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“Yo lo compré y lo puse a nombre de mis hijas”

26 marzo, 2017

La declaración ante la prensa de la Presidenta Bachelet sobre la parcela de media hectárea comprada por una de sus hijas en una zona cercana al proyecto minero Dominga, sorprendió a la opinión pública el pasado lunes 20 de marzo de 2017. La indignación de la Presidenta se debió a que el diario La Tercera publicó el domingo que su hija menor, a la sazón de 21 años, compró un terreno eriazo en la comuna de La Higuera, IV Región, de 5.000 metros cuadrados, por escritura pública de 24 de marzo de 2014, la que fue inscrita a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena el 9 de junio del mismo año. La vendedora fue la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon, quien entre 2013 y 2014 había adquirido 12 lotes de media hectárea en el mismo lugar. El precio que aparece en la escritura, pagado al contado, fue de 6 millones quinientos mil pesos.

La reacción indignada de la Presidenta se debió a que se trató de ver en este hecho una de las causas por las cuales fue rechazado el proyecto Dominga. Por nuestra parte, lo que nos sorprendió fue ver a la Mandataria contar llanamente algo que, en principio, puede ser considerado irregular. Ello revela que la práctica de comprar un bien inmueble para “ponerlo a nombre” de un pariente está asumida como normal en nuestro país, lo que por cierto habla mal de nuestras instituciones jurídicas.

Convendría detenerse en el análisis de la figura desde el punto de vista del Derecho Civil, aunque sólo podemos hacerlo con los datos que nos proporcionan los medios que recogieron las declaraciones de la Presidenta. Un punto que resulta oscuro es por qué ella a veces habla de “sus hijas”, en plural, cuando la única que aparece en la escritura como compradora es una de ellas, su hija menor. Nos atendremos a este dato objetivo, ya que no conocemos la razón por la cual la Presidenta se refiere en ocasiones a sus hijas en general. Con esta prevención, los hechos podrían reconstruirse como sigue: la nuera de la Presidenta compró 12 lotes de media hectárea con fines recreativos. La Presidenta pensó en comprar uno de los lotes “pensando en algo familiar para el futuro” y para dejarle algo a su hija para tener un lugar cerca de sus nietos. Ella pagó los 6 millones quinientos mil, pero en la escritura de compraventa compareció como compradora su hija menor, y la propiedad fue inscrita a nombre de ésta.

Podemos descartar que estemos ante un contrato de persona por nombrar o una estipulación en favor de tercero, porque no fue la Presidenta la que compareció en la compraventa reservándose la facultad para nombrar a una persona que la sustituyera en su posición de compradora o directamente diciendo que compraba el terreno a favor de su hija menor.

Podría pensarse que estamos ante una simulación parcial en el sentido de que la compraventa fue en realidad celebrada con la Presidenta (la que pagó el precio), de modo que la comparecencia de su hija era meramente aparente. Pero no fue esa la intención de las partes, ya que la Presidenta dice que pagó el precio pero para que su hija quedara definitivamente como propietaria del inmueble.

De esta manera parece que lo que ocurrió en el caso, como en otros que son frecuentes en la práctica, es sencillamente que la hija compró el terreno a su cuñada, pero su obligación de pagar el precio fue cumplida por su madre. Con ello no se estaría más que aplicando la regla del art. 1572 del Código Civil que dispone que puede pagar por el deudor cualquiera persona, incluso sin su conocimiento o contra su voluntad. Hemos de entender que en el caso el pago se hizo al menos con conocimiento de la deudora (la hija compradora), por lo que la Presidenta tendría derecho a subrogarse en el crédito de la vendedora para que su hija le reembolse los 6 millones y medio que pagó por ella, conforme a lo previsto en el art. 1610 Nº 5 del Código Civil. La hija compradora sería deudora de la Presidenta, pero es más que claro, por las declaraciones de esta última, que no tiene ni tuvo intención alguna de pedir a su hija el reembolso de lo pagado. Concluimos que, junto con pagar, la Presidenta condonó la deuda contraída por su hija.

Ahora bien, esta remisión de deuda debe ser considerada una donación, según lo que señalan expresamente los arts. 1653 y 1397 del Código Civil. Siendo una donación está sujeta a insinuación (lo dice expresamente el art. 1653 del Código Civil) y al pago del impuesto de la ley Nº 16.271.

