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¿Interrumpe la prescripción la demanda ante tribunal incompetente?

30 julio, 2017

Muchos aspectos interesantes de analizar contiene la sentencia de la tercera sala de la Corte Suprema de 27 de julio de 2017, rol Nº 68.818-2016, por la cual rechazó el recurso de casación en el fondo presentado por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que lo condenó a indemnizar a las hijas de una trabajador fallecido a consecuencias del tsunami posterior al terremoto del 27 de febrero de 2010. Se examina el concepto de falta de servicio, la irresistibilidad del caso fortuito, la relación de causalidad entre la conducta ilícita y el daño, los hechos notorios y la acreditación del daño moral. Nos interesa comentar en esta ocasión un aspecto quizás menos sustantivo pero que fue lo que dividió la votación de los jueces que conformaron la sala: la consideración de si la acción estaba o no extinguida por la prescripción (Ver texto).

Una primera discrepancia que se observa en la sentencia se refiere a si la acción de responsabilidad civil contra la Administración del Estado por falta de servicio prevista en el art. 42 de la ley Nº 18.175, está sujeta a la prescripción extintiva. Cuatro de los jueces están de acuerdo en que, en ausencia de disposiciones especiales, debe aplicarse el art. 2332 del Código Civil que establece un plazo de cuatro años para interponer la acción por responsabilidad extracontractual. El Ministro Sergio Muñoz discrepa, y en una prevención al fallo, insiste en la tesis de que el Código Civil no puede aplicarse al Derecho público, por lo que la acción de responsabilidad civil por daños causados por el Estado debería considerarse imprescriptible.

Los cuatro integrantes de la sala, si bien concuerdan en la aplicación de la prescripción del art. 2332 del Código Civil, difieren respecto a si fue interrumpida civilmente o no por la demanda de las actoras. La controversia se produce porque hubo en primer lugar una demanda que se interpuso ante un tribunal que más tarde fue declarado incompetente por la Corte de Apelaciones, por lo que hubo que deducirse nuevamente ante otro tribunal. La primera demanda, interpuesta ante el Primer Juzgado Civil de Talcahuano, fue notificada el día 7 de febrero de 2014 (es decir, antes de que vencieran los cuatro años desde el tsunami que causó la muerte al padre de las demandantes). El Fisco opuso la excepción dilatoria de incompetencia invocando los arts. 48 y 134 del Código Orgánico de Tribunales. Ante el rechazo de la excepción, el Fisco apela y la Corte le da la razón por entender que por la calidad del demandado el juicio debía ser conocido por un tribunal de asiento de Corte, y por tanto la competencia correspondía a un juzgado civil de la ciudad de Concepción. La resolución de la Corte se dictó el 2 de diciembre de 2014. Las demandantes interpusieron un libelo del mismo tenor ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción, que fue notificado el 14 de enero de 2015, es decir, excedido el plazo de cuatro años desde la ocurrencia del daño. El problema, entonces, se plantea sobre la virtud que tendría la primera demanda, notificada dentro del plazo de cuatro años del art. 2332, para configurar una interrupción civil de la prescripción, lo que exige una interpretación de los arts. 2518 y 2503 Nº 1 del Código Civil.

El art. 2518 dispone que “La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. – Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente. –Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvos los casos enumerados en el artículo 2503”. Por su parte, el art. 2503 señala que “Sólo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción; y ni aun él en los casos siguientes: 1º. Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal…”.

La ministra María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Álvaro Quintanilla estiman que si la demanda fue interpuesta ante un tribunal incompetente, su notificación no ha sido hecha “en forma legal”, ya que esta expresión exige que la notificación sea hecha “con sujeción a la ley procesal de manera que permita trabar debidamente la litis, circunstancia que no se verifica cuando el libelo pretensor ha sido presentado ante un tribunal incompetente, cual aconteció en este caso”. El Ministro Manuel Valderrama y el abogado integrante Jaime Rodríguez sostienen la tesis contraria, a la que adhiere el Ministro Sergio Muñoz, consiguiéndose así la mayoría para hacer fallo.

Los principales argumentos de esta posición son los siguientes:

1º) La prescripción busca la seguridad y la estabilidad de las relaciones jurídicas, pero contemplando por el lado opuesto a las personas de mala fe, deudores poco honestos o inescrupulosos (con. 13º).

