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Responsabilidad por hecho ajeno y solidaridad

8 julio, 2018

Un fallo reciente de la Corte Suprema (27 de junio de 2018, rol Nº 38145-2017: Ver texto) nos da ocasión para comentar la forma en que cómo debe dividirse la obligación de pagar perjuicios si son varios los considerados responsables por la ley civil.

En el caso, una menor de edad y sus padres deducen demanda de responsabilidad civil por haber sido la primera abusada sexualmente por un auxiliar de su colegio. Se demanda al autor del delito, a la Corporación de Desarrollo Social de Providencia y a la Municipalidad de Providencia, a estas última por ser entidades de las cuales depende el colegio donde ocurrieron los hechos.

En primera instancia, se condenó a los tres demandados en forma solidaria a pagar 80 millones de pesos para la niña abusada y 20 millones para cada uno de sus padres. Recurrido el fallo de casación en la forma y de apelación, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló la sentencia, y en la de reemplazo mantuvo la condena sólo respecto del autor directo y de la Corporación y excluyó la responsabilidad de la Municipalidad, pero siguió determinando que la indemnización fijada debía ser pagada en forma solidaria por los dos condenados.

La Corporación interpuso recurso de casación en el fondo alegando varias infracciones de ley que fueron desestimadas por implicar una revisión de los hechos fijados. Sin embargo, la aplicación de la solidaridad por invocación del art. 2317 del Código Civil es acogida por la Corte, la que casa la sentencia y dicta una de reemplazo declarando que la obligación de pagar los perjuicios es simplemente conjunta, es decir, se divide en mitades una de cargo del autor directo y otra de cargo de la Corporación municipal.

Sin duda los argumentos para rechazar la solidaridad son correctos, ya que, como puntualiza la misma Corte, la Corporación sólo fue considerada responsable en virtud del art. 2320 del Código Civil que regula la responsabilidad por el hecho ajeno o del dependiente, la que no exige participación alguna en el hecho ilícito mismo, como sí lo requiere el art. 2317 cuando dispone que “Si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito…”.

Sostiene la Corte que “la recurrente resulta ser responsable civilmente por el hecho perpetrado por su dependiente, el autor material del delito, y no por un hecho propio y distinto de aquél ­–no obstante que sea de su responsabilidad y de su cargo probar las hipótesis fácticas de la exención de responsabilidad que prevé el inciso final del artículo 2320 del Código Civil–, no es posible entender que se configure una situación en que tenga cabida el artículo 2317 del Código Civil, texto que supone la concurrencia de más de una conducta para producir el resultado dañoso, evento este último en el que pudo ser posible dar paso a la solidaridad dispuesta por el fallo atacado.– La Corporación demandada no responde en lo medular por un hecho propio que conlleve la responsabilidad solidaria que regula el texto recién citado, de modo que, al decidir lo contrario los jueces del grado incurrieron en un yerro jurídico que tuvo influencia sustancial en lo decisorio, en tanto se impuso a la parte que recurre una responsabilidad solidaria que no resultaba procedente” (cons. 10º).

El fallo es acordado con el voto en contra del Ministro Ricardo Blanco quien estimó que en el caso era aplicable el art. 2317 del Código Civil porque la Corporación había participado en el hecho por una conducta omisiva al no adoptar las medidas de cuidado o seguridad que hubieran evitado el delito.

La sentencia de reemplazo insiste en que no es aplicable el art. 2317 del Código Civil, y determina que la condena al total de la indemnización se hace “de manera simplemente conjunta”.

El resultado a que se llega es poco satisfactorio porque inmediatamente da pie para pensar que si se hubiera demandado únicamente a la Corporación se podría haber obtenido la totalidad de los perjuicios, mientras que al demandar también al autor directo, la Corporación resultó favorecida porque fue condenada sólo a la mitad de los perjuicios. Si se mantuviera esta doctrina ya nadie demandaría al autor directo y sólo únicamente al tercero civilmente responsable, ya que se parte de la base de que el autor directo no tiene la solvencia que le permitirá cumplir con la obligación de pagar perjuicios que se le imponga en la sentencia.

Esto no quiere decir que deba compartirse la interpretación del Ministro Blanco que amplía en demasía el concepto de “unidad del hecho” sobre el que se basa el art. 2317 del Código Civil. Nos parece correcto que este precepto no sea aplicable a la responsabilidad por el hecho ajeno, porque esta no requiere que se compruebe una participación en el hecho ni siquiera como conducta omisiva. Basta que se acredite el vínculo de dependencia, y ello lleva a atribuir la responsabilidad al responsable, salvo que éste pruebe no haber podido impedir el hecho.

