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Dimisión del estado clerical

30 septiembre, 2018

En dos oportunidades el Papa Francisco ha determinado la “dimisión del estado clerical” respecto de presbíteros católicos chilenos. Primero, la de Cristián Precht Bañado, y luego la de Fernando Karadima Fariña. Estas medidas no siempre son bien comprendidas por los medios, de modo que a veces se sacan conclusiones que no son rigurosas desde el punto de vista jurídico y canónico. Por ejemplo, se habla de que han sido “expulsados del sacerdocio”, “despojados de la calidad sacerdotal”, que quedan fuera de la Iglesia como excomulgados, que han pasado a ser laicos.

Conviene, y aunque nuestra especialidad no sea el Derecho canónico, intentar explicar en qué consisten estos decretos de dimisión del estado clerical, cuál es su alcance y cuáles son sus efectos al interior de la comunidad de fieles de la Iglesia Católica. Lamentablemente, no hemos podido conseguir por internet el texto de los decretos por los cuales se han cursado estas severas medidas, por lo que hemos de limitarnos a examinar los comunicados oficiales que han dado cuenta de ellas. En el caso del sacerdote Prech, el Arzobispado de Santiago dio a conocer el 15 de septiembre de 2018, el siguiente comunicado: “El Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Luis F. Ladaria, S.J. ha notificado hoy al Arzobispo de Santiago que, con fecha 12 de septiembre del año en curso, el Santo Padre Francisco ha decretado, de forma inapelable la dimisión del estado clerical ‘ex officio et pro bono Ecclesiae’ y la dispensa de todas las obligaciones unidas a la sagrada ordenación, del Rev. Cristián Precht Bañados. El mismo decreto establece que el obispo comunique a la brevedad la nueva situación canónica del afectado al pueblo de Dios”. En el caso del sacerdote Karadima, fue la misma oficina de prensa del Vaticano la que emitió un comunicado con fecha 28 de septiembre de 2018; el texto fue el siguiente: “El Papa Francisco ha dimitido del estado clerical a Fernando Karadima Fariña, de la Archidiócesis de Santiago de Chile. El Santo Padre ha tomado esta decisión excepcional en conciencia y por el bien de la Iglesia. – El Santo Padre ha ejercido su ‘potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia’ (Código de Derecho Canónico, canon 331), consciente de su servicio al pueblo de Dios como sucesor de San Pedro.– El decreto, firmado por el Papa el jueves 27 septiembre de 2018, entró en vigor automáticamente desde ese mismo momento, y comporta también la dispensa de todas las obligaciones clericales. Ha sido notificado a Karadima Fariña el viernes 28 de septiembre de 2018”.

Aunque en ambos casos la medida es la misma “dimisión del estado clerical”, a la que se une la dispensa de las obligaciones de dicho estado, la fuente es diversa. En el primer caso, ha sido la Congregación para la Doctrina de la Fe la que propone la medida y el Papa la ha aprobado con el correspondiente decreto. En cambio, en el caso de Karadima el comunicado no menciona a la Congregación y, en cambio, invoca el c. 331 del Código de Derecho Canónico que atribuye al Papa la suma autoridad en la Iglesia.

La pérdida del estado clerical aparece regulada en el Código de Derecho Canónico de 1983, y procede de tres formas: por declaración de la invalidez de la ordenación, por concesión declarada por rescripto de la Santa Sede y como pena por delitos canónicos (c. 290 CIC). La pena de dimisión del estado clerical puede imponerse por graves delitos tipificados en el Libro VI del Código (cc. 1364, 1367, 1370, 1387 y 1394 CIC), entre los cuales están los delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo con menores que no hayan cumplido 16 años (c. 1395 § 2 CIC). En general, el Código prevé que la imposición de las penas pueda hacerse mediante dos tipos de procedimiento: el judicial y el administrativo. El primero es la vía ordinaria, pero cuando existen “justas causas” que así lo aconsejen se puede imponer la pena por medio de la vía administrativa o extrajudicial (cc. 1720 y ss. CIC). Esta última vía, sin embargo, se excluye cuando se trata de penas perpetuas (c. 1342 § 2 CIC). Como la dimisión del estado clerical es una pena perpetua, para su imposición, conforme al Código, sólo puede aplicarse por sentencia en juicio canónico.

