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Torta de novios y objeción de conciencia

10 junio, 2018

Era un fallo muy esperado, el que la Corte Suprema de Estados Unidos dio a conocer el pasado 5 de junio, en el caso “Masterpice Cake Shop Ltd. et al. v. Colorado Civil Rights Commission”. Se discutía la legitimidad de la negativa del dueño de una pastelería y respostero de diseñar y preparar una torta especial de novios para la fiesta de celebración de un matrimonio entre dos varones.

La Corte, por amplia mayoría de 7 votos contra 2, acogió el recurso del objetor que invocó sus derechos constitucionales a las libertades de expresión y de religión contenidas en la Primera Enmienda de la Constitución Federal, cuyo tercer artículo dispone que “El Congreso no aprobará ninguna ley cuyo objetivo sea imponer una religión o prohibir el libre ejercicio de una religión, ni para restringir la libertad de expresión o de prensa…”

El fallo tiene mucha relevancia porque son múltiples las materias en las que se están produciendo conflictos entre lo que las leyes positivas ordenan y los deberes morales que los ciudadanos perciben a través de su conciencia personal, y que se tratan de solucionar a través de la llamada objeción de conciencia, pero no siempre es sencillo establecer la existencia de esta objeción ni su alcance.

Pero antes de ir a la sentencia de la Corte, debemos describir resumidamente los hechos del caso. En la ciudad de Lakewood, en el Estado de Colorado, por 24 años Jack Phillips, un cristiano devoto, ha sido propietario de la empresa Masterpice Cake Shop Ltd., a través de la cual él mismo diseña, confecciona y vende tortas, pasteles, dulces y otros productos semejantes. En julio de 2012, Charles Craig y David Mullins, que iban a contraer matrimonio en el Estado de Massachusetts para luego hacer la fiesta en Colorado, que a la época no reconocía el matrimonio entre personas del mismo sexo, entraron a la tienda y pidieron a Phillips que preparara una torta especial para dicha fiesta. Phillips se niega y les explica que, dadas sus personales creencias sobre la necesaria heterosexualidad del compromiso matrimonial, le es imposible acceder a la petición. Como alternativa les ofrece otro tipo de tortas, dulces o pasteles también fabricados por él. Los solicitantes no aceptan esa oferta alternativa y se retiran de la tienda sin mayor discusión. Semanas más tarde, sin embargo, interponen una denuncia en contra de Phillips y de Masterpice Cake Shop por violación de la Colorado Anti-Discrimination Act (CADA) ante la Comisión de Derechos Civiles de dicho Estado. La CADA prohíbe toda discriminación en ámbitos que caen dentro del concepto de “places of public accommodations”, el que incluye locales o negocios de ventas y prestación de servicios al público en general. En cambio, según la ley, no son lugares de “public accommodations” las iglesias, sinagogas, mezquitas y otros recintos destinados principalmente a fines religiosos.

Ante la denuncia se sustanció el procedimiento administrativo establecido por la ley, que culminó en una resolución del pleno de la Comisión por la cual se concluye que hay evidencia suficiente para determinar que los denunciados (Phillips y su empresa) violaron la CADA y por ello impone medidas remediales contempladas en la misma ley: cese inmediato de las discriminaciones a parejas homosexuales y venderles tortas de matrimonio y otros productos, cambiar cualquier política de negocios contraria a la ley, someter al personal a capacitación en las normas de la sección de Public Accomodations de la CADA e informar trimestralmente, por un plazo de dos años, los pasos que se han dado para evitar discriminaciones de clientes. Phillips, por él y por su empresa, apeló a la Corte de Apelaciones de Colorado, pero ésta en 2015 confimó la resolución y las medidas remediales adoptadas por la Comisión.

Después de que la Corte Suprema estatal se negara a conocer el caso, Phillips y su empresa solicitan que sea visto por la Corte Suprema Federal, ya que entienden que la decisión que los ha sancionado viola las libertades de expresión y de religión consagradas en la Primera Enmienda de la Constitución. La Corte concede el certiorari el año 2017, revisa la causa y finalmente emite la sentencia acogiendo la petición y revocando, la resolución de la Corte de Apelaciones.