Claramente la insinuación es exigida, ya que el monto excede la cantidad que ridículamente, por falta de actualización, establece el art. 1401 del referido Código: dos centavos. Siguiendo esta norma, en todo lo que exceda a esa ínfima cantidad la donación es nula. Hay consenso de que se trata de una nulidad absoluta, por lo que debe ser declarada judicialmente a petición de alguien que tenga interés en ella (art. 1683 del Código Civil). En el caso no parece haber interesados en pedir la nulidad, de modo que la omisión de la insinuación no tendría mayor relevancia práctica.

Respecto del impuesto, el art. 2 de la ley Nº 16.271 señala que las donaciones que se efectúen al cónyuge y a cada ascendiente o a cada hijo estarán exentas de este impuesto en la parte que no excedan de cinco unidades tributarias anuales. Habría que ver entonces si al tiempo de la donación, esto es, en marzo de 2014, se excedió o no dicha cantidad. Según la página web del Servicio de Impuesto Internos, la UTA en 2014 fue de $ 518.376; la cantidad exenta entonces alcanzaba en ese tiempo a los $ 2.591.880. Esa cantidad debe descontarse entonces del monto donado (6.500.000), con lo que el impuesto debería computarse sobre $ 3.908.120, con la tasa dispuesta en el art. 2 de la ley Nº 16.271.

Surge la duda de si es posible estimar que esta obligación haya prescrito, por aplicación de los arts. 50 de la ley Nº 16.271 y 200 del Código Tributario, pero preferimos dejar el esclarecimiento de esta cuestión a los expertos en Derecho Tributario. En todo caso, la obligación de pagar el impuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 de la ley Nº 16.271, recae en el caso de las donaciones en el donatario, lo que en nuestro caso significaría que quien debería declarar y pagar el eventual impuesto debería ser la hija de la Presidenta, beneficiaria de la liberalidad.

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Proceso constituyente y argumento “a fortiori”

18 octubre, 2015

Por cadena nacional de televisión, el pasado 13 de octubre de 2015 la Presidenta Bachelet anunció los pasos que pretende seguir su gobierno para obtener la aprobación de una nueva Constitución. El itinerario fijado es bastante rocambolesco. En síntesis, después de un período de educación cívica y diálogos ciudadanos, se debería llegar a un documento llamado “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución”. Este documento se entregará a la Presidenta en octubre de 2016 para que ella elabore el proyecto de nueva Carta Fundamental, que enviará al Congreso en el segundo semestre de 2017, pero para ser conocido por el Congreso elegido ese año con el nuevo sistema electoral proporcional y que entrará en funciones en marzo de 2018.

Entre tanto la Presidenta enviará a este Congreso un proyecto de reforma constitucional que consistiría en agregar un nuevo capítulo XVI a la actual Constitución para regular, no la reforma de ésta (que ya está prevista en el cap. XV) sino el reemplazo de su texto completo por otro. Según el anuncio presidencial, esta reforma contemplará la posibilidad de que el próximo Congreso (el del 2018) elija entre cuatro alternativas para la discusión y aprobación de una nueva Constitución, a saber: una comisión bicameral, una convención constituyente, una asamblea constituyente o un plebiscito para que sea la ciudanía la que opte por alguna de las tres primeras alternativas. No hay mucha luz sobre cómo se procederá para discutir y aprobar el texto en cada una de las tres opciones y, sobre todo, cuál será el rol del Congreso frente al texto que sea aprobado por alguno de los mecanismos señalados. Tampoco resulta claro qué papel tiene el proyecto de Constitución que la Presidenta mandará al Congreso el 2017 y si el mecanismo elegido puede simplemente obviarlo o rehacerlo completamente. En cualquier caso, el nuevo texto, según el anuncio de la Presidenta, debería ser ratificado por plebiscito.

Un observador externo estaría extrañado de todos estos giros y piruetas, cuando bastaría señalar qué disposiciones o capítulos de la actual Constitución deben ser reformados y seguir el procedimiento que establece la misma Carta para esto, tal como se hizo con la reforma del Presidente Lagos el año 2005.

