La tranquila localidad de Pelequén, entre San Fernando y Rengo, hizo noticia cuando el pasado domingo de resurrección sus habitantes decidieron protestar contra la planta de tratamiento de residuos Colhue, mediante manifestaciones que cortaron la Ruta 5 Sur y produjeron un atasco de kilómetros con los miles de vehículos que, después del fin de semana largo, regresaban a Santiago.
Colhue estaba autorizada para el tratamiento de los llamados «lodos estabilizados», que son biosólidos que provienen de la depuración de aguas servidas y otros residuos orgánicos biodegradables (restos de comida, frutas, verduras, cáscaras, caña de maíz, etc.). Curiosamente la planta tenía como objetivo declarado el ayudar al medio ambiente mediante procesos de tratamiento para la reutilización de estos lodos y residuos. Su página web coloca como consigna de la empresa: «comprometidos con el medio ambiente» (http://www.colhue.cl).
Pero los vecinos de Pelequén no pensaban lo mismo. Se quejaban de que olores nauseabundos y una proliferación de moscas les estaban haciendo la vida insoportable. Denunciaron también problemas de salud: cefaleas y problemas gastrointestinales producto de la proximidad de la planta y de la circulación de los camiones que conducen los desechos.
Las protestas de los vecinos, coordinadas a través de las redes sociales, hablan de la verosimilitud de sus denuncias. Al parecer, por bastante tiempo las autoridades hicieron oídos sordos a sus reclamaciones. Ni siquiera Santa Rosa de Lima, que se venera en su famosa Iglesia, les había solucionado el problema.
Puede comprenderse, aunque no justificarse, que hayan causado un desorden público de graves consecuencias y que recayó en personas totalmente inocentes. Lo cierto es que después del gigantesco taco del domingo, y la intervención de Carabineros, la cuestión llegó a los medios, las autoridades comenzaron a usar las herramientas legales y, finalmente, el presidente del directorio de la sociedad decidió el cierre definitivo de la planta.
Lo que sorprende es por qué los afectados no hicieron usos de los múltiples instrumentos que les concedía la ley para evitar el daño que se les infería. Tenían a su disposición el recurso de protección por afectación del derecho a vivir en un medio libre de contaminación (art. 19 Nº 8 y 20 Const.), la acción ambiental de la Ley de Bases del Medio Ambiente (art. 53 Ley Nº 19.300) e incluso hasta una acción posesoria (interdicto) contemplada por don Andrés Bello en el mismo Código Civil, para casos como este: «Ninguna prescripción se admitirá contra las obras que corrompan el aire y lo hagan conocidamente dañoso» (art. 937). Los hechos posteriores han demostrados que estábamos justamente ante una obra que corrompía el aire y lo hacía dañoso, incluso por la acumulación de moscas, para los habitantes de Pelequén.
La justicia existe para que los ciudadanos no tengan que hacer valer sus derechos por sus propias manos, recurriendo a vías de hecho y haciendo recaer el costo en personas ajenas del todo a la causa de sus problemas. Por eso, el triunfo de los manifestantes de Pelequén a costa de los automovilistas que debieron soportar un regreso de pesadilla, puede considerarse también un fracaso para el sistema judicial en nuestro país, que debiera preocuparnos.
Pelequén se librará de la planta Colhue, pero el lodo lo seguirá acompañando, aunque ojalá con sus efectos benéficos y no contaminantes. No en vano los indígenas le dieron ese nombre justamente por tratarse de una localidad con abundancia de ese elemento. Pelequén en mapugundún significa «lugar de lodos».
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