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Manuel Rodríguez: abogado y guerrillero

27 mayo, 2018

El 26 de mayo de 1818, Manuel Rodríguez Erdoíza, el popular caudillo y guerrillero patriota, caía asesinado en las proximidades de Tiltil. Al cumplirse el bicentenario de esa fecha, nos gustaría destacar un aspecto de su biografía que es menos conocido. Poco se sabe que quien sería un aguerrido hombre de armas, podría haber sido un brillante abogado y un destacado profesor universitario. Tomamos los datos que se relatan principalmente de dos fuentes: Ramón Huidobro Gutiérrez, “Apuntes sobre la vida de estudiante de don Manuel Rodríguez” y Opazo Maturana, Gustavo “Manuel Rodríguez II”, ambos artículos pueden encontrarse en la recopilación de Ernesto Guajardo, Manuel Rodríguez. Historia y leyenda, Ril, Santiago, 2010, pp. 49-63; pp. 115-130).

El futuro militar y guerrillero debió tener los primeros encuentros con las leyes ya en el Colegio o Convictorio Carolino, al que en 1796 lo llevó su padre con sólo 11 años de edad, haciendo un especial sacrificio económico ya que sus ingresos como funcionario de Aduanas eran escasos. Allí aprendería el latín, que le sería esencial para sus posteriores estudios jurídicos, y además se instruyó en las primeras nociones del Derecho romano y canónico, con cursos sobre lo que entonces se llamada “cánones y leyes”, que proporcionaban una especie de preparación para los estudios universitarios.

En 1799 el joven Rodríguez se matricula por primera vez en cátedras dictadas por la entonces única Universidad del Reino: la Real Universidad de San Felipe. La enseñanza del Derecho estaba entonces concentrada en lo que era el Derecho común, tanto romano como canónico. En Derecho canónico se dictan las cátedras Prima de Cánones y Decreto: la primera para ciertas materias extraídas de las Decretales y la segunda para el estudio del Decreto de Graciano. En Derecho civil, las cátedras eran también dos: Prima de Leyes, en la que se examinaban los textos de la parte del Digeto denominada Infortiatum (libros XXIV, título 3, a XXXVIII del Digesto), e Instituta, en la que se seguían las Instituciones de Justiniano.

Hay constancia en los registros de varios de los exámenes que rindió Manuel Rodríguez ante comisiones de profesores, todos aprobados por unanimidad (“némine discrepante”). El 30 de diciembre de 1802 aparece aprobando su examen del libro 1º del Institutas; el 24 de mayo de 1803 rinde examen sobre la primera parte del libro 2º sobre dominio y sus limitaciones y el 10 de diciembre de 1804 hace lo mismo respecto de la segunda parte. El 28 de mayo de 1806 aprobó examen del libro 3º sobre testamentos y contratos, y 22 de octubre del mismo año rindió la materia del libro 4º relativo a obligaciones y acciones. El 27 de diciembre de ese año rinde el examen de 33 cuestiones canónicas. Finalmente, es investido del grado de Bachiller en Cánones y Leyes el 16 de enero de 1807.

Simultáneamente, y como todos los que querían ejercer la abogacía, Rodríguez se integra a la Real Academia de Derecho, regentada por la Real Audiencia, donde los futuros abogados aprendían el Derecho castellano en materias civiles y procesales, y hacían lo que podríamos decir era la práctica profesional del tiempo. En un certificado sobre su paso por la Academia se lee que tuvo que disertar sobre “una ley de Toro”.

El éxito de sus estudios le hizo pensar que lo suyo era la docencia universitaria, y se postuló repetidas veces a las “oposiciones” a cátedra, como se conocía a los concursos para el nombramiento de profesores. Los aspirantes, previamente aceptados, se presentaban en la casa del rector y éste, en presencia de los doctores de la facultad respectiva, ordenaba que se les “diera puntos”: un muchacho con un puntero abría el libro de la materia de la cátedra en tres partes al azar. Cada postulante debía elegir uno de sus puntos y prepararlo en 24 horas, para volver a una segunda reunión con rector y doctores disertaba sobre el tema escogido, lo que se conocía popularmente como “picar puntos”. Luego, por votación de los doctores, se elegía al ganador, que se quedaba con la cátedra y era agregado al claustro de doctores de la Universidad.