Sin embargo, cuando comenzaron a darse a conocer los abusos sexuales de menores por parte de sacerdotes y personas consagradas, la normativa del Código se mostró insuficiente para permitir procesar canónicamente todos estos casos. El año 2001, SS. Juan Pablo II emitió el motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, por el que promulgó una normativa especial, con valor de ley canónica, para los delitos más graves contra la moral y los sacramentos, las Normae de Gravioribus Delictis (Normas sobre Delitos más graves). En lo sustantivo, la normativa elevó a 18 años la edad bajo la cual la víctima es considerada menor; en lo procedimental, si bien se mantuvo la vía judicial para la imposición de estas sanciones para estos delitos, dio competencia a la Congregación para la Doctrina de la Fe, de modo que se ordenaba a los Obispos cuando aparecieran presunciones serias de un delito de abuso de menores de enviar la investigación previa sustanciada, la que se tomaba como base para proseguir el juicio canónico y emitir la sentencia.

El año 2010, el Papa Benedicto XVI promulgó varias modificaciones de esta normativa, entre ellas una que introdujo la posibilidad de sancionar al sacerdote culpable de este tipo de delitos con la dimisión del estado clerical sin necesidad de un proceso judicial, es decir, ex officio, siempre que la medida fuera aprobada por el Papa. El art. 21 de las nuevas Normas estableció que la Congregación para la Doctrina de la Fe puede “presentar directamente casos gravísimos a la decisión del Sumo Pontífice en vista de la dimisión del estado clerical o la deposición junto con la dispensa de la ley del celibato, siempre que conste de modo manifiesto la comisión del delito y después de que se haya dado al reo la facultad de defenderse”.

Como se ve, se trata de un procedimiento extraordinario, sólo para “casos gravísimos”. Aún así debe comprobarse la culpabilidad (manifiesta comisión del delito) y el reo debe haber tenido una adecuada posibilidad de defenderse, es decir, de dar su versión de los hechos. Aunque en la normativa del Código, se distingue entre la pérdida del estado clerical y la dispensa de la obligación del celibato sacerdotal (c. 291 CIC), en estos casos se aprovecha que es el mismo Sumo Pontífice el que aprueba la dimisión, para conceder al mismo tiempo la referida dispensa.

Este ha sido el procedimiento aplicado en el caso del Pbro. Cristián Precht Bañados, ya que sabemos que había ya una investigación previa enviada por el Arzobispado de Santiago a la Congregación para la Doctrina de la Fe con nuevas denuncias de abuso de menores, después de que ya había sido sancionado por otros hechos con la pena de suspensión de cinco años del ejercicio del ministerio sacerdotal.

En cambio, por el comunicado entendemos que la dimisión del Pbro. Fernando Karadima Fariña fue decidida en otro tipo de procedimiento. No se menciona que se trate de una dimissio ex officio que, aunque realizada por un procedimiento administrativo, es una pena o sanción. Tampoco aparece la intervención de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe que debe ser la que proponga la dimisión al Sumo Pontífice. El comunicado, en cambio, señala que ha sido el mismo Papa Francisco quien decreta la pérdida del estado sacerdotal como una medida excepcional tomada en conciencia por el bien de la Iglesia. Como fundamento jurídico se ofrece el canon 331 del Código que señala: “El Obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los Apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del Colegio de los Obispos, Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra; el cual, por tanto, tiene, en virtud de su función, potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente”. Ha sido, entonces, no una sanción por los delitos más graves encomendados al conocimiento de la Congregación para la Doctrina de la Iglesia, sino una decisión del Sumo Pontífice en ejercicio de su potestad ordinaria.