Nos parece que la razón, además de las políticas o simbólicas, reside en un solo punto que es el sustancial: la necesidad de rebajar el quórum de aprobación de las modificaciones al texto constitucional. La Presidenta se cuidó de advertir que, si bien la reforma constitucional que regule el reemplazo de la carta deberá ser aprobada por los dos tercios de los senadores o diputados en ejercicio, el Congreso del 2018 quedará habilitado para decidir el mecanismo de discusión y la aprobación de todo el nuevo texto por un quórum más reducido: el de tres quintos de sus miembros en ejercicio.

En el fondo se trata de modificar el inciso segundo del art. 127 de la actual Constitución que señala que, por regla general, se exigen tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio para aprobar un proyecto de reforma constitucional, pero que tratándose de ciertas materias más sensibles se requiere un quórum más alto: el de las dos terceras partes de los parlamentarios en ejercicio. Estas materias son las reguladas en los capítulos I (Bases de la institucionalidad), III (Derechos y deberes constitucionales), VIII (Tribunal Constitucional), XI (Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Públicas), XII (Consejo de Seguridad Nacional) o XV (Reforma de la Constitución).

Lo que se intenta, en consecuencia, es que también en estas materias la mayoría necesaria sea sólo de tres quintos y no de dos tercios y que ella sea aplicada, no por el actual Congreso, sino por el que resulte elegido el 2017. En esto reside la sustancia de la propuesta de este enrevesado “proceso constituyente”.

Ahora bien, la idea de que el actual Congreso resuelva la incorporación del nuevo capítulo “de autodestrucción” en la Constitución vigente por el quórum de dos tercios, ha sido criticada por quienes ven en ello el otorgamiento de un poder de veto a la oposición. Incluso se ha señalado que no sería aplicable el art. 127 inciso segundo de la Carta por cuanto éste exigiría los dos tercios sólo para “reformar” la Constitución, pero no para incluir un nuevo capítulo que regula, no su reforma, sino su reemplazo. Tratándose, como es lo que propone la Presidenta Bachelet, de autorizar la sustitución de esta Constitución por otra, se debería volver al quórum general de los tres quintos (carta de profs. Ernesto Riffo y Pablo Contreras en El Mercurio de 18 de octubre de 2015: ver texto). La idea de distinguir, para estos efectos, entre “facultad de reforma” y “facultad de reemplazo”, aparte de incurrir en un extremo formalismo, lleva al absurdo de que reemplazar la totalidad de las normas de la Constitución exigiría un quórum más bajo que el que se requeriría para introducir una simple reforma a uno de los capítulos mencionados en el art. 127.

Primero que nada hay que señalar que la incorporación de normas para regular la sustitución de toda la Constitución es algo inédito, al menos en la tradición constitucional chilena (y desconocemos si haya alguna experiencia igual en el mundo), de modo que es lógico que tal supuesto no estuviera contemplado expresamente entre los quórums para modificar la Constitución.

La interpretación que cabe hacer, por tanto, debe ser guiada por el argumento lógico-jurídico llamado “a fortiori” (con mayor razón), en una de sus dos versiones: a minore ad maius, y que popularmente se explica con la fórmula de “quien no puede lo menos no puede lo más”. Aplicando el argumento a nuestro caso, se verifica que si no se puede hacer una reforma de la Constitución por tres quintos (lo menos), con mucha mayor razón no puede decidirse por ese quórum reducido un procedimiento para su íntegro reemplazo (lo más).

En todo caso, no deja de ser curioso que la razón que se esgrime para cambiar de esta manera tan radical la actual Constitución es una supuesta ilegitimidad por haber sido dictada en dictadura y sin que las numerosas modificaciones que se le han hecho en democracia, ni siquiera las realizadas el 2005 bajo la firma del Presidente Lagos, hayan servido para sanar ese “pecado original”.

Pero si esto fuera correcto: si la actual Constitución es ilegítima, también lo será la próxima que llegue a dictarse si se sigue el procedimiento pergeñado por la Presidenta Bachelet. La validez jurídica del nuevo texto estará basado en el nuevo capítulo XVI que se introducirá en la Constitución actual. Todos los descontentos con el nuevo texto podrán seguir tachando de ilegítima por su origen a la nueva Constitución de Bachelet, porque habrá sido dictada a la sombra de la Constitución de Lagos-Pinochet.

