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Alberto Plaza, el Tribunal Constitucional y la ley de identidad de género

25 noviembre, 2018

El cantautor Alberto Plaza ha sido fuertemente criticado por sus opiniones en los medios sobre las personas con disforia de género, denominadas también transgénero o transexuales. Señaló que piensa que estas personas presentan una distorsión en su percepción. Preguntado sobre si es lo que diría respecto a la actriz trans Daniela Vega, apuntó: “Creo que Daniela Vega se percibe a sí misma como mujer, y no me puede obligar a mí a que yo tenga la misma percepción. Yo voy percibir lo que yo veo, y no lo que ve ella. Yo veo un hombre que está haciendo un rol de mujer”. La furia de los activistas de la llamada “diversidad sexual” no se dejó esperar, pero escasearon los argumentos y abundaron las descalificaciones: se le acusó de promover el odio y la discriminación. Lo menos que se le dijo es que era un ignorante.

Curiosamente en estos mismos días el Tribunal Constitucional debió pronunciarse sobre los preceptos de ley orgánica constitucional del proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. La mayoría de sus ministros estuvo por atenerse a la decisión del Congreso sobre cuáles preceptos eran materia de ley orgánica constitucional: los arts. 13 y 18 sobre competencia judicial y declaró que eran constitucionales (Sentencia de 14 de noviembre de 2018, rol Nº 5385-18: ver sentencia).

Sin embargo, en una prevención, que más bien es un voto disidente, tres ministros: Iván Aróstica, Cristián Letelier y José Ignacio Vásquez, discrepan de la mayoría y sostienen algo parecido a lo alegado por Plaza.

Para entender esta disidencia es necesario aclarar que el proyecto de ley no se limita a permitir a ciertas personas cambiar su sexo en el registro civil y en sus documentos identificatorios, sino que va mucho más allá e impone con la fuerza de una ley el concepto de “identidad de género” como independiente del sexo corporal o biológico, a la vez que eleva esa noción a la categoría de derecho garantizado. Por ello se define dicha identidad como “la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma…” (art.1, inc. 2º). Esta convicción resulta suficiente, sin que se necesite el uso de vestimentas o adminículos propios del género autopercibido ni tampoco que se intervenga el cuerpo con tratamientos quirúrgicos, hormonales u de otro tipo (art. 1º, inc. 3º), insistiéndose en que el Registro Civil, o el juez en el caso de menores, no pueden exigir modificaciones a la apariencia o a la función corporal del solicitante (art. 2 inc. 2º). Junto a la identidad de género se plasma legalmente la idea de “expresión de género”, que es definida como “la manifestación externa del género de la persona, la cual puede incluir modos de hablar o vestir, modificaciones corporales, o formas de comportamiento e interacción social, entre otros aspectos” (art. 4, letra a).

Como vemos, se impone la concepción del género como identidad subjetiva que determina cada individuo libremente y sin ninguna relación, o incluso en contradicción, con elementos objetivos y observables por terceros que desde siempre han determinado la pertenencia a uno u otro sexo. No sorprende, en consecuencia, que en general se reconozca a cualquier persona mayor de edad el derecho a acudir a cualquier oficina del Registro Civil para pedir que se sustituya su sexo por el otro y se modifiquen sus nombres, bastando que lleve dos testigos que declaren que el solicitante conoce los efectos jurídicos que implica la rectificación de la partida de nacimiento (arts. 10 y 11). Si la autopercepción se modifica se posibilita un nuevo cambio registral ya que la ley señala que esta posibilidad puede usarse hasta por dos veces (art. 9).