Los registros que se han encontrado muestran que el joven bachiller Rodríguez fue muy perseverante en estos ejercicios. Sólo un mes después de haber alcanzado el grado, se presenta a la oposición de la cátedra de Instituta, la que no consigue porque competía con un jurisconsulto de mayor trayectoria, don Bernardo Vera y Pintado, que ganó el concurso. No obstante, por enfermedad de don Bernardo, el rector Juan José del Campo lo nombró “regente” de dicha cátedra y en ella dio clases durante unos meses.

Más tarde se presentaría a oposiciones a las cátedras de Decreto (6 de junio de 1807) y nuevamente de Institutas (26 de agosto de 1807).

Para incrementar su méritos académicos el bachiller, en mayo de 1809, presenta un expediente para postular al grado de doctor en Cánones y Leyes, lo que se conocía como doctor in utroque iure. Conforme a las constituciones de la Universidad el candidato a doctor debía pagar una “propina” cuantiosa: de 300 pesos, la que podía reducirse a la mitad en caso de pobreza manifiesta del interesado, previa solicitud de éste y aprobación en votación secreta por el colegio de doctores. La solicitud fue patrocinada por don José Gregorio Argomedo, personaje de gran prestigio en esos años y que sería elegido como secretario de la Primera Junta de Gobierno. Rodríguez ofrecía en compensación de la rebaja de la propina ejercer gratuitamente como suplente en las cátedras de Cánones, Leyes, Instituta y Decreto cuando estas vacaran, y mientras no se nombrara al titular.

El Rector pidió informe al Procurador de la Universidad, el que se manifestó favorable. No obstante, el mismo día en que debía decidirse el otorgamiento del grado, llegó un decreto del Gobernador del Reino y vicepatrono de la Universidad, Francisco García Carrasco, ordenando que se suspendiera el proceso. La resolución del Gobernador fue la respuesta al reclamo presentado por dos doctores que alegaron que esa forma de conceder los grados estaba beneficiando a personas pudientes, como de hecho había sucedido con su concesión en abril del mismo año cuando se otorgó el grado a Bernardo Veles y José Silvestre Lazo. La reclamación no era, pues, en contra de Manuel Rodríguez, pero fue éste el directamente perjudicado al decretarse la suspensión.

Nuevamente, el bachiller Rodríguez se arma de paciencia y envía una solicitud esta vez al Gobernador, disculpándose de no haber recurrido primero a su autoridad por haber ignorado que esa era la vía. Hace ver todo lo que se ha empeñado desde la infancia por “la carrera de las ciencias” y lo mucho que le humillaba el hecho de que, por la falta de recursos, no pudiera competir en igualdad de condiciones en las oposiciones a cátedra: “Considere ahora US. –apunta– cual rubor me causaría verificar esta oposición siendo un grado menos que mis coopositores. Mi voz precisamente se había de oír con desprecio, y ¡con cuánto desmayo profería mis palabras al verme sentado en el suelo porque mis tareas no bastaban para poseer el lugar de los doctores! La escasez de mi suerte, la Providencia, que me hizo hijo de unos padres pobrísimos, impedía que venciese la barandilla y trepase las gradas que nos dividían”.

Invoca los servicios que su familia, y específicamente su padre Carlos, ha prestado al Rey como funcionario por más de 36 años. Le expone que aunque fue ascendido a Contador de la Aduana con aumento de su sueldo a 1.500 pesos al año, estos recursos apenas sirven para sostener a su madre y a sus dos hermanos de un modo digno al cargo que ejerce. No admite de ninguna manera que su padre invierta en su grado dineros que son necesarios para el estudio y alimentación de sus hermanos: “Yo deseo vestir el capelo, pero jamás consentiría que se verificase con detrimento de mis hermanos. Sigo la carrera de las oposiciones, en que de necesidad debo condecorarme con la borla, pero la renuncio a tan grande costa”. Termina la solicitud reiterando su ofrecimiento de servicios gratuitos para compensar a la Universidad, y señalando que “Si se apartan los ojos de la escasez de mis proposiciones pecuniarias, yo, si no me engaño, no encuentro que me falte otra condición de las que debe tener un doctor”.

