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Ley de aborto y objeción de conciencia institucional

25 febrero, 2018

Una de las cuestiones puntos más controvertidas en la aprobación de la llamada Ley de aborto en tres causales, fue la consagración del derecho a la objeción de conciencia. El Tribunal Constitucional, por sentencia de 28 de agosto de 2017, Rol N° 3729(3751)-17, si bien rechazó el requerimiento que se planteó sobre la inconstitucionalidad de las normas que permiten la “interrupción voluntaria del embarazo” en ciertas causales (riesgo vital, inviabilidad del concebido y violación), acogió el relativo a la objeción de conciencia en tres puntos: primero, excluyendo que se exija que el objetor sea “profesional”; segundo, eliminando el límite consistente en la inminencia del vencimiento del plazo de gestación en la causal de violación, y finalmente, estableciendo que la objeción de conciencia también corresponde a las asociaciones o personas jurídicas. En este último sentido, modificó el proyecto que decía “la objeción de conciencia es de carácter personal y en ningún caso podrá ser invocada por una institución” por la frase: “La objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución” (art. 119 ter inciso 1º del Código Sanitario, modificado por la ley Nº 21.030, de 23 de septiembre de 2017).

A fines de enero, el Ministerio de Salud aprobó por resolución Nº 61, exenta, de 22 de enero de 2018, publicada en extracto en el Diario Oficial del día 28 de enero del mismo año, el “Protocolo para la manifestación de objeción de conciencia personal y para la objeción de conciencia invocada por instituciones en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario”. Este protocolo se funda en la norma que, en principio, sólo se aplicaba a la objeción de conciencia personal, pero que al acoger el Tribunal Constitucional la objeción de conciencia institucional, aparece como aplicándose a ambas modalidades: “El Ministerio de Salud dictará los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia. Dichos protocolos deberán asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo en conformidad con los artículos anteriores” (art. 119 ter inciso primero CS).

Al conocerse el contenido del Protocolo se observó que en varias materias iba más allá de la ley en el sentido de restringir al máximo el alcance de la objeción de conciencia. La previsión más cuestionada fue la que establece que “los establecimientos públicos de salud así como aquellos privados que se encuentren adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud mediante celebración de convenios a los que se refiere el decreto con fuerza de ley Nº 36, del Ministerio de Salud, no pueden invocar objeción de conciencia, en la medida en que el objeto de dichos convenios contemple prestaciones de obstetricia y ginecología” (IV.2: ver texto completo).

La Pontificia Universidad Católica interpuso un recurso de protección para que se eliminen varias disposiciones del Protocolo que restringen el ejercicio de la objeción de conciencia, y principalmente la recién citada, puesto que dicha Universidad a través de sus centros de salud familiar Ancora mantiene desde el año 2003 un convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente del Ministerio de Salud para la ejecución de salud, que incluye prestaciones de carácter ginecológico u obstrético. Según el recurso, el Protocolo le estaría negando a la Universidad el derecho que le concedió la ley y que se funda en el art. 19 Nº 6 de la Constitución, a no realizar abortos por ser esta conducta contraria al ideario institucional de esa casa de estudios (Ver texto del recurso).

Inmediatamente surgieron voces en contrario por entender que las acciones de salud que se realizan a través de un convenio con el Ministerio son acciones propias del Estado, al que le competería posibilitar el acceso a la mujer a esta nueva prestación de salud: la interrupción voluntaria del embarazo en alguna de las tres causales. Por tanto, si una institución privada quiere colaborar con el Estado en la ejecución de prestaciones médicas, no podría asilarse en una objeción de conciencia para excluir algunas de ellas. Se aduce también que la objeción de conciencia puede invocarse frente a un deber impuesto por la ley, pero no frente a deberes contractuales que son libremente asumidos por las partes.

Curiosamente, la Ministra de Salud (s) Gisela Alarcón, declaró que se trataba de una mala inteligencia del Protocolo ya que los centros Ancora de la UC no podrían practicar abortos ya que, siendo de atención primaria, no estarían autorizados a realizar prestaciones que tengan que ver con la interrupción del embarazo (El Mercurio 10 de febrero de 2018, C-10). No obstante, incluso de ser así, la controversia se mantiene para aquellos convenios que se celebren con establecimientos de salud privados que incluyan expresamente la prestación de aborto.

