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Elecciones en el Opus Dei

22 enero, 2017

Ayer sábado 21 de enero de 2017, comenzó el proceso para elegir al sacerdote que, con el título de Prelado, tendrá la responsabilidad de dirigir el Opus Dei, luego del fallecimiento de Mons. Javier Echevarría el pasado 12 de diciembre de 2016. Esta institución de la Iglesia Católica, fundada en 1928, adquirió su forma jurídica definitiva al ser erigida, por el Papa Juan Pablo II, en Prelatura personal en 1982.

El Opus Dei es conocido y apreciado en nuestro país, desde que el ingeniero y sacerdote Adolfo Rodríguez arribara a Santiago en 1950 como respuesta a la petición que el Cardenal José María Caro hiciera al fundador, Josemaría Escrivá. Muchas iniciativas de apostolado, educación y servicio social han sido llevadas adelante por los fieles católicos, tanto sacerdotes como laicos, que integran la institución junto a otras personas, creyentes y no creyentes. Una de ellas es la Universidad de los Andes a la que la Prelatura, por un acuerdo entre ambas instituciones, garantiza la formacion cristiana y proporciona asistencia espiritual a quienes libremente lo soliciten. En 1993, la Universidad, para agradecer y de alguna manera simbolizar este vínculo de colaboración, nombró al entonces Prelado Mons. Álvaro del Portillo como Rector Honorario. El nombramiento se hizo extensivo a sus sucesores a la cabeza de la Prelatura. Por ello, quien finalmente resulte nominado como Prelado del Opus Dei, de pleno derecho pasará a tener el título de Rector Honorario de esta Universidad chilena.

Por ello, nos ha parecido conveniente comentar, desde el punto de vista jurídico, la provisión del cargo de Prelado en el Opus Dei. Las fuentes en las que se contienen las reglas aplicables son: los Estatutos de la Prelatura, llamado también Codex Iuris Particularis Operis Dei (Ver texto); enseguida, la Constitución Apostólica “Ut sit” de 28 de noviembre de 1982 por la que se erigió la Prelatura (Ver texto) y finalmente, como Derecho supletorio, el Código de Derecho Canónico (Codex Iuris Canonici, CIC), sobre todo en las normas generales que regulan la elección en los oficios eclesiásticos (cc. 164-179: ver texto en www.vatican.va).

Los requisitos que debe tener la persona para ser elegida son algunos de carácter objetivo y otros más cualitativos. Los objetivos son los siguientes: debe ser sacerdote de cuarenta años o más, hijo matrimonial, con cinco años de ejercicio sacerdotal y diez años al menos de permanencia en la Prelatura y ser miembro del Congreso General Electivo. Además se le exige tener un doctorado en ciencias eclesiásticas (Estatutos n. 131, 1 y 3). Las condiciones cualitativas son: destacar por su prudencia, piedad, amor ejemplar y obediencia a la Iglesia y su Magisterio, entrega al Opus Dei, caridad hacia los fieles de la Prelatura y celo hacia el prójimo (Estatutos n. 131, 2), y poseer una especial cultura, también profana, así como “las demás cualidades necesarias para ejercer el cargo” (Estatutos 131, 3).

El proceso de elección se desenvuelve en tres etapas que podríamos denominar: “Propuestas”, “Elección” y “Confirmación y nombramiento”. Cada una de ellas está a cargo de diversas autoridades; la primera corresponde al pleno de la Asesoría Central; la segunda al Congreso General Electivo y la tercera al Sumo Pontífice.

La Asesoría Central es el consejo que colabora con el Prelado en todo lo que tiene que ver con la sección femenina de la Prelatura. Integrado exclusivamente por mujeres, algunas permanecen en Roma, mientras que otras son delegadas de cada una de las regiones o circunscripciones territoriales donde la Prelatura ejerce sus labores apostólicas. Cuando se afirma que debe participar el pleno de la Asesoría, se expresa que deben ser convocadas tanto las integrantes que trabajan en la sede central como aquellas que son delegadas de cada región, y que deben viajar a la Ciudad eterna con este propósito.

El Congreso General Electivo se conforma con los llamados “congresistas”. Estos congresistas han sido nombrados, entre los fieles de las regiones en las que el Opus Dei ejerce su apostolado, con carácter vitalicio, por el o los anteriores Prelados. Los estatutos exige que sean nominados para esta función sacerdotes o varones laicos, de 32 años o más de edad e incorporados a la Prelatura desde al menos 9. La designación la hace el Prelado con el voto deliberativo de su Consejo General, previo informe de la Comisión Regional y de los congresistas, ya nombrados, de la respectiva región (Estatutos 130, 2). Cuando queda vacante el cargo de Prelado, por la muerte de quien lo desempeñaba, se conoce el número de congresistas que está habilitado para integrar el Congreso General Electivo. La mayor parte debe viajar a Roma desde sus respectivos países.