2º) La interrupción civil de la prescripción contemplada en el art. 2518 es aplicable a la prescripción del art. 2332, pero debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia ha estimado que la expresión “demanda judicial” debe entenderse en sentido amplio como “cualquier gestión en la cual el acreedor pone en juego la facultad jurisdiccional para obtener o proteger su derecho” (cons. 15º).

3º) Al contener la demanda que fue tramitada, las mismas peticiones de la interpuesta en primer lugar, debe entenderse que las actoras manifestaron oportunamente su voluntad de no resignar su derecho a la indemnización, y que con ella desapareció la inactividad que funda la prescripción (cons. 16º).

4º) La excepción del Nº 1 del art. 2503 debe interpretarse restrictivamente, por lo que no cabe aplicarlo a un caso como éste en que ya por la primera demanda se trabó la litis con el Fisco, debiéndose la modificación de tribunal a una circunstancia especial que rige para ese demandado y no a negligencia de las demandantes ni a hechos que les son imputables. No corresponde aplicar, así, la sanción que es la prescripción (cons. 16º).

La verdad es que la posibilidad de que la demanda interpuesta ante tribunal incompetente tenga la eficacia para interrumpir civilmente la prescripción no es una novedad en nuestro Derecho. La unanimidad de los autores que han tratado el tema, entre los cuales pueden mencionarse a Somarriva, Alessandri, Meza Barros, Luz Bulnes, Domínguez Benavente y Barros Errázuriz, concuerdan en que esta es la mejor y más razonable interpretación de los arts. 2518 y 2503. En el último tiempo, esta doctrina ha recibido el refuerzo de la monografía de Ramón Domínguez Águila, La prescripción extintiva (Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004). En ella se observan razones similares a las contenidas en el fallo que comentamos, como que “No debe olvidarse que uno de los fundamentos de la prescripción es el abandono, la negligencia de la persona contra la cual se prescribe, y uno de los principios de la interrupción, es que el acreedor rompe dicha negligencia y exige su derecho… “ y que “Estos principios están presentes… en la demanda ante tribunal incompetente” (p. 257). Siguiendo a la doctrina italiana, Domínguez sostiene que la notificación de la demanda aunque sea ante tribunal incompetente permite la expresión de voluntad del acreedor de exigir su derecho y que ésta sea conocida por el deudor: “La prescripción es cuestión substantiva y no procesal, lo que interesa es que la demanda es un medio de expresión de la voluntad del acreedor de salir de su pasividad y es por ello que la ley le confiere efecto interruptivo, de forma que la incompetencia del tribunal tiene efectos procesales; pero no como medio de manifestación de aquella voluntad” (p. 256).

Por nuestra parte, podemos añadir que una interpretación apegada al texto del Nº 1 del art. 2503 debiera llevar a la misma conclusión. La norma señala que el acreedor no puede alegar el efecto interruptivo de la acción interpuesta “si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal”. La norma exige que la demanda haya sido notificada y que esta notificación se haya hecho “en forma legal”. Lo que interesa, en consecuencia, es si la notificación se ha practicado con respeto a las formalidades que establece la ley. Si ella después pierde su eficacia porque se ha declarado la incompetencia del tribunal, sigue siendo una notificación, que en cuanto diligencia procesal, ha sido “hecha en forma legal”.

Siendo así, no debe aplicarse la excepción prevista en el art. 2503 Nº 1 y estamos entonces ante una demanda judicial que, al ser notificada con apego formal a la ley, interrumpe civilmente la prescripción extintiva.

El rechazo a la indemnización en el caso “Matías Catrileo”

1 febrero, 2015

La Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 20 de enero de 2015, dictó sentencia de segunda instancia acogiendo la demanda por la cual la madre y la hermana de Matías Catrileo (q.e.p.d.) reclamaron que el Fisco reparara el daño moral sufrido por la muerte del activista mapuche, como resultado de un disparo de un carabinero mientras la víctima participaba de una toma de un fundo en la zona de Vilcún (3 de enero de 2008).

La Corte confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto a la responsabilidad del Fisco y al monto de las indemnizaciones otorgadas: $ 80.000.000, en favor de la madre y $ 50.000.000, en beneficio de la hermana (Ver texto de sentencia).

