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… Y muerte de cruz

16 abril, 2017

A quienes han vivido en un mundo cristiano puede extrañar que la cruz haya sido en tiempos antiguos algo infame y denigrante, tanto que incluso San Pablo llega a decir que es escándalo para los judíos y locura para los paganos (1 Cor 1, 23). Quizás pueda entenderse cómo se veía este signo en esos tiempos si pensamos en los medios que se usan hoy para aplicar una sentencia de muerte: la silla eléctrica o una inyección letal. ¿No sería repulsivo que los devotos seguidores de un ejecutado de esta manera, reverenciaran y simbolizaran sus creencias a través de dibujos, pinturas y esculturas de sillas eléctricas o de jeringas con líquidos venenosos? La cruz es, en su origen, un instrumento del terrible derecho penal de la época.

Si nos remontamos a las primeras décadas del siglo I de la era cristiana, en la provincia de Judea sometida al imperio romano, veremos que Jesús el Nazareno fue juzgado por el Sanedrín por un delito religioso (blasfemia), pero, una vez dictada sentencia, los dirigentes del pueblo judío ven que no pueden matarle porque el derecho a imponer la pena demuerte (el ius gladii) estaba reservado a la autoridad provincial del imperio (Mt 26, 57-68; Jn 18,12-24). Por ello llevan a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato, pero ahora con la acusación de que subleva al pueblo y pretende usurpar el poder político haciéndose llamar rey. En otra ocasión hemos considerado algunos aspectos de este proceso (ver post). Ahora quisiéramos fijarnos en la condena. El “Ibis ad crucem” (“Irás a la cruz”) que seguramente pronunció Pilato siguiendo la fórmula del juicio romano, después de intentar por varias medidas liberar a un reo que sabía era inocente.

El Derecho romano contemplaba varias formas de ejecución: la decapitación por hacha o espada, el culleus, la precipitación desde lo alto de un monte, el emparedamiento y la lapidación, para diferentes tipos de delitos. A ellas se sumaba la triada denominada summa supplicium que se aplicaba a los esclavos o a los hombres libres pero de baja condición, los humiliores, y que se componía de la crucifixión, la hoguera y la exposición a las fieras en el circo.

La crucifixión era la pena servil por naturaleza, que reportaba deshonra al condenado (cfr. Mommsen, Teodoro, El Derecho Penal Romano, trad. P. Dorado, Madrid, La España Moderna, 1898, t. II, p. 366). Fue la que aplicó Craso a los esclavos rebeldes que combatieron con Espartaco, llenando la Via Apia desde Roma a Capua de cruces con los vencidos (71 a.C.). Se aplicaba también a todos los extranjeros que carecían de la ciudadanía romana. Lo sabían los jefes judíos de ese tiempo; por ello cuando Pilato pregunta a la turba reunida junto al pretorio y que ha elegido liberar a Barrabás, qué debía hacer con Jesús, la respuesta es clara y categórica: ¡cruficícale! (Mt. 27, 22-23).

Los romanos no inventaron esta pena, que al parecer fue aplicada primeramente por los persas. Luego la usó Alejandro Magno y finalmente los cartaginenses, de los cuales la tomaron los soldados romanos, y fue en éste ámbito donde alcanzó su máxima extensión. Se le prefería porque era un suplicio que aseguraba una lenta agonía para el condenado y la exposición de su cuerpo por largo tiempo, favoreciendo así la publicidad de la pena.

