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Rompe, paga… papá

18 junio, 2017

Ante las tomas de colegios y los destrozos que ellas generan, el Alcalde de Santiago ha anunciado que, además de ejercer acciones penales contra los autores de los daños, interpondrá demandas de responsabilidad civil en contra de los apoderados de los alumnos, haciendo valer la responsabilidad por hecho ajeno que el Código Civil impone sobre los padres por los perjuicios causados por sus hijos menores de edad. Otras autoridades municipales han anunciado que seguirán también este curso de acción.

La primera demanda, según señala un comunicado de la Municipalidad de Santiago, fue interpuesta en contra de los padres de cinco dirigentes del Centro de Alumnas del Liceo 7 Bicentenario Teresa Prats de Sarratea que habrían llamado a efectuar la toma. El monto de los daños que se demanda reparar, es de 3 millones trescientos mil pesos.

La noticia ha puesto en la palestra el tema de la responsabilidad civil de los padres por los hechos de sus hijos que, en general, ha sido poco estudiada por la doctrina, a pesar de su interés práctico.

Veamos primero los textos legales, para luego reflexionar sobre algunos problemas de interpretación que pueden presentarse.

El art. 2320 del Código Civil contiene una regla general según la cual una persona no sólo responde de sus propios actos (dolosos o culposos) sino también de los actos de otras personas que están bajo su cuidado: “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”, dispone el inciso primero de la norma. Luego esta regla general es concretizada en varios casos particulares, y el primero de ellos es el de los padres: “Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa” (art. 2320 inc. 2º). La responsabilidad de los padres se fundamenta en los deberes de cuidado y vigilancia que la misma ley le asigna a los progenitores sobre los hijos menores. Pero no se trata de una responsabilidad absoluta, ya que el Código permite exonerarse de ella: “cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho” (art. 2320 inc. 5º). Esta causal de exoneración no opera si se prueba que los ilícitos dañosos de los hijos son el producto del incumplimiento del deber, no ya de vigilancia, sino de educación que tienen los padres. En estos casos, la responsabilidad adquiere la forma de una presunción de derecho que no admite prueba en contrario: “Los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir” (art. 2321 CC).

Un primer problema que puede presentarse, pero que no interesa para la política del “rompe y paga”, es el de los hijos menores de 7 años (aplicable también a los menores de 16 declarados sin discernimiento). Según el art. 2319 éstos son incapaces para cometer ilícitos civiles, y por ello responden las personas que estuvieren a su cargo, “si pudiere imputárseles negligencia”. La mayoría de la doctrina piensa que la frase implica que se debe probar la culpa del guardián del incapaz, y ello revelaría que en tales casos no se aplica la presunción de responsabilidad por hecho ajeno del art. 2320. Pero esto genera el contrasentido de que mientras más chico sea el menor más difícil es imputar responsabilidad a los padres, lo que parece ir contra el sentido común.

Otra cuestión, y ésta sí puede plantearse en el caso de las demandas contra los padres de los estudiantes que participan en una toma, es la diferencia que hace la norma del art. 2320 entre el padre y la madre, ya que le asigna en primer lugar responsabilidad al primero, mientras que la segunda sólo responde “a falta” del padre. Alessandri, comentando esta diferencia, señala que ella se justifica porque el Código declaraba que los hijos estarán especialmente sujetos al padre, de modo que éste tendría un deber más intenso de vigilancia, deber en que se fundamenta la regla. Pero dicha norma ya no está vigente (fue derogada con la reforma de la filiación por la ley Nº 19.585, de 1998). Hoy los deberes de la autoridad paterna son los mismos para ambos padres (arts. 222 y ss. CC), de modo que la distinción por sexo no se justifica, máxime si la norma siguiente (art. 2321), que impone responsabilidad por incumplimiento del deber de educación, no hace ninguna diferencia entre padre y madre. Sería conveniente que el texto legal fuera reformado para igualar en estas materias a ambos progenitores. Entre tanto, pensamos que podría buscarse una solución demandando al padre por el inciso segundo del art. 2320 y a la madre por la regla general del inciso primero de la misma norma. Habrá sí que probar que el hijo estaba también bajo el cuidado de la madre.

