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El orden de los apellidos

4 junio, 2017

El próximo 30 de junio entrará en vigor en España una nueva Ley de Registro Civil (ley 20 de 21 de julio de 2011) que entre sus mayores novedades trae un cambio a las normas sobre la determinación de los apellidos en la inscripción de nacimiento de los niños. Tradicionalmente en España se han usado dos apellidos, siendo el primero el del padre y el segundo el de la madre. Este orden fue considerado discriminatorio contra la mujer por diversos movimientos feministas, con lo que en 2000 se permitió que se invirtiera, poniendo en primer lugar el apellido de la madre, siempre que hubiera una declaración de común acuerdo entre ambos progenitores y una solicitud expresa al Encargado del Registro Civil. En defecto de acuerdo, se volvía a la precedencia del apellido paterno.

La nueva ley innova en la regla y exige que los padres se pongan de acuerdo en el orden de los apellidos del hijo. El art. 49 dispone que “Si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores acordarán el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral. – En caso de desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, el Encargado del Registro Civil requerirá a los progenitores, o a quienes ostenten la representación legal del menor, para que en el plazo máximo de tres días comuniquen el orden de apellidos. Transcurrido dicho plazo sin comunicación expresa, el Encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor”. Se agrega que “El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación”. Con todo, se permite que el interesado, una vez cumplidos los 16 años, pueda requerir al Registro Civil que cambie el orden de sus apellidos (arts. 53 Nº 1 y 57 Nº 3: Ver texto completo de la ley).

En Chile, curiosamente, el orden de los apellidos de los niños no está regulado en la Ley de Registro Civil, que sólo se preocupa de que no se le impongan nombres extravagantes, ridículos, impropios de personas, equívocos respecto al sexo o contrarios al buen lenguaje. El Oficial del Registro Civil, en tales casos, puede oponerse y ante la insistencia debe recurrir al juez (art. 31.4º Ley Nº 4.808, de 1930, texto refundido por DFL Nº 1, de 2000). En cambio, en el Reglamento Orgánico del Servicio de Registro Civil (DFL Nº 2.128, de 1930) encontramos normas sobre los apellidos. Se dispone que si el niño que se inscribe es hijo matrimonial debe llevar primero el apellido del padre y a continuación el de la madre (art. 126.2 RRC). Si se trata de un hijo no matrimonial, lleva el apellido del padre o madre del cual constare la maternidad o paternidad, y si consta respecto de ambos, se sigue la misma regla anterior (art. 126 RRC).

No han faltado quienes también en nuestro país han criticado esta normativa por ser contraria a la igualdad entre hombres y mujeres y favorecer un lenguaje machista o propio de una cultura patriarcal, y se han presentado proyectos de ley para modificarla, aunque es discutible la jerarquía legal de ella, ya que si bien adopta la forma de un Decreto con Fuerza de Ley el mismo texto se considera a sí mismo como un Reglamento.

Ya el año 2001, los diputados María Antonieta Saa, Adriana Muñoz, Marina Prochelle, Juan Bustos, Guillermo Ceroni y Jaime Mulet presentaron un proyecto de ley que permitía de común acuerdo de los padres atribuir a sus hijos el apellido materno en primer lugar y luego el paterno (Boletín Nº 2662-18). Sobre este proyecto, hoy archivado, puede verse el comentario, en general crítico, de la profesora española María de Aránzazu Novales Alquezar, publicado en la Revista Chilena de Derecho vol. 30, 2003, 2, pp. 321-332.

Más reciente es el proyecto presentado por los diputados Denisse Pascal, Alejandra Sepúlveda, Juan Morano e Iván Fuentes en noviembre de 2015 (Boletín N°10396-18), y que propone cambiar las normas actuales por otras en que se señale que el orden de los apellidos del niño de filiación matrimonial o no matrimonial reconocido por ambos padres, sea el que decidan de común acuerdo ambos progenitores. A falta de acuerdo, el orden legal será el inverso al del actual: primero, el apellido materno, y en segundo lugar, el paterno. No obstante, el orden determinado para la primera inscripción de nacimiento deberá seguirse al inscribir el nacimiento de otros hijos de los mismos padres. Se propone también modificar la Ley de cambio de nombre, Nº 17.344, de 1970, para agregar como nueva causal para permitir dicho cambio: “Cuando [el solicitante] desee alterar el orden de los apellidos con los que figura en la partida de nacimiento”.

