Obviamente en caso de rechazo, se deberá proceder a una nueva elección. Si, por el contrario, el Papa confirma se completa el nombramiento y desde ese mismo momento el confirmado es el Prelado de la Prelatura del Opus Dei y cuenta con la plenitud de su potestad. En los días siguientes, el nuevo Prelado deberá proveer todos los demás cargos y oficios en la Prelatura, ya sea confirmando a quienes los estaban desempeñando o reemplazándolos por otros.

El Congreso electivo en esta ocasión está previsto para el lunes 23 de enero, pero no es posible anticipar el tiempo en que se conocerá el nombre del nuevo Prelado, que dependerá, además de los escrutinios del Congreso, del tiempo que demore el Santo Padre en otorgar su confirmación.

En cualquier caso, la visión sobrenatural que proporciona la fe y que supera el instrumento humano que son las leyes positivas, permite confiar en que la persona nominada, con la oración y la colaboración de los miembros de la Prelatura, cumplirá ese deseo que se expresa en los Estatutos: “Sit ergo omnibus Praelaturae fidelibus magister atque Pater, qui omnes in visceribus Christi vere diligat, omnes effusa caritate erudiat atque foveat, pro omnibus impendatur et superimpendatur libenter”/ “Sea para todos los fieles de la Prelatura maestro y Padre, que de verdad ame a todos en las entrañas de Cristo, forme y aliente a todos con su desbordante caridad; gustosamente se gaste y se desgaste por todos”.

¿Indulgencias por twitter?

21 julio, 2013

Con motivo del próximo viaje del Papa Francisco a Brasil para encontrarse con los miles de jóvenes que asistirán a la 28ª Jornada Mundial de la Juventud (22 a 29 de julio de 2013), la Penitenciaría Apostólica emitió un decreto por el cual se conceden indulgencias a los fieles que participen en los actos religiosos que tendrán lugar en Río de Janeiro. Para aquellos que estén impedidos de participar directamente, el decreto dispone: “podrán obtener la indulgencia plenaria si, cumpliendo con las habituales condiciones espirituales, sacramentales y de oración, con el propósito de sumisión filial al Romano Pontífice, participen espiritualmente en las sagradas funciones en los días determinados, siguiendo los mismos ritos y ejercicios piadosos, a través de la televisión y la radio o, siempre con la debida devoción, a través de los nuevos medios de la comunicación social”. Esta última expresión hizo suponer a periodistas y reporteros a pensar en la cuenta de Twitter del Papa, inagurada por Benedicto XVI (@pontifex). Por simplicación, deseo de golpear o simple ignorancia, salieron titulares como “El Papa perdonará pecados por twitter”; “Papa Francisco promete perdonar pecados por twitter”; “Francisco cerca de internet: perdonará pecados por twitter”. Mientras algunos medios informaban el hecho con indisimulado sarcasmo (“Follow the Pope on Twitter and spend less time in purgatory, says Vatican”/“Sigue al Papa en Twitter y gasta menos tiempo en el purgatorio, dice el Vaticano), otros lo estimaban una más de las innovaciones y sorpresas del nuevo Pontífice; no faltaron tampoco los que conjeturaron que había detrás una estrategia para captar más seguidores en twitter.

La falta de conocimiento de la doctrina católica permite que las notas de prensa confundan, induzcan al error o escandalicen a personas de buena fe. A ello debe agregarse que la enseñanza de la Iglesia sobre las indulgencias, y la distinción entre perdón de los pecados y remisión de las “penas temporales” asignadas a ellos, no siempre ha sido bien comprendida. Debe recordarse que fue éste el punto que gatilló la reforma protestante. La predicación en Alemania sobre el otorgamiento de indulgencias a quienes colaboraran con dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro, hizo que Martín Lutero, fraile agustino, redactara las 95 tesis que, según la historia oficial, clavó en la puerta de la Iglesia del Palacio de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, marcando así el inicio de un proceso que terminaría por dividir la cristiandad. En su recuerdo, este día es feriado en Chile (ley Nº 20.299, de 2008).

Conviene aclarar entonces lo que sostiene el Magisterio y el Derecho de la Iglesia Católica sobre las indulgencias.  Siguiendo la Constitución Apostólica de Pablo VI, Pablo VI, Indulgentiarum doctrina (1967), el Código de Derecho Canónico las define de este modo: “La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los Santos” (c. 992). Se observa que nunca las indulgencias pueden perdonar pecados; más aún la operatividad de las indulgencias supone, entre otras cosas, que el fiel acuda al sacramento de la penitencia o confesión para obtener dicho perdón. La indulgencia actúa sobre la “pena temporal” asociada al pecado ya perdonado. La expresión “pena temporal” no debe ser comprendida como castigo conminado por la ira de un vengativo Dios, sino como la necesidad del mismo pecador de purificarse y de restaurar el equilibrio quebrantado por la inequidad de su falta.

