Yo no boto el voto

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, con el lema “Yo no presto el voto” ha hecho una campaña llamando a no votar en las elecciones municipales. Escribimos estas líneas antes de que se entreguen los resultados por lo que no sabemos cual será la cifra de la abstención. Lo que es seguro es que será imposible medir cuántos se abstuvieron para protestar contra el sistema y cuántos lo hicieron por otros motivos: imposibilidad física, edad, inmadurez, comodidad, etc.

Estas elecciones, con mayor o menor abstención, serán históricas porque por primera vez se aplica el sistema de inscripción automática y voto voluntario. Aunque ahora algunos políticos, incluido el ex Presidente Lagos, se declaren arrepentidos de haber establecido la voluntariedad del voto, lo cierto es que hubo mucho tiempo para haber enmendado ese eventual error y no se hizo. La consagración del voto voluntario se realizó por una ley de reforma constitucional Nº 20.337, publicada en el Diario Oficial 4 de abril de 2009, en el gobierno de Michelle Bachelet. Esa reforma determinó el texto actual de inciso 1º del art. 15 de la Constitución: “En las votaciones populares, el sufragio será  personal, igualitario, secreto y voluntario”. La polémica se reabrió cuando se discutió la modificación a la Ley Orgánica sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; algunos propusieron dar incentivos a los que votaban, como exención del servicio militar o puntajes para becas o subsidios. En su momento, dimos también nuestra opinión, más bien favorable a establecer una obligatoriedad relativa del voto (ver columna en este blog:  voluntariedad u obligatoriedad del voto). Pero nada de esto prosperó: se impuso la tesis de que el voto debía ser completamente voluntario, como ya estaba consagrado constitucionalmente, y así se estableció en la ley Nº 20.568, de 31 de enero de 2012. Hay que recordar que hubo prisa para no retardar la iniciativa, ya que de lo contrario el nuevo sistema de inscripción automática no estaría listo para que se aplicara a las elecciones municipales.

No cabe, entonces, sino esperar y observar cómo se comporta el nuevo sistema que introduce sin duda mayor libertad para los ciudadanos que jurídicamente ya no tienen el deber de sufragar, sino únicamente el derecho de hacerlo. Pero la democracia no puede funcionar sólo con deberes y sanciones legales y necesita una cultura cívica y una conciencia de que hay deberes y responsabilidades que superan el plano de lo legal. Por eso, campañas como las del “Yo no presto el voto” – aparte de ser contradictorias, porque al abstenerse justamente lo que se hace es “prestar” el voto y dejar que otros decidan por el que se abstiene–, son dañinas para la convivencia y la estabilidad de las instituciones democráticas. Es como “botar” el voto; desecharlo y menospreciarlo como mecanismo para dirimir las cuestiones públicas. Si se “bota” el voto lo que nos queda para resolver las controversias es la pura fuerza, en sus múltiples expresiones, desde la funa, el vandalismo, la guerrilla, el terrorismo hasta el golpe de estado y la dictadura, de derecha o izquierda.

La Doctrina Social de la Iglesia Católica, que no sólo se dirige a los creyentes sino a todas las personas que buscan construir una sociedad más humana y más justa, ha visto con claridad que votar, aunque la ley no lo exija, es un deber ético. El Compendio de la Doctrina Social asienta que la participación en la vida comunitariaes un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común”, a lo que agrega: “es necesario […] un fuerte empeño moral, para que la gestión de la vida pública sea el fruto de la corresponsabilidad de cada uno con respecto al bien común” (Nº 189). Por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica declara que “Los ciudadanos deben cuanto sea posible tomar parte activa en la vida pública” (Nº 1915), y más concretamente que “La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país” (Nº 2240).

Para la autorizada voz del Magisterio de la Iglesia Católica, el sufragar en las elecciones democráticas, aunque no sea legalmente exigible, es moralmente obligatorio. Si se “bota” el voto se incumple este deber y se minan las posibilidades de conseguir una comunidad más integrada, solidaria y participativa.

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