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El Supertanker y la estipulación a favor de tercero

29 enero, 2017

En esta semana en la que los incendios han hecho estragos en gran parte del centro y sur del país, un episodio curioso llamó la atención de la opinión pública originando polémica. Una chilena, Lucy Ana Avilés, casada con un estadounidense de la familia Walton dueña de la cadena de supermercados Walmart, ofreció a las autoridades un avión especializado en el combate de incendios forestales: el Supertanker, un boeing 747-400, de la empresa Global SuperTanker Services, LLC, con sede en Colorado. Después de un criticado rechazo, la Corporación Nacional Forestal, Conaf, aceptó el arribo al país del avión. Con gran expectación la enorme aeronave, capaz de transportar 72.000 litros de agua, se posó en la pista del Aeropuerto Merino Benítez en las primeras horas del miércoles 25 de enero, y rápidamente comenzó a operar.

Los medios hablaron de que se trataba de una donación, de la donación de un avión, de la donación de los servicios del avión. Luego se fueron entregando antecedentes que aclararon un poco más la gestión. Lucy Avilés, a través de la fundación Vientos del Sur, con domicilio en Chile, y constituida por ella para fines filantrópicos, contrató a la empresa propietaria del avión para que lo pusiera a disposición de los organismos públicos chilenos, haciéndose cargo del costo de estos servicios, hasta el monto de 2 millones de dólares, lo que daría para su funcionamiento por unos 5 o 6 días.

Con estos datos, uno podría conjeturar que estamos frente a una hipótesis de una estipulación a favor de otro que, contrariando los precedentes romanos (alteri stipulari nemo potest), nuestro codificador aceptó ampliamente en el art. 1449 del Código Civil. Según esta norma, “cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él”. El inciso segundo aclara que “Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato”.

En principio, se trata de un contrato entre dos personas: el estipulante y el promitente, pero que, contra la regla del efecto relativo del acuerdo contractual, va conferir un derecho a un tercero que no ha participado en el acuerdo: el “beneficiario”. El estipulante es la persona que, sin tener la representación del beneficiario, conviene con el promitente para que éste se obligue a favor de aquél. El promitente es quien se compromete a atribuir ese derecho, no para su contraparte (el estipulante), sino para con el tercero beneficiario. Para que la figura se consolide es necesaria la aceptación expresa o tácita de este último.

Contra lo que puede parecer, la estipulación a favor de terceros tiene frecuente aplicación. El seguro de vida ha sido siempre aludido como uno de los ejemplos clásicos: aquí el tomador del seguro es el estipulante mientras la aseguradora es la promitente. La convención en esencia señala que para el caso de la muerte del tomador la indemnización se pagará a un tercero (el cónyuge, un pariente) designado en el mismo seguro. Obviamente la Compañía de seguros la pagará en virtud de la prima que le paga el asegurado o tomador. También se observa en las compraventas de bienes que hace una persona pero para otra: por ejemplo, el padre compra una casa pero señala en la escritura que lo hace para la hija. Aquí el estipulante, es el padre; el promitente, el vendedor de la casa y la tercera beneficiaria, la hija. ¿Por qué el padre ha comprado la casa a favor de su hija? Puede ser sencillamente por ánimo de liberalidad, gratuitamente, o porque la hija ha quedado de reembolsarle el precio o el padre le debía esos dineros a la hija y de este modo se los tiene por pagados, casos, estos últimos, en los que existe una causa onerosa.

Con estos elementos, podemos volver al ejemplo del Supertanker. En el caso, y según las noticias que se han hecho públicas, la estipulante no ha sido directamente doña Lucy, sino la fundación Vientos del Sur. Otra cosa es cómo la Sra. Avilés transferirá los dos millones de dólares a esa fundación para que pueda pagar los servicios del avión. La promitente es la empresa dueña del avión, Global SuperTanker Services, LLC. ¿Y quién desempeña el papel de tercero beneficiario? Claramente es la persona jurídica de derecho público, Estado de Chile. De esta manera la fundación Vientos del Sur arrienda el avión con la tripulación y el equipamiento necesario para que pueda operar, se compromete a pagar dichos servicios, pero no en beneficio propio sino a favor de un tercero, del cual no tiene la representación: el Estado chileno. El Estado puede aceptar expresa o tácitamente la estipulación que se ha hecho en su favor. En el caso, podemos asegurar que si no ha habido una aceptación expresa de parte de las autoridades que pueden representarlo extrajudicialmente, hay sí una aceptación tácita. Todos los actos realizados para autorizar la llegada de la aeronave al territorio y luego para permitir su operación en contra de los incendios, constituyen actos “que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato” (art. 1449 inc. 2º CC).

¿Esto significa que el Estado de Chile ha aceptado incorporarse como parte del acuerdo contractual entre Vientos del Sur y Global SuperTanker Services, LLC? La cuestión tiene importancia porque si fuera parte podría pedir la resolución del contrato con indemnización de perjuicios en caso de incumplimiento de la promitente. También la promitente podría alegar responsabilidad contractual del Estado en caso de algún incumplimiento en el pago o si el avión sufre algún daño imputable al Estado de Chile.