Pero más aún: la ley establece “garantías” para proteger y hacer respetar incluso coactivamente ese derecho. Así se dispone que “toda persona tiene derecho a ser reconocida e identificada conforme a su identidad de género…” (art. 3), a que se respete también su expresión de género (art. 4, a), y al libre desarrollo de su persona conforme a esa identidad y expresión de género (art. 4, c). Además, la ley establece un listado de principios que se supone deben aplicarse en el trato con personas con disforia de género: el de no patologización, el de no discriminación arbitraria, el de confidencialidad, el de dignidad en el trato, el principio superior del niño y el de su autonomía progresiva (art. 5). El principio de no patologización se contempla como sigue: “el reconocimiento y la protección de la identidad de género considera como un aspecto primordial, el derecho de toda persona trans a no ser tratada como enferma” (art. 5, a). Curiosamente aquí el texto del proyecto incluye por única vez la mención de “persona trans” que no está definida ni caracterizada en el resto del articulado, y debemos suponer que se trata de quien padece de una disforia de género, pero a que la ley prohibirá considerarla enferma.

Quizás lo más riesgoso del proyecto esté en el principio de no discriminación, ya que cualquier expresión más o menos crítica de las teorías radicales de género podría ser considerada discriminatoria. La ley junto con establecer el principio (art. 5, b), dispone una prohibición y una forma de sanción. La prohibición se formula de la siguiente manera: “Ninguna persona natural o jurídica, institución pública o privada, podrá realizar un acto u omisión que importe discriminación arbitraria y que cause privación, perturbación o amenaza a las personas y sus derechos, en razón de su identidad y expresión de género” (art. 25). El afectado puede interponer la acción de la ley Nº 20.609, la llamada ley Zamudio o Antidiscriminación, y así lograr el cese de la conducta discriminatoria y que el imputado sea sancionado con multas, pero esta vez se agrega también la responsabilidad civil que pudiere surgir de la contravención (art. 25).

Se entiende que los ministros disidentes señalen que no se trata simplemente de una ley que permita a las personas cambiar su sexo y su nombre, sino de algo mucho más serio y radical: “Lo que se consagra aquí es un nuevo derecho exigible a ser tratado tal como alguien se percibe a sí mismo, vaya esto o no acompañado con un cambio en la apariencia o una alteración corporal” (Nº 1). Al consagrarse este derecho, con garantías y principios, la ley establece deberes para el Estado que necesariamente afectarán las leyes orgánica constitucionales relativas a la Administración pública y el Poder Judicial, acorde con los incisos primeros de los arts. 38 y 77 de la Constitución.

Se establece así la competencia del Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre estas disposiciones del proyecto que, al implantar un nuevo derecho y por tanto deberes de respeto y promoción por parte del Estado, constituyen normas propias de ley orgánica constitucional.

Establecida la competencia, los disidentes justifican por qué dichas normas son inconstitucionales. Una primera razón se basa en el principio constitucional de dignidad de las personas y de igual trato ante la ley, recordando que el art. 19 Nº 2 reconoce la distinción de sexo al disponer que “hombres y mujeres son iguales ante la ley”. Los ministros creen advertir la creación de un grupo privilegiado al basar los derechos que se atribuyen a las personas trans en su mera subjetividad, aunque contraríe su conformación corporal: “El ejercicio de los derechos y, por cierto, el establecimiento de éstos por vía legal –sostienen los Ministros–, no puede emanar ni provenir de las preferencias, orientaciones o prácticas individuales, pues, por esta vía, el ordenamiento pasaría a ser una dispersión de estatutos, privilegios o fueros particulares por obra de un voluntarismo subjetivista que el Estado de Derecho ha venido a superar, a lo largo de muchos siglos de desarrollo…” (Nº 2). El caso conocido en estos días del holandés que pide que se rectifique su edad invocando su autopercepción, abona este planteamiento. ¿Con qué fundamentos se podrá negar a otros grupos o personas que las leyes se adapten a lo que ellas piensan sobre sí mismas?

Pero eso no es todo, al tener que implementar todo lo relacionado con este nuevo derecho, el Estado necesariamente deberá asumir oficialmente una posición ideológica incluso respecto de ciudadanos que no concuerden con ella. Los jueces disidentes advierten que “este nuevo derecho a la identidad de género y los indicados mandatos de optimización, tienen –por lógica reversa– su correlato en un nuevo deber del Estado de promocionarlos y optimizarlos. Así, sin ley explícita de por medio, el Estado en su conjunto ha pasado automáticamente a detentar nuevos poderes de imposición unilateral para hacer ejecutar la ley frente a terceros” (nº 3). Al señalar los disidentes que el Estado ha adquirido “sin ley explícita” estos poderes, hemos de entender que hacen alusión a que no se necesitará de leyes que consagren y regulen dichas atribuciones, bastando para ello el reconocimiento legal que hace el proyecto de ley del derecho a la “identidad de género”.

