Posted tagged ‘responsabilidad por hecho ajeno’

Rompe, paga… papá

18 junio, 2017

Ante las tomas de colegios y los destrozos que ellas generan, el Alcalde de Santiago ha anunciado que, además de ejercer acciones penales contra los autores de los daños, interpondrá demandas de responsabilidad civil en contra de los apoderados de los alumnos, haciendo valer la responsabilidad por hecho ajeno que el Código Civil impone sobre los padres por los perjuicios causados por sus hijos menores de edad. Otras autoridades municipales han anunciado que seguirán también este curso de acción.

La primera demanda, según señala un comunicado de la Municipalidad de Santiago, fue interpuesta en contra de los padres de cinco dirigentes del Centro de Alumnas del Liceo 7 Bicentenario Teresa Prats de Sarratea que habrían llamado a efectuar la toma. El monto de los daños que se demanda reparar, es de 3 millones trescientos mil pesos.

La noticia ha puesto en la palestra el tema de la responsabilidad civil de los padres por los hechos de sus hijos que, en general, ha sido poco estudiada por la doctrina, a pesar de su interés práctico.

Veamos primero los textos legales, para luego reflexionar sobre algunos problemas de interpretación que pueden presentarse.

El art. 2320 del Código Civil contiene una regla general según la cual una persona no sólo responde de sus propios actos (dolosos o culposos) sino también de los actos de otras personas que están bajo su cuidado: “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”, dispone el inciso primero de la norma. Luego esta regla general es concretizada en varios casos particulares, y el primero de ellos es el de los padres: “Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa” (art. 2320 inc. 2º). La responsabilidad de los padres se fundamenta en los deberes de cuidado y vigilancia que la misma ley le asigna a los progenitores sobre los hijos menores. Pero no se trata de una responsabilidad absoluta, ya que el Código permite exonerarse de ella: “cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho” (art. 2320 inc. 5º). Esta causal de exoneración no opera si se prueba que los ilícitos dañosos de los hijos son el producto del incumplimiento del deber, no ya de vigilancia, sino de educación que tienen los padres. En estos casos, la responsabilidad adquiere la forma de una presunción de derecho que no admite prueba en contrario: “Los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir” (art. 2321 CC).

Un primer problema que puede presentarse, pero que no interesa para la política del “rompe y paga”, es el de los hijos menores de 7 años (aplicable también a los menores de 16 declarados sin discernimiento). Según el art. 2319 éstos son incapaces para cometer ilícitos civiles, y por ello responden las personas que estuvieren a su cargo, “si pudiere imputárseles negligencia”. La mayoría de la doctrina piensa que la frase implica que se debe probar la culpa del guardián del incapaz, y ello revelaría que en tales casos no se aplica la presunción de responsabilidad por hecho ajeno del art. 2320. Pero esto genera el contrasentido de que mientras más chico sea el menor más difícil es imputar responsabilidad a los padres, lo que parece ir contra el sentido común.

Otra cuestión, y ésta sí puede plantearse en el caso de las demandas contra los padres de los estudiantes que participan en una toma, es la diferencia que hace la norma del art. 2320 entre el padre y la madre, ya que le asigna en primer lugar responsabilidad al primero, mientras que la segunda sólo responde “a falta” del padre. Alessandri, comentando esta diferencia, señala que ella se justifica porque el Código declaraba que los hijos estarán especialmente sujetos al padre, de modo que éste tendría un deber más intenso de vigilancia, deber en que se fundamenta la regla. Pero dicha norma ya no está vigente (fue derogada con la reforma de la filiación por la ley Nº 19.585, de 1998). Hoy los deberes de la autoridad paterna son los mismos para ambos padres (arts. 222 y ss. CC), de modo que la distinción por sexo no se justifica, máxime si la norma siguiente (art. 2321), que impone responsabilidad por incumplimiento del deber de educación, no hace ninguna diferencia entre padre y madre. Sería conveniente que el texto legal fuera reformado para igualar en estas materias a ambos progenitores. Entre tanto, pensamos que podría buscarse una solución demandando al padre por el inciso segundo del art. 2320 y a la madre por la regla general del inciso primero de la misma norma. Habrá sí que probar que el hijo estaba también bajo el cuidado de la madre.

