Posted tagged ‘tsunami’

¿Interrumpe la prescripción la demanda ante tribunal incompetente?

30 julio, 2017

Muchos aspectos interesantes de analizar contiene la sentencia de la tercera sala de la Corte Suprema de 27 de julio de 2017, rol Nº 68.818-2016, por la cual rechazó el recurso de casación en el fondo presentado por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que lo condenó a indemnizar a las hijas de una trabajador fallecido a consecuencias del tsunami posterior al terremoto del 27 de febrero de 2010. Se examina el concepto de falta de servicio, la irresistibilidad del caso fortuito, la relación de causalidad entre la conducta ilícita y el daño, los hechos notorios y la acreditación del daño moral. Nos interesa comentar en esta ocasión un aspecto quizás menos sustantivo pero que fue lo que dividió la votación de los jueces que conformaron la sala: la consideración de si la acción estaba o no extinguida por la prescripción (Ver texto).

Una primera discrepancia que se observa en la sentencia se refiere a si la acción de responsabilidad civil contra la Administración del Estado por falta de servicio prevista en el art. 42 de la ley Nº 18.175, está sujeta a la prescripción extintiva. Cuatro de los jueces están de acuerdo en que, en ausencia de disposiciones especiales, debe aplicarse el art. 2332 del Código Civil que establece un plazo de cuatro años para interponer la acción por responsabilidad extracontractual. El Ministro Sergio Muñoz discrepa, y en una prevención al fallo, insiste en la tesis de que el Código Civil no puede aplicarse al Derecho público, por lo que la acción de responsabilidad civil por daños causados por el Estado debería considerarse imprescriptible.

Los cuatro integrantes de la sala, si bien concuerdan en la aplicación de la prescripción del art. 2332 del Código Civil, difieren respecto a si fue interrumpida civilmente o no por la demanda de las actoras. La controversia se produce porque hubo en primer lugar una demanda que se interpuso ante un tribunal que más tarde fue declarado incompetente por la Corte de Apelaciones, por lo que hubo que deducirse nuevamente ante otro tribunal. La primera demanda, interpuesta ante el Primer Juzgado Civil de Talcahuano, fue notificada el día 7 de febrero de 2014 (es decir, antes de que vencieran los cuatro años desde el tsunami que causó la muerte al padre de las demandantes). El Fisco opuso la excepción dilatoria de incompetencia invocando los arts. 48 y 134 del Código Orgánico de Tribunales. Ante el rechazo de la excepción, el Fisco apela y la Corte le da la razón por entender que por la calidad del demandado el juicio debía ser conocido por un tribunal de asiento de Corte, y por tanto la competencia correspondía a un juzgado civil de la ciudad de Concepción. La resolución de la Corte se dictó el 2 de diciembre de 2014. Las demandantes interpusieron un libelo del mismo tenor ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción, que fue notificado el 14 de enero de 2015, es decir, excedido el plazo de cuatro años desde la ocurrencia del daño. El problema, entonces, se plantea sobre la virtud que tendría la primera demanda, notificada dentro del plazo de cuatro años del art. 2332, para configurar una interrupción civil de la prescripción, lo que exige una interpretación de los arts. 2518 y 2503 Nº 1 del Código Civil.

El art. 2518 dispone que “La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. – Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente. –Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvos los casos enumerados en el artículo 2503”. Por su parte, el art. 2503 señala que “Sólo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción; y ni aun él en los casos siguientes: 1º. Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal…”.

La ministra María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Álvaro Quintanilla estiman que si la demanda fue interpuesta ante un tribunal incompetente, su notificación no ha sido hecha “en forma legal”, ya que esta expresión exige que la notificación sea hecha “con sujeción a la ley procesal de manera que permita trabar debidamente la litis, circunstancia que no se verifica cuando el libelo pretensor ha sido presentado ante un tribunal incompetente, cual aconteció en este caso”. El Ministro Manuel Valderrama y el abogado integrante Jaime Rodríguez sostienen la tesis contraria, a la que adhiere el Ministro Sergio Muñoz, consiguiéndose así la mayoría para hacer fallo.

Los principales argumentos de esta posición son los siguientes:

1º) La prescripción busca la seguridad y la estabilidad de las relaciones jurídicas, pero contemplando por el lado opuesto a las personas de mala fe, deudores poco honestos o inescrupulosos (con. 13º).

2º) La interrupción civil de la prescripción contemplada en el art. 2518 es aplicable a la prescripción del art. 2332, pero debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia ha estimado que la expresión “demanda judicial” debe entenderse en sentido amplio como “cualquier gestión en la cual el acreedor pone en juego la facultad jurisdiccional para obtener o proteger su derecho” (cons. 15º).

3º) Al contener la demanda que fue tramitada, las mismas peticiones de la interpuesta en primer lugar, debe entenderse que las actoras manifestaron oportunamente su voluntad de no resignar su derecho a la indemnización, y que con ella desapareció la inactividad que funda la prescripción (cons. 16º).