Pensamos que en toda esta discusión existe un punto central que no se ha despejado convenientemente. Se trata de que para que pueda operar la objeción de conciencia debe existir un deber jurídico que obliga a desarrollar una conducta bajo la amenaza de sanciones o consecuencias gravosas para quien la omita e infrinja dicho deber. Es en ese caso, y dado que aquella conducta puede repugnar fuertemente las convicciones morales de ciertas personas, se permite que éstas puedan omitirla y no cumplir con el deber que la impone sin que se generen consecuencias desfavorables para el objetor. Por ello, si no existe ningún deber de desarrollar la conducta no es necesario invocar objeción de conciencia ninguna para no realizarla.

¿Cuál es el deber legal en el caso de la objeción de conciencia relativa al aborto? El caso más claro es el del médico o personal sanitario que es funcionario público y trabaja en un establecimiento de salud estatal, que por disposiciones de la autoridad del Ministerio incluye entre sus prestaciones la interrupción del embarazo en las causales legales. En principio, este funcionario tiene el deber de realizar las atenciones de salud que se le encargan. Si omitiera esas conductas, incurriría en un mal desepeño de sus funciones que traería como consecuencia sanciones que podrían culminar en su destitución. En este caso, sí puede operar la objeción de conciencia que invocará el médico o personal sanitario para no participar en un aborto sin que ello sea considerado un incumplimiento de sus deberes funcionarios. Algo similar ocurrirá respecto de médicos u otro personal sanitario que laboren en establecimientos privados que decidan ofrecer la prestación de interrupción de embarazo. Estas personas estarían en principio, por sus contratos de trabajo respaldados por la ley, obligados a participar en los abortos que les sean requeridos. Frente a ese deber podrían invocar objeción de conciencia sin incurrir en un incumplimiento de sus deberes. No sucede lo mismo, nos parece, con el personal que haya sido contratado con posterioridad a que el establecimiento haya decidido practicar abortos, ya que, en tal caso, quien sea contrario a esta práctica, tiene el expediente de no prestar sus servicios a esa institución.

Veamos ahora la objeción de conciencia institucional. Comprobamos, en primer lugar, que no existe ninguna obligación legal de ofrecer el aborto como prestación de salud, ni para los establecimientos privados ni tampoco para los públicos o pertenecientes al Estado. La ley Nº 21.030, de 2017, tuvo por objeto “despenalizar” excepcionalmente la práctica del aborto en tres causales y, en ese concepto, fue declarada compatible con la Constitución por la mayoría de los ministros del Tribunal Constitucional. Esto quiere decir que no existe un derecho de la mujer, ni siquiera en estas tres causales, de requerir un aborto. Lo que la ley le garantiza es que, si se lo practica, no será sancionada penalmente.

Ahora bien, siendo una conducta que ya no es considerada delito el Estado puede determinar como política pública de salud el ofrecer esta forma de atención sanitaria, y con ello determinar que ciertos hospitales o centros médicos la contemplen. Es evidente, que establecimientos de salud públicos especializados en otros ámbitos de la salud no estarán obligados a ofrecer servicios de aborto. Los establecimientos públicos que sean incluidos por orden de las autoridades sanitarias entre aquellos que deben proporcionar esta forma de prestación no podrían ejercer objeción de conciencia institucional, ya que son organismos que conforman al mismo Estado que ha decidido conforme a la ley ofrecer abortos, sin perjuicio de la objeción de conciencia individual que corresponda a los funcionarios sanitarios que trabajen en ellos.

Pero la decisión del Estado no empece ni afecta a los establecimientos privados de salud, que no están obligados a realizar todas las prestaciones médicas posibles. En ejercicio de su autonomía organizacional, cada centro médico debe determinar qué áreas de la salud abordará y qué prestaciones concretas realizará en cada una de ellas. No existe deber jurídico alguno de que deban prestarse todas las prestaciones médicas posibles, lo cual sería prácticamente inviable. Por ello, no existiendo deber legal de ofrecer las prestaciones de aborto en las tres causales, las instituciones de salud privadas no tienen que invocar objeción de conciencia para no practicar abortos. No requieren por tanto ser autorizadas por el Ministerio de Salud como instituciones objetoras conforme a lo que se prevé en el Protocolo.