Un tercer problema es la superposición de responsabilidades por el hecho ajeno en estos casos, ya que si bien el padre o la madre son responsables por los hechos de sus hijos menores, si estos son alumnos de un establecimiento de enseñanza también estarán sujetos al cuidado del director del colegio. El inciso 4º del art. 2320 declara: “Así los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, mientras están bajo su cuidado”. ¿Podrían los padres excusarse de responder señalando que cuando los hechos dañosos se cometieron estaban bajo el cuidado de las autoridades del establecimiento educativo, de guisa que la responsabilidad por el hecho de los menores debe atribuirse a esos directivos antes que a ellos? Nos parece que, en principio, si confluyen dos o más responsables por el hecho de un dependiente, la víctima podrá elegir entre cualquiera de ellos si se cumplen los requisitos legales exigidos para cada caso. Sin embargo, es bastante dudoso que pueda decirse que los alumnos están “bajo el cuidado” de los jefes del colegio, cuando fuera del horario de clases ingresan al establecimiento para tomárselo. Y aún si así fuera, es bastante probable que se acepte la causal de exoneración de responsabilidad del inciso final del art. 2320, porque justamente el hecho de la toma hace evidente que “con la autoridad y el cuidado” que su “calidad les confiere y prescribe” no han podido impedir el hecho.

Finalmente, y quizás sea lo más complejo de la demanda presentada, es que se ha demandado a los padres de las estudiantes que dirigían el centro de alumnas y no de aquellas que habrían causado los destrozos. El abogado de la Dirección de Educación Municipal dijo a la prensa que: “No es que hicieron los daños, lo que pasa es que ellos tienen una responsabilidad, infringieron un deber de cuidado como centro de alumnos. Un centro de alumnos no puede llamar a realizar un acto que tenga una condición delictual, como una toma” (Ver nota en emol). Pero el solo hecho de que se haya llamado a una actividad ilegal como la toma –que claramente lo es– no implica necesariamente incurrir en responsabilidad civil, que, hay que insistir, no tiene por función sancionar un hecho ilícito sino reparar los daños que se hayan producido por su causa. Se trata, por tanto, de verificar si existe una relación de causalidad entre la conducta ilícita imputada: llamar a tomarse el colegio, con los daños cuya reparación se exige: destrozos en las instalaciones. Seguramente la defensa de los padres se basará en este punto, arguyendo que sus hijas nunca llamaron a causar destrozos, por lo que aquí existiría un hecho de terceros (los autores materiales de los daños) que rompe el nexo causal. En contra, la Municipalidad podrá aducir que, dada la experiencia de tomas anteriores, las dirigentes han debido prever que la acción a la que ellas invitaban iba a resultar en daños en la infraestructura del colegio, por lo que, bajo un análisis de la causalidad jurídica basada en la probabilidad o en el incremento del riesgo ordinario, resulta posible conectar causalmente el llamado a la toma con los daños sufridos por el establecimiento. Veremos qué decide el juez, y las Cortes, si la autoridad municipal tiene la paciencia y la firmeza para llevar el juicio hasta su decisión final. Hay que recordar que, tratándose de un juicio ordinario, su completa tramitación podría tomar uno o más años.

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“Manos al fuego”: la fidelidad puesta a prueba

31 agosto, 2014

Chilevisión ha puesto en pantalla el programa “Manos al fuego”, que se supone es una especie de docurreality que busca comprobar hasta dónde resiste la tentación una persona que es falsamente seducido por una actriz o actor para que sea infiel a la relación sentimental que la une con su polola o polola.

El programa se basa en el método de cámaras ocultas y cuenta con la complicidad remunerada del miembro de la pareja que desea probar la fidelidad de su enamorado o enamorada. Se le van dando premios en dinero si la víctima de la puesta en escena resiste las diversas insinuaciones amorosas que le hace el actor o actriz que se hace pasar por alguien que se siente intensamente atraído por ella. Como generalmente el acosado o acosada en algo cede, antes de que se concrete algún acto físico se hace irrumpir a la supuesta ofendida quien le enrostra su culpabilidad, todo ello frente a las cámaras.

No siempre la cosa resulta como los productores del programa hubieran querido. Esta semana se supo que un joven profesional interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando que se prohíba al Canal de Televisión exhibir las imágenes captadas cuando su novia aceptó participar en el programa, y para ello le pidió que pasara a buscar su celular a un hostal. Allí lo esperaba una actriz, especialmente atractiva, que se hizo pasar por una mujer que atravesaba momentos difíciles y se le insinuó abiertamente. Todo ello era grabado, sin que lo supiera, y mientras su polola junto a los conductores del programa observaban las imágenes en un lugar vecino. El profesional pudo resistir esos embates, pero incurrió en una mentira cuando negó que estaba pololeando. Su polola irrumpió en el lugar del acoso y lo increpó, todo ello delante de las cámaras. Al darse cuenta de la trampa en la que había caído el joven rechazó dar su consentimiento a la transmisión del programa. El canal comenzó a llamar a la polola que había recibido $ 200.000 por participar para obtener que consiguiera la autorización. Ella, después de perdonar el error de su pololo, se puso de su parte y manifestó su negativa a que el programa transmitiera las imágenes obtenidas y restituyó el dinero (Ver nota en biobiochile.cl).