La sentencia reconoce que se estaba frente a un caso muy difícil ya que plantea la necesidad de dirimir cómo compatibilizar dos principios fundamentales del orden constitucional: por una parte, las libertades de expresión y religión del repostero y su empresa y, por otra, la autoridad del Estado para proteger a las personas contra las discriminaciones en el acceso a la compra de bienes y servicios ofrecidos al público en general. De ello se deja constancia al comenzar el fallo: “El caso plantea preguntas difíciles en cuanto a la correcta conciliación de al menos dos principios. El primero es la autoridad de un Estado y sus entidades gubernamentales para proteger los derechos y la dignidad de las personas homosexuales que están casadas o desean casarse, y que enfrentan discriminaciones cuando buscan bienes o servicios. El segundo es el derecho de todas las personas a ejercer las libertades fundamentales en virtud de la Primera Enmienda, tal como se aplica a los Estados a través de la Decimocuarta Enmienda”. Estas libertades fundamentales son básicamente dos: la libertad de expresión y el libre ejercicio de una religión: “the freedom of speech and the free exercise of religión”.

La Corte, sin embargo, y quizás de allí la contundente mayoría de la decisión, no entra directamente a resolver el dilema planteado, y más bien constata que se dio, lo que podríamos decir, es un vicio de procedimiento. No se trata, sin embargo, de una mera cuestión formal o adjetiva, sino justamente de la falta de consideración y respeto que la Comisión de Derechos Civiles mostró hacia las libertades de expresión y de religión planteadas por Phillips. Así, la sentencia de la Corte Suprema estima que durante el procedimiento el Estado de Colorado no respetó su obligación de tratar con neutralidad los argumentos basados en las libertades de expresión y religión: “La razón y el motivo de la negativa del repostero se basaron en sus convicciones y sinceras creencias religiosas […] el repostero, en su calidad de propietario de una empresa que presta servicios al público, podría ver limitado su derecho al libre ejercicio de la religión por leyes de general aplicación. Aún así, la delicada cuestión de cuándo debe ceder el libre ejercicio de su religión a un ejercicio válido del poder estatal debe determinarse en una sentencia en la que la hostilidad religiosa por parte del Estado mismo no sea un factor integrante del balance que el Estado ha de realizar. Ese requisito, sin embargo, no se cumplió aquí. Cuando la Comisión de Derechos Civiles de Colorado consideró este caso, no lo hizo con la neutralidad religiosa que exige la Constitución”.

La sentencia, enseguida, argumenta por qué puede decirse que Phillips y su empresa no tuvieron un trato neutral, sino que sus alegaciones fueron menospreciadas y miradas con hostilidad. Un elemento que parece haber pesado especialmente en el ánimo de los jueces son las expresiones de algunos de los integrantes de la Comisión durante las audiencias orales del procedimiento sancionatorio: un comisionado dijo que el pastelero podía creer lo que él quisiera pero no podía actuar siguiendo sus creencias religiosas si decide emprender negocios en el Estado. En una nueva audiencia otro comisionado planteó que “la libertad de religión y la religión misma han sido usadas para justificar todo tipo de discriminaciones a través de la historia, ya sea la esclavitud, ya sea el holocausto […] para mí es una de las más despreciables formas de retórica por la que las personas usan su religión para dañar a otros”. La Corte señala que los registros de la audiencia revelan que estas expresiones no merecieron ninguna objeción ni matización por parte de los demás comisionados. La sentencia señala que “este sentimiento es inapropiado para una Comisión encargada de la solemne responsabilidad de hacer una justa y neutral aplicación de la ley antidiscriminación de Colorado, que es una ley que protege de la discriminación tanto en razón de religión como de orientación sexual”.

A ello añade la Corte el hecho de que en tres ocasiones anteriores la Comisión haya dado lugar a las objeciones de conciencia de pasteleros que rechazaron preparar y vender tortas con imágenes que contenían una desaprobación a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Frente a la idea de que la diferencia se justificaba porque estas últimas contenían un mensaje ofensivo y no así la que se pidió a Phillips, la Corte aclara que, como ella misma ha sostenido repetidamente, no corresponde al Estado ni a sus oficiales “prescribir lo que debe ser ofensivo”. Por ello, el tribunal de apelación de Colorado al intentar hacer la diferencia entre los casos sobre la base de su calidad ofensiva, “eleva una visión de lo que es ofensivo sobre otras y envía una señal de desaprobación oficial de las creencias religiosas de Phillips” (Ver texto del fallo).

Como se verá, aunque la Corte no haya considerado necesario ir al fondo del asunto planteado, la sentencia tiene un contenido mucho más importante que una simple desautorización (“tirón de orejas”) del procedimiento por el cual el pastelero y su empresa fueron sancionados como discriminadores al negarse a preparar y vender una torta para un matrimonio homosexual.