4º) La excepción del Nº 1 del art. 2503 debe interpretarse restrictivamente, por lo que no cabe aplicarlo a un caso como éste en que ya por la primera demanda se trabó la litis con el Fisco, debiéndose la modificación de tribunal a una circunstancia especial que rige para ese demandado y no a negligencia de las demandantes ni a hechos que les son imputables. No corresponde aplicar, así, la sanción que es la prescripción (cons. 16º).

La verdad es que la posibilidad de que la demanda interpuesta ante tribunal incompetente tenga la eficacia para interrumpir civilmente la prescripción no es una novedad en nuestro Derecho. La unanimidad de los autores que han tratado el tema, entre los cuales pueden mencionarse a Somarriva, Alessandri, Meza Barros, Luz Bulnes, Domínguez Benavente y Barros Errázuriz, concuerdan en que esta es la mejor y más razonable interpretación de los arts. 2518 y 2503. En el último tiempo, esta doctrina ha recibido el refuerzo de la monografía de Ramón Domínguez Águila, La prescripción extintiva (Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004). En ella se observan razones similares a las contenidas en el fallo que comentamos, como que “No debe olvidarse que uno de los fundamentos de la prescripción es el abandono, la negligencia de la persona contra la cual se prescribe, y uno de los principios de la interrupción, es que el acreedor rompe dicha negligencia y exige su derecho… “ y que “Estos principios están presentes… en la demanda ante tribunal incompetente” (p. 257). Siguiendo a la doctrina italiana, Domínguez sostiene que la notificación de la demanda aunque sea ante tribunal incompetente permite la expresión de voluntad del acreedor de exigir su derecho y que ésta sea conocida por el deudor: “La prescripción es cuestión substantiva y no procesal, lo que interesa es que la demanda es un medio de expresión de la voluntad del acreedor de salir de su pasividad y es por ello que la ley le confiere efecto interruptivo, de forma que la incompetencia del tribunal tiene efectos procesales; pero no como medio de manifestación de aquella voluntad” (p. 256).

Por nuestra parte, podemos añadir que una interpretación apegada al texto del Nº 1 del art. 2503 debiera llevar a la misma conclusión. La norma señala que el acreedor no puede alegar el efecto interruptivo de la acción interpuesta “si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal”. La norma exige que la demanda haya sido notificada y que esta notificación se haya hecho “en forma legal”. Lo que interesa, en consecuencia, es si la notificación se ha practicado con respeto a las formalidades que establece la ley. Si ella después pierde su eficacia porque se ha declarado la incompetencia del tribunal, sigue siendo una notificación, que en cuanto diligencia procesal, ha sido “hecha en forma legal”.

Siendo así, no debe aplicarse la excepción prevista en el art. 2503 Nº 1 y estamos entonces ante una demanda judicial que, al ser notificada con apego formal a la ley, interrumpe civilmente la prescripción extintiva.

Responsabilidad civil del Estado por muerte en tsunami

22 diciembre, 2013

El fallo de la Corte Suprema, fechado el 18 de diciembre de 2013, acaparó los titulares de diarios y noticieros de radio y televisión. Por primera vez los tribunales atribuían responsabilidad al Estado por la errónea información proporcionada a la población en la madrugada del 27 de febrero de 2010, después del terremoto que asolara el país, en cuanto a la posibilidad de que en las horas siguientes se produjera un tsunami o maremoto.

La sentencia se pronuncia sobre un recurso de casación en el fondo interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que había rechazado la acción interpuesta contra el Fisco.

El caso versa sobre la muerte de Mario Ovando Garcés, quien falleció el 2 de marzo de 2010 en el Hospital Las Higueras de Talcahuano después de haber sufrido los efectos del tsunami y a causa de la gran cantidad de barro que se depositó en sus pulmones. La cónyuge del fallecido, los tres hijos del matrimonio y uno de sus nietos, demandan al Fisco por responsabilidad por falta de servicio y piden que se les indemnice el daño moral sufrido a consecuencia de la muerte de su marido, padre y abuelo. Se alega que el Estado incurrió en falta de servicio que se concreta en la intervención del Intendente de la Región del Bío Bío en una emisora radial a las 5:19 horas del 27 de febrero en la que afirmó que no existía riesgo de maremoto y llamó a las personas a mantenerse en sus casas. Los demandantes señalan que junto con el fallecido escucharon en una radio a pilas esa intervención y confiando en ella permanecieron en las afueras de su hogar situado en el pasaje Manuel Bayón 275 de la Población Santa Clara de Talcahuano. No obstante, el maremoto se produjo y entre las 5:50 y 6:00 llegó a la zona de Talcahuano su ola más destructiva. El pasaje quedó indundado hasta los dos metros de altura, pudiendo salvarse en condiciones adversas, salvo el jefe del hogar que falleció poco después en el Hospital Las Higueras.

El juez de primera instancia y la Corte de Apelaciones determinaron que, si bien había existido falta de servicio en la errónea información proporcionada por la autoridad, no se había acreditado la relación de causalidad entre ella y la muerte de la víctima directa. La falta de causalidad se basó en que ambos tribunales estimaron que los demandantes no acreditaron que el Sr. Ovando hubiera escuchado la declaración del Intendente ni que hubiera estado físicamente en el pasaje afectado por el tsunami en las horas en que éste se produjo.