Pero no es solo el incremento de la injerencia del Estado en una materia debatible, incluso científicamente, lo que resulta reprochable constitucionalmente, si no sobre todo que ese incremento se hace a costa de la libertad de los ciudadanos para adherir a una concepción diferente sobre la identidad personal y sexual: la ley “lleva en ciernes que la autocomprensión sexual de un individuo pasa a ser algo exigible a los demás, puesto que en todas las relaciones intersubjetivas de contenido jurídico, al titular de este derecho le serán debidas ingentes conductas ajenas, consistentes en abstenciones y prestaciones (obligaciones negativas y positivas), por parte de sujetos individuales, grupos, asociaciones, la entera sociedad, etc.” (Nº 3). Siendo así la ley coarta la libertad de pensamiento de los ciudadanos, ya que ella “implica gravar a todas las personas y cuerpos intermedios de la sociedad con deberes de omisión y aún de actuación que, amén de herir su dignidad, al hacerlas simple objeto pasivo de una concepción ideológica, perturba su libre discernimiento, al obligarlas por ley a proceder con prescindencia de la realidad” (Nº 3). Al hacer referencia a la realidad, los disidentes seguramente se refieren a la conformación biológica dual, femenina-masculina, de los sexos.

Concluye el voto disidente haciendo ver que la creación de este tipo de derechos se presenta ya no como un reconocimiento de derechos fundamentales de las personas, sino más bien como una manipulación del lenguaje utilizada abusivamente para asegurar la imposición de determinadas concepciones ideológicas: “La implantación de derechos por ley, más allá del reconocimiento constitucional de aquellos que son anteriores a la legislación positiva, en casos como éste, arriesga desvirtuar la idea de que los derechos son conquistas frente al Estado y no excusas para que los poderes públicos puedan imponer determinadas ideas en la comunidad” (Nº 3).

La prevención culmina señalando que, por todos estos motivos, los autores estiman que el art. 5 del proyecto es inconstitucional al vulnerar el inciso primero del art. 1º de la Carta Fundamental, esto es, el que dispone que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Por nuestra parte, pensamos que se trata también de una vulneración al art. 19 Nº 2 en cuanto a la igualdad de derechos y el reconocimiento de la distinción entre hombres y mujeres, y del art. 19 Nº 6 sobre libertad de conciencia y libre manifestación de las creencias. Aunque es cierto que ambos derechos se encuentran implícitos en el art. 1º inciso primero de la Constitución invocado por los Ministros disidentes.

Es efectivo que se trata de una prevención o voto de minoría que no tiene fuerza jurídica, más allá de la autoridad que le confiere la sensatez y plausibilidad de su propio razonamiento. En virtud de esa autoridad, estas consideraciones podrán ser tenidas en cuenta en un futuro requerimiento de inaplicabilidad de estas normas si ellas son aplicadas para amagar derechos fundamentales establecidos en la Constitución y principalmente las libertades de conciencia, de expresión y de enseñanza.

Así, una vez que esta ley sea publicada en el Diario Oficial y entre en vigor, Alberto Plaza y tantas otras personas que no están de acuerdo con que el género autoasumido sustituya al sexo corporal podrán tener cierta protección cuando se pretenda sancionarlos o censurarlos utilizando este cuerpo legal que más que justicia parece estar destinado a imponer un pensamiento único e intolerante, paradójicamente, con el pretexto de reconocer una mayor tolerancia hacia la diversidad.