Examinados los alcances de ambas resoluciones, hemos de constatar que los efectos son los mismos, es decir, aquellos que se señalan para la “pérdida del estado clerical” en el Código de Derecho Canónico: el afectado pierde los derechos propios de ese estado y todos los oficios, funciones y potestades que se le hubieren delegado en el ámbito eclesiástico (c. 292 CIC). Del mismo modo, se extinguen las obligaciones del estado clerical, con excepción del celibato, si es que no es concedida una dispensa (como sucede en los casos que comentamos). Finalmente, se le prohíbe ejercer la potestad de orden (c. 292 CIC), es decir, todas las facultades que le da la sagrada ordenación: celebrar misa, predicar, confesar, celebrar matrimonios e impartir otros sacramentos reservados a los presbíteros. Se hace excepción, por obvias razones de necesidad, a la posibilidad de confesar cuando el penitente se encuentre en peligro de muerte (cc. 292 y 976 CIC).

Con todo, el dimitido sigue teniendo la calidad de sacerdote, ya que el sacramento del orden imprime un carácter que se mantiene incluso después de la muerte. Por eso la dimisión no implica la privación de la calidad y poder sacerdotales, como pone de relieve el que pueda confesar si existe alguien en peligro de muerte que necesite el sacramento. La pérdida del estado clerical debe entenderse más bien como una “prohibición de ejercer” la potestad del orden, que como tal se conserva (c. 1338 § 2 CIC).

Por ello, estas personas siguen siendo sacerdotes y no se convierten en laicos, aunque antiguamente se conocía esta medida como “reducción al estado laical”, terminología que ha sido abandonada por no ser exacta y además por contener implícitamente una minusvaloración de los fieles laicos. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que “Un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente, por causas graves, ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o se le puede impedir ejercerlas […] pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto […] porque el carácter impreso por la ordenación es para siempre. La vocación y la misión recibidas el día de su ordenación, lo marcan de manera permanente” (§ 1583).

Tanto Cristián Precht como Fernando Karadima han sido dimitidos del estado clerical, pero siguen siendo personas que han recibido el sacramento del orden; son y serán sacerdotes eternamente, ya sea para su bien o para su mal.

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Contardo Ferrini: un santo romanista

22 octubre, 2017

El 17 de octubre recién pasado el santoral católico recordó al beato Contardo Ferrini, cuya figura merece ser destacada no sólo porque se trata de un abogado laico que por su probada virtud alcanzó los altares, sino porque lo hizo desde su trabajo profesional como profesor y jurista.

Ferrini nació en Milán en 1859 del matrimonio entre Rinaldo Ferrini y Luigia Buccellati y a muy corta edad comenzó a mostrar grandes dotes intelectuales. Cuando aún estaba en el colegio le pidió al prefecto de la Biblioteca Ambrosiana que le diera clases de hebreo, estudio con el que inició el conocimiento de las lenguas antiguas (griego, siríaco, copto y sánscrito) que le serían de mucha utilidad en sus investigaciones. A los 17 años egresó de la educación secundaria y comenzó los estudios de derecho en la Universidad de Pavía y cuatro años después, en 1880, obtuvo el grado de licenciado con una tesis sobre los antecedentes del Derecho Penal que pueden observarse en las obras griegas de Homero y Hesíodo. El éxito en sus estudios lo llevó por el camino de la docencia y la investigación en materia de Derecho romano y especialmente de Derecho penal. Para ello, previa obtención de una beca del gobierno, se desplazó a Alemania para estudiar en la Universidad de Berlín. Era la generación de grandes romanistas liderados por Theodor Mommsen, entre los que se contaban figuras como Morritz Voigt, Alfred Pernice y Karl Zacharias von Lingenthal. Ferrini se acogió al magisterio de este último y a su muerte escribió una laudatoria biografía de su maestro, cuyo luteranismo no afectó en nada el cariño y la admiración del católico discípulo.