La crucifixión consistía básicamente en colgar de un madero el cuerpo desnudo del condenado, pero dicho madero podía adoptar diversas formas. En un comienzo era sólo un palo vertical, más adelante se le añadió un madero transversal (que los romanos llamaban patibulum), y la combinación de estos dio lugar a las tres cruces más conocidas: la cruz decussata (que tenía forma de X, más adelante llamada cruz de San Andrés), la cruz commissa (que tenía la forma de T) y la cruz immissa (que tiene la forma de cruz que solemos ver en los crucifijos, en que el travesaño horizontal cruza el vertical en la mitad superior de este último). ¿Cuál de estas formas de cruz fue la que se usó en el caso de Jesús? La tradición cristiana se pronuncia claramente por la cruz immissa. Sin embargo, los Testigos de Jehová suelen denunciar que la figura de la cruz es una invención de los católicos. Según ellos, Cristo habría sido colgado en un palo vertical, ya que ésta era la forma de cruz usada por los judíos. Invocan un pasaje del libro del Antiguo Testamento, el Deuteronomio, que señala “Si un hombre hubiere cometido un delito digno de muerte y es ejecutado colgándolo de un árbol, su cadáver no pasará la noche pendiente del madero, sino que lo sepultarás el mismo día…” (Dt. 21, 22-23). Pero esta tesis es desechada por la mayoría de los estudiosos, que aclaran que los judíos nunca usaron la cruz, en ninguna de sus formas, para ajusticiar a un hombre. Lo que sí hacían es que, una vez ejecutado el criminal, por lapidación, estrangulamiento o ahogamiento, su cadáver era expuesto, para que sirviera de advertencia pública, colgándolo de un palo o un árbol. Lo que prescribe el Deuteronomio es que el cadáver colgado debe ser descendido antes del anochecer para ser enterrado. Por otra parte, es claro que la ejecución se llevó a cabo según las reglas y costumbres de los romanos, que usaban, salvo situaciones de emergencia, la cruz immissa (cfr. Messori, Vittorio, ¿Padeció bajo Poncio Pilatos? Una investigación sobre la pasión y muerte de Jesús, Rialp, 2ª edic., Madrid, 1996, pp. 345-347).

Siguiendo los antecedentes romanos, la ejecución del condenado a morir en cruz se hacía fuera de la ciudad en un lugar de acceso público. Normalmente, el madero vertical (llamado stipes o staticulum) se encontraba ya fijo en el sitio previsto para las crucifixiones. Por ello, el reo (cruciarus) debía llevar el madero transversal, el patíbulo, que se ponía sobre sus hombros. Este madero debe haber sido lo que Jesús cargó hasta el Gólgota, ayudado por Simón de Cirene.

Una última cosa podríamos inquirir: ¿cuál fue el delito por el que se condenó al Nazareno? Por el título de la condena que se puso en la cruz de Jesús (Rey de los Judíos), se supone que se habría tratado de un crimen de lesa majestad castigado por la llamada Lex Julia lesae maiestatis (Ley Julia sobre la majestad ofendida), que según informa Cicerón fue dictada en el primer consulado de Julio César (48 a.C.), aunque otros piensan que fue una de las varias leyes julias dictada por Augusto. La ley primariamente castigaba delitos militares graves como la traición o pasarse al enemigo, pero ya en tiempos del emperador Tiberio (bajo cuyo reinado fue condenado Jesús) se hace extensiva a los demás crímenes políticos como sedición, asesinato de magistrados y promover rebeliones o tumultos contra el poder del pueblo romano. En tiempos de Justiniano (s. VI d.C) la ley sigue vigente como demuestran los títulos del Digesto y del Codex titulados Ad legem Iuliam maiestatis.(D. 58, 4; C. 9, 8). Pero en estos textos ha desaparecido la mención a la pena de crucifixión, que ya en tiempos del emperador Constantino se había dejado de utilizar. No en vano la leyenda cuenta que este emperador ganó la batalla del puente Milvio (312 d.C.), poniendo la cruz en los estandartes de sus tropas después de haber tenido una visión de ella con la locución “con este signo vencerás” (in hoc signo vinces).

La predicación de los primeros cristianos, en vez de tratar de ocultar o pasar en silencio, que Jesús fue clavado en una cruz, convirtió este instrumento de dolor y muerte vergonzante en un símbolo del profundo misterio por el que el pecado y el mal fueron vencidos por un Dios que ama hasta extremos inconcebibles. Así lo enseñaba San Pablo: “Cristo Jesús, siendo de condición divina no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y mostrándose igual que los demás hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (1 Fil. 2, 5-8).