Y para terminar este post, comparto con mis lectores una de mis canciones preferidas de Plaza:

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Objeción de conciencia y ley de aborto

25 junio, 2017

Uno de los aspectos más debatidos en el proyecto de ley que “despenaliza” el aborto en tres causales está siendo ahora la consagración de la posibilidad de negarse a participar en la actividad abortiva por una “objeción de conciencia”. En la actualidad, el proyecto de ley dispone que sólo “el médico cirujano requerido para interrumpir el embarazo” puede abstenerse de realizarlo en caso de que haya manifestado previamente su objeción de conciencia (nuevo art. 119 ter del Código Sanitario). Se discute si debe extenderse dicho reconocimiento a otros profesionales que conforman el equipo médico que acompañará al facultativo ejecutante: matronas, enfermeras, arsenaleras o incluso a otras personas que podrían ser requeridas a prestar servicios que favorezcan la práctica del aborto.

La cuestión de la legitimidad de la objeción de conciencia como forma de oponerse a mandatos de la ley por motivos de convicciones éticas o religiosas surgió durante el siglo XX, en la mayor parte de los casos por invocación de creencias pacifistas que impedían a las personas enrolarse en las fuerzas armadas para combatir en un conflicto bélico o más aún para negarse a efectuar el servicio militar. Posteriormente, se ha ido extendiendo a casos de oposición a transfusiones de sangre, juramentos a la bandera, desarrollar actividades en días que alguna religión prescribe como de descanso, vender cierto tipo de medicamentos, etc. Estas objeciones se han ido reconociendo mediante la jurisprudencia que aplica principios constitucionales y de derecho internacional relacionados con la libertad de conciencia y de religión, y luego por prescripciones legales que evitan la judicialización en temas en los que el legislador observa que es prudente y razonable eximir de la obligatoriedad legal de una determinada conducta a quienes tienen razones plausibles relacionadas con sus más profundas creencias para omitirlas. No sorprende, entonces, que cuando se impone una legislación por la que se legaliza el aborto se contemplen expresamente casos de objeción de conciencia para aquellas personas que según dicha ley estarían obligadas a practicarlo contrariando su creencia de que dicho acto es ilícito. El mayor problema es determinar la extensión que se dará a dicha exención de cumplir la ley.

No parece haber duda de que el o los médicos que van a practicar directamente el aborto podrán invocar esta objeción. La discusión se plantea respecto de aquellos profesionales de la salud que colaboran con el médico. Los que defienden la extensión dicen que, de lo contrario, se estaría discriminando contra los profesionales que no son médicos, y que estas personas también tiene una conciencia que debe ser respetada. Los que se niegan aducen que se trata de personas que no realizan directamente el “acto médico” (aborto) y que otorgar este “privilegio” a otros profesionales implicaría sabotear el derecho de la mujer a “interrumpir” su embarazo. El senador y médico Guido Girardi ha señalado en este sentido que “hoy día sin eso, muchos pabellones no pueden funcionar porque faltan especialistas, arsenaleras o anestesistas. Si tu agregas que todo el equipo médico pueda hacer objeción de conciencia, en el fondo es la letra chica, es hacer totalmente inviable que en los hospitales de Chile, especialmente de regiones, se pueda practicar un interrupción de embarazo por violación. Es negarle a la mujer ejercer un derecho que está establecida por ley” (). A estos argumentos en contra, se podría agregar que si se trata de actuaciones que colaboran con el aborto, la objeción de conciencia debería otorgarse no sólo a los demás integrantes del equipo médico que practica el aborto, sino a cualquier otro profesional que preste algún tipo de servicios para la atención de la mujer embarazada que desea abortar. Así, por ejemplo, la secretaria de admisión o un camillero podrían negarse a atenderla desde que conocen que con ello están cooperando a la muerte del niño que lleva en el vientre.

Comencemos por descartar este último argumento. Parece manifiesto que quienes no intervienen directamente en la práctica del aborto, no están colaborando con él, ni podría imputárseles ninguna culpa moral en su actuación. En términos de la teología moral cristiana, su cooperación sería meramente material. Cosa diversa sucede con aquellos cuya conducta es directamente necesaria para practicar el aborto, aun cuando no realicen personalmente las maniobras que provocan la muerte y la expulsión de la criatura en gestación. Normativamente el aborto les puede ser imputado y por ello tienen un legítimo interés en no actuar en contra de su conciencia. Quizás pueda entenderse mejor esto si nos ponemos en la situación de que el aborto sea un delito, y nos preguntamos si la persona sería o no imputada, aunque no como autor, sí como cómplice. Según el art. 16 del Código Penal son cómplices los que, no siendo autores, “cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos”. Aplicando este criterio debería incluirse entre las personas que podrían invocar la objeción aquellos médicos que son requeridos para efectuar un diagnóstico o una constatación previa pero necesaria para practicar un aborto.