La doctrina para responder estas interrogantes ha ensayado diversas fórmulas que intentan explicar por qué un tercero puede adquirir un derecho por el acuerdo que hacen dos personas que le son ajenas. Una de ellas, la más simple, es la que considera que el contrato entre estipulante y promitente no es más que una oferta (plurilateral) hacia el tercero, de modo que si éste acepta está aceptando todo el contrato y ha entrado a ser parte de dicho acuerdo. Esta teoría permite salvar el principio del efecto relativo de los contratos, ya que entonces el beneficiario para adquirir el derecho debe ser parte del contrato y dejar de ser un tercero. Sin embargo, la teoría de la oferta ha sido rechazada por la mayor parte de la doctrina justamente porque viene a negar toda virtualidad a la estipulación a favor de otro; si estuviéramos frente a una mera oferta no habría sido necesario establecer expresamente su eficacia. Otras teorías como la de la agencia oficiosa y la de la declaración unilateral de voluntad tampoco han ganado aceptación. Frente a esto se señala que lo que hay aquí es justamente una excepción al efecto relativo del contrato por el cual éste hace surgir directamente un derecho en el patrimonio de un tercero (teoría de la adquisición directa).

Siguiendo esta última teoría, el Estado de Chile habría adquirido el derecho a ocupar el avión desde el mismo momento en que se celebró el contrato entre la fundación Vientos del Sur y Global SuperTanker Services, LLC. La aceptación sólo hace irrevocable dicho contrato y por tanto consolida la adquisición, pero no implica que se incorpore como parte del contrato. Por ello, sólo puede exigir su cumplimiento, pero no su resolución.

Finalmente, digamos que hay algo de razón en que los medios hablen de donación en este caso porque la Fundación estipulante se obliga a financiar el costo de la operación del Supertanker por un acto de mera liberalidad o beneficencia, y sin que espere pedir el reembolso de la suma por parte del Estado. Surge, entonces, el problema de si en estos casos debe calificarse la estipulación en favor de tercero como una donación entre el estipulante (donante) y el beneficiario (donatario). En nuestro caso, entre la Fundación y el Estado. La jurisprudencia en este punto ha sido vacilante: así, mientras la Corte de Apelaciones de Rancagua, por sentencia de 23 de abril de 2012, rol Nº 1177–2011, determinó que si un padre compra un inmueble en favor de algunos de sus hijos no reconocidos, debe considerarse que se trata de una donación sujeta a la acción de inoficiosa donación, por lo que si es excesiva debe restituirse el exceso. En cambio, la Corte Suprema, por sentencia de 27 de abril de 2007, rol Nº N° 2039-05, respecto de una compra de un inmueble que hizo el marido en favor de su mujer juzgó que, al ser estipulación en favor de tercero, no se trataba de una donación y no estaba sujeta a las reglas que regulan la donación entre cónyuges. El fallo, sin embargo, da cuenta de que el Ministro Sergio Muñoz fue del parecer de que, aunque formalmente no había donación, el resultado obtenido era el mismo y por tanto debían aplicarse dichas reglas.

Es cierto que la figura de la estipulación a favor de otro es ajena a la estructura formal de la donación, tal como es definida en el art. 1386 del Código Civil, ya que no hay convención entre estipulante y beneficiario ni tampoco los bienes o derechos adquiridos por el beneficiario han sido transferidos desde el patrimonio del estipulante. No obstante, si beneficiario adquirió el derecho de la estipulación de manera gratuita y por pura liberalidad o beneficencia del estipulante, estaríamos ante una liberalidad entre vivos que, aunque no siendo donación, puede estar sujeta a algunas de las limitaciones o restricciones que se imponen a este tipo de actos. Algunos autores extranjeros ubican este caso –estipulación en favor de tercero a título gratuito– como un supuesto de liberalidad entre vivos que llaman “donación indirecta”.

En cualquier caso, como dejó escrito, el profesor René Ramos el carácter gratuito de la estipulación a favor de tercero, debe ser suficientemente probado, ya que también en estos supuestos debe regir la regla del art. 1393 del Código Civil que señala que la donación no se presume (Ver texto).

De acuerdo a los antecedentes con que contamos, en el caso del Supertanker estaríamos frente a una liberalidad no donativa entre la Fundación estipulante y el Estado de Chile. Esta calificación podrá servir para evitar que se le aplique el impuesto a las donaciones que se regula en la ley Nº 16.271, de 1965, sin tener que recurrir a interpretar los casos de exenciones que se contienen en el art. 18 de la referida ley o en otras leyes que favorecen donaciones con fines sociales. Por último, si se estimara que la liberalidad está sujeta al impuesto a las donaciones, el pago le correspondería al mismo Estado (art. 52 ley 16.271), lo que implicaría un absurdo.