Pena de muerte y “populismo penal”: entre Tomás Moro y el Papa Francisco

9 noviembre, 2014

El 23 de octubre de 2014, el Papa Francisco aprovechó un discurso a una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal para ofrecer algunos criterios sobre la forma en que los sistemas punitivos debieran operar para respetar de mejor manera la dignidad de la persona humana. Aclaró que estas cuestiones son “en parte” opinables, pero enfatizó: “solo en parte” (ver texto completo).

Entre ellas se refirió al instinto de venganza que aunque propio de sociedades primitivas aparece también en las modernas: “vivimos en tiempos –agregó– en los que, tanto por parte de algunos sectores de la política como por parte de algunos medios de comunicación, se incita algunas veces a la violencia y a la venganza, pública y privada, no sólo contra quienes son responsables de haber cometido delitos, sino también contra quienes cae la sospecha, fundada o no, de no haber cumplido la ley”.

Con fuertes palabras habló contra el llamado “populismo penal”, es decir, esa tendencia que pretende solucionar todos los problemas mediante el uso extendido y desproporcionado de la ley penal. Chile tiene ejemplos en la llamada “ley Emilia” (ley Nº 20.770, de 2014) que sanciona severamente a los conductores ebrios que causan muerte o lesiones y en la polémica propuesta de tipificar como delito el lucro de los sostenedores de colegios subvencionados. El Papa habló directamente contra el “populismo penal”, diciendo que “en las últimas décadas se difundió la convicción de que a través de la pena pública se pueden resolver los más disparatados problemas sociales, como si para las más diversas enfermedades se nos recomendaría la misma medicina”. Más que confiar en el rol tradicional del instrumento penal se llega a “la creencia de que mediante tal pena se pueden obtener los beneficios que requerirían la implementación de otro tipo de política social, económica y de inclusión social”. Siendo así, advierte el Pontífice, “el sistema penal va más allá de su función propiamente sancionatoria y se sitúa en el terreno de las libertades y de los derechos de las personas, sobre todo de las más vulnerables, en nombre de una finalidad preventiva cuya eficacia, hasta ahora, no se pudo verificar, ni siquiera para las penas más graves, como la pena de muerte. Existe el riesgo de no conservar ni siquiera la proporcionalidad de las penas, que históricamente refleja la escala de valores amparados por el Estado. Se ha debilitado la concepción del derecho penal como ultima ratio, como último recurso a la sanción, limitado a los hechos más graves contra los intereses individuales y colectivos más dignos de protección. Se ha debilitado también el debate sobre la sustitución de la cárcel con otras sanciones penales alternativas”.

Estas reflexiones, tan actuales, evocan algunos párrafos que hace casi cinco siglos escribió el jurista y humanista inglés Tomás Moro en su célebre Utopía (1516). Bajo las palabras del personaje ficticio de Rafael Hythlodeo, Moro realiza una descarnada crítica al uso que se hacía en Inglaterra de lo que hoy día llamaríamos “populismo penal” al imponer la pena de muerte por simples delitos contra la propiedad. La crítica aparece en un debate imaginario entre un “cierto laico muy versado en las leyes” y Rafael ante la mesa del Cardenal John Morton. El abogado se ufana del rigor con que se castiga a los ladrones en Inglaterra, pero al mismo tiempo se extraña de que mientras más eran los ejecutados, más ladrones surgían por todas partes. La respuesta de Rafael –por el que habla Moro– es muy clara: “No hay por qué extrañarse. El castigar así a los ladrones es extralimitarse en la justicia, haciendo caso omiso del interés público. La medida es demasiado cruel como castigo impuesto a los robos; pero resulta insuficiente para impedirlos… Muy severas son las sentencias que se dictan contra el ladrón, y terribles los castigos; mejor sería, sin embargo, que a todos ellos se les procurase el mantenimiento, para que nadie tuviera que encararse con la espantosa necesidad de ser ladrón primero y hombre muerto después” (Tomás Moro, Utopía, trad. Andrés Vásquez de Prada, Rialp, Madrid, 1989, pp. 72-73).