Alguien podría decir que, entonces, la objeción de conciencia institucional agregada por el Tribunal Constitucional no tendría aplicación práctica. Pensamos que la polémica sobre los centros Ancora de la UC viene a aclarar en qué casos las instituciones privadas sí podrían estar obligadas a realizar abortos, lo que, a su vez, haría procedente la objeción de conciencia. Si la autoridad pública en salud ordena que en todos los centros públicos en que se presten servicios de ginecología y obstetricia deben ofrecerse prestaciones de salud abortivas, y algunos de estos centros son privados pero se insertan en la red pública a través de convenios con el Estado, en principio ellos deberán ejecutar las prestaciones que estén incluidas en lo convenido. Surge, entonces, un deber para el establecimiento privado que nace del convenio, el que a su vez es respaldado por la ley, de practicar abortos. Es justamente en estos casos en que podrá tener lugar la objeción de conciencia institucional que se consagra en el art. 119 ter del Código Sanitario. Aquí habría un deber, pero se exime de él a la institución en consideración a su ideario corporativo.

Esto significa que no podrían excluirse de la asignación de este tipo de convenios a instituciones que como la UC u otras, se nieguen a practicar abortos en los casos en los que está despenalizado si ellas tienen el derecho a la objeción de conciencia institucional que le reconoce la ley, sobre la base de las disposiciones constitucionales. De lo contrario, se estaría discriminando e imponiendo una consecuencia gravosa a una institución por ser fiel a sus principios constitutivos, que es justamente lo que la objeción de conciencia se propone evitar.

Atendido todo lo anterior, y sin perjuicio de otros aspectos impugnables, el Protocolo en su número IV.2 no sólo restringe la objeción de conciencia institucional más allá de lo autorizado por la ley, sino que excluye el ejercicio de ese derecho en los pocos sino únicos casos en los que ella sería útil y legalmente procedente.

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Aborto y retroactividad de la ley penal

24 septiembre, 2017

La ley de aborto, de nombre oficial “Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”, cuyo decreto promulgatorio fuera firmado por la Presidente Bachelet el pasado día 14 de septiembre de 2017, hizo noticia incluso antes de que fuera publicada en el Diario Oficial (23 de septiembre de 2017). El juez de garantía de Copiapó la invocó para decretar el sobreseimiento definitivo en dos causas penales que se seguían ante él, ambas contra un médico ginecólogo al que se imputaba haber practicado aborto a dos mujeres, una menor de 14 años que habría concebido al ser abusada sexualmente por su padrastro, y una mayor de edad pero que invocaba que su embarazo se habría producido por una relación sexual no consentida ya que el violador la habría dopado previamente. En la causa penal esta mujer también era imputada aunque a una pena sustancialmente menor. El juez entendió que ambos casos cabían en el entonces proyectado Nº 3 del nuevo art. 119 del Código Sanitario, que autoriza a un médico a practicar un aborto, mediando voluntad de la mujer, cuando el embarazo es el resultado de violación.

¿Pero cómo es que pudo pensar este juez que la ley podía ser invocada para respaldar una resolución judicial tan importante como un sobreseimiento definitivo si ella aún no era publicada ni entraba en vigencia? Por las informaciones de prensa, hemos podido ver que el magistrado invocó el art. 18 del Código Penal que establece la retroactividad de la ley penal cuando sea más favorable al imputado. Señaló así que, dado que los hechos ya no serían penalizados conforme a la nueva normativa, habría que considerar que “al día de hoy no son constitutivos de delito” (Ver nota en LUN).

No hay duda de que efectivamente la ley penal más benévola se aplica retroactivamente incluso aunque el culpable hubiera sido condenado por sentencia firme, pero el problema se mantiene en cuanto a que estamos frente a una ley que aún no ha sido publicada en el Diario Oficial.