Una analogía puede servir para comprender esto: si alguien derrama una sustancia tóxica que contamina un arroyo, podrá ser favorecido por una admnistía o indulto que lo libere del castigo (prisión, multa), pero ello no restaura el equilibrio ecológico del cauce, y es justo pedirle que recomponga la pureza del medio dañado. La amnistía o indulto representa el perdón de la culpa del pecado; la restauración del medio ambiente, la satisfacción de la “pena temporal”. ¿Cómo se realiza esa restauración o purificación? Mediante diversas formas de vivir la fe cristiana: sobrellevar los sufrimientos y pruebas de la existencia, ejercer la caridad, rezar, hacer penitencia voluntaria, etc. Lo que no se alcance a limpiar en esta vida, deberá ser purificado en la otra; en lo que, por esta razón, se denomina “purgatorio” (purgar=limpiar). Pero, como sucede también con el daño al medio ambiente, la restauración “espiritual” no es fácil de realizar con esfuerzos individuales. La Iglesia que, como comunidad solidaria de todos los fieles, administra un depósito formado por el cúmulo de méritos sobrenaturales de Cristo, al que se suman las oraciones y buenas obras de María, su madre, y la de todos los santos, puede conceder a los fieles que realicen ciertas obras de piedad o caridad una porción de dicho tesoro de gracias, para ayudarlos así a restaurar el desequilibrio producido por sus pecados o los de sus seres queridos ya difuntos. Esta ayuda se realiza mediante el otorgamiento de “indulgencias”. Si lo ofrecido por la Iglesia son los dones suficientes para lograr la restauración total del “medio ambiente dañado” por los pecados cometidos hasta ese momento, se habla de “indulgencia plenaria”. En cambio, si lo ofrecido son bienes que ayudan a limpiar sólo en parte la contaminación, la indulgencia es parcial.

¿Cuál es entonces la novedad de las indulgencias decretadas a favor de los que participen en la próxima Jornada Mundial de la Juventud? Sólo una: que la obra requerida para ganar la indulgencia plenaria, además de la confesión, comunión y oración por las intenciones del Santo Padre, puede ser una participación en los ritos y ejercicios piadosos a distancia, mediante los nuevos medios de comunicación social, entre los cuales están los gestionados en internet. Es difícil que esto pueda cumplirse usando twitter, ya que no parece que por esta red puedan seguirse las ceremonias de manera continua (como sí podría hacerse si se conecta a la señal televisa o el audio por alguna página web). En todo caso, el seguimiento de los actos por estos nuevos medios de comunicación social debe hacerse, como exige explícitamente el decreto, con “la debida devoción”. No se trata de realizar actos exteriores, sino de crecer en fe y amor a Dios. El fin de la indulgencia no es, como parece haber pensado Lutero –inducido es cierto por una predicación equivocada que ponía el acento en el dinero entregado para cooperar con la construcción de la Basílica de San Pedro más que en la mejora espiritual de los fieles­–, “comprar” con actos externos el cielo, sino facilitar a los fieles una genuina vida cristiana y una confiada esperanza en la misericordia divina.

Teniendo en cuenta la claridad actual de la doctrina sobre las indulgencias es de esperar que la confusión periodística sobre twitter, no lleve a ningún nuevo hermano Martín a “clavar” tesis contrarias a la doctrina católica en facebook.

La forma jurídica del Opus Dei

27 noviembre, 2011

El 28 de noviembre es una fecha importante para el Opus Dei. Aunque su fundación se remonta a 1928, fue sólo en 1982 cuando adquirió su forma jurídica definitiva, al ser erigido por el Papa Juan Pablo II en Prelatura personal, mediante la Constitución apostólica Ut sit del 28 de noviembre de ese año.

La demora en encontrar un estatuto jurídico apropiado se justifica por la novedad que representa en la Iglesia Católica la institución fundada por el sacerdote español, hoy canonizado, Josemaría Escrivá. Explica también que no siempre se comprenda bien su naturaleza y su cometido, incluso por creyentes y personas de buena fe.