Un punto importante en lo que se refiere a la proporcionalidad de las penas es el que se refiere a la aplicación de la pena de muerte, ya no por delitos menores sino para aquellos de la mayor gravedad, como el homicidio en sus más crueles formas. La doctrina católica tradicional ha enseñado que, en principio y con todas las cautelas procesales para evitar el error y la arbitrariedad, la pena de muerte puede ser lícita. Así lo enseñó Santo Tomás de Aquino (S. Th. II-II, q. 64, art. 2). Sin embargo, esta posición ha ido variando, no tanto en razón de un cambio en los principios, sino de las circunstancias concretas exigidas para su aplicación. Ya el Papa Juan Pablo II en su encíclica dedicada a la defensa de la vida humana señaló que “la medida y la calidad de la pena deben ser valoradas y decididas atentamente, sin que se deba llegar a la medida extrema de la eliminación del reo salvo en casos de absoluta necesidad, es decir, cuando la defensa de la sociedad no sea posible de otro modo”. Es decir, la pena de muerte sólo sería legítima de manera subsidiaria, cuando no existan otras maneras de proteger a la sociedad de la amenaza de un peligroso criminal. Pero el mismo Papa hace un juicio sobre si esta subsidiariedad puede darse en las sociedades actuales, y llega a decir: “Hoy, sin embargo, gracias a la organización cada vez más adecuada de la institución penal, estos casos son ya muy raros, por no decir prácticamente inexistentes” (Evangelium vitae, 1995, nº 56).

El Papa Francisco en el discurso al que hemos aludido parece dar un paso más en este juicio práctico sobre existencia de otros métodos que impidan recurrir lícitamente a la pena de muerte: “Es imposible imaginar que hoy los Estados no puedan disponer de otro medio que no sea la pena capital para defender la vida de otras personas del agresor injusto”. Con ello, la pena de muerte, en el criterio del Papa, parece quedar totalmente excluida como herramienta lícita del sistema punitivo de las organizaciones estatales contemporáneas.

También en la Utopía de Moro la pena de muerte es mirada con malos ojos. Rafael en una parte de su alegación en contra de su aplicación a los ladrones, señala “Dios prohibió matar a nadie; y ¿vamos nosotros a matar así, a la ligera a quien se apropia de unos dinerillos? Si ese mandato divino que prohíbe matar lo entendemos como carente de validez siempre que una ley humana imponga la pena de muerte, ¿cómo impedir que los hombres resuelvan por ese mismo procedimiento la licitud del estupro, del adulterio o del perjurio? Si Dios ha quitado al hombre el derecho a disponer de la vida ajena, y también de la propia, ¿es que pueden acaso los hombres establecer por mutuo consenso las condiciones precisas para matarse unos a otros” (Moro, ob. cit., p. 81).

La conclusión del Papa Francisco para nuestros tiempos es que “La cautela en la aplicación de la pena debe ser el principio que rija los sistemas penales, y la plena vigencia y operatividad del principio pro homine debe garantizar que los Estados no sean habilitados, jurídicamente o de hecho, a subordinar el respeto de la dignidad de la persona humana a cualquier otra finalidad, incluso cuando se logre alcanzar una especie de utilidad social”.

En este ideal debieran empeñarse todos los juristas, cualquiera sea su creencia religiosa. En esto Tomás Moro seguramente concordaría.

Blancas palomas

5 febrero, 2012

El Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, respaldó el actuar del personal de gerdarmería que disparó sobre los reos que intentaron fugarse del penal de Talagante y que hirieron de muerte a uno de ellos, haciendo ver que no se trataba de “blancas palomas” (Ver noticia).

Los hechos se produjeron el 29 de enero pasado, cuando un grupo de internos de la cárcel intentaron escapar y, según explicó el Director de Gendarmería, traspasaron la “línea de fuego”; 27 tiros de ametralladora fueron disparados, uno de ellos impactó en el cráneo del recluso Rodrigo Esteban Donoso Jiménez, el que, llevado al hospital penitenciario, falleció.

Aunque se dispuso una investigación para aclarar lo sucedido, las autoridades justificaron el uso de las armas de fuego para repeler la fuga y la muerte del reo abatido. Pero los argumentos ofrecidos: el que se tratara de delincuentes (no blancas palomas) o que se cumplió con los protocolos establecidos (línea de fuego, disparos al aire preventivos, etc.), no parecen que vayan al fondo de un complejo problema.