Pero la inaplicabilidad del art. 2317 a la responsabilidad por hecho ajeno no implica que éste responda simple y conjuntamente con el autor directo. El art. 2320 hace responsable al principal o empresario por todo el daño y no por una parte del mismo. Por ello el art. 2325 del mismo Código da derecho al responsable que hubiera pagado el total de la indemnización a repetir en contra del autor directo del hecho ilícito.

Lo que sucede es que estamos ante uno de los casos en los que varias personas resultan obligadas a un mismo objeto pero sin que se aplique el régimen ni de las obligaciones solidarias ni el de las obligaciones simplemente conjuntas. Se trata de lo que la doctrina francesa ha llamado obligaciones in solidum y que la doctrina argentina, ahora recogida en el Código Civil y Comercial del 2015 (arts. 850 y ss.), denomina obligaciones concurrentes.

Las obligaciones concurrentes se asemejan a las solidarias en que los deudores pueden ser obligados a pagar el total de modo que pagando uno se libera a los otros. Pero se diferencian en que no se aplican los llamados efectos secundarios que son propios de la unidad obligacional de la solidaridad, porque las concurrentes son obligaciones diferentes que sólo coinciden en el objeto debido. Así, por ejemplo, demandado uno de los deudores concurrentes esa demanda no puede invocarse como interrupción de la prescripción de otro, como sí puede hacerse entre codeudores solidarios (art. 2329 CC).

La aplicación de esta figura a la responsabilidad del hecho ajeno ha sido propiciada por la doctrina más reciente. Enrique Barros, por ejemplo, postula que si bien no hay solidaridad, en la responsabilidad por el hecho ajeno puede condenarse por el total sobre la base de las obligaciones que la doctrina francesa ha llamado obligaciones in solidum (Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, Nº 115, p. 178; cfr. Corral Talciani, Hernán, Lecciones de responsabilidad civil extracontractual, Thomson Reuters, 2ª edic., Santiago, 2013, p. 230). Un análisis de este tipo de obligaciones y su aplicabilidad en el ordenamiento jurídico chileno puede encontrarse en los Estudios de Derecho Civil del año 2015: Corral Talciani, Hernán, “Obligaciones por el total no solidarias u obligaciones concurrentes” en Álvaro Vidal, Gonzalo Severin y Claudia Mejías (edits.), Estudios de Derecho Civil X, Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Valparaíso 2014, Thomson Reuters, Santiago, 2015, pp. 455-471.

La alternativa de las obligaciones concurrentes permite dar una respuesta que no rompe con el principio dogmático de que la solidaridad no se presume, sin menoscabar el derecho de la víctima a cobrar el total del daño contra el civilmente responsable, aunque haya también interpuesto la demanda contra el autor director.

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Drones, responsabilidad civil y solidaridad

19 abril, 2015

Con fecha 2 de abril de 2015, la Dirección General de Aeronáutica Civil dictó la Resolución 119, por la que aprobó la norma técnica aeronáutica DAN 151 que regula las operaciones de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) en asuntos de interés público que se efectúen sobre áreas pobladas (Ver texto).

Los RPAS: Remotely Piloted Aircraft System, comúnmente conocidos como drones, están cada vez más siendo utilizados en las ciudades para distintas actividades. Surge, entonces, la pregunta sobre el régimen de responsabilidad civil que se aplicaría en caso de que causen daños a terceros, por ejemplo si caen sobre bienes o personas o si obtienen imágenes no autorizadas o que violan la intimidad.

Hay que tener presente que no se aplican los arts. 155 y siguientes del Código Aeronáutico sobre responsabilidad civil del explotador de aeronaves por daños causados a terceros en la superficie, ya que el drone no puede ser calificado de aeronave según el concepto que de ella da el art. 27 de dicho Código como “vehículo apto para el traslado de personas o cosas”. Habrá que estarse, entonces, a régimen común del título XXXIII del Libro IV del Código Civil, teniendo en cuenta los deberes de cuidado que serán exigibles a los propietarios, operadores y pilotos a distancia de los drones.

La norma DAN 151, en este sentido, dispone que “Un operador durante la operación de un RPAS no podrá: (1) poner en riesgo la vida de las personas; (2) poner en riesgo la propiedad pública o privada; (3) violar los derechos de otras personas en su privacidad y su intimidad…” (151.101, letra g).

