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“Tú, el de la camisa azul…”

23 abril, 2017

El alcalde de la Municipalidad de las Condes, Joaquín Lavín, anunció que la próxima semana se comenzarán a utilizar drones para vigilar algunos lugares públicos de la comuna, con la particularidad de que estarán provistos de parlantes por medio de los cuales el operador podrá dar avisos a posibles infractores. El mismo Alcalde hizo una demostración mediante un video que muesta cómo un dron parece hablar con su voz y dice: “A la persona que está bebiendo alcohol, el de camiza azul, le pido que se retire; si no se retira en cinco minutos llegarán inspectores municipales y carabineros; el de camisa azul, no se puede beber alcohol en esta plaza, última advertencia”: ver video

El anuncio causó sorpresa y fue tomado en forma jocosa por algunos medios, pero la verdad es que el tema del uso de drones privados y públicos lleva ya tiempo suscitando complejas cuestiones jurídicas en países desarrollados. En Estados Unidos se incorpora a los drones y otros mecanismos que vuelan sin tripulación, y se habla en forma amplia de “Unmanned Aerial Vehicles” (UAV): vehículos aéreos no tripulados, o también de Remotely Piloted Aircrafts (RPA): aeronaves piloteada remotamente. Uno de los problemas más frecuentes que se están dando se refiere a la utilización de este tipo de artefactos por la policía o por la autoridad que invoca razones de seguridad pública para disponer drones con cámaras que puedan monitorear lugares públicos o alguna actividad que convoca a mucha gente en centros públicos: un concierto, un desfile, una manifestación política, una maratón, etc. También este tipo de drones pueden ayudar para tomar medidas en caso de un accidente o para encontrar personas que se han extraviado.

Se podría pensar que en tanto la aereovigilancia se limite a lugares o espacios de carácter público no habría problemas en cuanto a la tutela del derecho a la intimidad o vida privada de las personas, ya que ésta no existiría en tales ámbitos. No es así. Incluso en los espacios públicos las personas necesitan que se les garantice una razonable expectativa de privacidad que les permita interactuar sin la amenaza de que sus palabras, gestos o comportamientos sean difundidos y dados a conocer a una gama indeterminada de individuos. Hace ya varios años un recurso de protección presentado contra un diario que había publicado una fotografía de una joven en bikini tomando el sol en la playa sin su consentimiento, fue desechado por cuanto se consideró que al estar en un lugar público la afectada no habría considerado su exposición como parte de su vida privada (C. Santiago 1 de agosto de 1989, confirmada por C. Sup. 16 de agosto de 1989, en RDJ 1990, p. 126). La sentencia mereció fuertes críticas, y unos años más tarde en otro caso similar la Corte cambió de parecer y correctamente determinó que el hecho de estar la joven en traje de baño en una playa no puede considerarse consentimiento para la divulgación masiva de ese hecho por medio de una foto suya en la portada de un diario de circulación nacional (C. Santiago 8 de septiembre de 1997, confirmada por C. Sup. 17 de noviembre de 1997).

De esta manera las personas que transitan por una calle o los que acuden a un parque o plaza pública tienen derecho a que sus conversaciones y actos no sean observables más que por aquellos que están en sus proximidades. Sin embargo, es cierto que esa legítima expectativa de privacidad es sustancialmente menor que la que se puede tener en un recinto privado y además puede ser limitada por un objetivo de interés público, como puede ser justamente la seguridad ciudadana y la prevención del delito.

Es lo mismo que se planteó el año pasado en el caso de los globos aereostáticos con cámaras de videovigilancia por cuya instalación las Municipalidades de Lo Barnechea y Las Condes fueron objeto de recursos de protección interpuestos por vecinos que alegaban que se violaba su derecho a la vida privada. La Corte de Apelaciones de Santiago dio la razón a los vecinos y ordenó el retiro de los globos. La Corte Suprema, en cambio, revocó los fallos y posibilitó, bajo ciertas restricciones la operatividad de los globos: “el incremento de la video-vigilancia en tales lugares [espacios públicos] – dice la sentencia en el caso de la Municipalidad de Las Condes– debe admitirse como una forma de mejorar la prevención y persecución de hechos delictivos, reduciendo las ocasiones en las se comete un delito sin ser descubierto y consiguiendo rapidez de actuación por parte de la policía y como eventual prueba en un proceso penal. Se trata de una reacción lógica de la sociedad ante determinados fenómenos delictivos” (C. Sup. 1 de junio de 2016, rol Nº 18.458-2016, cons. 11º). Pero, y aunque el tenor del fallo podría desprenderse lo contrario, la Corte también advierte que hay riegos de vulneraciones ilegítimas a la intimidad también en dichos lugares y condiciona las cámaras, además de que sólo capten imágenes en lugares públicos o recintos privados abiertos cuando se trate del seguimiento de un hecho ilícito, a que un inspector o delegado municipal certifique, al menos una vez al mes, que no se hayan tomado imágenes de recintos particulares; a que todas las imágenes recolectadas sean destruidas después de 30 días, salvo que hayan captado un hecho ilícito caso en el que la Municipalidad debe entregarlos a la autoridad competente y que se disponga la posibilidad de todo ciudadano de acceder a las imágenes en que hubiera sido presumiblemente grabado.