El incidente me recordó un antiguo suceso de mi vida de estudiante de derecho. Cuando cursaba Derecho Penal con el maestro –que era y es– Enrique Cury, en una de las pruebas escritas nos preguntó la solución de un caso parecido: gendarmes que al perseguir a unos reos les disparaban y mataban a uno de ellos. La cuestión, si no recuerdo mal, era si había homicidio o no, analizando los elementos del delito. Como suele suceder, me recuerdo de esta prueba justamente porque no me fue bien: contesté que había homicidio aunque podía no ser punible. El profesor en cambio esperaba que respondiera que se aplicaba la causal de justificación de “actuar en cumplimiento de un deber” (art. 10 Nº 10 Código Penal). No había homicidio, sino una muerte de otro autorizada por el ordenamiento jurídico.

No creo que sea por salirme con la mía (aunque nunca hay que descartar las razones del inconsciente), pero ahora al escuchar las explicaciones del Ministro y del Director de Gendarmería me han surgido dudas sobre el genuino fundamento de esta especie de excepción al derecho a la vida.

No parece que aquí pueda aplicarse el principio del doble efecto, que permite que una acción que produce un efecto bueno y otro malo pueda realizarse si se intenta el primero y sólo se tolera el segundo, porque la acción en sí es disparar a los reos para herirlos o matarlos y así evitar la fuga. Tampoco podría decirse que estamos frente a un caso de legítima defensa de particulares, puesto que los reos no están desarrollando una conducta que constituya una agresión actual o inminente contra la vida de los gendarmes o de terceros.

La solución debe buscarse más bien en la defensa de la sociedad que corresponde a la autoridad pública. En este principio, se justifica la pena de muerte: la autoridad podría, en casos extremos en los que no exista otro medio, proteger a la sociedad privando de la vida a un individuo que constituyera una amenaza para la vida de los ciudadanos o de los bienes que la aseguran. Mas, aquí se requiere un proceso judicial y una sentencia de culpabilidad. En el caso de los reos que se fugan no es posible efectuar ese proceso. Además, actualmente se duda que, dado el desarrollo de los sistemas penales, pueda haber casos en que la pena de muerte sea la única manera idónea de defender a la comunidad.

Puede argumentarse que cuando la policía persigue delincuentes o gendarmes intentan evitar la fuga de reos peligrosos están velando por un bien público y tienen el poder legítimo de proteger a la sociedad de una amenaza que puede no ser actual e inminente pero que es real. A diferencia de lo que actualmente sucede con la pena de muerte, en estos casos las circunstancias pueden determinar que no exista otro medio para lograr la defensa que el uso de las armas de fuego incluso con la intencionalidad de dar muerte a los delincuentes que intentan evadirse. Pero, como en la legítima defensa, será necesario comprobar que no existía otra forma menos lesiva para lograr el resultado, y que el disparar a muerte es un medio proporcionado a la gravedad del peligro que se logra evitar.

Estos requisitos aparecen en los documentos internacionales de Derechos Humanos. Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Ginebra, 1955 aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C, XXIV, de 31 de julio de 1957 y 2076, LXII, de 13 de mayo de 1977: Ver texto), disponen que los funcionarios de los establecimientos pueden, por excepción, recurrir a la fuerza en caso de legítima defensa o de tentativa de evasión, pero señalan que “Los funcionarios que recurran a la fuerza se limitarán a emplearla en la medida estrictamente necesaria…” (54. 1).

Los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 1990: ver texto) señalan como principio general que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de armas de fuego: “Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto” (4). Respecto de los funcionarios penitenciarios establecen que no emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona sometida a custodia o detención “que presente el peligro a que se refiere el principio 9” (16). El referido principio 9 alude como peligro justificante a “la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida” (9). Si bien la formulación de esta exigencia no es clara, pareciera que el tipo de delitos cometidos por los reos que se fugan debe ser tomado en cuenta para determinar si existe un peligro tan grave como para estimar que evitar el escape incluso al precio de la vida de los que intentan la fuga, debe considerarse proporcionado.