Frente a la idea de que la facultad de los médicos sería un “privilegio”, basta constatar que la literatura especializada así como los instrumentos internacionales tratan a la objeción de conciencia como un derecho, no como una mera concesión graciosa del poder estatal. Siendo un derecho no se entiende por qué se le reconoce al médico y no a otros profesionales de la salud.

El temor a que la objeción de conciencia extendida haga inviable el derecho de la mujer al aborto, pone al desnudo que no estamos hablando de una mera despenalización sino de una consagración del aborto como un derecho subjetivo y que es falaz aquello de que esta ley no obliga a nadie a abortar. Por otro lado, este miedo contradice lo que se ha sostenido en el sentido de que una amplia mayoría de los chilenos están de acuerdo con que se legalice el aborto en las tres causales contenidas en el proyecto. Si es así, ¿por qué se piensa que la mayor parte de los profesionales de la salud se van a resistir a practicarlo?

Debe considerarse que la legislación comparada no reduce la objeción de conciencia sólo al médico. En Italia, el art. 9 de la ley Nº 194, de 1978, otorga el derecho a todo el persona sanitario o auxiliar; en Francia, el art. 2212-2 del Código de la Salud Pública señala que no serán obligados a concurrir en un aborto los médicos, las matronas (sage-femme), las enfermeras y cualquier auxiliar médico; en España el art. 19 de la ley orgánica Nº 2, de 2010, dispone que “los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia”. En Uruguay, la ley Nº 18.987, de 2012, considera que pueden abstenerse de participar en un aborto legal, ejerciendo una objeción de conciencia, los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia “los médicos ginecólogos y el personal de salud” (art. 11). La Resolución Nº 1763, de 2010, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa dispuso en forma muy amplia la necesidad de establecer la objeción de conciencia: “Ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, considerada civilmente responsable o discriminada debido a su rechazo a realizar, autorizar, participar o asistir en la práctica de un aborto, la realización de un aborto involuntario o de emergencia, eutanasia o cualquier otro acto que cause la muerte de un feto humano o un embrión, por cualquier razón”.

Finalmente, habrá que decir que aunque la ley no llegue a contemplar expresamente el derecho a la objeción de conciencia de los demás profesionales de la salud, éstos podrán negarse a colaborar en el aborto invocando la Constitución que en su art. 19 Nº 6 garantiza la libertad de conciencia. Así lo escribió en un texto que se publicó después de su muerte, el jurista y profesor de Derecho Civil, Gonzalo Figueroa Yáñez: “Si la ley particular no contempló las objeciones de conciencia que ella podría generar, es la ley la que tiene que ceder frente a la disposición constitucional. El objetor tiene el derecho, constitucionalmente protegido, a vivir su vida individual según los dictados de su propia conciencia” (“Obediencia al Derecho y objeción de conciencia. La libertad de conciencia como derecho de la persona”, en Estudios de Derecho Civil VII, Thomson Reuters, 2012, p. 15).

El “Estado laico” del programa de Michelle Bachelet

3 noviembre, 2013

Como es tradicional, el pasado 1º de noviembre, día de Todos los Santos, los cementerios se llenaron de personas que concurrían a visitar las tumbas de sus familiares y amigos difuntos. Todos quienes acuden a ellos pueden ver que la casi totalidad de los nichos, mausoleos y sepulturas tienen diversas imágenes y signos religiosos: predomina la cruz y el crucifijo, pero hay también imágenes del Sagrado Corazón, de la Virgen María en sus distintas advocaciones, ángeles, etc. También pueden encontrarse símbolos de religiones no cristianas como la estrella de David o la medialuna.