Lo más interesante de este cuerpo jurídico a este respecto es una norma que dispone que “Toda persona y/o entidad que desee realizar operaciones con RPAS” debe contar con una autorización de la Dirección General de Aeronáutica, y que para obtenerla debe presentar una “declaración jurada simple de responsabilidad solidaria”. Esta, añade la disposición, es necesaria solamente cuando hay más de una persona o entidad involucrada en la operación del drone, “ya sea como propietario, operador o contratante de servicios” (151.101, letra a). En un apéndice, se contiene un formulario tipo para hacer esta declaración. El formulario en su parte principal señala: “DECLARO/DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que asumo/asumimos solidariamente la responsabilidad civil o penal que pueda derivarse de la(s) operación(es) que se efectúen mediante la(s) aeronave(s) no tripulada(s) RPAS que se encuentran registradas en la DGAC bajo la(s) denominación(es) …….. cuyo propietario es …………”.

Sin duda la alusión a una “responsabilidad penal solidaria” es un error, porque tal responsabilidad no existe en nuestro ordenamiento jurídico. La declaración debe restringirse, por tanto, a la responsabilidad civil extracontractual.

Recordemos que nuestro Código Civil dispone que si un delito o cuasidelito es cometido por dos o más personas, cada una de ellas es responsable solidariamente de todo perjuicio (art. 2317). La solidaridad en este caso es impuesta por la ley, de modo que si se acredita la coautoría del ilícito civil toda estipulación voluntaria o convencional resulta irrelevante. Pero, ¿puede pactarse la solidaridad de la obligación de indemnizar perjuicios cuando se trata de casos en los que no se aplicaría la solidaridad legal porque se obligan personas que no pueden considerarse coautores del hecho dañoso?

Una primera cuestión es si cabe sujetar la responsabilidad civil extracontractual a este tipo de estipulaciones voluntarias. La doctrina se ha preocupado de la posibilidad de que rijan cláusulas modificatorias de responsabilidad en supuestos de responsabilidad aquiliana. Se señala que aunque sean raras, porque implica que los autores del daño hayan negociado previamente con sus víctimas, no deben excluirse para casos en los que eso puede suceder, por ejemplo, si una empresa constructora estipula sobre los daños que podrían causarse en las propiedades vecinas a aquella en la que pretende edificar. Hay consenso entre los autores en que estas cláusulas o pactos son válidos, salvo que contengan una exención de responsabilidad por dolo o culpa grave o que se trate de daños a bienes indisponibles. Si son admitidas las convenciones que limitan o exoneran de responsabilidad extracontractual, con mayor razón estarán permitidos aquellos pactos cuyo objetivo sea agravar dicha responsabilidad, imponiendo un grado de culpa más exigente, imponiendo una cláusula penal o excluyendo la eficacia del caso fortuito o de la fuerza mayor. Dado lo anterior, no parece que haya inconveniente para que se pacte una obligación solidaria entre varios interesados en la operación de un drone como una convención de agravación de la responsabilidad civil.

La segunda cuestión que nos plantea la declaración de la norma DAN 151 es la fuente de la solidaridad que se pretende establecer. Como sabemos, la solidaridad puede tener su fuente en la convención, el testamento o la ley (art. 1511 del Código Civil). Parece claro que no estamos frente, ni a una solidaridad testamentaria ni a una solidaridad legal. ¿Sería, entonces, una solidaridad convencional? La dificultad reside en que aquí la solidaridad aparece en un instrumento que es suscrito sólo por los eventuales deudores y no por los posibles acreedores, ya que no es posible determinar a las potenciales víctimas. Podría señalarse que se trata, en realidad, de una oferta irrevocable de contrato que se perfecciona cuando se determinan las personas dañadas y estas aceptan dicha oferta, aceptación que se producirá de manera tácita al demandarse la responsabilidad solidaria fundándose en el compromiso unilateral de solidaridad. Otra explicación sería que se trata de un contrato con persona por determinar, es decir, sujeto a la determinación de la otra parte.

Finalmente, queda la opción, quizás menos forzada que las anteriores, de aceptar como fuente de las obligaciones, al menos en ciertos casos, a la declaración unilateral de voluntad, sobre la base de que el art 1437 menciona como fuente de las obligaciones a un “hecho voluntario de la persona que se obliga…”. De esta forma, los que suscriben la declaración de solidaridad quedarían obligados desde el mismo momento en que manifiestan esa voluntad, si bien bajo la condición suspensiva de que se produzca el hecho ilícito extracontractual como parte de la operación y funcionamiento de un drone. En ese caso, podrá demandarse a cualquiera de los suscriptores de la declaración de responsabilidad solidaria por el total de los perjuicios, aunque no hayan sido coautores del delito o cuasidelito.