Sorprendiendo a todos, las demandantes, una vez conocida la sentencia, declararon que rechazaban la indemnización concedida. En un comunicado enviado a los medios de prensa la madre y la hermana de Catrileo explicaron que el único objetivo de su demanda era que se reconociera al Estado de Chile, encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet, como responsable de la muerte de su hijo y hermano y no la indemnización: “para nosotras –dijeron– este dinero esta manchado con la sangre de Matías y no podemos recibirlo” (Ver texto del comunicado). El Intendente de la región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla manifestó su admiración por el gesto a través de su cuenta de twitter: “el rechazo a la indemnización por parte de la familia de Matías Catrileo es una demostración de dignidad… el dinero no es todo en la vida” (Ver noticia)

Lo inédito de la situación nos convida a analizar jurídicamente la naturaleza y efectos de este rechazo a la indemnización decretada judicialmente. No hay dudas en que el derecho a pedir la reparación de un daño ocasionado por un delito o cuasidelito es renunciable, ya que, según el art. 12 del Código Civil, pueden renunciarse todos los derechos que miren sólo al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. Ambas condiciones se cumplen en el caso: se trata de un derecho que se concede en interés exclusivo de la víctima del hecho ilícito y no existe norma que vede la renuncia. Es más, el art. 56 del Código Procesal Penal señala que, si bien la renuncia de la persona ofendida no extingue la acción penal pública, sí extingue la acción civil derivada de toda clase de delitos.

Pero, ¿qué sucede si, como en este caso, se renuncia al derecho a percibir la indemnización una vez que ha sido determinada por sentencia judicial? Si es así la renuncia opera sobre un crédito cuyo monto ha sido liquidado.

En una primera aproximación, el rechazo a recibir la indemnización judicialmente establecida podría ser calificado como una oferta de remisión o condonación del crédito. Recuérdese que la remisión o condonación es un modo de extinguir una obligación (art. 1567 Nº 4 del Código Civil) por el cual el acreedor perdona en todo o en parte la deuda y que el Código Civil equipara la remisión a la donación (cfr. arts. 403, 1400 inc. 2º, 1397 y 1653).

Si el rechazo a la indemnización de las demandantes es considerado una remisión o condonación del crédito indemnizatorio en favor del Estado, entonces ella podría ser revocada mientras el Estado no haya aceptado. Toda donación supone la aceptación del donatario. Pero aún más, excediendo el límite legal –los desfasados 2 centavos del art. 1401 del Código Civil– debe procederse a la insinuación, es decir, a la autorización del juez. A falta de ella, la donación –en el caso la remisión–, es nula.

Esto no significa que las demandantes estén obligadas a proceder de esta manera. Bien podrían sencillamente no cobrar el crédito establecido en la sentencia y entonces la acción se extinguirá por prescripción pasados cinco años (art. 2515 del Código Civil).

Existe, sin embargo, otra forma de explicar la situación: el acto de rechazo de la indemnización no es una remisión equiparable a un contrato de donación, sino un acto unilateral de renuncia del derecho personal o crédito.

La renuncia extintiva procede, sin duda, con los derechos reales incluyendo el de dominio o propiedad. En Estados Unidos algunas familias colocan en la vereda muebles que ya no usan para que se los lleve cualquier persona que pase. En tales casos, y otros que podrían añadirse, no hay una donación, sino una renuncia abdicativa del dominio proseguida de una ocupación por parte de quien finalmente se lleva el bien para hacerlo suyo. Se dirá que, tratándose de derechos personales o créditos, hay un deudor que, al extinguirse la deuda por la renuncia del crédito, obtiene un provecho. Pero lo mismo sucede cuando un usufructuario o titular del derecho de usufructo renuncia a él: también el nudo propietario es beneficiado al extinguirse el usufructo y consolidarse con la propiedad. No vemos, pues, inconveniente en que un crédito pueda extinguirse, no por una remisión donativa, sino por una remisión unilateral, que no constituye donación.

Digamos que la calificación del rechazo a la indemnización por parte la madre y hermana de Matías Catrileo como renuncia unilateral del crédito parece más adecuada a la voluntad por ellas expresada. Sería absurdo que se pretendiera que quisieron hacer una donación al Estado de $ 130.000.000 y que su proceder tuvo por causa la mera liberalidad o beneficencia…

Si estamos en lo cierto, la renuncia, no estando sujeta a formalidades ni a la aceptación del deudor, estaría perfeccionada como acto jurídico y no sería ya revocable por la mera voluntad de las renunciantes. Veremos lo que sucede una vez que la sentencia que falló la apelación quede frime o ejecutoriada.