El problema de esta tendencia que, en principio está rectamente inspirada, es que descuida la función pública del nombre como atributo de la personalidad y al mismo tiempo como instrumento lingüístico que contribuye a una mejor individualización de la persona en la familia y la comunidad a la que pertenece. El orden de los apellidos es algo claramente convencional, y de hecho hay países en los que rige la costumbre de usar un solo apellido (países anglosajones) o en que se antepone el apellido de la madre (Portugal, Brasil). Lo importante, sin embargo, es que debe tratarse de una regla que se siga uniformemente, porque si se la deja al arbitrio de la voluntad de las personas interesadas ya no podrá cumplir con la función por la cual es legalmente consagrada y protegida.

La necesidad de estabilidad y predictibilidad de la conformación del orden de apellidos sigue manifestándose en todas estas reformas, ya que, a nuestro juicio de manera incoherente, exigen que el orden que se acuerde para el primero de los hijos debe seguirse cuando se inscriban otros hijos de los mismos padres. Esta preocupación de que los hermanos lleven los mismos apellidos revela que el nombre tiene importancia social para la identificación de las personas. Pero si lo que se quiere es privilegiar por encima de todo la autonomía de la voluntad y la necesidad de igualar a hombres y mujeres, no se entiende esta limitación. Es más, un trato realmente igualitario para ambos padres debería permitir que el orden de los apellidos vaya variando según los hijos que se tengan: así, el primero puede llevar los apellidos materno y paterno; el segundo, los apellidos paterno y materno, y así sucesivamente. De hecho, tanto la reforma española como el proyecto chileno del 2015 permiten que el interesado pueda, llegada cierta edad, cambiar el orden de sus apellidos, con lo que se posibilita que los hermanos puedan llevar apellidos diversos.

Pareciera que aquí no hay más que dos opciones: o, establecer una regla uniforme respecto de qué apellidos y en qué orden deberán componer el nombre de un niño, o, hacer que todo dependa libremente de la voluntad de los padres o de la persona interesada. Pero si se sigue esta última vía, habría que descartar cualquier limitación como la de que todos los hermanos lleven los mismos apellidos o, incluso más, que deban ser los apellidos del padre y de la madre los que necesariamente se deban atribuir a sus hijos. Si se privilegia la autonomía de la voluntad por sobre la función pública del nombre, no hay razones para que los padres nominen a sus hijos con apellidos de otras personas, como los de alguno de los abuelos o de otra persona por la que sienten admiración o afecto. Pero si se opta por esta solución, el nombre perderá gran parte de la importancia jurídica y social que actualmente posee, y ello favorecerá la tendencia hacia que las personas sean identificadas por un número en vez de por un conjunto de palabras (Nº de cédula de identidad, Nº de pasaporte, Rol Único Tributario, etc. ).

En suma, pensamos que existen muchos otros problemas que debieran ser abordados para equiparar la situación de la mujer con la del varón en nuestra sociedad y que son mucho más relevantes que el orden de los apellidos de los hijos, que puede explicarse sencillamente por una tradición histórica que no minusvalora para nada el valor de la mujer ni de la maternidad.

Con todo, si se insistiera en que el orden actual revela una discriminación contra la mujer, preferimos que la ley establezca como regla uniforme que el primer apellido sea el materno, antes de que se desvirtúe la función pública del nombre concediendo a los padres o al interesado una facultad discrecional para elegir uno u otro orden.

Funciones civiles de los cónsules. A propósito de las amenazas de Evo

9 agosto, 2015

Dentro de la serie de declaraciones que el Presidente de Bolivia, Evo Morales ha estado profiriendo en contra del Estado de Chile y su gobierno, se conoció esta semana una referida al Cónsul chileno en La Paz, Milenko Skoknic. En entrevista al diario El Deber, Morales expuso que podría ser expulsado de Bolivia porque estaría buscando la inestabilidad de su gobierno, al recorrer el país para entrevistarse con dirigentes y políticos de la oposición. Esta acusación fue rechazada categóricamente por el Canciller chileno y por la misma Presidenta Bachelet.

No sabemos si el Presidente Morales terminará por expulsar al Cónsul chileno, pero el incidente nos da ocasión para examinar las funciones que tiene una autoridad consular en materias propias del Derecho Civil. Estas funciones están establecidas en el Reglamento Consular, aprobado por D. Sup. Nº 172, de 23 de marzo de 1977 (D. Of. 29 de julio de 1977) (Ver texto) , que –dicho sea de paso– debiera ser puesto al día en muchas materias, entre otras con las reformas al régimen de filiación (1998) y al matrimonio civil (2004).