Como parte de estos estudios, en 1881, emprendió una edición crítica de la Paráfrasis de las Instituciones de Justiniano atribuida a Teófilo, para la cual recorrió varias ciudades europeas (Copenhague, París, Roma, Florencia y Turín) buscando manuscritos. Se trata de una obra del derecho romano bizantino redactada en griego. La edición de Ferrini, que contiene una traducción latina suya, presentada por su maestro von Lingenthal en 1884, se mantiene hasta hoy como la definitiva de esa histórica fuente jurídica. El Derecho Privado Romano de Álvaro d’Ors, cuando menciona la Paráfrasis de Teófilo remite a la edición de Ferrini de 1884, con reproducción de 1967 (Eunsa, 8ª edic., Pamplona, 1991, § 64, p. 104, nt. 2).

Lograda su especialización romanística, Ferrini regresó a su patria y comenzó en octubre de 1883 la carrera académica como profesor de fuentes del Derecho romano y de derecho penal romano en la Universidad de Pavía. Tenía sólo 24 años. En 1887 se traslada a la Universidad de Messina y tres años más tarde asume en la Universidad de Modena, para finalmente retornar a Pavía en 1894.

Destacó por la docencia, pero más aún por su ingente labor investigadora. En los primeros dos años de su magisterio dio a la luz tres importantes libros: “Historia de las fuentes del derecho romano”, “Derecho romano” y, quizás la más popular, “Derecho penal romano”. Más adelante publicaría la traducción italiana de la Constitución de Atenas de Aristóteles, descubierta con los llamados papiros de Egipto y un libro que títuló “El digesto”. A los libros se agregan dos centenas de artículos en revistas, voces para diccionarios o enciclopedias y escritos menores. Romanistas italianos insignes como Scialoja, Bonfante, Arangio-Ruiz y Albertario trabajaron en la recopilación de sus estudios en cinco volúmenes, que se publicaron con el sello de la Fundación Guglielme Castelli entre 1929 y 1930. Hoy esas obras están digitalizadas y pueden consultarse en el sitio Internet Archive (Archive Internet)

No fue ajeno tampoco a las necesidades sociales ni a la gestión pública. En lo primero, fue un activo partícipe de las Conferencias de San Vicente de Paul. En lo segundo, se postuló y fue elegido consejero comunal de la Municipalidad de Milán, puesto que ocupó durante cuatro años (1895-1899), contando siempre con el mayor respeto de todos sus colegas, incluidos aquellos de partidos contrarios al suyo.

Ferrini, jurista, académico y político, fue también un hombre de profunda fe y vida interior forjada al alero de la Iglesia Católica y de sus sacramentos. Sus contemporáneos atestiguan que nunca fue una especie de predicador o misionero, pero su comportamiento íntegro y honesto, su piedad sencilla y natural, su laboriosidad esmerada y humilde y su amistad cordial y generosa, ejercían el mejor de los influjos en las personas que lo conocieron y en el medio social. Para sus contemporáneos era complejo entender por qué con toda esa espiritualidad y fervor por lo trascendente no había ingresado a alguna orden religiosa o no se había hecho sacerdote. Se sabía que ya desde su juventud había decidido permanecer célibe, compromiso que formalizó a través de un voto de castidad. Lo que se esperaba, según los modos de pensar de la época, es que se hiciera cura o fraile. Ferrini fue siempre laico y en esa calidad buscó a Dios en la vida cotidiana, en su trabajo y su profesión. No teniendo otras alternativas para canalizar esa vocación de santidad en medio del mundo, siguió la espiritualidad franciscana a través de su Orden Tercera Seglar.

Una de sus mayores aspiraciones fue mostrar cómo la ciencia no se contrapone a la fe, como ésta tampoco es enemiga del progreso del conocimiento científico. De allí que fue uno de los primeros en auspiciar la creación en Italia de una Universidad Católica, y por ello se le considera un precursor de la Università Catolica del Sacro Cuore que se fundó en Milán, en 1921, unos años después de su muerte.

