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Falsos exonerados

28 agosto, 2016

A muchos disgustó que la Corte Suprema por sentencia de 23 de agosto de 2016 (ver texto de sentencia) declarara que debía absolverse a una persona que, aduciendo falsamente la calidad de exonerada política, había obtenido una pensión. La razón: el delito imputado, sancionado como una forma de fraude en el art. 470 Nº 8 del Código Penal, se encontraría prescrito por haber transcurrido el plazo legal contado desde la fecha en que se le otorgó el beneficio (2 de noviembre de 2006).

La Corte desechó de esta manera el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la sentencia de segunda instancia que había asumido el mismo criterio. El Consejo alegaba que el delito no se encontraba prescrito ya que seguía cometiéndose de manera continuada cada vez que la acusada recibía la pensión que incrementaba su patrimonio y disminuía el de la víctima del delito: el Fisco.

El mayor escándalo se produce, más allá de la discusión sobre cuando se consuma el delito, porque pareciera que de esta manera se sanea el otorgamiento de una pensión obtenida con fraude, de modo que los falsos exonerados, aunque se compruebe su dolo, podrían seguir gozando de dicho beneficio. Esto claramente es inaceptable y confunde las funciones del Derecho Penal con las del Derecho Civil. Que no exista sanción penal no quiere decir que el acto jurídico por el cual se consiguió la pensión no pueda ser declarado nulo, y por tanto privarlo de sus efectos.

La nulidad de la resolución administrativa que concedió la pensión podría haber sido declarada por la misma Administración Pública invocando las facultades de invalidación de sus propios actos que le concede el art. 53 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, ley Nº 19.880, de 2003. Pero esta facultad tiene una limitación que dificultará su aplicación a estos casos: ella sólo puede ejercerse dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto (art. 53 inc. 1º).

Pero nada impide que el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco, deduzca una demanda de nulidad del acto jurídico por el cual se concedió indebidamente la pensión. No nos parece necesario recurrir a la teoría de la nulidad de derecho público que tiene tan débil sustento normativo. Bastará con que se deduzca una acción de nulidad civil.

Procedería, en principio, la nulidad por vicio del consentimiento, ya que es evidente que la Administración fue engañada para emitir su declaración de voluntad. Estaremos frente al dolo como vicio del consentimiento. Como se trata de un acto unilateral será suficiente con que el dolo sea principal o determinante, sin que sea aplicable el requisito de que provenga de la otra parte, que sólo rige para los actos jurídicos bilaterales (cfr. art. 1458 CC). Sin duda estamos ante una conducta dolosa que ha sido determinante para que la Administración emitiera el acto jurídico por el cual se concedió la pensión, ya que de haber sabido que la beneficiaria no cumplía los requisitos establecidos en la ley no lo habría ejecutado.

El problema de la alegación de dolo es que sólo da derecho a solicitar la nulidad relativa y esta acción prescribe en cuatro años desde la fecha del acto, conforme con el art. 1691 del Código Civil. Como la resolución administrativa es del año 2006, la beneficiaria podría oponer la prescripción de la acción.

Dejando de lado el vicio de dolo hay que tener en cuenta que, además, estamos ante un acto jurídico obtenido por medio de un fraude que incluso está tipificado penalmente, de modo que bien puede sostenerse que se trata de un acto nulo de nulidad absoluta por las causales de objeto y causa ilícitos. Hay objeto ilícito por cuanto se trata de un acto que contraviene el derecho público chileno (art. 1462 CC), al vulnerarse de una manera flagrante las disposciciones de la ley Nº 19.234, de 1993, sobre beneficios previsionales para personas exoneradas por motivos políticos. Del mismo modo, puede señalarse que concurre la causal de causa ilícita ya que el fin del acto está prohibido por la ley o es contrario al orden público (art. 1467 CC).

La acción de nulidad absoluta tiene también un plazo de prescripción, pero es de diez años (art. 1683 CC). Como la resolución administrativa que concedió la pensión es de 2 de noviembre de 2006, el Consejo de Defensa del Estado puede interponer la acción hasta el 2 de noviembre de 2016. Esto si se cuenta el plazo de prescripción desde la fecha del acto, pero a nuestro juicio no es posible que se sanee un acto que sigue produciendo efectos contrarios al ordenamiento jurídico más allá de ese lapso. Así, por ejemplo, nadie aceptaría que un pacto sobre sucesión futura, pasados diez años, pasara a ser válido y eficaz, a pesar de que sea un caso tradicional de objeto ilícito que da lugar a la nulidad absoluta (art. 1463 CC). Lo mismo puede decirse de contratos de adhesión que contienen cláusulas abusivas y que han tenido una vigencia superior al plazo de prescripción de la acción invalidatoria. No por ello las cláusulas abusivas pasan a ser legítimas sin que pueda pedirse su nulidad.