En general, todos los Cónsules de carrera y los Cónsules honorarios que hayan sido facultados por decreto supremo, tienen la calidad de Ministros de Fe para lo que el Reglamento llama “actos notariales” y “actos de estado civil” que se realicen ante ellos a petición de chilenos o extranjeros y que vayan a tener efectos en Chile (art. 11 Reglamento Consular). En el fondo, los Cónsules pueden tener la calidad de notarios o de Oficiales del Registro Civil (art. 3 letra g Reglamento Consular).

En cuanto a lo referido al estado civil de las personas, los cónsules pueden practicar inscripciones de nacimiento, de matrimonio y de defunción para lo cual deben tener un Libro de Actos de Estado Civil (art. 31 letra c Reglamento Consular). Las inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción se practicarán conforme a las reglas previstas en el art. 54 del Reglamento. El nacimiento de los hijos de chilenos ocurridos en el extranjero, estando el padre o madre al servicio de la República debe inscribirse ante el respectivo Cónsul (art. 3 Nº 3 Ley de Registro Civil; art. 54.1 Reglamento Consular). Esta previsión se explicaba por la nacionalidad especial que les otorgaba el texto original del art. 10 Nº 2 de la Constitución de 1980, que ha desaparecido después de la reforma constitucional de la ley Nº 20.050, de 2005.

En lo que se refiere al matrimonio, sin embargo, los cónsules no tienen facultad para oficiar un matrimonio civil (art. 11.2 Reglamento Consular). Sus funciones se limitan a inscribir los matrimonios que hayan sido celebrados en el extranjero conforme a la ley del lugar de celebración. En la inscripción matrimonial puede dejarse mención del régimen de bienes y del reconocimiento de hijos nacidos con anterioridad a la celebración. Una vez practicadas estas inscripciones copias de ellas deben ser remitidas al Ministerio de Relaciones Exteriores, el que debe enviarlas a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación para que se practique la inscripción en la Primera Sección de la Comuna de Santiago (Recoleta) (art. 54 Nº 6 Reglamento Consular; art. 24 ley Nº 19.477, de 1996).

En materia de actos jurídicos y contratos, el Cónsul ejerce funciones propias de un notario respecto de actos y contratos realizados por chilenos o extranjeros que vayan a tener efecto en Chile (art. 94.1 Reglamento Consular). Así, pueden extender instrumentos públicos o autorizar la firma de instrumentos privados. Para estos efectos debe mantener un Libro de Actos Notariales, que hace las veces de Protocolo (arts. 31 y 95 Reglamento Consular). De esta manera, ante un Cónsul chileno en el extranjero puede celebrarse un contrato de compraventa de un bien raíz situado en Chile, y será la copia de esa escritura pública otorgada en el Libro de Actos Notariales la que deberá ingresarse al Conservador de Bienes Raíces para que se practique la inscripción en el Registro de Propiedad. Igualmente, se puede reconocer un hijo a través de una escritura pública consular. Podrán también otorgarse mandatos o poderes tanto por escritura pública o instrumento privado con firma autorizada.

En materia sucesoria, una función que el mismo Código Civil reconoce a los cónsules es la de ser funcionarios públicos competentes para que los chilenos puedan otorgar testamentos conforme a la ley chilena (art. 1028 Nº 2 del Código Civil). Ante un Cónsul sólo pueden otorgarse testamento solemnes, ya sean abiertos o cerrados y siempre ante tres testigos hábiles. El testamento abierto no puede hacerse en hoja suelta sino que debe quedar incorporado al Libro de Actos Notariales, lo que equivale a establecer que sólo puede otorgarse como escritura pública (art. 102 Reglamento Consular). Cuando se trata de un testamento cerrado el Cónsul debe limitarse a tomar razón en el Libro de Actos Notariales del hecho de haberse autorizado un testamento cerrado y de las menciones escritas en el sobre o cubierta que contiene el testamento (art. 103 Reglamento Consular).