La Tercera Sala de la Corte Suprema, por tres votos contra dos, casó la sentencia de instancia, por estimar que se había dictado con infracción a las leyes reguladoras de la prueba, en especial la que establece la carga de la prueba: el art. 1698 del Código Civil en relación con el art. 318 del Código de Procedimiento Civil. Los jueces consideraron que la carga de la prueba que pesa sobre el demandante de responsabilidad civil debe analizarse, conforme al principio de adquisición, es decir, en relación con lo que ha reconocido la contraparte. En este caso, el Fisco en la contestación de la demanda no controvirtió que la muerte del Sr. Ovando se hubiera producido por el tsunami ni que no hubiera escuchado la declaración del Intendente por la radio. Se limitó a alegar que, dadas las circunstancias, no había falta de servicio y, más aún, que la víctima al no huir, como hicieron otras personas, había interrumpido el nexo causal o, por último, se habría expuesto temerariamente al daño.  Por ello, tratándose de hechos no controvertidos, sostiene la Corte, no corresponde exigir a la demandante que haya rendido prueba sobre ellos. Aún así, señala que tampoco es cierto que no haya evidencias en el proceso sobre estos supuestos fácticos y se explaya sobre ellos.

Una vez consignado que puede darse por establecido que la víctima escuchó el llamado del Intendente y que permaneció en su hogar, donde sufrió los efectos del tsunami que le causó la muerte, el tribunal se pregunta si puede considerarse que la información radial ha sido la causa del daño padecido. Para ello ocupa, aunque sin explicitarlo, la teoría de la conditio sine qua non o equivalencia de las condiciones. Aplica el test de esta teoría que consiste en la supresión mental hipotética: si al suprimirse imaginariamente el hecho imputado se obtiene que lógicamente no se habría producido el daño, entonces puede señalarse que hay causalidad. En el caso, según la Corte, si se suprime la información del Intendente no se hubiera producido el deceso, ya que “la familia Ovando solamente permaneció en el lugar producto de la tranquilidad encontrada en las palabras del Intendente, de lo contrario permanecerían en la incertidumbre que los llevaría a adoptar otra conducta. Así el daño no se produciría” (cons. 33º de sentencia de casación). Señala, además, que la relación de causalidad puede ser controlada en sede de casación por “tratarse de un aspecto de Derecho, sustentado en los hechos acreditados” (cons. 33º de sentencia de casación).  En la sentencia de reemplazo la Corte se limita a sostener que los elementos de juicio contenidos en el proceso permiten a los jueces adquirir convicción de que la familia Ovando, incluido el fallecido, fue alcanzada por la salida del mar “porque allí decidieron permanecer después de haber oído al Señor Intendente de la VIII Región que así lo solicitaba, por no existir riesgo de desborde” (cons. 13º), con lo que queda acreditada la relación de causalidad entre la falta de servicio y el daño (cons. 14º) (Ver texto de sentencias).

En nuestra opinión, la Corte acierta en considerar que si el demandado no ha controvertido los hechos no corresponde imponer la carga de probarlos al demandante. También nos parece correcto que la Corte haya reconocido que la relación de causalidad no es una mera cuestión de hecho, sino una materia de derecho que queda sujeta al control de casación. Por el contrario, nos parece discutible –sino criticable– la forma en que la Corte ha construido la relación de causalidad sobre la vieja teoría de la equivalencia de las condiciones, ya desechada por la doctrina contemporánea penal y civil. La teoría de la equivalencia idea ensancha indebidamente la causalidad y no discrimina entre los múltiples factores que han concurrido en el suceder causal. Aplicando dicha teoría, y su test de la supresión mental hipotética, se podría imponer responsabilidad a la Presidenta que nombró al Intendente (si no lo hubiera nombrado no habría emitido esa declaración) o a la radio que transmitió la declaración (si no hubiera transmitido la víctima no hubiera escuchado el aviso). Pero aún más, la Corte señala, en el contexto de la teoría de la equivalencia, que la causalidad resulta “evidente” porque los demandantes habrían permanecido en su casa sólo porque acataron la solicitud del Intendente; esto no parece desprenderse de las pruebas que obran en el proceso ni tampoco puede constituir una presunción judicial que requiere de precisión. Es dudoso que en un ambiente como el que se vivió esa noche las personas hayan sido tan obedientes a una declaración radial e improvisada de una autoridad local. Por ello, bien podría sostenerse que las víctimas, incluso después de haber escuchado al Intendente, no le hubieran creído y procedieran a escapar (como de hecho hicieron otros habitantes del sector). Con ello falla el test de la supresión mental hipotética, ya que la inexistencia de la declaración permite tanto una como otra conclusión. Esto también demuestra las debilidades de la teoría de la equivalencia de las condiciones.

Un examen a la luz de la teoría de la adecuación o de la imputación objetiva podría dar mejores resultados en cuanto a considerar si la falta de servicio del Estado puede ser considerado causa de los daños que produjo el tsunami del 27 de febrero de 2010.