Y es que la labor del fundador (abogado y doctor en Derecho, además de sacerdote) de abrir un cauce jurídico para esta iniciativa a que se sintió llamado por una especial inspiración divina, no era para nada sencilla. Lo que Josemaría Escrivá recibió en el momento fundacional en octubre de 1928 fue un mensaje: que los fieles corrientes están llamados a la santidad en medio del mundo y a través de su trabajo o actividad ordinaria, pero también la fundación de una institución en la Iglesia que tuviera por misión difundir y encarnar ese ideal.

Por la naturaleza del mensaje, era claro que la institución no podía ser una mera asociación de fieles (lo que hoy se suele denominar movimientos religiosos) pero tampoco una orden religiosa o instituto de vida consagrada (como los carmelitas, benedictinos, dominicos, jesuitas, maristas, etc.). No podía ser de carácter asociativo porque Escrivá vislumbró que los miembros de la institución lo serían, no en virtud de su buena voluntad de adscribirse a una iniciativa apostólica, sino en respuesta a un auténtico llamado vocacional. Pero tampoco podía ser una institución religiosa o de vida consagrada ya que se desvirtuaría el núcleo del mensaje recibido: que se puede ser santo sin cambiar de estado, siendo un fiel corriente: laico o sacerdote secular. La vida consagrada, aunque presente muchísimas modalidades (desde la vida de claustro a los misioneros), tiene por característica común el que esas personas se entregan públicamente a Dios y por tanto dejan de ser laicos o fieles comunes de la Iglesia.

La necesidad de que se tratara de fieles corrientes imperaba igualmente que no cambiaran de condición ni estado eclesiástico por su pertenencia al Opus Dei, y que siguieran, como los demás, sujetos a la potestad del Obispo de la diócesis donde viven.

Lo que parecía un problema insoluble, se fue abriendo paso en la legislación de la Iglesia, con la idea de las prelaturas personales, que fueron propiciadas primero por el Concilio Vaticano II (Presbyterorum ordinis de 7-XII-1965, n. 10), y luego reguladas por el Código de Derecho Canónico de 1983 (Texto de cánones). La prelatura personal es una institución jerárquica de la Iglesia, erigida por la Santa Sede, para obras específicas pastorales, que se compone de un Prelado, sacerdotes que son incardinados en la Prelatura (y que son seculares y no religiosos) y que además puede admitir la incorporación de laicos.

La figura de la prelatura personal cumplía otra de las características deseadas por San Josemaría: no constituía un estatuto especial y de privilegio, sino uno común disponible para otras instituciones o comunidades cuya estructura y misión se adecuara a esta naturaleza jurídica.

Es así, como después de un largo estudio, que debió ser continuado por el sucesor del fundador, don Álvaro del Portillo, ante la muerte de San Josemaría en 1975, se erigió la Prelatura Personal de la Santa Cruz y Opus Dei ( Texto de Constitución Ut Sit). La Prelatura está a cargo de un prelado sacerdote, que es nombrado por Consejos electivos internos pero con ratificación del Papa. Tiene ámbito internacional, de modo que su sede central se encuentra en Roma. Cuenta con un presbiterio que son los sacerdotes que se ordenan de entre sus miembros (siempre respetando su libertad) y una gran cantidad de fieles laicos, varones y mujeres, solteros y casados, que, urgidos por una vocación divina que especifica la común vocación cristiana del bautismo, ingresan, no mediante una consagración o profesión de votos (como los religiosos), sino en virtud de un acuerdo (contrato) entre ellos y la Prelatura.

Esta estructura permite mantener inalterado el estado civil y eclesial de los fieles laicos. Su incorporación a la Prelatura no modifica en nada su relación con la diócesis a la que pertenecen y sus deberes y derechos ante el Obispo diocesano y demás estructuras de gobierno y jurisdicción de la diócesis (vicarías, parroquias, tribunales eclesiásticos, etc.). La potestad del Prelado sobre ellos se refiere a los compromisos suplementarios de formarse, hacer apostado y buscar la santidad en el medio del mundo conforme a las enseñazas de San Josemaría.

Por eso, los fieles laicos del Opus Dei, aunque no oculten su pertenencia a la prelatura, no la andan exhibiendo ni en su vestimenta ni en su forma de comportarse individual o colectivamente. Esto a veces puede causar extrañeza para los que aún piensan que la única forma de compromiso fuerte con la búsqueda de la santidad es la pertenencia a una orden religiosa, pero es absolutamente explicable y necesario si se atiende a la finalidad y espíritu del Opus Dei: abrir un camino para que los fieles corrientes se esmeren en seguir a Cristo, siendo en todo iguales a sus semejantes, en medio del mundo y de sus múltiples afanes.