En primer lugar, hay que constatar que la Corte asume que las creencias morales y religiosas de las personas deben ser seriamente consideradas también en el ámbito público. Por ello, la aconfesionalidad del Estado y su neutralidad religiosa debe permitir valorar favorablemente la presencia del fenómeno religioso, no sólo en el contorno de lo doméstico, sino también en las interacciones sociales de los ciudadanos. Es lo que algunos han dado en llamar “laicidad positiva”, para diferenciarlo del laicismo secularizante, que sospecha de las religiones y aspira a excluir su influencia fuera del ámbito de lo privado. La Corte insiste una y otra vez que las creencias de Phillips sobre la identidad del matrimonio, aunque fundadas en su fe cristiana y manifestadas como inspiración de sus actos en la interacción de sus relaciones profesionales o comerciales, no deben ser objeto de desprecio ni de hostilidad, sino que deben ser consideradas lealmente. Es más, para la Corte el mismo precepto Constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado, la Primera Enmienda, impone el debido respeto a todas las creencias religiosas, de modo que el Estado tiene el deber de no fundar sus leyes y regulaciones en la hostilidad para con la religión o los puntos de vista religiosos.

En segundo término, la Corte deja sentado que el Estado no tiene derecho a determinar qué ideas religiosas son legítimas y cuáles serían ilegítimas, como ya lo había sostenido en un caso anterior (Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. Hialeah, de 1993). Por ello, las autoridades de gobierno no tienen competencia alguna que les permita “decidir o incluso sugerir si los fundamentos religiosos de la objeción de conciencia de Phillips eran legítimos o ilegítimos”.

En lo que concierne más directamente a nuestro país, puede llamarse la atención sobre el hecho de que la Corte asume, sin necesidad de justificarlo, que la objeción de conciencia basada en las libertades de expresión y de religión no sólo compete a la persona natural, Jack Phillips, sino también que a la persona jurídica a través de la cual el repostero desarrolla su actividad profesional: la sociedad Masterpice Cake Shop Ltd. Esto muestra la naturalidad con la que se concibe en los Estados Unidos que este tipo de derechos y las objeciones fundadas en ellos pueden ser ejercidas también por instituciones o entidades colectivas.

El mismo título del fallo que da cuenta de las partes del caso será conocido no como Phillips v. Colorado Civil Rights Commision, sino como Masterpice Cake Shop v. Colorado Civil Rights Commission, lo que por lo demás ya había sido resuelto de igual manera en el caso Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc. (2014). Esto debiera servir para apreciar lo superadas que en el ámbito internacional están aquellas visiones que siguen insistiendo en Chile que “las instituciones no tienen conciencia” y que denuncian como “extravagante” la “objeción de conciencia institucional” que nuestro Tribunal Constitucional introdujo, por exigencia del art. 19 Nº 6 de la Constitución, en la ley que despenaliza el aborto en tres causales.

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El “Estado laico” del programa de Michelle Bachelet

3 noviembre, 2013

Como es tradicional, el pasado 1º de noviembre, día de Todos los Santos, los cementerios se llenaron de personas que concurrían a visitar las tumbas de sus familiares y amigos difuntos. Todos quienes acuden a ellos pueden ver que la casi totalidad de los nichos, mausoleos y sepulturas tienen diversas imágenes y signos religiosos: predomina la cruz y el crucifijo, pero hay también imágenes del Sagrado Corazón, de la Virgen María en sus distintas advocaciones, ángeles, etc. También pueden encontrarse símbolos de religiones no cristianas como la estrella de David o la medialuna.

Los símbolos sacros están presentes en nuestra vida en comunidad (en calles, plazas, parques y edificios públicos), y no se encuentran sólo en los templos o en los domicilios particulares de los creyentes. ¿Contradice esto la separación de Iglesia y Estado establecida en nuestra República desde la Constitución de 1925? ¿Va contra la aconfesionalidad del Estado? ¿Vulnera su carácter laico?

Así parece entenderlo el programa de gobierno presentado por Michelle Bachelet. Dentro del contenido de una nueva Constitución, y bajo el epígrafe de “Estado laico” se lee: “La Nueva Constitución, junto con reafirmar la separación entre el Estado y las Iglesias, y la neutralidad del Estado frente a la religión, con el pleno respeto por las creencias religiosas y éticas de las personas, y la práctica del culto; garantizará la igualdad entre las distintas confesiones religiosas”. Se observa que se estima insuficiente la actual regulación constitucional de la separación entre Estado e Iglesias, y se propone “reafirmarla” y añadir a ella la “neutralidad del Estado frente a la religión”.