Los símbolos sacros están presentes en nuestra vida en comunidad (en calles, plazas, parques y edificios públicos), y no se encuentran sólo en los templos o en los domicilios particulares de los creyentes. ¿Contradice esto la separación de Iglesia y Estado establecida en nuestra República desde la Constitución de 1925? ¿Va contra la aconfesionalidad del Estado? ¿Vulnera su carácter laico?

Así parece entenderlo el programa de gobierno presentado por Michelle Bachelet. Dentro del contenido de una nueva Constitución, y bajo el epígrafe de “Estado laico” se lee: “La Nueva Constitución, junto con reafirmar la separación entre el Estado y las Iglesias, y la neutralidad del Estado frente a la religión, con el pleno respeto por las creencias religiosas y éticas de las personas, y la práctica del culto; garantizará la igualdad entre las distintas confesiones religiosas”. Se observa que se estima insuficiente la actual regulación constitucional de la separación entre Estado e Iglesias, y se propone “reafirmarla” y añadir a ella la “neutralidad del Estado frente a la religión”.

No se especifica en qué se concretará esta nueva versión de la aconfesionalidad estatal, salvo en un aspecto: los símbolos religiosos; de manera categórica, se declara: “Asimismo, deberán suprimirse de la ley y de las reglamentaciones relativas a poderes del Estado toda referencia a juramentos, libros o símbolos de índole religiosa” (Chile de todos. Programa de gobierno Michelle Bachelet 2014-2018, p. 30: Texto en pdf).

La expresión “relativas a poderes del Estado” es muy amplia y parece abarcar gran parte de, sino toda, la actividad de las autoridades estatales, sean nacionales, regionales o locales. De partida el juramento de los altos cargos públicos (la misma Presidencia) debería eliminarse, dejándose sólo – nos imaginamos– la promesa de buen desempeño. Lo mismo el juramento de los futuros abogados, que se hace ante la Corte Suprema o el de los testigos en un proceso judicial. La Biblia, la Torah, el Corán no podrán aparecer en dichos juramentos ni en otras actividades relacionadas con la gestión de las autoridades públicas. La capilla ecuménica de la Moneda debería ser clausurada. Menos podrá haber ceremonias en que un ministro de culto lee un texto sagrado o bendice con agua u otro símbolo religioso para inaugurar alguna obra del Estado. ¿Qué será de oficios como el Te Deum de fiestas patrias, tanto católico-ecuménico como evangélico, al que concurren representantes de todos los poderes del Estado, lleno de libros, cantos y símbolos religiosos (incluido el incienso)? ¿Se deberá eliminar la invocación a Dios en la apertura de las sesiones del Congreso? Podría cuestionarse que se mantengan los signos religiosos en los bienes nacionales de uso público, ya que ellos son administrados por uno de los poderes del Estado; correrían peligro hasta las populares “animitas” instaladas al borde de carreteras y caminos públicos.

La propuesta de eliminación de los símbolos religiosos lejos de reafirmar la configuración de un Estado laico, es más bien su negación a través de la imposición de una doctrina confesional que suele denominarse laicismo, para oponerlo a la concepción de una equilibrada y sensata laicidad jurídica y social. El Estado laicista, no es un verdadero Estado laico, ya que no acoge la idea de una simple “aconfesionalidad”, sino de una “contraconfesionalidad”; a saber, que la religión no debe desempeñar misión alguna en la vida pública y que, cuando más, ha de ser tolerada si se le confina a la vida doméstica y privada de los creyentes. El laicismo vulnera la libertad de religión y de creencias, ya que niega que lo religioso pueda expresarse en la sociedad civil y pueda hacer oír su voz en los debates que se suscitan en una democracia genuinamente pluralista.