Una vez otorgado, el Cónsul debe remitir copia del testamento abierto o el sobre del testamento cerrado al Jefe de la respectiva Misión Diplomática, para que éste cumpla con lo establecido en el art. 1029 del Código Civil, es decir, para que lo envíe al Ministerio de Relaciones Exteriores, el que, no conociéndose el domicilio del testador en Chile, debe enviarlo a un juez de letras de Santiago. Este juez debe designar un notario para que éste lo incorpore en sus protocolos. En caso de no existir una Misión Diplomática (Embajada), como sucede en Bolivia, entendemos que el Cónsul debe proceder a enviar directamente los antecedentes al Ministerio.

Además, el Cónsul debe recibir el testamento marítimo que se haya otorgado conforme a los arts. 1048 y 1055 del Código Civil, cuando arribe a su territorio la nave donde se ha otorgado y el capitán le haga entrega del documento. El Cónsul ha de remitir el testamento al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, para los efectos del art. 1029 del Código Civil (art. 1050 Código Civil, art. 105 Reglamento Consular).

A todas estas funciones, se añade todo lo referido a la legalización de documentos otorgados ante autoridades extranjeras (arts. 31 letra f y 107 y ss. Reglamento Consular), que, sin duda, es de suma utilidad no sólo para chilenos sino también para los extranjeros que desean hacer valer esos documentos en Chile.

Como puede verse, las funciones de los cónsules en materias de Derecho Civil son numerosas y muy relevantes para la utilidad de las personas, tanto chilenas como extranjeras. Debemos esperar que el Presidente Morales no cumpla su amenaza y que el Cónsul de Chile en La Paz pueda seguir cumpliendo sus funciones en beneficio no sólo de los chilenos residentes en Bolivia, sino también de los mismos ciudadanos bolivianos.

Aurora en el vertedero

23 noviembre, 2014

A principios de noviembre se estrenó la película chilena “Aurora” dirigida por Ricardo Sepúlveda y protagonizada por Amparo Noguera, quien interpreta a una mujer que se empecina en adoptar a una niña recién nacida que fue encontrada muerta en un basural, para así poder enterrarla y darle al menos una sepultura.

La película está basada en una historia real que, en mi opinion, supera a la ficción. La socióloga Bernarda Gallardo hace doce años comenzó una inusual campaña para inhumar los cuerpos de niños que aparecían en los vertederos de Puerto Montt. Bernarda tuvo una hija de un embarazo adolescente, pero luego no pudo quedar embarazada, por lo que con su marido adoptaron dos niños. En abril del 2006, mientras se encontraba en los trámites para adoptar a un tercero, fue impactada por el titular de portada de El Diario El Llanquihue: “Asesinan y botan guagua al basural”. Sintió que no podía quedarse sin hacer nada, que esa criatura, de sexo femenino, habría podido ser la hija que estaba esperando adoptar: “Cuando uno adopta se transforma en una madre universal” declararía con posterioridad. Sintió que tenía el deber de ofrecerle a esa niña, a la denominó Aurora, siquiera la dignidad de un funeral y un entierro: “Era una niña y merecía el respeto mínimo que se debe entregar a cualquier humano para descansar en paz”. Logró finalmente que el juez que investigaba el posible delito ordenara que el Servicio Médico Legal le entregara el cadáver de la niña y, junto con su familia, escolares y habitantes de la ciudad, procedieron a darle sepultura. Lo increíble es que no se trató de un caso único, porque luego le avisaron que se había encontrado otro niño muerto por asfixia en la bolsa en la que había sido abandonado. Cuando apareció la tercera guagua en similares condiciones, ella y la gente que la apoyaba pusieron por todo Puerto Montt carteles con la leyenda “No botemos la vida”. Actualmente Bernarda se declara madre de una hija biológica, dos hijos adoptivos y cinco “hijos póstumos” (ver reportaje en periodicoencuentro.cl).

Ella misma, y la prensa, usan la palabra adopción para describir la justificación de su acto de generosidad cristiana. Pero, jurídicamente, no puede hablarse de adopción, porque en nuestro país no se admite la adopción de un niño cuando este ya ha fallecido. La ley Nº 19.620, que regula la adopción, sólo permite en un caso de la adopción posmortem que sucede cuando muere uno de los cónyuges del matrimonio adoptante. En tal evento, la ley consiente en que se complete la adopción y que el menor sea inscrito como hijo de ambos padres, aunque uno de ellos haya fallecido con anterioridad a la sentencia que concede la filiación adoptiva (art. 22 Ley Nº 19.620).