No basta, pues, con declarar que por tratarse de delincuentes y no de “blancas palomas”, el actuar del personal de gendarmería esté desde ya justificado.

Gaddafi y el tiranicidio

24 octubre, 2011

La primera reacción de los medios al conocerse la noticia de la muerte de Muammar Gaddafi a manos de opositores a su régimen, fue de alivio y no disimulada satisfacción por la desaparición de un gobernante reconocidamente despótico. Pero más tarde se fueron manifestando dudas sobre si era legítimo que se le hubiera privado de la vida una vez tomado prisionero, sin previo proceso. Las mismas circunstancias en que ocurrió el hecho, así como el asesinato de su hijo Motassim, siembran también inquietudes. El portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió al Consejo Nacional de Transición de Libia que esclarezca si Gaddafi murió en algún tipo de enfrentamiento o si fue ejecutado tras su captura.

No es raro que se haya producido esta mezcla de sentimientos encontrados, porque ya desde mucho tiempo se viene discutiendo en filosofía y derecho político la legitimidad del tiranicidio, esto es, sobre si debe considerarse lícito que una o más personas particulares, sin previa sentencia o mandato judicial, asesine al gobernante como modo de librar al pueblo de su opresión tiránica.

Habrá que precisar que son cuestiones relacionadas pero diversas el derecho a la rebelión y la licitud del tiranicidio. La rebelión tiene por objeto deponer al gobierno ilegítimo por origen o  ejercicio. Pero el derecho de rebelión se satisface con la deposición o derrocamiento del régimen despótico y no requiere que se dé muerte al líder que lo encabeza. Este puede ser exiliado o sometido a proceso; si en el juicio es encontrado culpable de crímenes que justifiquen la pena de muerte, se le ejecutará, pero ya no como decisión de particulares sino del nuevo poder que rige el Estado. Por cierto, podrá considerarse que la pena de muerte es siempre injusta, o al menos en las actuales circunstancias, o que no se otorgaron al ex-gobernante las garantías de un proceso justo, pero en todos estos casos, estaríamos fuera de la discusión del tiranicidio.

La muerte del tirano realizada por simples particulares y sin que se encuentren en una situación de legítima defensa personal (enfrentamiento real), con la finalidad de evitar o consumar la necesidad de una guerra de rebelión, es en lo que consiste propiamente el tiranicidio.

Los griegos lo justificaron ensalzando a Aristogitón y Harmodio como “tiranicidas” después del derrocamiento de Hipias. Platón les dará la razón al colocar la tiranía como el peor de todos los gobiernos. Entre los romanos, Cicerón parece aprobarlo en vistas al asesinato de Julio César. La teología cristiana se debate entre el mandato de obedecer a las autoridades incluso injustas, y la necesidad de obedecer a Dios más que a los hombres. De allí que se acepte el derecho a la rebelión, con serias exigencias, pero se observen discusiones y reservas sobre el tiranicidio.

Tomás de Aquino parece considerarlo improcedente (De regimine principum I, iii y vi). Otros teólogos como Juan de Salisbury lo aceptan cuando se trata del único medio para librar al pueblo de un gobierno opresivo (Polycraticus III, 15; IV, 1; VIII, 17). Quien hizo famosa la tesis favorable fue el jesuita español Juan de Mariana (De reges et regis institutione, 1599), aunque la explica como una opinión personal y también sujeta a condiciones estrictas de procedencia.

Salvo una declaración en contra del Concilio de Constanza (1415, sesión 15), que es bastante general, el Magisterio de la Iglesia no se ha pronunciado directamente sobre la licitud del tiranicidio.