Ferrini murió de un modo imprevisto cuando recién había cumplido los 43 años. Era el verano de 1902, y se encontraba de vacaciones en la localidad de Suna, en el norte de Italia al pie de los Alpes. Hay que notar que Ferrini fue muy aficionado al alpinismo y le gustaba pasear por los montes; n una de esas caminatas acompañado de un amigo, se sintió mal y para reponerse bebió agua de un arroyuelo. Enseguida cayó en cama con una altísima fiebre, y se le diagnóstico un tifus que habría contraído al estar contaminada el agua que bebió en su último paseo. El tifus no cedió y, finalmente, murió el día 17 de octubre, suscitando la sorpresa de todos sus conocidos y especialmente de sus alumnos que le esperaban para iniciar un nuevo curso académico. Al conocerse la noticia, la reacción espontánea fue “ha muerto un santo”.

Sus amigos, especialmente el profesor Luis Olivi de la Universidad de Modena, comenzaron las gestiones para que la Iglesia declarara oficialmente su santidad. En 1921, después de una acuciosa investigación, que incluyó sus numerosas cartas y sus diarios íntimos, el Papa Pío XI dictó el decreto que declaró que había vivido las virtudes cristianas en grado heroico y le concedió el título de “venerable”.

Finalmente, en 1947, el Papa Pío XII lo elevó a los altares de la Iglesia Católica como Beato y determinó que su fiesta se celebrara en su dies natalis (el día de su nacimiento a la vida eterna), esto es, el 17 de octubre de cada año. Su tumba se encuentra en la capilla mayor de la Università del Sacro Cuore de Milán, la que, como hemos dicho, lo considera su precursor e inspirador.

Sin duda, el ejemplo de personas como Contardo Ferrini resulta especialmente actual en nuestra época, porque nos indica que incluso en el mundo académico pueden cultivarse las virtudes humanas y cristianas a la par de un exigente y fecundo compromiso por el estudio y la investigación en las ciencias jurídicas.

En este sentido, el Papa Pío XII, en un discurso después de la beatificación afirmaba la forma en que el jurista y profesor había conseguido la santidad: “Contardo Ferrini era en efecto –y esta es la cualidad esencial de su ánimo– un santo. Santo, no como a menudo se los figura el mundo: un hombre extraño a la vida terrena, incapaz, inexperto, tímido, torpe. No. Ferrini era un santo de su tiempo, del siglo del trabajo vertiginoso, del siglo en el cual la mente y la mano del hombre tienden a dominar técnica y científicamente la fuerza operativa de todo el universo sensible” (Ver texto en italiano)

La forma jurídica del Opus Dei

27 noviembre, 2011

El 28 de noviembre es una fecha importante para el Opus Dei. Aunque su fundación se remonta a 1928, fue sólo en 1982 cuando adquirió su forma jurídica definitiva, al ser erigido por el Papa Juan Pablo II en Prelatura personal, mediante la Constitución apostólica Ut sit del 28 de noviembre de ese año.

La demora en encontrar un estatuto jurídico apropiado se justifica por la novedad que representa en la Iglesia Católica la institución fundada por el sacerdote español, hoy canonizado, Josemaría Escrivá. Explica también que no siempre se comprenda bien su naturaleza y su cometido, incluso por creyentes y personas de buena fe.

Y es que la labor del fundador (abogado y doctor en Derecho, además de sacerdote) de abrir un cauce jurídico para esta iniciativa a que se sintió llamado por una especial inspiración divina, no era para nada sencilla. Lo que Josemaría Escrivá recibió en el momento fundacional en octubre de 1928 fue un mensaje: que los fieles corrientes están llamados a la santidad en medio del mundo y a través de su trabajo o actividad ordinaria, pero también la fundación de una institución en la Iglesia que tuviera por misión difundir y encarnar ese ideal.