Un tercer problema es la superposición de responsabilidades por el hecho ajeno en estos casos, ya que si bien el padre o la madre son responsables por los hechos de sus hijos menores, si estos son alumnos de un establecimiento de enseñanza también estarán sujetos al cuidado del director del colegio. El inciso 4º del art. 2320 declara: “Así los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, mientras están bajo su cuidado”. ¿Podrían los padres excusarse de responder señalando que cuando los hechos dañosos se cometieron estaban bajo el cuidado de las autoridades del establecimiento educativo, de guisa que la responsabilidad por el hecho de los menores debe atribuirse a esos directivos antes que a ellos? Nos parece que, en principio, si confluyen dos o más responsables por el hecho de un dependiente, la víctima podrá elegir entre cualquiera de ellos si se cumplen los requisitos legales exigidos para cada caso. Sin embargo, es bastante dudoso que pueda decirse que los alumnos están “bajo el cuidado” de los jefes del colegio, cuando fuera del horario de clases ingresan al establecimiento para tomárselo. Y aún si así fuera, es bastante probable que se acepte la causal de exoneración de responsabilidad del inciso final del art. 2320, porque justamente el hecho de la toma hace evidente que “con la autoridad y el cuidado” que su “calidad les confiere y prescribe” no han podido impedir el hecho.

Finalmente, y quizás sea lo más complejo de la demanda presentada, es que se ha demandado a los padres de las estudiantes que dirigían el centro de alumnas y no de aquellas que habrían causado los destrozos. El abogado de la Dirección de Educación Municipal dijo a la prensa que: “No es que hicieron los daños, lo que pasa es que ellos tienen una responsabilidad, infringieron un deber de cuidado como centro de alumnos. Un centro de alumnos no puede llamar a realizar un acto que tenga una condición delictual, como una toma” (Ver nota en emol). Pero el solo hecho de que se haya llamado a una actividad ilegal como la toma –que claramente lo es– no implica necesariamente incurrir en responsabilidad civil, que, hay que insistir, no tiene por función sancionar un hecho ilícito sino reparar los daños que se hayan producido por su causa. Se trata, por tanto, de verificar si existe una relación de causalidad entre la conducta ilícita imputada: llamar a tomarse el colegio, con los daños cuya reparación se exige: destrozos en las instalaciones. Seguramente la defensa de los padres se basará en este punto, arguyendo que sus hijas nunca llamaron a causar destrozos, por lo que aquí existiría un hecho de terceros (los autores materiales de los daños) que rompe el nexo causal. En contra, la Municipalidad podrá aducir que, dada la experiencia de tomas anteriores, las dirigentes han debido prever que la acción a la que ellas invitaban iba a resultar en daños en la infraestructura del colegio, por lo que, bajo un análisis de la causalidad jurídica basada en la probabilidad o en el incremento del riesgo ordinario, resulta posible conectar causalmente el llamado a la toma con los daños sufridos por el establecimiento. Veremos qué decide el juez, y las Cortes, si la autoridad municipal tiene la paciencia y la firmeza para llevar el juicio hasta su decisión final. Hay que recordar que, tratándose de un juicio ordinario, su completa tramitación podría tomar uno o más años.