García Carrasco no cedió y dilató la gestión indefinidamente. Aún así, Manuel Rodríguez volvería a participar en oposiciones a cátedras de Leyes (enero de 1810) y a Cánones (28 de mayo de 1811). A esta última se presentaron dos doctores y dos bachilleres, uno de los cuales era el pertinaz Rodríguez. De los puntos sorteados eligió el capítulo III, título 4, libro I de las Decretales de Gregorio IX, sobre “de consuetudine” (de la costumbre). El día 28 de mayo disertó el punto con gran brillo ante el rector y los doctores. No obstante, nuevamente no fue el elegido, aunque ahora, según anotó el secretario, ello se debió al desestimiento de todos los opositores ante el distinguido mérito de uno de los opositores, el doctor Gaspar Marín, que había sido miembro de la Primera Junta y tendría una importante trayectoria en el servicio público, terminando sus días como ministro de la Corte Suprema.

Así Manuel Rodríguez se quedó como bachiller en Leyes sin alcanzar el grado de doctor ni tampoco una cátedra universitaria. Algunos han sostenido que tampoco obtuvo formalmente el título de abogado, ya que no se ha encontrado registros de su otorgamiento por la Real Audiencia (Ramón Huidobro). La mayoría de quienes han escrito sobre su vida, comenzando por Barros Arana, afirman sin dudas que fue abogado. Esta opinión parece confirmada por la investigación de Gustavo Opazo que da cuenta de varios expedientes judiciales en los que aparecen escritos presentados por Manuel Rodríguez en representación de diversos clientes. Uno de los más famosos fue el pleito entre Diego Guzmán Ibáñez y José Antonio Prieto Romero, suscitado por un pasquín colocado en un café de la calle Ahumada que propiciaba que el Presidente de la Junta de Gobierno recién asumida expulsara a ciertos ciudadanos por realistas. El 27 de octubre de 1810, ante una nutrida concurrencia, Prieto leyó en voz alta y con aprobación el pasquín, mientras Diego Guzmán, cuñado de uno de los amenazados de expulsión, lo reprendió, tras lo cual Prieto le dio una bofetada y comenzó una riña de la cual Guzmán salió mal herido. Prieto, que tenía fama de pendenciero, se dio a la fuga. Comenzó un juicio penal y el juez dio orden de prisión para el fugado, que fue detenido y nombró como abogado defensor a Vera y Pintado. Guzmán, por su parte, eligió como abogado a Manuel Rodríguez Erdoíza, y en esta calidad éste presenta varios escritos que aún se conservan. En uno de ellos se opone a la excarcelación de Prieto invocando la igualdad ante la ley: “El delincuente, noble o plebeyo, miserable o poderoso, debe sentir con igualdad el peso de la ley”. A estos expedientes, debe sumarse la constancia fechada el 24 de diciembre de 1810, por el cual el Regente de la Real Audiencia, Juan Rodríguez Ballesteros, le nombra como “abogado de pobres” para el año 1811 en causas criminales.

Pero pronto el bachiller Rodríguez comenzaría una carrera política y más adelante militar. El 11 de mayo de 1811 es nombrado procurador de Santiago en reemplazo de José Miguel Infante, que había pasado a desempeñarse como diputado en el primer Congreso Nacional. En julio de ese año, regresa de España su antiguo amigo y compañero en el colegio Carolino, José Miguel Carrera, y Rodríguez como muchos otros es cautivado por la personalidad del primero para acoger las ideas emancipadoras. Después de que el Congreso lo destituyera de su cargo de procurador y anulara su elección como diputado por Talca, se coloca al servicio de Carrera, secundándolo en el golpe de 16 de noviembre de 1811, y como Secretario de Gobierno, ejecuta la orden que disuelve dicho primer Congreso. Pero el ánimo rebelde que va creciendo en su espíritu le lleva pronto a conspirar contra el propio Carrera, tras lo cual es condenado por sentencia de 13 de marzo de 1813. Después del tratado de Lircay, se une nuevamente a Carrera para oponerse a dicho tratado. Con la derrota patriota en Rancagua, como la mayor parte de los patriotas atraviesa los Andes hasta llegar a Mendoza. Conoce a San Martín, y nuevamente se distancia de los Carrera para ponerse al servicio del General argentino. Acepta volver en 1815 a Chile para emprender una campaña de ataques distractivos, rumores y astutas maniobras que posibilitarán que el Ejército Libertador pueda cruzar los Andes en 1817. El abogado había dado paso definitivo al guerrillero.