Por la naturaleza del mensaje, era claro que la institución no podía ser una mera asociación de fieles (lo que hoy se suele denominar movimientos religiosos) pero tampoco una orden religiosa o instituto de vida consagrada (como los carmelitas, benedictinos, dominicos, jesuitas, maristas, etc.). No podía ser de carácter asociativo porque Escrivá vislumbró que los miembros de la institución lo serían, no en virtud de su buena voluntad de adscribirse a una iniciativa apostólica, sino en respuesta a un auténtico llamado vocacional. Pero tampoco podía ser una institución religiosa o de vida consagrada ya que se desvirtuaría el núcleo del mensaje recibido: que se puede ser santo sin cambiar de estado, siendo un fiel corriente: laico o sacerdote secular. La vida consagrada, aunque presente muchísimas modalidades (desde la vida de claustro a los misioneros), tiene por característica común el que esas personas se entregan públicamente a Dios y por tanto dejan de ser laicos o fieles comunes de la Iglesia.

La necesidad de que se tratara de fieles corrientes imperaba igualmente que no cambiaran de condición ni estado eclesiástico por su pertenencia al Opus Dei, y que siguieran, como los demás, sujetos a la potestad del Obispo de la diócesis donde viven.

Lo que parecía un problema insoluble, se fue abriendo paso en la legislación de la Iglesia, con la idea de las prelaturas personales, que fueron propiciadas primero por el Concilio Vaticano II (Presbyterorum ordinis de 7-XII-1965, n. 10), y luego reguladas por el Código de Derecho Canónico de 1983 (Texto de cánones). La prelatura personal es una institución jerárquica de la Iglesia, erigida por la Santa Sede, para obras específicas pastorales, que se compone de un Prelado, sacerdotes que son incardinados en la Prelatura (y que son seculares y no religiosos) y que además puede admitir la incorporación de laicos.

La figura de la prelatura personal cumplía otra de las características deseadas por San Josemaría: no constituía un estatuto especial y de privilegio, sino uno común disponible para otras instituciones o comunidades cuya estructura y misión se adecuara a esta naturaleza jurídica.

Es así, como después de un largo estudio, que debió ser continuado por el sucesor del fundador, don Álvaro del Portillo, ante la muerte de San Josemaría en 1975, se erigió la Prelatura Personal de la Santa Cruz y Opus Dei ( Texto de Constitución Ut Sit). La Prelatura está a cargo de un prelado sacerdote, que es nombrado por Consejos electivos internos pero con ratificación del Papa. Tiene ámbito internacional, de modo que su sede central se encuentra en Roma. Cuenta con un presbiterio que son los sacerdotes que se ordenan de entre sus miembros (siempre respetando su libertad) y una gran cantidad de fieles laicos, varones y mujeres, solteros y casados, que, urgidos por una vocación divina que especifica la común vocación cristiana del bautismo, ingresan, no mediante una consagración o profesión de votos (como los religiosos), sino en virtud de un acuerdo (contrato) entre ellos y la Prelatura.

Esta estructura permite mantener inalterado el estado civil y eclesial de los fieles laicos. Su incorporación a la Prelatura no modifica en nada su relación con la diócesis a la que pertenecen y sus deberes y derechos ante el Obispo diocesano y demás estructuras de gobierno y jurisdicción de la diócesis (vicarías, parroquias, tribunales eclesiásticos, etc.). La potestad del Prelado sobre ellos se refiere a los compromisos suplementarios de formarse, hacer apostado y buscar la santidad en el medio del mundo conforme a las enseñazas de San Josemaría.

Por eso, los fieles laicos del Opus Dei, aunque no oculten su pertenencia a la prelatura, no la andan exhibiendo ni en su vestimenta ni en su forma de comportarse individual o colectivamente. Esto a veces puede causar extrañeza para los que aún piensan que la única forma de compromiso fuerte con la búsqueda de la santidad es la pertenencia a una orden religiosa, pero es absolutamente explicable y necesario si se atiende a la finalidad y espíritu del Opus Dei: abrir un camino para que los fieles corrientes se esmeren en seguir a Cristo, siendo en todo iguales a sus semejantes, en medio del mundo y de sus múltiples afanes.