Por ello, pensamos que en el caso que comentamos la acción para pedir la nulidad no prescribe mientras se mantenga vigente la causa y el objeto ilícito. Otra forma de llegar a la misma conclusión, sería que el Estado se negara de hecho a pagar la pensión y que, ante la demanda de la beneficiaria, oponga la excepción de nulidad, excepción que según la opinión mayoritaria no se extingue por el paso del tiempo.

Una vez declarada la nulidad proceden las restituciones mutuas previstas en los arts. 1687 y siguientes del Código Civil. De esta manera, la beneficiaria deberá restituir a las arcas fiscales lo indebidamente percibido y, además, será considerada poseedora de mala fe, por lo que deberá pagar intereses corrientes, al aplicarse por analogía lo que se dispone respecto del pago de lo no debido cuando quien lo recibe está de mala fe, según lo indica el art. 2300 inc. 2º del Código Civil.

Todo esto se hubiera evitado si el Consejo de Defensa del Estado hubiera ejercido la acción civil de nulidad junto con la acción penal. Cierto es que por las fechas de comisión de los delitos era aplicable el antiguo Código de Procedimiento Penal, pero conforme al art. 10 de ese Código era perfectamente posible intentar ante el juez penal las acciones civiles que tuvieran por objeto “reparar los efectos civiles del hecho punible” (art. 10 CPP), y entre ellas cabe entender incluida la acción civil de nulidad del acto jurídico que fue el resultado del delito imputado.

Este organismo podría reparar la omisión, demandando cuanto antes la nulidad de las resoluciones administrativas que concedieron pensiones a quienes aparentaron fraudulentamente haber padecido una exoneración por motivo políticos.

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Venta de un inmueble por la mujer casada en sociedad conyugal

21 diciembre, 2014

El 9 de diciembre de 2014, la Corte Suprema dictó sentencia en un recurso de casación presentado respecto de un caso que resulta de interés para determinar las consecuencias de la venta de un inmueble que realiza, por sí sola, la mujer casada en sociedad conyugal.

Los hechos son los siguientes: don Mario contrajo matrimonio en sociedad conyugal con doña Rosa en 1988. En 1993, doña Rosa adquirió una casa en la villa Travesía II de la comuna de Pudahuel mediante el subsidio habitacional y se aplicó, en consecuencia, el art. 41 de la ley Nº 18.196, de 1982. Los cónyuges se separaron de hecho en 1996, permaneciendo doña Inés en el inmueble. El 27 de marzo de 2006 lo vendió, sin autorización del marido ni de la justicia, a un tercero: don Víctor.

El marido demandó a doña Rosa y a don Víctor pidiendo que se declarara la nulidad absoluta del contrato de compraventa y se le hiciera restitución del inmueble, con sus frutos y accesiones.

El juez de primera instancia dio lugar a la nulidad, pero la Corte de Apelaciones de Santiago revocó dicha sentencia y desestimó la demanda por considerar que, tratándose de un bien social, la sanción que correspondía aplicar era la nulidad relativa y no la absoluta.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación que presentó el demandante porque, aunque pudiera no compartir el criterio de la segunda instancia en cuanto a los efectos del art. 41 de la ley Nº 18.196, lo cierto es que no le parece errada la aplicación de los preceptos que determinan la nulidad relativa para el acto impugnado, la cual, al no haber sido pedida, no puede declararse (Ver texto).

El caso nos permite reflexionar sobre la sanción que debe aplicarse a los actos que realiza la mujer por sí sola, ya sea respecto de los bienes sociales o de sus bienes propios que administra el marido, fuera de los supuestos en los que la ley la autoriza para obrar de esa manera.

Veamos, en primer lugar, lo que dispone el art. 41 de la ley Nº 18.196, de 1982. La norma pertinente para el caso es el inciso segundo que reza así: “La mujer casada beneficiaria del subsidio habitacional del Estado, se presumirá separada de bienes para la celebración de los contratos de compraventa, mutuo e hipotecas relacionados exclusivamente con la adquisición de la vivienda para la cual se les haya otorgado dicho subsidio”.

Se observa que la presunción de separación de bienes opera exclusivamente para efectos de “la adquisición de la vivienda” y no para su administración o disposición posterior. Pero aquí podrían darse dos tesis: una sería que la ley al señalar que la mujer adquiere como separada de bienes ha querido indicar que el inmueble no ingresa a la sociedad conyugal, por lo que se trataría de un bien propio de la mujer, aunque sujeto a la administración del marido. La segunda, que la presunción de separación opera sólo para otorgar capacidad a la mujer casada para concurrir a los contratos de compraventa, mutuo o hipoteca por sí sola y sin la representación del marido. Debe tenerse en cuenta que la ley Nº 18.196 es anterior a la reforma de la ley Nº 18.802 que otorgó capacidad a la mujer casada en sociedad conyugal. Siendo así, se aplicarán a la adquisición del inmueble las reglas generales de la sociedad conyugal, es decir, tratándose de un bien adquirido a título oneroso por cualquiera de los cónyuges ingresa al haber absoluto de la sociedad conyugal (art. 1725 Nº 5 del Código Civil). Estaríamos frente a un bien social y no a un bien propio de la mujer.