El proceso comienza con la etapa que hemos denominado “Propuestas”, y que está encomendada a las mujeres del Opus Dei, a través del pleno de la Asesoría Central. En una sesión que se realiza, después de una Misa del Espíritu Santo, se lee a las integrantes de dicho pleno los nombres de todos los sacerdotes que cumplen con los requisitos objetivos para ocupar el cargo. Luego cada una de ellas de manera individual y secreta escribe el o los nombres de aquellos sacerdotes que le parecen dignos y aptos, para el cargo en un papel que introduce en un sobre (Estatutos 130, 3 y 146). Los sobres conteniendo las propuestas se depositan en una urna que luego es trasladada al lugar de sesiones del Congreso Electivo.

El Congreso General Electivo se reúne oficialmente, también después de una Misa del Espíritu Santo, y como primera gestión se abren los sobres y se leen todas las propuestas de las integrantes de la Asesoría Central. Con ese antecedente, se procede a realizar la elección, en que cada congresista emite un voto libre y secreto (CIC c. 172). No se admite el sistema de “compromisarios” (Estatutos 130, 1), que es una forma por la cual uno o más electores le ceden su voto a otros (cfr. CIC cc. 174-175). Por ello, si alguno de los congresistas está ausente o impedido, nadie puede votar en su reemplazo.

Nada determinan los Estatutos sobre el quórum necesario para dar por realizada la elección. Nos parece –y aquí emitimos una opinión estrictamente personal­– que deberá aplicarse lo que dispone el canon 176 del Código de Derecho Canónico, el que a su vez se remite al canon 119 nº 1. Este último dispone: “cuando se trata de elecciones, tiene valor jurídico aquello que, hallándose presente la mayoría de los que deben ser convocados, se aprueba por mayoría absoluta de los presentes…”. Vemos que la norma determina dos tipos de quórums: uno para que la sesión electoral sea válida, y otro para que se estime realizada la elección. De esta forma, para que el Congreso electivo se constituya en sesión válida debe hallarse presente la mayoría (la mitad más uno) de los que tenían derecho a participar y que, por tanto, han sido convocados. Si hay sesión válida, se entiende elegido como Prelado al sacerdote sobre el que recaiga la mayoría absoluta (la mitad más uno) de los votos de los congresistas asistentes.

Obtenido el quórum para ser elegido, quien preside la sesión debe preguntarle al sacerdote electo si acepta el cargo. Con la respuesta afirmativa, el elegido, por sí mismo o por un delegado suyo, debe pedir al Romano Pontífice que confirme la elección (Estatutos 130, 4; Ut sit, IV). El Santo Padre es libre de confirmar o no. Obviamente en caso de rechazo, se deberá proceder a una nueva elección. Si, por el contrario, el Papa confirma se completa el nombramiento y desde ese mismo momento el confirmado es el Prelado de la Prelatura del Opus Dei y cuenta con la plenitud de su potestad. En los días siguientes, el nuevo Prelado deberá proveer todos los demás cargos y oficios en la Prelatura, ya sea confirmando a quienes los estaban desempeñando o reemplazándolos por otros.

El Congreso electivo en esta ocasión está previsto para el lunes 23 de enero, pero no es posible anticipar el tiempo en que se conocerá el nombre del nuevo Prelado, que dependerá, además de los escrutinios del Congreso, del tiempo que demore el Santo Padre en otorgar su confirmación.

En cualquier caso, la visión sobrenatural que proporciona la fe y que supera el instrumento humano que son las leyes positivas, permite confiar en que la persona nominada, con la oración y la colaboración de los miembros de la Prelatura, cumplirá ese deseo que se expresa en los Estatutos: “Sit ergo omnibus Praelaturae fidelibus magister atque Pater, qui omnes in visceribus Christi vere diligat, omnes effusa caritate erudiat atque foveat, pro omnibus impendatur et superimpendatur libenter”/ “Sea para todos los fieles de la Prelatura maestro y Padre, que de verdad ame a todos en las entrañas de Cristo, forme y aliente a todos con su desbordante caridad; gustosamente se gaste y se desgaste por todos”.

Declaro renuntiare

17 febrero, 2013

Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum ese”(“Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice”). Estas palabras del Papa Benedicto XVI dichas, sin previo anuncio, en el consistorio de cardenales del día 11 de febrero de 2013, provocaron una conmoción sin precedentes en el ámbito católico e impactaron en todo el mundo. La noticia ha sido inesperada, a pesar de que durante el pontificado de Juan Pablo II varias veces se especuló sobre una posible dimisión. Pero lo cierto, es que desde la salida de Celestino V, en 1294, a los pocos meses de ser elegido Papa, ningún Romano Pontífice había tomado una resolución como ésta.