El recurso de protección invoca que el canal incurrió en un acto ilegal y arbitrario que lesionó el derecho a la honra del profesional filmado. Chilevisión al informar el recurso explica que a todos los participantes se les pide que cedan sus derechos de imagen y autoricen la transmisión del programa, por lo que en este caso, al no haberse conseguido la autorización de los interesados, las imágenes captadas no serían emitidas.

Veremos lo que resuelve la Corte de Apelaciones; es posible que rechace el recurso si confía en la promesa del canal recurrido de que no exhibirá las imágenes no autorizadas. Pero el suceso debería hacer pensar a los responsables de este tipo de programas. En primer lugar, porque sus organizadores están incurriendo en una conducta ilícita e incluso sancionable penalmente. No basta con la intención de obtener la autorización de la víctima del montaje para exhibir las imágenes captabas subrepticiamente. El solo hecho de filmar a alguien en un espacio o situación que él entiende como privada lesiona su derecho a la vida privada, incluso aunque resista estoicamente los embates de la persona que pretende seducirlo. El art. 161-A del Código Penal sanciona con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales al que sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, grabe, filme o fotografie imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público.

Sin perjuicio de las implicancias penales de la utilización de cámaras ocultas, cabe preguntarse si la víctima de un montaje de este tipo podría ejercer exitosamente una acción de responsabilidad civil pidiendo indemnización de los daños no patrimoniales causados, entre los cuales podría estar la ruptura de su relación amorosa con la persona a la cual le fue infiel por causa de la tentación excesiva a la que fue artificialmente expuesto.

En primer lugar, habría que aclarar que la demanda podría interponerse únicamente contra el canal de televisión, sin que sea necesario que la víctima demande también a su pareja. Es cierto que habría coautoría en la conducta de montar un escenario para “probar” la fidelidad, pero se aplicaría la responsabilidad solidaria prevista por el art. 2317 del Código Civil. De este modo, el canal de televisión, siendo uno de los autores del hecho ilícito, podrá ser demandado por el total de los perjuicios causados.

Enseguida, debe acreditarse que hay un delito o cuasidelito y una relación de causalidad entre éste y los daños padecidos por la víctima.

Nos parece que se trata de un delito civil puesto que la conducta ha sido realizada con la intención positiva de inferir injuria (art. 44 del Código Civil). Hemos de destacar que la expresión “injuria” tiene en este precepto el significado de algo contrario a Derecho (iniura). El canal de televisión monta todo el escenario consciente de que está atentando contra el derecho a la vida privada de la persona que es engañada y sorprendida por el montaje destinado a probar su lealtad amorosa. Hay, por tanto, dolo, y no mera negligencia o culpa.

Tal vez la cuestión más compleja es la de la relación de causalidad, sobre todo si se descarta la teoría de la equivalencia de las condiciones o de la conditio sine qua non. Si se aplicara esta última concepción, sin duda habría causalidad ya que es fácil sostener que suprimiendo mentalmente las seducciones inducidas por el actor o actriz, la infidelidad no se habría producido. Si aplicamos la teoría, hoy más aceptada, de la limputación objetiva también podríamos llegar a la misma conclusión. En efecto, uno de los criterios de la doctrina de la imputación objetiva es el llamado “incremento del riesgo general de la vida” que permite afirmar la causalidad cuando la conducta del agente ha elevado los riesgos de sufrir daños más allá de los estándares de aceptación normal de los riegos que implica ordinariamente la convivencia humana. Es evidente que cuando se pone a la víctima en una situación montada específicamente para intentar que cometa infidelidad se están incrementado de manera relevante los riesgos de incumplir los deberes sentimentales para con la polola o el pololo.

Cierto es que los daños se deben también en parte a la culpa de la propia víctima que sucumbió a las seducciones provocadas por el programa, pero estamos ante una culpa que contribuye al resultado y no es exclusiva o excluyente de la conducta dolosa del canal de televisión. Por ello, el juez, conforme a lo dispuesto al art. 2330 del Código Civil, podrá reducir el monto de la indemnización pero no descartarla del todo.

Al igual que en otros programas de televisión que utilizan el deleznable método de las cámaras ocultas, con el que comentamos son los ejecutivos y sus empresas los que pueden terminar quemándose las manos.