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El abogado del Ejército de los Andes

19 febrero, 2017

Este mes de febrero hemos celebrado el bicentenario del cruce de los Andes por parte Ejército Libertador que con las batallas de Chacabuco (12 de febrero de 1817) y Maipú (5 de abril de 1818) afirmó definitivamente la independencia de Chile. El General en Jefe fue el Capitán General José de San Martín mientras que el General de División fue el Brigadier General Bernardo O’Higgins. El Ejército estaba perfectamente organizado y tenía, como se usa hasta hoy, un auditor de guerra, es decir, un abogado que debía conocer de todos los asuntos legales que se suscitaran con motivo de las acciones de la oficialidad y la tropa. Este puesto fue desempeñado por un ilustre argentino-chileno que estaría llamado a dejar una huella profunda en la historia de este país, aunque pocos son hoy conscientes de ella. El auditor del Ejército de los Andes fue el abogado y doctor en leyes, Bernardo de Vera y Pintado (1770-1827).

En su calidad de auditor, el 16 de febrero de 1817, el General San Martín le encomendó comparecer ante el Cabildo de Santiago que insistía en nombrarlo por aclamación Director Supremo. Sólo cuando Vera expuso las razones de San Martín para no aceptar el cargo, la asamblea se resignó y nominó en el cargo a O’Higgins (cfr. Espejo, Gerónimo, El paso de los Andes. Crónica histórica de las operaciones del Ejército de los Andes para la restauración de Chile en 1817, Imprenta y librería de Mayo, Buenos Aires, 1888, p. 618).

Vera y Pintado nació en la ciudad argentina de San Fe e hizo sus primeros estudios en la Universidad de Córdoba, pero como en ésta no se dictaba la carrera de Derecho, en 1799 se avino a viajar a Santiago de Chile y se matriculó en la Real Universidad de San Felipe, en la que además estudió teología. Obtuvo el grado de doctor en leyes en 1806.

Dos años después, se casó con Mercedes de la Cuadra, que le daría dos hijas. Pronto se hizo conocido en la sociedad chilena no sólo por su cultura sino por sus dotes literarias y su afición a los versos. En lo político se inclinaba por la emancipación de España, por lo que fue acusado por el gobernador Francisco García Carrasco de conspirar contra el gobierno. Detenido junto a Juan Antonio Ovalle y José Antonio de Rojas, fue llevado a Valparaíso para ser deportado al Callao, lo que motivó gran agitación y protestas de los ciudadanos de Santiago contra el gobernador. Por razones de salud, Vera y Pintado no pudo embarcar y permaneció en la ciudad porteña (aunque según algunos biógrafos su enfermedad fue fingida para evitar caer en las manos del Virrey del Perú Abascal, contra el que había gastado algunas bromas y sátiras: así, puede verse en Canales Toro, Eusebio, Canción Nacional de Chile, Editorial Andrés Bello, 1966, p. 105). Los acontecimientos se precipitaron con la renuncia de García Carrasco, la asunción al cargo de Mateo de Toro y Zambrano y la constitución de la Primera Junta de Gobierno en septiembre de 1810.

Don Bernardo Vera fue dejado en libertad y regresó a Santiago. Fue recibido como un héroe de la causa patriota, y en 1811 fue designado como agente diplomático del gobierno de Buenos Aires ante las autoridades chilenas. En esos años colaboró estrechamente con Camilo Henríquez en la redacción de la Aurora de Chile y se desempeñó como secretario de algunos ministerios.

Con la derrota de los patriotas en la batalla de Rancagua (1814), como O’Higgins, Carrera y tantos otros que lucharon contra el ejército realista, tuvo que cruzar la Cordillera y buscar refugio en la ciudad de Mendoza. De Vera y Pintado fue incorporado al Cabildo de esa ciudad y participó en toda la organización y constitución del Ejército Libertador. Con dicho Ejército regresó a Chile en 1817, y se afincó definitivamente en este país.

En los años que le restaban de vida cultivó la política, el Derecho y las letras. En política fue diputado (1823-1825), llegando a Presidente del Congreso (1825). En Derecho se desempeñó como profesor de Derecho Civil y Canónico en el Instituto Nacional (1826-1827). Pero donde dejaría su mejor legado para la posteridad sería en las letras: por encargo de O’Higgins, en 1819 compuso la letra del Primer Himno Nacional, cuyo coro se mantuvo inalterado en el definitivo que redactó Eusebio Lillo.

Por ello, cuando los chilenos entonemos ese: “Dulce patria, recibe los votos/ con que Chile en tus aras juró/, que o la tumba serás de los libres/o el asilo contra la opresión”, bien podríamos recordar a este abogado y profesor de Derecho Civil, que hace doscientos años formó parte del Ejército que permitió y consolidó nuestra independencia como república soberana.