La explicación se encuentra en el tenor literal del art. 18 del Código Penal, según el cual: “Ningún delito se castigará con otra pena que la que le señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración.– Si después de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término, se promulgare otra ley que exima tal hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa, deberá arreglarse a ella su juzgamiento”. Como vemos, en sus dos incisos, la norma habla de una ley “promulgada”. Haciendo una interpretación literal la doctrina penal más clásica (Etcheberry, Cury, Garrido) ha señalado que para que la nueva ley favorable pueda ser aplicada retroactivamente, basta el acto de promulgación de la ley, que como sabemos se hace mediante Decreto Supremo (así se subtiende del inciso 3º del art. 75 de la Constitución, que habla de “decreto promulgatorio”).

Sin embargo, la doctrina penal más moderna ha cuestionado esta doctrina que introduce una anomalía de nuestro ordenamiento penal que no se condice con una recta interpretación del precepto ni con los principios de entrada en vigor de la ley en el ordenamiento, además de generar problemas prácticos importantes (cfr. Bascuñán Rodríguez, Antonio, “¿Aplicación de leyes penales que carecen de vigencia”, en Revista del Abogado 22, 2001, pp. 18-21; Oliver Calderón, Guillermo, Retroactividad e irretroactividad de las leyes penales, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007, pp. 31-35).

Así se señala que el tenor literal del art. 18 debe comprenderse a la época en la que fue redactado, esto es, en 1875. En dicha época, el Código Civil no distinguía entre promulgación y publicación para efectos de entrada en vigencia de la ley; es más, identificaba promulgación con publicación: “La promulgación deberá hacerse en el periódico oficial; i la fecha de la promulgación será, para los efectos legales de ella, la fecha de dicho periódico” (art. 6 original del Código Civil). Fue la ley Nº 9.400, de 1949, la que modificó los arts. 6, 7 y 8 del Código Civil y distinguió la promulgación de la ley de su publicación en el Diario Oficial, tal como aparece hoy.

Por ello, una lectura fiel a la intención de los redactores del art. 18 del Código Penal, debe comprender “promulgación” en el sentido que hoy le damos a “publicación”.

Es cierto que entre tanto parte de este precepto fue elevado a rango constitucional por la Constitución de 1980, que en el art. 19 Nº 3 establece que “Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado”. Aunque se siga usando, impropiamente, la voz promulgación para la prohibición de retroactividad, la expresión desaparece de la norma que autoriza la retroactividad de la ley más favorable. El texto constitucional no establece que basta que la ley esté promulgada para que, siendo más benévola, sea aplicable a hechos anteriores. Dice que debe haber una “nueva ley” que favorezca al afectado. Y sólo hay nueva ley desde que haya sido publicada y puesta en vigencia.

Por otro lado, el interpretar la voz “promulgación” usada por el art. 18 del Código Penal en el sentido actual y no como publicación, llevaría a dos consecuencias prácticas absurdas. Primero, que la prohibición de retroactividad no se aplicaría a los hechos cometidos después de la promulgación de la ley más gravosa y antes de que ésta entre en vigencia. Segundo, que la retroactividad de la ley favorable no se aplicaría a quien comete el delito después de la promulgación y antes de su publicación o entrada en vigor.

Finalmente, se invoca que el principal motivo por el cual la doctrina clásica se comprometió con la interpretación literal del art. 18 del Código Penal y que consistía en la imposibilidad de revisar las sentencias que quedaran firmes antes de la entrada en vigor de la ley más benévola, ya no subsiste. La ley Nº 17.727, de 1972 introdujo un inciso tercero al art. 18 que expresamente permite al juez modificar la sentencia condenatoria aunque la ley haya sido dictada con posterioridad.

Por todo lo expuesto, debe señalarse que la sentencia del juez de Copiapó que decretó el sobreseimiento definitivo en los dos casos de aborto no fue conforme a derecho, ya que, al no haber entrada en vigor, la ley no puede tener ningún efecto ni para el futuro ni para el pasado. Es más, el artículo transitorio condiciona la vigencia de la ley a que se dicten los decretos relativos a los programas de acompañamiento: “Las prestaciones reguladas en esta ley serán exigibles a contar de la dictación del decreto a que se refiere el inciso decimotercero del artículo 119 del Código Sanitario, la que deberá tener lugar en el plazo de noventa días contado desde la publicación”.