Si consideramos que el inmueble es un bien propio de la mujer debemos aplicar a la venta que ella hace por sí sola a un tercero la disposición del inciso final art. 1754 del Código Civil, según la cual: “La mujer, por su parte, no podrá enajenar o gravar ni dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre el marido, sino en los casos de los artículos 138 y 138 bis”. Algunos autores pensaron, por la forma en que está redactada la norma, que ella contenía una norma prohibitiva, de modo que el acto que la transgrediera adolecería de nulidad absoluta por objeto ilícito (arts. 10, 1466 y 1682 del Código Civil). Sin embargo, la mayor parte de la doctrina ha señalado, a nuestro juicio con razón, (sobre todo después de la reforma de la ley Nº 19.335), que, al no haber una prohibición absoluta y admitirse varias excepciones, estamos en presencia de una norma imperativa de requisitos: la mujer sólo puede actuar sobre los bienes propios cumpliendo los requisitos impuestos en los arts. 138 y 138 bis del Código Civil. No procede, entonces, la nulidad absoluta, sino la nulidad relativa, por aplicación de los criterios generales, ya que se trata de una formalidad exigida por la ley en razón del estado o calidad de las personas (mujer casada en sociedad conyugal).

La sentencia de la Corte Suprema que ocasiona este comentario abona también esta tesis, para aplicarla por analogía a la enajenación por parte de la mujer de un bien, no propio, sino de la sociedad.

Y es que en el caso que comentamos, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema, asumen que el inmueble que la mujer vendió por sí sola había ingresado al haber de la sociedad conyugal.

El demandante también consideraba lo mismo, pero alegaba que debía aplicarse la nulidad absoluta por transgresión de una norma prohibitiva, que él ve en el art. 1752 del Código Civil. Este precepto dispone que “La mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la sociedad, salvo en los casos del artículo 145”. Según la posición del demandante, el art. 1757 del Código Civil, que dispone la nulidad relativa, se refiere sólo a los actos del marido sobre los bienes sociales que no cumplen con los requisitos que dispone el art. 1749 del mismo Código, pero no a los que la mujer realice sobre dichos bienes.

Las Cortes rechazan este planteamiento y dan una lectura amplia al art. 1757, que impone la nulidad relativa a todos los actos “ejecutados sin cumplir con los requisitos prescritos en los artículos 1749, 1754 y 1755…”. Se basan también en que, según el art. 1682 inc. 3º también del Código Civil, la regla general en materia de nulidad es la nulidad relativa.

No estamos convencidos de que esta tesis sea la correcta. Hay que considerar que si se aplicara el art. 1757 al caso en comento: actuación de la mujer por sí sola sobre bienes sociales, el marido no dispondría de legitimación, según esta norma, para demandar dicha nulidad. El inciso 2º del art. 1757 señala categóricamente que quienes disponen de esta acción de nulidad son la mujer, sus herederos o cesionarios. No menciona al marido.

Pero tampoco coincidimos con el planteamiento del demandante de que se trate de nulidad absoluta. El art. 1752 del Código Civil no contiene una prohibición absoluta de intervención de la mujer en la disposición de bienes de la sociedad conyugal, ya que admite excepciones.

Lo que a nuestro juicio debiera aplicarse es la consecuencia de lo que se dispone en el art. 1750: “El marido es, respecto de terceros, dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio…”. Si la mujer vende un bien social, lo que está haciendo es vendiendo una cosa que le es ajena. Se aplicará, por tanto, el art. 1815 del Código Civil, en cuanto a que la venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño. Es decir, la sanción no es la nulidad, sino la inoponibilidad al marido de la enajenación al tercero. El marido (dueño de los bienes sociales) podría reivindicar la cosa mientras el tercero no la haya adquirido por prescripción.

Podemos aducir en favor de esta solución, la autorizada opinión del recordado profesor René Ramos, que lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros. En su Derecho de Familia (Edit. Jurídica de Chile, 6ª edic., Santiago, 2007, t. I, nº 285, pp. 228-2229) critica un fallo de la Corte Suprema que dictaminó que la hipoteca constituida por la mujer sobre un inmueble social sin autorización ni mandato del marido, adolecía de nulidad relativa. René Ramos escribe que, a su juicio, la Corte se equivoca porque, al tratarse de un inmueble social en que la mujer por sí sola no tiene derecho alguno, lo que ha hecho la mujer es hipotecar una cosa ajena, y ésta es inoponible al dueño.

Nos parece que este criterio debe ser extendido a todo contrato por el cual la mujer se propone disponer de un bien social, y por cierto al más importante de ellos: la compraventa.