Sobreseimiento penal y responsabilidad civil en caso “Juan Fernández”

6 enero, 2013

El Ministro Juan Cristóbal Mera dictó resolución sobreseyendo definitivamente el proceso penal por las muertes producidas al estrellarse el avión casa 212 de la FACH en el trágico accidente del Archipiélago de Juan Fernández. Según la resolución, “la causa del accidente de la aeronave CASA 212-300, matrícula 966 es la pérdida de control del avión como consecuencia de haberlo volado la tripulación a una altura peligrosamente baja, no superior 650 pies=198,12 metros, por debajo de la altura de las más altas cumbres de la Isla Santa Clara (1.226 pies=373,68 metros), mientras realizaba el tramo de viento en cola a través del cnl existente entre las islas Robinson Crusoe y Santa Clara, durante el circuito de aproximación a la pista 32 (o sea, en la orientación 320•), teniendo presente que en ese momento y a esa altura se produjeron unas condiciones meteorológicas muy adversas, con cizalladuras de viento (wind shear), que expusieron a la tripulación a una situación extrema de vuelo”. Aparte de las condiciones meteorológicas, la responsabilidad del accidente habría correspondido a los pilotos Carolina Fernández y Juan Pablo Mallea. Como ambos fallecieron en el suceso, la responsabilidad penal se extinguió y corresponde sobreseer la causa.

Si el sobreseimiento es confirmado por la Corte Marcial, habrá terminado la fase penal de la discusión, pero con seguridad los familiares intentarán hacer valer la responsabilidad civil que tiene por objeto no ya buscar una sanción punitiva, sino la reparación del daño causado por la muerte de sus seres queridos. Se planteará entonces la incidencia de la sentencia penal en el proceso civil. Conforme al art. 178 del Código de Procedimiento Civil, por regla general la sentencia que sobresee por inexistencia del delito o cuasidelito penal produce cosa juzgada en el juicio civil, lo que no sucede si el sobreseimiento proviene de una circunstancia eximente de responsabilidad penal. El sobreseimiento, entonces, puede producir cosa juzgada respecto de los hechos que fueron estimados no constitutivos de cuasidelito (posibles negligencias en el peso del avión, protocolo del vuelo, información proporcionada a los pilotos), pero no respecto de la negligencia de los pilotos que no fue sancionada al haberse extinguido la responsabilidad penal por la muerte de quienes debían responder (art. 93 Nº 1 del Código Penal). A nuestro juicio, esta extinción debe asimilarse a una circunstancia eximente de responsabilidad para los efectos del art. 178 del Código de Procedimiento Civil. Todo ello quiere decir que podrá encausarse civilmente alegando la imprudencia acreditada en sede penal.

Obviamente no se podrá dirigir la acción civil contra los pilotos fallecidos, aunque sí a sus herederos. Pero lo más probable es que se demande la responsabilidad por el hecho ajeno al tercero civilmente responsable, en conformidad con los arts. 2320 inc. 4º y 2322 del Código Civil. Según estos preceptos la empresa o institución responde por los hechos ilícitos que con dolo o culpa comentan aquellas personas que estén bajo su cuidado o dependencia. La institución que podría ser demandada es la Fuerza Aérea de Chile, de la que dependían los pilotos desaparecidos. Si la FACH es demandada en virtud de estos preceptos, podría excusarse probando que, con la autoridad y cuidado que su calidad le confiere, no hubiere podido impedir el hecho (art. 2320 inc. final).

Debe tenerse en cuenta que no podría invocarse responsabilidad por falta de servicio, ya que dicho factor de imputación no se aplica a las Fuerzas Armadas de acuerdo con el art. 21 de la Ley Nº 18.575, de Bases de la Administración del Estado. Según la jurisprudencia más reciente de la Corte Suprema, a falta de regla especial debe aplicarse el régimen común contenido en el Código Civil.

Con todo, aplicando el estatuto de la responsabilidad civil extracontractual, quedarán varios puntos complejos que resolver. Por ejemplo, cómo concurre la culpa de los pilotos con las condiciones meteorológicas que pueden constituir un caso fortuito. Se trata de un problema de concausas que debiera influir en la forma en que se avalúa la indemnización que pueda corresponder.