Pero, más aún, es bastante discutible que incluso cuando la ley haya entrado en vigor, al haberse dictado el decreto de las autoridades del Ministerio de Salud, pueda operar con efecto retroactivo, porque lo que hace la ley no es simplemente declarar que ya no es delito el aborto causado invocando peligro para la vida de la madre, inviabilidad del feto o violación (se trataría de una mera falta de tipicidad). Lo que hace la ley es exculpar o eximir de pena al médico y a la mujer cuando se practique el aborto en esas causales pero acreditadas por un procedimiento que la misma ley exige y que forma parte esencial de la eliminación excepcional del reproche penal. Así queda claro del nuevo texto del art. 344 del Código Penal: “La mujer que, fuera de los casos permitidos por la ley, causare su aborto consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo” (énfasis añadido). Se observa que el aborto sigue siendo delito, y que sólo se levanta la amenaza de la sanción penal en los casos “permitidos” por la ley, que no sólo se conforman por los hechos de los tres supuestos sino también por todos los procedimientos, diagnósticos o acreditaciones médicas, autorizaciones de representantes legales o incluso del juez, que se disponen en el nuevo art. 119 del Código Sanitario.

Por ello, parece imposible que en algún caso anterior a la entrada en vigor de la ley se haya cumplido con todas las exigencias que se imponen para eximir de la pena. En los casos sobreseídos por el juez de Copiapó ni siquiera se comprobó que los abortos hubieran sido practicados por un médico, ya que éste negó en ambos casos que hubiera participado en los hechos imputados. Tampoco se cumplió ninguna de las diligencias que se exigen para comprobar la violación. No se ve, entonces, cómo puede el juez haber pretendido aplicar retroactivamente esta nueva ley, en circunstancias que a la fecha de su resolución no estaba aún publicada ni vigente, y además cuando los hechos no se corresponden con las conductas a las que ella, excepcionalmente, ha declarado no punibles.

Tribunal Constitucional: ¿acaso puede no ser una “tercera cámara”?

23 julio, 2017

Desde hace un tiempo se ha venido criticando la existencia y funcionamiento del Tribunal Constitucional, el órgano compuesto por diez Ministros al que la Constitución encarga la labor de controlar la constitucionalidad de las leyes. Se le ha tachado de antidemocrático, contramayoritario y “binonominalizado”, críticas que se han condensado en el mote de constituir una “tercera cámara”. Esta denominación quiere señalar que tendría la última palabra después de que las leyes han sido aprobadas por las dos Cámaras que componen nuestro Congreso Nacional: la Cámara de Diputados y el Senado. Al mismo tiempo, se quiere señalar que no falla conforme a derecho sino que hace una nueva deliberación política sobre el mérito de las decisiones legislativas, y permite que las minorías del Congreso, después de perder las votaciones, terminen imponiéndose a las mayorías. Todo esto se incrementaría porque la forma de nominación de los integrantes, al requerir de altos quórums en el Senado, lleva a que los nombramientos sean pactados por las dos grandes coaliciones políticas.

Todas estas críticas se han reeditado esta semana cuando se votó el proyecto de ley de aborto en el Senado y los parlamentarios contrarios a la iniciativa anunciaron que presentarían requerimientos frente el Tribunal Constitucional por entender que dicho proyecto vulnera los derechos consagrados en la Constitución. Así, mientras la senadora Goic dijo que era lamentable que se pidiera la intervención del Tribunal “para torcer la voluntad de la gente, que se expresa en el Parlamento”, el senador Guillier planteó la idea de suprimir o reformular este órgano jurisdiccional.

Pero, ¿podría no ser el Tribunal Constitucional un órgano supramayoritario si se le ha encomendado la labor de verificar que los poderes legislativos se sometan a la Carta Constitucional? La misma Constitución es un instrumento jurídico que tiene como función limitar las decisiones de mayorías políticas que pudieran avasallar sus derechos fundamentales o saltarse las reglas de organización y limitación del poder. Un órgano al que se encomienda la labor de asegurar el respeto del texto constitucional es, por esencia, limitativo de las mayorías y defensor de la minorías.