Tampoco podría haberse recurrido a inscribir el nacimiento del niño en el Registro Civil, haciéndose pasar Bernarda y su marido por padres biológicos de la criatura, ya que ello podría importar un delito. Sí es posible que alguien que encuentra a un menor abandonado pida la inscripción de su nacimiento; incluso la Ley de Registro Civil, pasados treinta días desde el nacimiento, impone la obligación de requerir la inscripción a “la persona que haya recogido al recién nacido abandonado” (art. 29 Nº 6 Ley Nº 4.808). Pero en tal caso la criatura se inscribirá como de filiación no determinada. Como en los casos ocurridos en Puerto Montt los cuerpos de los infantes fueron derivados directamente al Servicio Médico Legal, las inscripciones de nacimiento y de defunción deberán haberse sido solicitadas mediante resolución del juez a cargo de la investigación por el eventual delito cometido contra la vida del niño abandonado. La Ley de Registro Civil, modificada en este punto por la Ley Nº 20.577, de 2012, dispone que la inscripción de defunción “se efectuará en virtud de una resolución judicial, en los casos que la ley lo determine”. Aunque la modificación fue motivada por la introducción de la figura de la comprobación judicial de la muerte, nos parece que resulta aplicable cuando el cadáver está a disposición de la autoridad judicial por una investigación penal, aunque el Reglamento del Registro Civil señala que debe ser la policía o el Servicio Médico Legal quien debe requerir la inscripción (art. 175 D. Sup. 2128, de 1930). Tratándose de un recién nacido, debe procederse en forma previa a la inscripción de nacimiento del niño, ya que sin ésta no puede efectuarse la de defunción. El Reglamento del Registro Civil dispone que “Si se trata del fallecimiento de un párvulo, menor de dos meses, el Oficial del Registro Civil indagará si el nacimiento ha sido inscrito previamente, y si no lo estuviere, procederá a efectuar también, esta inscripción” (art. 176, D. Sup. 2.128, de 1930).

Una vez inscrita la defunción y efectuada la autopsia, puede procederse a la entrega del cadáver a los parientes del difunto para su inhumanación. El Código Procesal Penal dispone que el cadáver puede ser entregado, previa autorización del fiscal, a falta de parientes, “a quienes invocaren título o motivo suficiente” (art. 201 CPP).

Aquí fue donde Bernarda tuvo las mayores dificultades, ya que las autoridades judiciales sospechaban sobre las verdaderas razones por las cuales quería hacerse cargo de los funerales de Aurora y de los demás niños abandonados que la sucedieron (ver reportaje en paula.cl).

En verdad, ella tenía un motivo más que suficiente. Siendo cristiana, estaba procurando hacer una de las siete obras de misericordia corporales sistematizada por los viejos catecismos católicos: “Enterrar a los muertos”.

A la vez estaba brindando un último gesto de dignidad y solidaridad humana con estos niños tratados injustamente como desechos de vertedero. Desde antes de la aparición del cristianismo, la cultura griega había extendido el respeto debido a la persona humana a los despojos que quedan después de su muerte.

La famosa tragedia de Sófocles, Antígona, discurre justamente sobre su desafío a los edictos de Creonte, rey de Tebas, que exigían que el cadáver del hermano de aquélla, Polinicis, permaneciera insepulto como pena por su traición a la ciudad. Antígona desobedece ese mandato, con lo que se expone a su propia muerte, porque, en sus palabras, existen leyes divinas que son superiores a los mandatos humanos: “no creía yo –le espeta a Creonte– que tus decretos tuvieran tanta fuerza como para permitir que solo un hombre pueda saltar por encima de las leyes no escritas, inmutables, de los dioses: su vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre y nadie sabe cuándo aparecieron”.

Bernarda, como una moderna Antígona, ha sabido luchar contra las dificultades que le ponía el sistema legal para conseguir que esos niños tuvieran no sólo una sepultura. Su ejemplo nos permite abrigar la esperanza de que el amor por la vida y la dignidad humana prevalece por sobre las miserias y debilidades morales de nuestro tiempo. Como si la aurora iluminara la oscuridad del vertedero.