San Miguel y las reglas de responsabilidad

12 diciembre, 2010

El incendio de la cárcel de San Miguel ha suscitado la discusión sobre a quién corresponde responsabilidad. Primero la política, entre los gobiernos de la Concertación y el gobierno actual, luego será la responsabilidad penal (ya existe un fiscal investigando y una querella), pero más tarde será la hora de la responsabilidad civil: quien debe indemnizar los daños por las muertes y las lesiones. La primera tendencia es la de buscar la responsabilidad del Estado sobre la base de las reglas del Derecho administrativo. De acuerdo a la Ley de Bases de la Administración del Estado (art. 42, ley 18.575), este responde de los daños que se producen por una “falta de servicio” de un órgano público. Conforme al D.L. 2859, de 1979, Gerdarmería de Chile es un servicio público que depende del Ministerio de Justicia, y por lo tanto es aplicable este régimen de responsabilidad. Pero no es sencillo discernir cuándo se produce esta falta de servicio y si esta es la causa directa del daño que se intenta reparar. Probablemente se dirá que la falta de servicio residiría en la sobrepoblación del recinto penitenciario. Esto significa afirmar que el Estado no cumplió con sus deberes de construir y habilitar cárceles suficientes, pudiendo hacerlo. Se trata de un juicio normativo que importa el riesgo de que un juez tenga que evaluar las políticas públicas en relación con la inversión de los recursos en un país que no es desarrollado. ¿Se pondrá al juez en la tesitura de tener que decidir que el Estado debió invertir los recursos en cárceles y no poner en vigor el plan AUGE o no destinar fondos para la reconstrucción por el terremoto? Se comprende que esta es una senda muy peligrosa. Por eso, la falta de servicio debiera reconducirse a los estándares de negligencia que se utilizan en las reglas de responsabilidad civil recepcionadas, después de siglos de reflexión y depuración, en el Código Civil y que traducen ponderaciones del cuidado exigible según las circunstancias concretas.

Si se llegara a la conclusión de que hubo falta de servicio, ya sea por el exceso evitable de población penal, o por irregularidades en la supervisión de los reos y de su posesión de bienes inflamables, el llamado y el ingreso oportuno de los bomberos o el seguimiento de los protocolos de seguridad, habrá que discutir si dichas faltas pueden ser, aislada o conjuntamente, consideradas causas directas del incendio y de las muertes y lesiones sufridas.

En este punto, no hay que perder de vista que el incendio mismo parece haber sido causado, no por el Estado ni por sus agentes, sino por una riña entre los prisioneros. Ante esto se pueden configurar supuestos de culpa de la víctima (si algunos de los causantes fueron afectados por el incendio) o de hecho de un tercero (si el afectado no tuvo participación en la contienda que originó el fuego). Nuevamente, los criterios de la regulación administrativa no son suficientemente refinados para dar cuenta de las complejidades de la responsabilidad civil, y habrá que acudir los criterios del derecho común. Allí encontramos la regla de que el juez debe reducir la indemnización si la víctima se expuso imprudentemente al daño (art. 2330 del Código Civil). Por eso, si el daño es causado por concurrencia entre culpa del Estado y culpa de la víctima, la indemnización será reducida prudencialmente. La doctrina señala que esta regla se aplica también a las víctimas indirectas (familiares del fallecido).

Si se trata de internos que no participaron en la riña, habrá concurrencia entre culpa del Estado y culpa de un tercero (los que provocaron el incendio). Surge entonces la cuestión de si estos son extraños al Estado o son terceros por los cuales este debe responder, porque están bajo su autoridad y cuidado. Si se estima que los internos son personas que están bajo el cuidado del Estado conforme al art. 2320 del Código Civil, este no podrá alegar caso fortuito o disminución de la causalidad por la concurrencia de su conducta negligente. Podría excusarse sólo si prueba que con toda la diligencia debida (nuevamente un juicio normativo) no habría podido impedir el hecho.

Sin duda muchas más aristas podrían explorarse ante este complejo y desgraciado suceso. Las que reseñamos nos muestran que los jueces tendrán que afrontar un gran desafío para hacer justicia en este caso en lo que concierne a la reparación de las víctimas. Para ello disponen no sólo de las normas propias del Derecho administrativo, sino de las reglas más sutiles y refinadas que provee el derecho común de la responsabilidad cristalizado en nuestro Código Civil. Que San Miguel, el arcángel que venció al señor del fuego inextinguible, los ayude.