La historia del surgimiento de esta especial institución está ligada al pensamiento de uno de los juristas más conocidos por ser uno de los mayores exponentes del positivismo legalista, el austriaco Hans Kelsen (1881-1973). Después de la primera guerra mundial, al organizarse la república de Austria, el Canciller pidió a Kelsen que trabajara en un proyecto que llegaría a ser la Constitución de 1920, y en la cual figura por primera vez un Tribunal concebido como el gran defensor de la Constitución, en oposición a Carl Schmitt que propugnaba que ese defensor debía ser el líder del Gobierno. Kelsen se comprometió tanto con su proyecto que fue nombrado integrante del Tribunal y se desempeñó en él por una década.

En la idea de Kelsen el Tribunal Constitucional es, lato sensu, un poder legislativo pero de carácter negativo, es decir, que puede dejar sin efecto normas aprobadas por el Congreso que sean juzgadas contrarias a la Constitución, pero que no puede aprobar o establecer otras en su sustitución.

En Chile, ni la Constitución de 1833 ni la de 1925 contemplaron un Tribunal Constitucional. Fue la doctrina iuspublicista la que en la década del sesenta del siglo pasado propuso crear este órgano sobre las bases del Tribunal de Austria, es decir, bajo el modelo kelseniano. Finalmente, la reforma constitucional de la ley Nº 17.284, de 23 de enero de 1970 incorporó este órgano a la estructura orgánica de la Constitución de 1925. Fue suprimido por el gobierno militar después del golpe de Estado de 1973, pero reaparece en la Constitución de 1980, y se mantiene hasta hoy. La reforma constitucional del 2005 (ley Nº 20.500 de 26 de agosto de 2005) aumentó el número de sus integrantes, determinó la forma de su nombramiento y amplió y reforzó sus atribuciones.

Por la función llamado a desempeñar, la interpretación de la Constitución, es natural que los integrantes del Tribunal, además de ser juristas o profesionales jurídicos destacados en su campo, sean seleccionados teniendo en cuenta sus sensibilidades políticas o ideológicas. Esto no es propio ni exclusivo de nuestro Tribunal sino de todos los tribunales llamados a juzgar si las leyes que dicta el Congreso respetan las normas constitucionales. La Corte Suprema de Estados Unidos se compone de nueve miembros y son conocidas sus inclinaciones políticas y morales, así como sus teorías sobre cómo debe interpretarse la Constitución. Esperar que los jueces que integren un tribunal constitucional sean meros operadores jurídicos, políticamente y moralmente neutros, más que una ingenuidad es una insensatez.

Lo que sí se puede pedir es que esos jueces hagan un decidido esfuerzo para ceñirse estrictamente a lo que corresponde a una interpretación leal y suficientemente razonada del texto constitucional, evitando dos actitudes extremas: el activismo y la excesiva deferencia. Por una parte, deben alejarse del ánimo voluntarista de pretender imponer artificialmente sus preferencias políticas o morales con lecturas que se apartan del sentido del natural del texto constitucional que debe interpretar. Como solía decir el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Antony Scalia (q.e.p.d.), si un juez desea que la Constitución diga algo que en realidad no dice, debe dejar la magistratura, formar un partido político, ganar las elecciones, llegar al Congreso y obtener la aprobación de una enmienda constitucional.

A la inversa, los jueces constitucionales no pueden incurrir, por temor a la presión de otros poderes de Estado o a los medios de comunicación, en dejación de deberes y, bajo pretexto de una deferencia al legislador, inhibirse de ejercer sus atribuciones para evitar que se aprueben leyes que vulneren la Constitución y, sobre todo, los derechos fundamentales de las personas, es decir, de operar como “tercera cámara”, en cuanto legislador negativo.

Kelsen escribió que no puede sostenerse que el ejercicio de este poder sea una limitación indebida de la soberanía del Parlamento, ya que la soberanía pertenece a todo el orden jurídico y puesto que “la legislación se encuentra subordinada a la Constitución absolutamente de la misma forma en que lo están a la legislación, la jurisdicción y la administración” y que sostener lo contrario no sería sino “disimular el deseo del poder público, expresado en el órgano legislativo, de no dejarse limitar –en contradicción patente con el Derecho positivo– por las normas de la Constitución” (La garantía jurisdiccional de la Constitución, trad. Rolando Tamayo, Instituto de Investigaciones Científicas, UNAM, México, 1974, p. 491).