No se especifica en qué se concretará esta nueva versión de la aconfesionalidad estatal, salvo en un aspecto: los símbolos religiosos; de manera categórica, se declara: “Asimismo, deberán suprimirse de la ley y de las reglamentaciones relativas a poderes del Estado toda referencia a juramentos, libros o símbolos de índole religiosa” (Chile de todos. Programa de gobierno Michelle Bachelet 2014-2018, p. 30: Texto en pdf).

La expresión “relativas a poderes del Estado” es muy amplia y parece abarcar gran parte de, sino toda, la actividad de las autoridades estatales, sean nacionales, regionales o locales. De partida el juramento de los altos cargos públicos (la misma Presidencia) debería eliminarse, dejándose sólo – nos imaginamos– la promesa de buen desempeño. Lo mismo el juramento de los futuros abogados, que se hace ante la Corte Suprema o el de los testigos en un proceso judicial. La Biblia, la Torah, el Corán no podrán aparecer en dichos juramentos ni en otras actividades relacionadas con la gestión de las autoridades públicas. La capilla ecuménica de la Moneda debería ser clausurada. Menos podrá haber ceremonias en que un ministro de culto lee un texto sagrado o bendice con agua u otro símbolo religioso para inaugurar alguna obra del Estado. ¿Qué será de oficios como el Te Deum de fiestas patrias, tanto católico-ecuménico como evangélico, al que concurren representantes de todos los poderes del Estado, lleno de libros, cantos y símbolos religiosos (incluido el incienso)? ¿Se deberá eliminar la invocación a Dios en la apertura de las sesiones del Congreso? Podría cuestionarse que se mantengan los signos religiosos en los bienes nacionales de uso público, ya que ellos son administrados por uno de los poderes del Estado; correrían peligro hasta las populares “animitas” instaladas al borde de carreteras y caminos públicos.

La propuesta de eliminación de los símbolos religiosos lejos de reafirmar la configuración de un Estado laico, es más bien su negación a través de la imposición de una doctrina confesional que suele denominarse laicismo, para oponerlo a la concepción de una equilibrada y sensata laicidad jurídica y social. El Estado laicista, no es un verdadero Estado laico, ya que no acoge la idea de una simple “aconfesionalidad”, sino de una “contraconfesionalidad”; a saber, que la religión no debe desempeñar misión alguna en la vida pública y que, cuando más, ha de ser tolerada si se le confina a la vida doméstica y privada de los creyentes. El laicismo vulnera la libertad de religión y de creencias, ya que niega que lo religioso pueda expresarse en la sociedad civil y pueda hacer oír su voz en los debates que se suscitan en una democracia genuinamente pluralista.

Mucho más democrática y compatible con una libertad de religión robusta es la propuesta de una laicidad, que lleva al Estado a reconocer la dimensión comunitaria de las expresiones religiosas y a acoger el aporte que las diversas confesiones pueden hacer en la deliberación ética. El expresidente de Francia Nicolás Sarkosy propuso el término de “laicidad positiva” como una enmienda de la política francesa en un discurso pronunciado el 20 de diciembre de 2007, con motivo de su nombramiento como “canónigo de honor” de la  Basílica de Latrán. En dicho discurso, señaló que “la República tiene interés en que exista también una reflexión moral inspirada en convicciones religiosas. En primer lugar, porque la moral laica corre el riesgo de agotarse o de transformarse en fanatismo cuando no está respaldada por una esperanza que llene la aspiración al infinito. Y también porque una moral desprovista de lazos con la trascendencia está más expuesta a las contingencias históricas y finalmente a ceder a la facilidad”.  De esta manera, auspició comprender el ideal del Estado laico, no desde la perspectiva del laicismo hostil, sino desde una laicidad positiva “es decir, una laicidad que, al mismo tiempo que vela por la libertad de pensar, de creer y de no creer, no considere que las religiones son un peligro, sino más bien una ventaja” (Ver texto del dirscurso en Le Monde).

El “Estado laico” del programa de Michelle Bachelet, proponiendo la eliminación pública de los juramentos, libros y símbolos religiosos, parece ir por la vía contraria a la recomendada por esta laicidad positiva, que, por lo demás, es la que hasta ahora, y con pocas excepciones, ha prevalecido en Chile desde 1925.