En todo caso, el tema lo han retomado pensadores y políticos de Estados Unidos y Europa que proponen como forma de combate adecuado a las circunstancias modernas la del asesinato selectivo de líderes terroristas y gobernantes considerados criminales. El norteamericano Robert Nicholls dirá ya en 1989 que se justificaría moralmente la ejecución de Gaddafi: “No considero que los Hitlers, los Kennedys, los Gadaffis o los Atilas tengan ningún derecho de misericordia. Los que planean y ordenan la muerte de millones de personas merecen morir”(Texto en pdf). Reconociendo que el sistema de los derechos humanos restringe la posibilidad de matar, el australiano británico Geoffrey Robertson en abril de este año advertía que Gaddafi podía ponerse en una situación en la que el tiranicidio fuese “la mejor – o única– opción” (Texto en The Independent). Esta tendencia favorable al tiranicidio puede encontrar sus raíces en las guerras de la independencia americana. Hasta llegó a consagrarse en el lema de Estado de Virginia la divisa “Sic semper tyrannis” (así siempre a los tiranos). Alguna reminiscencia de ello se encuentra también en una estrofa del himno nacional chileno, que habla de que los nombres de nuestros valientes soldados deben ser un “grito de muerte” que “hagan siempre al tirano temblar”.

Pareciera, sin embargo, que las justificaciones actuales del tiranicidio no logran vencer la regla moral del no matar. Es cierto que se ha precisado que se trata de no matar al inocente. Pero aquí el tirano es formalmente inocente porque no ha sido sentenciado en juicio como culpable de sus crímenes. La simple notoriedad de ellos o el consenso general nacional o internacional no puede ser considerado un equivalente jurisdiccional a la sentencia de muerte ni tampoco un mandato tácito de la comunidad a los privados para que sentencien y ejecuten ellos mismos la muerte del déspota (asumiendo que esta pena pueda ser también moralmente justificable en ciertos casos).

Por lo demás, cuando la muerte se produce, como en el caso de Gaddafi, cuando el tirano ha sido ya derrotado y capturado vivo, sin posibilidad de agredir ni mantener su gobierno, la muerte, a manos privadas, tiene mucho más de venganza y revancha, que de defensa y justicia.

La venganza nunca es buena

9 mayo, 2011

La muerte de Osama Bin Laden, por disparos en su cabeza, como resultado de una operación de asalto de los comandos de la Navy Sealst, mientras se encontraba desarmado, y el posterior lanzamiento de su cuerpo al mar, todo ello según las propias declaraciones del gobierno de Barak Obama, me ha traído recuerdos de una niñez ya bastante lejana. Misteriosas conexiones mentales condujeron mi memoria hacia la serie televisiva del Chavo del Ocho y a ese refán que el niño que vivía en el barril de la vecindad declamaba cada vez que Quico, don Ramón, el señor Barriga u otro de los personajes, quería castigarlo sin justicia: “La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena”.

No deja de sorprender que los líderes políticos no sólo en Estados Unidos sino en otras naciones de Europa y América hayan saludado la muerte del líder de Al Qaeda como una proeza y un triunfo de la causa contra el terrorismo. El Presidente Piñera afirmó satisfecho que la justicia tarda pero llega; Alan García calificó el hecho como un milagro del recién beatificado Juan Pablo II. Pero en qué queda el derecho y todas sus reglas sobre el debido proceso, la necesidad de un juicio justo y racionalmente tramitado, la condena impuesta en proporción a la culpa y excluyendo todo tipo de sanciones crueles e inhumanas, dentro de las cuales para muchos países está la pena de muerte que, con razón, ha sido crecientemente abolida.

Se dirá que no se trata de un delincuente común, sino del jefe de una banda terrorista culpable de matar a miles de personas inocentes en el atentado del 11 de septiembre de 2001. Pero la magnitud del crimen y de su culpa, no lo privan de su dignidad de persona ni de sus derechos esenciales como ser humano. Nadie tiene derecho a privarlo de la vida sin un juicio previo. Su eliminación no fue justicia, fue ajusticiamiento: una vindicta o venganza, característica de tiempos y lugares donde no existe el estado de derecho y sino el poder del más fuerte.

Ni siquiera bajo la consideración de tratarse de una guerra se justificaría la muerte de un enemigo que puede ser tomado prisionero. Los Convenios de Ginebra, que bien conocemos en Chile por su invocación para poner en claro que, incluso habiendo estado de guerra interno, es un crimen asesinar personas y hacer desaparecer sus cuerpos, se oponen a la idea de que estando Estados Unidos en guerra contra Al Qaeda sus comandos tienen, al estilo de James Bond, licencia para matar impunemente.