Daños causados por “balas locas”: responsabilidad civil del gendarme que disparó al aire e hirió a espectador inocente

14 octubre, 2012

Consternación produjeron los hechos por los que un estudiante universitario fue impactado en su cerebro por una bala que disparó al aire un gendarme que conducía un vehículo de la institución hacia el Centro de Justicia de Santiago. El conductor se vio atrapado en un taco causado por una protesta estudiantil y algunos de los manifestantes comenzaron a golpear violentamente el carro y a lanzarle piedras, que quebraron los vidrios delanteros y le hirieron una mano. En todo ese jaleo, temiendo por su propia integridad, el conductor sacó su arma de servicio y disparó al aire para ahuyentar a sus atacantes. Mirando el incidente en la ventana de un departamento del cuarto piso estaba un estudiante universitario, el que, desafortunadamente, fue alcanzado por un proyectil. A la fecha en que se escriben estas líneas, el herido se encuentra grave en la Posta Central, aunque hay esperanzas de que pueda salvar su vida y recuperarse.

Se inició inmediatamente una investigación penal y el gendarme quedó con prisión preventiva nocturna domiciliaria. No comentaremos la perspectiva penal del caso. Nos interesa, en cambio, sus implicancias respecto de la responsabilidad civil y, en particular, sobre la aplicación de la regla Nº 1 del art. 2329 del Código Civil. Recordemos que el art. 2329 comienza indicando que “Por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”. En su inciso segundo dispone que “Son especialmente obligados a esta reparación: 1º El que dispara imprudentemente un arma de fuego…”. Se enumeran dos casos más: el que remueve las losas de una acequia o cañería y el que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente, lo tiene en estado de causar daño a los transeúntes.

La doctrina civil se ha dividido para entender esta norma. Alessandri sostuvo que el Código en este punto establecía una presunción de culpa por hechos propios, para diferenciar esta situación de los casos previstos en los arts. 2320 y siguientes que presumirían la culpa por el hecho ajeno. Esta doctrina ha sido revivida por la tratado de Enrique Barros quien sostiene que la norma contiene una presunción prima facie de culpa y causalidad respecto de actividades que son en sí mismas riesgosas.

Otros autores, como Meza Barros, señalaron que había que distinguir entre el inciso primero y los casos enumerados en el inciso segundo. El inciso primero no contendría ninguna presunción, sino una reiteración del principio general de que todo el que causa a otro un daño por dolo o culpa debe reparar; sólo los casos del inciso segundo podrían ser entendidos como supuestos en los que la culpa se presume.

Por nuestra parte, hemos sostenido que ninguno de los incisos de la norma establece presunciones de culpa. Lo que la norma contempla es la exigencia de la prueba de la relación de causalidad: “todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia” debe ser reparado. Lo que hay que acreditar es que el daño sea imputable causalmente al hecho. En los supuestos del inciso segundo, lo que hay es una presunción de dicho nexo causal.

El número primero así lo demuestra. Para que se aplique se exige que el arma de fuego haya sido disparada “imprudentemente”; ergo, no puede verse aquí una presunción de culpa, éste debe ser probada. Acreditada la imprudencia del disparo, debe entenderse que el autor es responsable del daño provocado por la bala, aunque no haya tenido intención ninguna de lesionar a quien hirió. Su acción debe tenerse como causa adecuada del perjuicio provocado por el disparo.

En el caso del gerdarme, entonces, para ver si hay responsabilidad civil es crucial la determinación de si actuó o no de manera imprudente al disparar. Si puede imputársele culpa, es decir,  infracción de los deberes de cuidado que todo personal armado debe cumplir para evitar que el arma de fuego dañe a terceros inocentes, deberá ser considerado responsable civilmente de la herida provocada al estudiante. En caso contrario: si se estima que, ante el temor a ser asaltado y en legítima defensa propia, actuó de acuerdo a los protocolos o normas de seguridad disparando al aire, no habría culpa, y por ende tampoco podría aplicársele la presunción de causalidad: el daño no debe ser imputado a su actuación, salvo que se pruebe el nexo de causalidad.

Es probable, sin embargo, que la acción civil que llegue a deducirse no se plantee en contra del gendarme como persona individual, sino contra el Estado. En ese caso, se invocará el criterio de la “falta de servicio” por parte de Gendarmería, conforme a Ley de Bases de la Administración del Estado (arts. 4 y 42). Así y todo, esa pretendida falta de servicio deberá fundarse en la actuación imprudente o razonable, atendidas las circunstancias, del gendarme emboscado.

Quizás la solución más adecuada a estos casos de responsabilidad por daños provocados por “balas locas” disparadas por personal autorizado a portar armas, como sugirió un lector del Diario La Segunda, sea la contratación por parte de las distintas instituciones de un seguro de daños a terceros, que indemnizara los perjuicios sin atender a si el funcionario actuó o no con imprudencia.