Pensamos que estas medidas deberían ser aplicadas a estos drones patrulleros, en lo posible con una regulación oficial por parte de las Municipalidades o del Ministerio del Interior, mientras no sea posible una normativa legal. Hay que recordar que en nuestro país la única regulación que existe es una Resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil de 2 de abril de 2015 (DNA 251), que sólo da reglas sobre las características de los drones y de la certificación de sus operadores y señala de un modo muy genérico que el operador no podrá “violar los derechos de otras personas en su privacidad o intimidad” (art. 151.101, letra g, nº 3: Ver texto).

Por otro lado, sería conveniente que se anunciara de manera visible que el lugar respectivo está provisto de un sistema de drones parlantes para que los ciudadanos puedan evitar adoptar comportamientos que, incluso siendo lícitos, no desean que sean grabados por cámaras de vigilancia y ser materia de revisión por funcionarios municipales. Los operadores responsables deberían también ser muy prudentes a la hora de utilizar los parlantes de los drones para hacer amenazas o advertencias personalizadas a las personas que puedan estigmatizarlas innecesariamente ya que el alto sonido de los parlantes hará que todos los circundantes dirijan su atención hacia quien está siendo interperlado. Habrá que ser muy cuidadoso porque, además, si admonición es errónea (por ejemplo, si el individuo de camisa azul del ejemplo del alcalde, no estaba tomando alcohol sino limonada en una botella de cerveza) hará incurrir a la institución municipal en responsabilidad civil por vulneración no sólo de la vida privada sino de la honra de las personas.

En este sentido, nos parece que el ejemplo con el que el alcalde Lavín dio a conocer el inicio de la videovigilancia con drones, no fue el más afortunado.

Drones, responsabilidad civil y solidaridad

19 abril, 2015

Con fecha 2 de abril de 2015, la Dirección General de Aeronáutica Civil dictó la Resolución 119, por la que aprobó la norma técnica aeronáutica DAN 151 que regula las operaciones de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) en asuntos de interés público que se efectúen sobre áreas pobladas (Ver texto).

Los RPAS: Remotely Piloted Aircraft System, comúnmente conocidos como drones, están cada vez más siendo utilizados en las ciudades para distintas actividades. Surge, entonces, la pregunta sobre el régimen de responsabilidad civil que se aplicaría en caso de que causen daños a terceros, por ejemplo si caen sobre bienes o personas o si obtienen imágenes no autorizadas o que violan la intimidad.

Hay que tener presente que no se aplican los arts. 155 y siguientes del Código Aeronáutico sobre responsabilidad civil del explotador de aeronaves por daños causados a terceros en la superficie, ya que el drone no puede ser calificado de aeronave según el concepto que de ella da el art. 27 de dicho Código como “vehículo apto para el traslado de personas o cosas”. Habrá que estarse, entonces, a régimen común del título XXXIII del Libro IV del Código Civil, teniendo en cuenta los deberes de cuidado que serán exigibles a los propietarios, operadores y pilotos a distancia de los drones.

La norma DAN 151, en este sentido, dispone que “Un operador durante la operación de un RPAS no podrá: (1) poner en riesgo la vida de las personas; (2) poner en riesgo la propiedad pública o privada; (3) violar los derechos de otras personas en su privacidad y su intimidad…” (151.101, letra g).