Alguien podría decir que se aplicó en el caso la discutida doctrina que considera lícito matar al tirano si esa es la única forma de liberar a la ciudad o estado que está bajo su opresión. Pero incluso respecto de aquellos que han sostenido la justificación del tiranicidio (el jesuita Juan de Mariana, por ejemplo), esta sería una forma de legítima defensa que sólo procedería si no existe otra manera de neutralizar al déspota. Si Bin Laden estaba ya ubicado y podía ser tomado prisionero, esta condición no se cumple, aun suponiendo que efectivamente sus súbditos querían liberarse de su dominio.

La tesis del objetivo bélico legítimo olvida que estamos hablando de una persona y no de un arsenal de guerra o una central de misiles. Incluso pensando en que se trataba del comandante de un fuerza enemiga en guerra contra Estados Unidos, no se justificaría esta idea tipo far west de “se busca vivo o muerto”.

Según los analistas nada de esto se cuestiona entre los norteamericanos y lo más probable es que la popularidad de Obama alcance altos niveles que le aseguren la reelección. Así será, pero, como ha dicho el siempre disidente Michael Moore, “perdimos algo de nuestra alma en este país”. Esta vez le encuentro razón, porque coincide con la máxima del Chavo. Por mucho que se intente disfrazar como acto de justicia, la venganza nunca – ni siquiera cuando muchos o todos la apoyan– es buena; siempre termina envenenando y matando el alma.

Por matar a un abogado…

21 junio, 2010

En la madrugada del viernes 18 de junio en Utah, EE.UU., fue ejecutado por un pelotón de fusiliamiento Ronnie Lee Gardner, cumpliéndose la pena a la que había sido condenado hace 25 años, por el homicidio del abogado Michael Burdell. Gardner mató a tiros al abogado cuando intentó escapar de una audiencia judicial donde era juzgado por un anterior homicidio de un cantinero. La crónica periodística describe los últimos momentos del fusilado, entre ellos su última cena con carne, langosta y pastel de manzana y su preferencia por la trilogía fílmica de El Señor de los Anillos (ver: El Mercurio 19 de junio de 2010).

La ejecución por fusilamiento, la primera desde 1996, e incluso después de que Utah declaró ilegal esta forma de pena de muerte en 2004 (pero sin efecto retroactivo), ha reanudado el debate por la legitimidad de esta forma de castigo penal. Mientras algunos lo califican de acto de barbarie, otros piensan que se hizo justicia y se aplicó una justa retribución por haber el acusado privado de la vida a dos inocentes (aunque uno de ellos fuera un abogado, decimos nosotros).

La justificación de la pena de muerte sobre la base de que debe hacerse al culpable lo mismo que él ha hecho a otros, parece que nos retrotrae a la época ya superada de la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Una argumentación más plausible es la necesidad de defender a la sociedad de delincuentes que no son rehabilitables. Es la tesis de la legítima defensa. Pero esta teoría debe acreditar que no existe otro medio menos gravoso que consiga el mismo objetivo, y aquí la prisión perpetua parece representar un medio alternativo suficientemente eficaz y menos cruento. En esta idea se basó Juan Pablo II en la Evangelium Vitae para dar un cierto giro al magisterio de la Iglesia sobre la pena de muerte, pidiendo que ella no sea aplicada en el Derecho moderno (cfr. Evangelium Vitae Nº 56.)

En todo caso, lo que no es aceptable es que la pena se inflinja después de haber pasado 25 años desde la condena, como en este caso, pues este mismo hecho prueba que no era necesaria para defender a la sociedad de este específico criminal. Además que de alguna manera se transgrede el principio de non bis in idem (no penar dos veces lo mismo), pues se le imponen dos penas al reo: la prisión perpetua (hasta su muerte) y además la privación de su vida.

Como para pensar en la exclusión de toda pena de muerte, incluso aunque la víctima del delito haya sido un abogado.