Mucho más democrática y compatible con una libertad de religión robusta es la propuesta de una laicidad, que lleva al Estado a reconocer la dimensión comunitaria de las expresiones religiosas y a acoger el aporte que las diversas confesiones pueden hacer en la deliberación ética. El expresidente de Francia Nicolás Sarkosy propuso el término de “laicidad positiva” como una enmienda de la política francesa en un discurso pronunciado el 20 de diciembre de 2007, con motivo de su nombramiento como “canónigo de honor” de la  Basílica de Latrán. En dicho discurso, señaló que “la República tiene interés en que exista también una reflexión moral inspirada en convicciones religiosas. En primer lugar, porque la moral laica corre el riesgo de agotarse o de transformarse en fanatismo cuando no está respaldada por una esperanza que llene la aspiración al infinito. Y también porque una moral desprovista de lazos con la trascendencia está más expuesta a las contingencias históricas y finalmente a ceder a la facilidad”.  De esta manera, auspició comprender el ideal del Estado laico, no desde la perspectiva del laicismo hostil, sino desde una laicidad positiva “es decir, una laicidad que, al mismo tiempo que vela por la libertad de pensar, de creer y de no creer, no considere que las religiones son un peligro, sino más bien una ventaja” (Ver texto del dirscurso en Le Monde).

El “Estado laico” del programa de Michelle Bachelet, proponiendo la eliminación pública de los juramentos, libros y símbolos religiosos, parece ir por la vía contraria a la recomendada por esta laicidad positiva, que, por lo demás, es la que hasta ahora, y con pocas excepciones, ha prevalecido en Chile desde 1925.

La Junji y el poder del Opus Dei

3 enero, 2011

No piense el lector que pretendo hacer méritos para columnista del The Clinic o Le Monde Diplomatique. Sólo quiero aprovechar la salida de Ximena Ossandón de la Junji para destacar cómo en el Opus Dei, esa “disciplinada” organización de la Iglesia, se vive lo que su fundador y todos sus sucesores no han dejado de reiterar: la libertad en todas las materias en la que los católicos tienen autonomía para decidir de distintas maneras, como las de política contingente.

La prensa ha dicho que la renunciada es miembro del Opus Dei. También lo es Carlos Larraín, el presidente de Renovación Nacional. Hasta aquí podría armarse una historia al estilo Código da Vinci,  conjeturando que el Opus pretendía apoderarse de la Junji y que por ello Larraín apoyó a Ossandón, incluso cuando incurrió en la negligencia de no presentarse al concurso de la Alta Dirección Pública. La verdad es que seguramente don Carlos estaba más preocupado de la influencia de su partido que en la del Opus Dei. En cualquier caso lo que hecha por tierra toda especulación en esta dirección, es que otro miembro del Opus Dei, el Ministro de Educación, Joaquín Lavín, jefe directo de la vicepresidenta, forzó su salida: primero comunicándole que el gobierno no declararía desierto el concurso y segundo, ante su “twittericidio”, anunciando su inmediata renuncia.

¿Será pasado el supernumerario Joaquín Lavín al Tribunal de Disciplina del Opus por proceder contra los intereses de la “poderosa organización”? ¿Habrá que esperar una declaración de solidaridad a doña Ximena por parte de los dirigentes del Opus Dei? Ni lo uno ni lo otro. Las actuaciones de estos miembros del Opus Dei en materia política son de su exclusiva responsabilidad y no comprometen ni a la institución ni a los demás integrantes. La pertenencia a esta corporación eclesial no tiene incidencia alguna en este tipo de asuntos, como no la tendría el que todos fueran socios del Hogar de Cristo o amigos del Teatro Municipal.

Josemaría Escrivá, el fundador de la Obra, dejó escrito que “en el Opus Dei el pluralismo es querido y amado, no sencillamente tolerado”. Decía que al observar entre sus miembros “tantas ideas diversas, tantas actitudes distintas —con respecto a las cuestiones políticas, económicas, sociales o artísticas, etc.—, ese espectáculo me da alegría, porque es señal de que todo funciona cara a Dios como es debido…”.  En lo temporal –agregaba– los miembros de la Obra son libérrimos: “caben en el Opus Dei personas de todas las tendencias políticas, culturales, sociales y económicas que la conciencia cristiana puede admitir”.