Así y todo la renuncia al ministerio petrino es un acto expresamente contemplado por el Derecho de la Iglesia. El canon 332 § 2 del Código de Derecho Canónico dispone que “Si el Romano Pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie” (ver texto completo). Se comprende, entonces, que Benedicto XVI haya manifestado su voluntad en un consistorio de cardenales, haciendo uso de la lengua oficial de la Iglesia: el latín y que en su declaración haya enfatizado que dimitía siendo consciente de la seriedad del acto y con plena libertad. También se entiende que no haya pedido que la renuncia le fuera aceptada por los cardenales reunidos o por otra autoridad eclesiástica, porque la norma señala que la renuncia es acto de la potestad suprema del Papa que surte efectos por sí mismo, sin necesidad de aceptación. Lo único singular es que se haya diferido el tiempo en que la renuncia tendría efectos (28 de febrero de 2013 a las 20:00 horas), pero no puede considerarse esto como irregular, primero porque la norma canónica no lo prohíbe y, además, dado que parece más que prudente que se conceda un tiempo para preparar todo lo referido a la sede vacante y a la elección de un nuevo pontífice.

Otra cosa que debe aclararse es a qué renuncia específicamente Benedicto XVI. La renuncia va dirigida directamente no a la calidad de Papa o Romano Pontífice, sino al “ministerio de Obispo de Roma”. Y esto se explica porque la calidad de Romano Pontífice, (que es la denominación jurídica del oficio), se deriva de ser sucesor del apóstol Pedro en la sede episcopal de Roma: “El Obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los Apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del Colegio de los Obispos, Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra”, dice el canon 331 del Código de Derecho Canónico. Por eso, no se darán los problemas que algunos han creído ver por la supuesta coexistencia de “dos Papas”. Cuando sea elegido el nuevo Romano Pontífice, sólo habrá un Obispo de Roma y, por tanto, un único y exclusivo Santo Padre. Por eso, se prevé que si el elegido no es obispo, debe ser inmediatamente consagrado como tal (Constitución Apostólica Universi Domini Gregis, nº 88 § 2: ver texto).

Benedicto XVI seguirá siendo obispo (porque el episcopado es un grado del sacramento del orden sacerdotal), aunque sin jurisdicción, como sucede con todos los obispos que renuncian a su sede y pasan al estado de dimisionario (aunque usualmente se les llama eméritos). Se aplicará, nos parece, el canon 402 del Código de Derecho Canónico que establece que el Obispo renunciado “conserva el título de Obispo dimisionario de su diócesis, y, si lo desea, puede continuar residiendo en ella, a no ser que en casos determinados por circunstancias especiales la Sede Apostólica provea de otra manera”. El mismo canon dispone que será la Conferencia Episcopal quien debe cuidar de que se disponga lo necesario para su conveniente y digna sustentación, “teniendo en cuenta que la obligación principal recae sobre la misma diócesis a la que sirvió”. Como en este caso, el Santo Padre no sólo sirvió a la diócesis de Roma sino a la Santa Sede y a toda la Iglesia Universal, lo más lógico es que su sustentación sea proveída por la misma Sede Apostólica.

Una última reflexión, esta ya de carácter más eclesiológica que jurídica: la renuncia de Benedicto XVI no puede dejar de ser contrastada con la no renuncia de Juan Pablo II. Este último, cuando le sugerían que por sus dolencias y deterioro físico podía renunciar, solía decir: “Si Cristo no se bajó de la Cruz, yo tampoco”. Ante esta diversidad de actitudes, algunos pueden criticar a Benedicto por no haber tenido la fortaleza y la confianza en la ayuda divina para seguir en el cargo, como el Papa polaco, hasta la última agonía. Pero otros, retrospectivamente critican ahora la opción de Juan Pablo II que por una especie de misticismo providencialista privó a la Iglesia de un auténtico gobierno durante sus últimos años; lo sensato y realista hubiera sido que dimitiera como lo ha hecho Ratzinger, y ésta sería la pauta para los futuros pontífices.

Muy personalmente, pensamos que, aparte de que las circunstancias que se concurrieron en cada caso no son idénticas, la diferencia de criterio es una saludable muestra de la diversidad y pluralismo que existe, y debe existir, en la Iglesia Católica en todo lo que no está definido como materia de fe y doctrina. No puede decirse, en consecuencia, que una de las dos actitudes sea más o menos cristiana que la otra. Ambos pontífices tomaron una decisión buscando hacer, con su personal e intransferible libertad y responsabilidad, lo que veían que Dios les pedía en servicio de la Iglesia y de los fieles. Y justamente en eso está el llevar la cruz de Cristo y no bajarse de ella. El Papa que está por venir, y sus sucesores, tendrán también que tomar una decisión en uno u otro sentido, sabiendo que lo importante no es lo que el Papa quiere, sino lo que Dios quiere de él.