Una inyección para “dormir para siempre”

1 marzo, 2015

Esta fue la petición que le hizo a la Presidenta Bachelet, Valentina Maureira, una muchacha de 14 años que sufre de fibrosis quística, mediante un video que subió a su cuenta en facebook y que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Lo dramático de la situación impactó a la opinion pública no sólo en Chile sino también en el extranjero. Como sabemos, la legalización de la eutanasia o del suicidio asistido es un tema tremendamente controvertido, más aún cuando se trata de niños o adolescentes.

El gobierno, a través del Ministro Álvaro Elizalde, dio respuesta haciendo ver que una petición como esa no está admitida por la ley chilena, aunque se harían los esfuerzos para apoyar el tratamiento de la enfermedad de la menor.

En efecto, si un médico o cualquier otra persona suministrara a Valentina una sustancia o fármaco para poner fin a su vida, incurriría en homicidio, sancionado por el art. 391 del Código Penal. El consentimiento de la víctima no tiene relevancia, porque se trata de un bien jurídico: la vida, que es indisponible.

Si fuera la niña la que se provocara la muerte al ingirir una sustancia proporcionada por un médico u otra persona, se incurriría en el delito de auxilio al suicidio tipificado por el art. 393 del Código Penal.

La ilicitud de la eutanasia o del suicidio asistido fue ratificado por la ley Nº 20.584, de 2012, llamada Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, distinguiendo, respecto de las personas con enfermedad en estado terminal, lo que es la omisión o suspensión de tratamientos que tiene por objeto la prolongación artificial de la vida (medios extraordinarios o desproporcionados) de la conducta eutanásica, cuyo fin directo es poner fin a la vida del enfermo. El art. 16 de ese cuerpo legal dispone que “La persona que fuere informada de que su estado de salud es terminal, tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida, sin perjuicio de mantener las medidas de soporte ordinario”. Como se ve, aunque pueden omitirse los tratamientos extraordinarios o desproporcionados que tenga por objeto prolongar la vida de un modo artificial, se deben mantener los llamados cuidados paliativos. Por eso, el mismo precepto señala que “Las personas que se encuentren en este estado tendrán derecho a vivir con dignidad hasta el momento de la muerte. En consecuencia, tienen derecho a los cuidados paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad, a la compañía de sus familiares y personas a cuyo cuidado estén y a recibir, cuando lo requieran, asistencia espiritual”.

En cambio, la ley dispone que no puede emprenderse, ya sea por acción o por omisión, una conducta encaminada a poner término a la vida de la persona enferma: “En ningún caso, el rechazo de tratamiento podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte” (art. 16 inc. 1º). La norma se refiere al rechazo de tratamientos, pero con mayor razón se aplicará a la realización de la aplicación de mecanismos o fármacos que tengan el mismo propósito: anticipar la defunción del enfermo.

En el caso de Valentina se observa que la petición de “la inyección para dormir para siempre” no buscaba en realidad que se aplicara la eutanasia, sino más bien un acompañamiento y una ayuda económica para sobrellevar la enfermedad y poder optar a un trasplante de pulmón que podría significar una gran mejoría para la enferma. Las autoridades y los medios han entendido que éste es el significado real del video de la joven. La Presidenta de la República visitó personalmente a la muchacha este sábado por la mañana, haciendo un cambio en su agenda y eso ha confortado a Valentina y a sus padres.

Podemos suponer que la cuestión sería muy distinta si existiera una ley que autorizara la eutanasia o el suicidio asistido, como sucede en Holanda y Bélgica incluso para menores de edad. Allí en vez de esforzarse por apoyar, aliviar, contener y acompañar emocional, psicológica y económicamente al enfermo, queda la salida fácil de esperar a que a que éste se decida de una vez a consentir su muerte para evitar no sólo su propio dolor sino el de sus familiares. Este consentimiento, como se podrá comprobar, está muy lejos de ser libre y autodeterminado; es más bien el resultado sibilinamente coaccionado por lo que el Papa Francisco ha llamado la “cultura del descarte”, que se resiste a respetar y valorar la dignidad inviolable de todo ser humano.