Permítaseme una manifestación más de la libertad de pensamiento y de acción que se vive en el Opus Dei. Personalmente, me parece que doña Ximena incluso se equivocó en su temprano gesto de instalar una imagen de la Virgen en el frontis de la Junji. La fe, y así lo enseñó San Josemaría, se vive sin espectáculo, con naturalidad. Esa instalación tenía más de medida política de provocación, que de auténtico testimonio cristiano. No juzgo intenciones; si su intención fue otra, eso mismo ya da cuenta de una escasa competencia política. Sus desaciertos posteriores no hicieron más que ratificar esta carencia.

¡Ah!, y por si no quedara claro: el que escribe es también miembro del Opus Dei. ¿Querrá alguno acusarlo ante el Tribunal de Disciplina por contribuir a que el poder político de la “férrea” institución sea todavía menos que “reguleque”?

Matrimonio póstumo

29 agosto, 2010

“¿Martine Mallard, quieres tomar por esposo a Alain Duvignacq?”, preguntó el funcionario municipal francés, el pasado 10 de agosto de 2010. Pero luego del “sí quiero” de ella, no hizo la misma pregunta a Alain, porque en la ceremonia sólo estaba su foto. Había muerto de cáncer el 2007 a los 53 años. La enfermedad había interrumpido los preparativos de la boda, y en definitiva esta no había podido celebrarse por la rápida muerte de Alain. Con la autorización del Presidente de la República Sarkosy, se permitió que tuviera lugar este matrimonio post mortem, y Martine se convirtió en cónyuge y viuda al mismo tiempo (Ver la noticia en Le parisien). Sin duda es una institución curiosa, pero la prevé expresamente el art. 171 del Código Civil francés (Ver texto en Legifrance).

Más allá de la anécdota, la noticia de este matrimonio póstumo francés, nos permite considerar uno de los aspectos riesgosos que contiene el art. 20 de nuestra Ley de Matrimonio Civil que otorga efectos civiles al matrimonio celebrado según los ritos o formas de una iglesia o confesión religiosa. Los contrayentes pueden celebrar su matrimonio por la Iglesia y luego, en el plazo de 8 días, ratificar su consentimiento e inscribir su enlace en el Registro Civil. Este reconocimiento del matrimonio religioso es una fórmula respetuosa con las convicciones más profundas de las personas y con la libertad de conciencia reconocida en nuestra Constitución y en la Ley de cultos.

Lamentablemente, el temor a abusos y fraudes indujo a los legisladores a poner muchas trabas y limitaciones al reconocimiento. Entre ellos está el breve plazo para la inscripción y que no se permitiera expresamente que se comisionara a un apoderado para efectuar la gestión. Los intentos para interpretar la norma permitiendo el mandato no han sido aceptadas por el Registro Civil que exige la comparecencia personal de los dos cónyuges. Al entenderse así la norma, se permite que pueda suscitarse un problema similar al enfrentado por Martine Mallard pero sin que tenga la solución prevista en Francia; me explico: si una pareja, pretendiendo hacer uso de la norma de nuestra Ley, contrae previo matrimonio ante la Iglesia, pero por un accidente o enfermedad repentina uno de ellos fallece antes de efectuarse la gestión de inscripción ante el Registro Civil, el matrimonio, a pesar de haber sido plenamente celebrado en sede religiosa, no sería reconocido por la ley civil para ningún efecto. El sobreviviente no sería viudo ni podría heredar al fallecido. ¿En que queda entonces la finalidad de la ley de respetar la convicción de las personas de haberse casado al momento de prestar su consentimiento ante el ministro de su culto religioso?

Este peligro es remoto pero debería ser previsto. Resultaría conveniente aprovechar el proyecto de ley que se tramita en la Cámara de Diputados para introducir algunos perfeccionamientos a la Ley de Matrimonio Civil (Boletín 3536-18) e incluir una norma para disponer que la gestión administrativa de ratificación e inscripción del matrimonio religioso en el Registro Civil pueda ser requerida por un mandatario especialmente facultado para actuar por ellos, sin posibilidad de revocación y persistiendo incluso después de la muerte de los mandantes.

Así, si se suscita un caso como el de Martine Mallard en Francia, el mandatario podrá pedir la inscripción del matrimonio y se reconocerán sus efectos civiles a pesar de la muerte inesperada de uno de sus contrayentes