Navidad e inscripción del nacimiento de un niño fuera del lugar de residencia de su familia

29 diciembre, 2013

Con la fiesta de la Navidad, el mundo ha celebrado una vez más el nacimiento de un niño Jesús en Belén de Judea, hace más de dos mil años. María, su madre, y José, su padre adoptivo, no residían en Belén sino en la ciudad de Nazaret, de la región alta de la Palestina llamada Galilea. La razón de que el parto tuviera lugar fuera del lugar de residencia del matrimonio fue el censo ordenado por César Augusto. Siguiendo las costumbres judías, José se trasladó a Belén para registrarse en la ciudad de donde era nativo el rey David, a cuya casa o descendencia pertenecía. Estando en Belén, y sin que hubiera sitio en la posada, el niño nació en un establo donde se refugió la pareja para que María pudiera dar a luz. Así lo relata el Evangelio de Lucas: “cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue” (Lucas 2, 3-7). En esa época no existía la inscripción de nacimiento en el Registro Civil, pero es probable que José haya inscrito en el censo también al niño recién nacido.

La historia del nacimiento de Jesús, rememorada por las fiestas de fin de año, nos da pie para destacar una modificación de nuestra Ley de Registro Civil que puede haber pasado desapercibida, ya que se realizó a través de un artículo del título “Disposiciones varias” de la ley Nº 20.584, que reguló los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, la llamada “Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes”. Se trata del art. 39 de dicha ley por el cual se efectúan modificaciones a los arts. 3 y 31 de la Ley de Registro Civil.

El art. 3 determina que en el Libro de Nacimientos del Registro Civil se inscribirán en primer lugar los nacimientos que ocurran en el territorio de cada comuna. La reforma agrega que “El padre o la madre, al requerir esta inscripción, podrá solicitar que, junto con anotarse la comuna en que nació su hijo, se registre, en la misma partida, la comuna o localidad en la que estuviere avecindada la madre del recién nacido, la que deberá consignarse como lugar de origen de éste”. En coherencia con esta disposición, se reforma también el art. 31 de la Ley de Registro que enumera las indicaciones que debe contener la partida o inscripción de nacimiento: 1.º Hora, día, mes, año y lugar en que ocurrió el
nacimiento; 2.º El sexo del recién nacido; 3.º El nombre y apellido del nacido, que indique la persona que requiere la inscripción; 4.º Los nombres, apellidos, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio de los padres, o los del padre o madre que le reconozca o haya reconocido. Ahora se agrega el siguiente número: “5º. La comuna o localidad en la que estuviere avecindada la madre del recién nacido deberá consignarse tanto en esta partida, cuanto en el certificado de nacimiento, como lugar de origen del hijo”. Habrá que precisar, teniendo en cuenta lo señalado en el reformado Nº 1 del art. 3, que esta mención se incluirá en la partida cuando ella sea solicitada por el padre o madre que requiera la inscripción, pero no cuando ésta sea requerida por un tercero.

Según la historia de la ley, esta modificación fue introducida mediante una indicación de los diputados Lobos, Monsalve, Palma y Robles, durante el primer trámite constitucional en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Se fundamentó haciendo ver que la mayoría de los hospitales cuentan con servicios de atención obstétrica dentro de un determinado horario, lo que produce que mujeres que necesitan dar a luz deban concurrir a establecimientos en comunas vecinas. Como la Ley de Registro Civil determina que el nacimiento se inscriba en la oficina del Registro de la comuna en la cual se produce, se habría ocasionado un estancamiento en las tasas de natalidad de comunas que no cuentan con atención obstétrica permanente. El informe de la Comisión agrega, además, que “se hizo presente que la propuesta busca dar solución al problema y resguardar la pertenencia de las personas a su comuna, aun cuando se haya nacido circunstancialmente fuera de ella” (Biblioteca del Congreso Nacional, Historia de la Ley Nº 20.584, p. 108).

A pesar de que durante la tramitación se hizo ver que había otras iniciativas legales que abordaban el problema, la norma se mantuvo en el proyecto de Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, hasta adquirir su redacción definitiva con una indicación del senador José Antonio Gómez.

Digamos, finalmente, que la reforma comenzó a regir, conforme al artículo transitorio de la ley Nº 20.584, el 1º de octubre de 2012, esto es, el primer día del sexto mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial, lo que se efectuó el 24 de abril de 2012.

Aunque es dudoso que la reforma tenga el impacto que sus auspiciadores deseaban sobre las estadísticas y el recuento comunal de las tasas de natalidad, no deja de ser positivo que se deje constancia del lugar de origen de la familia del nacido cuando éste no coincida, por circunstancias accidentales, con el del parto.

Mal que mal, incluso al niño nacido en Belén se la conocerá hasta el día de hoy como Jesús de Nazaret.