Lo más interesante de este cuerpo jurídico a este respecto es una norma que dispone que “Toda persona y/o entidad que desee realizar operaciones con RPAS” debe contar con una autorización de la Dirección General de Aeronáutica, y que para obtenerla debe presentar una “declaración jurada simple de responsabilidad solidaria”. Esta, añade la disposición, es necesaria solamente cuando hay más de una persona o entidad involucrada en la operación del drone, “ya sea como propietario, operador o contratante de servicios” (151.101, letra a). En un apéndice, se contiene un formulario tipo para hacer esta declaración. El formulario en su parte principal señala: “DECLARO/DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que asumo/asumimos solidariamente la responsabilidad civil o penal que pueda derivarse de la(s) operación(es) que se efectúen mediante la(s) aeronave(s) no tripulada(s) RPAS que se encuentran registradas en la DGAC bajo la(s) denominación(es) …….. cuyo propietario es …………”.

Sin duda la alusión a una “responsabilidad penal solidaria” es un error, porque tal responsabilidad no existe en nuestro ordenamiento jurídico. La declaración debe restringirse, por tanto, a la responsabilidad civil extracontractual.

Recordemos que nuestro Código Civil dispone que si un delito o cuasidelito es cometido por dos o más personas, cada una de ellas es responsable solidariamente de todo perjuicio (art. 2317). La solidaridad en este caso es impuesta por la ley, de modo que si se acredita la coautoría del ilícito civil toda estipulación voluntaria o convencional resulta irrelevante. Pero, ¿puede pactarse la solidaridad de la obligación de indemnizar perjuicios cuando se trata de casos en los que no se aplicaría la solidaridad legal porque se obligan personas que no pueden considerarse coautores del hecho dañoso?

Una primera cuestión es si cabe sujetar la responsabilidad civil extracontractual a este tipo de estipulaciones voluntarias. La doctrina se ha preocupado de la posibilidad de que rijan cláusulas modificatorias de responsabilidad en supuestos de responsabilidad aquiliana. Se señala que aunque sean raras, porque implica que los autores del daño hayan negociado previamente con sus víctimas, no deben excluirse para casos en los que eso puede suceder, por ejemplo, si una empresa constructora estipula sobre los daños que podrían causarse en las propiedades vecinas a aquella en la que pretende edificar. Hay consenso entre los autores en que estas cláusulas o pactos son válidos, salvo que contengan una exención de responsabilidad por dolo o culpa grave o que se trate de daños a bienes indisponibles. Si son admitidas las convenciones que limitan o exoneran de responsabilidad extracontractual, con mayor razón estarán permitidos aquellos pactos cuyo objetivo sea agravar dicha responsabilidad, imponiendo un grado de culpa más exigente, imponiendo una cláusula penal o excluyendo la eficacia del caso fortuito o de la fuerza mayor. Dado lo anterior, no parece que haya inconveniente para que se pacte una obligación solidaria entre varios interesados en la operación de un drone como una convención de agravación de la responsabilidad civil.

La segunda cuestión que nos plantea la declaración de la norma DAN 151 es la fuente de la solidaridad que se pretende establecer. Como sabemos, la solidaridad puede tener su fuente en la convención, el testamento o la ley (art. 1511 del Código Civil). Parece claro que no estamos frente, ni a una solidaridad testamentaria ni a una solidaridad legal. ¿Sería, entonces, una solidaridad convencional? La dificultad reside en que aquí la solidaridad aparece en un instrumento que es suscrito sólo por los eventuales deudores y no por los posibles acreedores, ya que no es posible determinar a las potenciales víctimas. Podría señalarse que se trata, en realidad, de una oferta irrevocable de contrato que se perfecciona cuando se determinan las personas dañadas y estas aceptan dicha oferta, aceptación que se producirá de manera tácita al demandarse la responsabilidad solidaria fundándose en el compromiso unilateral de solidaridad. Otra explicación sería que se trata de un contrato con persona por determinar, es decir, sujeto a la determinación de la otra parte.

Finalmente, queda la opción, quizás menos forzada que las anteriores, de aceptar como fuente de las obligaciones, al menos en ciertos casos, a la declaración unilateral de voluntad, sobre la base de que el art 1437 menciona como fuente de las obligaciones a un “hecho voluntario de la persona que se obliga…”. De esta forma, los que suscriben la declaración de solidaridad quedarían obligados desde el mismo momento en que manifiestan esa voluntad, si bien bajo la condición suspensiva de que se produzca el hecho ilícito extracontractual como parte de la operación y funcionamiento de un drone. En ese caso, podrá demandarse a cualquiera de los suscriptores de la declaración de responsabilidad solidaria por el total de los perjuicios, aunque no hayan sido coautores del delito o cuasidelito.